La opinión de la Liga sobre la acordada Nº 1/12 (reglas prácticas)

Con fecha 28 de febrero de 2012 la Cámara de Casación Penal aprobó la Acordada Nº 1/12, la que establece seis reglas prácticas con el objetivo declarado de mejorar y agilizar las causa de delitos de lesa humanidad, como asimismo ampliar los mecanismos de protección Integral de las Víctimas Testigos. Es de valorar que la Cámara de Casación Penal, al aprobar las reglas haya recogido el reclamo de numerosos querellantes particulares, organismos de derechos humanos, abogados comprometidos con la defensa de los derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas. Por una vez, se ha escuchado a los que protagonizamos la larga lucha contra la impunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Desde la Liga argentina por los Derechos del hombre consideramos que la decisión de la Cámara de Casación Penal representa un paso adelante en la lucha contra la impunidad, aunque limitado e insuficiente.

El pasado 22 de febrero una delegación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue recibida por la Comisión Interpoderes. En dicha oportunidad, se sostuvieron los fundamentos esgrimidos en una carta que fuera enviada al Dr. Lorenzetti en la cual se efectuaba un profundo balance sobre la marcha de los juicios contra el Terrorismo de Estado, basada en nuestra experiencia como querellantes en los juicios llevados adelante en todo el país la que nos llevó a cuestionar el accionar de los poderes del estado en el proceso judicial y señalar que enfrentamos tres mecanismos de impunidad: la impunidad biológica (resultante de la demora y fragmentación de las causas judiciales) que se puede verificar en la significativa cifra de 280 represores fallecidos sin condena a pesar de haber sido imputados por delitos de terrorismo de estado; la impunidad del Poder Económico (resultante de la limitación de las investigaciones judiciales al propio hecho de la tortura o la desaparición forzada pero no de sus causales y motivaciones profundas) que se verifica aún más fácilmente ya que no existe ni un solo empresario condenado por beneficiarse del genocidio sufrido y en las últimas semanas apareció un nuevo tipo de impunidad que es la impunidad de los condenados (resultante de la aplicación dogmática e interesada de una supuesta “normalidad procesal” que deriva en el privilegio de cumplir la condena en sus casas) que nos afecta de un modo directo dado que numerosos represores de los condenados en juicios orales donde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue querellante, como el caso del General Riveros, condenado por el asesinato resultante de torturas del menor Floreal Avellaneda, hoy burlan el proceso judicial gracias a decisiones de la Cámara Nacional de Casación, consentidas en su momento por algunos fiscales.

A pesar de sus marcadas insuficiencias y limitaciones, es nuestra opinión que la Acordada aprobada por la Cámara Nacional de Casación constituye un avance contra la impunidad biológica, aunque consideramos necesario señalar que no hay una sola propuesta para modificar la estructura de la investigación judicial de modo tal que, de una vez por todas, apunte al corazón del poder real, fuente de todas las impunidades de ayer y de hoy.  Al hacerlo, reafirmamos nuestro compromiso por la lucha contra la impunidad y por la vigencia de todos los derechos humanos para todos.

La posición de la Liga sobre la impunidad biológica, la impunidad del Poder Económico y la impunidad de los condenados sostenida ante la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema de Justicia

En el dìa de la fecha, 22 de febrero,  la Comisiòn Interpoderes recibiò una delegaciòn de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para considerar las opiniones y balance de nuestro organismo en relaciòn a la marcha de los juicios contra los Terroristas de Estado.

Representaron a la Liga, los compañeros Graciela Rosenbllum, Liliana Mazea, Josè Schulman, Olivier Reboursin y Pedro Dinani.

Participaron en la reunión el Presidente de la Càmara de Casación Penal, Dr. Pedro David, el Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder judicial de la Naciòn, Dr. Mario Fera, el secretario general de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Alfredo Kraut, el sub secretario de política criminal de la Corte Suprema Dr. Juan Martìn Mena; dos integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal: Dras. Ana Marìa Figueroa y Angela Ledesma; el Juez Federal de Instrucción Dr. Daniel Rafecas, los Dres. Jorge Auat y Pablo Parenti de la Unidad Fiscal de Coordinación y seguimiento para los juicios por violaciones a los DDHH durante el periodo del Terrorismo de Estado; el legislador nacional Luis Cigogna, el Juez Manuel Urriza y el Dr. Pablo Vassel del Consejo de la  Magistratura, entre otros.

En la reuniòn, la Liga sostuvo los fundamentos de la Carta que oportunamente enviara al Dr. Lorenzetti, y que motivara la convocatoria de la Comisiòn, donde se afirma que “así, no hay justicia plena ni verdadera” sosteniendo, en base a la pràctica desplegada en todos estos años de lucha, que se viene desplegando un proceso de avance de tres niveles de impunidad: la impunidad biológica, que permite que los represores mueran sin condena por las demoras de los juicios; la impunidad del Poder, que es la que sigue protegiendo al Poder Econoòmico y los cipayos del imperialismo y la novedosa impunidad de los condenados, que es la que està enviado a su casa a los represores condenados a perpetua en càrcel comùn, como es el caso del Gral. Riveros, responsable del asesinato de nuestro compañero Floreal Avellaneda.

Luego de las intervenciònes del Dr. Kraut, del Dr. Rafecas y de la Dra. Figueroa, la Comisiòn Interpoderes se comprometiò a examinar los argumentos esgrimidos, a considerar las propuestas, adelantando que se constituirían mesas de trabajo para considerar todas las propuestas receptadas por la Comisiòn manifestando su acuerdo en general, con la visiòn presentada.

Adjuntamos, para vuestro conocimiento,la Carta que oportunamente remitieramos a la Corte Suprema

Iris Avellaneda, Graciela Rosenbllum y José Schulman dirección nacional de la Liga

-Al presidente de la Corte Suprema de Justicia

Dr. Ricardo Lorenzetti

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, venimos a solicitar una entrevista con Su Señoría a los fines de transmitir nuestra visión sobre la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad, cuestión asumida por Ud. y la Corte que preside, como prioritaria e irreversible por la labor de los organismos de derechos humanos y otras fuerzas sociales que lograron vencer la impunidad y hacer de estos juicios parte del contrato social que sostiene la sociedad argentina.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre acaba de cumplir setenta y cuatro años de vida, son setenta y cuatro años de lucha contra el autoritarismo y la discriminación, contra la represión y la negación del acceso pleno y universal de los derechos del hombre.

Llevamos tantos años de lucha que cuando nacimos ni siquiera se llamaban derechos humanos a la defensa de los presos políticos, la resistencia al avance del pensamiento y la política fascista, racista y macartista o el sometimiento de argentinos a condiciones indignas de la humanidad y de los derechos proclamados en la Constitución de 1853.

Transformamos nuestro compromiso histórico en acciones y conductas institucionales que nos han llevado a ser reconocido como querellantes en más de sesenta causas y a ejercer ese rol, de manera directa o como parte de querellas unificadas y colectivas, en casi la mitad de los juicios orales realizados hasta la fecha.

No es la nuestra una opinión especulativa sino el resultado de la reflexión sobre la práctica de nuestros abogados, familiares de las víctimas y compañeros sobrevivientes del terrorismo de Estado que han aportado generosamente su testimonio e investigaciones para el éxito de los juicios en curso; y queremos decirle -que no importa los problemas y falencias que observemos en los juicios- lo seguiremos haciendo.

Como hemos dicho más de una vez, valoramos los juicios contra el Terrorismo de Estado por muchas razones: por ser la vez primera que un genocidio se juzga en la Argentina, y no es el primero que sufrimos; por constituir el proceso judicial en curso ejemplo y estimulo para la lucha de los pueblos de Nuestra América contra la impunidad y el olvido; porque los juicios terminados, y algunas de las condenas, han estimulado el proceso de Memoria y Verdad que hemos sostenido desde nuestro nacimiento como fuerza y porque los juicios han golpeado esa verdad de Perogrullo que a los poderosos nunca se los puede condenar porque la Ley está de su lado.

Pero hoy venimos a reafirmar algo que también hemos afirmado infinidad de veces: así no hay justicia plena ni verdadera; por el camino que transita el Poder Judicial no solo que no lograremos el objetivo de juzgar a todos los represores y esclarecer la situación de todos los compañeros, sino que quedará fuera del objeto procesal, del banquillo de los acusados y de la condena judicial el grupo social, con centralidad en el Poder Económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del Genocidio lo que hace imprescindible y urgente la intervención de la Corte Suprema para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos construidos en los largos años de lucha contra la impunidad y asumidos como propios por la propia Corte Suprema.

Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos.

Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el objeto procesal (plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU.) y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales.  Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida (juicio oral por la desaparición de Alicia López contra Mario Facino en la ciudad de Santa Fe 2010, donde la Ladh fue querellante igual que en el último juicio celebrado en la Mega Causa Campo de Mayo en el que se juzgó al Comisario de Tigre, Demetrio Luna, por los casos de Fatece y Darganz…un mini juicio de ocho audiencias por un represor y dos víctimas mientras se acumulan miles de casos de uno de los Centros Clandestinos más grandes del país ) de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida.

La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones que exceden lo jurídico; como en el caso del Juez de Jujuy que ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral y que se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma, son razones ideológicas culturales la que preservan la impunidad de los poderosos

Creemos que el obstáculo principal para lograr justicia radica en la mirada dogmática que el Poder Judicial sostiene sobre estos juicios fingiendo que el Estado en su conjunto, y la responsabilidad del propio Poder Judicial en esto es insalvable, no ha intervenido por medio extra judiciales para sostener la impunidad de los genocidas.  La negativa del Tribunal Oral que intervenía en el juicio por algunos de los delitos cometidos en la Esma a tomar medidas para recuperar los archivos micro filmados que el represor Acosta afirma que estaban en alguna oficina  de esa fuerza, da cuenta de la mirada supuestamente “neutral” pero positivamente comprometida con la impunidad.

Muchas veces, se hace de la llamada “normalidad procesal” una excusa para beneficiar los represores ignorando que los juicios se hacen porque estos son delitos de lesa humanidad cuya impunidad fue sostenida por el Estado durante más de treinta años.  La decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Fe de finales del 2011, de considerar cumplida la mitad de la condena a solo dos años de haber dictado sentencia contra el ex Juez Federal Víctor Hermes Brusa, da cuenta de que los lazos corporativos son más fuertes que el compromiso con la Verdad y la Justicia de una parte del Poder que a Uds. les corresponde conducir hacia el cumplimiento del compromiso que asumieron con la sociedad de que efectivamente haya juicio y castigo a los culpables del Terrorismo de Estado.

Como adelanto de lo que queremos plantearle en la reunión solicitada podríamos citar como ejemplos más dolorosos que en Jujuy no solo no hubo juicio oral alguno sino que el Defensor  Público solicitó que los juicios sean por el viejo procedimiento escrito y el pedido fue aceptado en primera y segunda instancia, amén que sigue habiendo un conjuez de probado compromiso con la impunidad; que en La Pampa, a pesar de haberse probado en el único juicio oral que hubo la responsabilidad de los médicos en la tortura, uno de ellos sigue siendo el titular del Departamento Medico de la Policía provincial; que sigue habiendo jueces y tribunales que se niegan a reconocer la violación y la violencia sexual como delito autónomo, que los asesinos de Floreal Avellaneda, hijo de la vice presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, gozan de una inaceptable “prisión domiciliaria” así como el TOF de Santa Fe permitió que los represores Brusa, Ramos y Aevis pasen las fiestas en familia  o que en el último de los juicios orales que se realizan en el marco de la mega causa de Campo Mayo, se haya condenado al imputado a solo ocho años de prisión “domiciliaria”, borrando con el codo lo que se había afirmado en otras sentencias, por ejemplo en la dictada contra Etchecolatz, que por el tenor de los delitos cometidos, estos delincuentes no podían pasar un solo día de sus vidas fuera de la cárcel.

Nos preocupa también la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos Jefes y cabeza de la cadena de mandos, mientras se alargan las prisiones preventivas para decenas de represores que al no llegar a la instancia del juicio, reclaman su libertad en función de las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica comenzando un lento, casi imperceptible pero peligroso “chorreo” de represores que se escurren de las cárceles sin juicio ni castigo por directa responsabilidad del Poder Judicial que a Uds. corresponde controlar y hacer cumplir la promesa de atacar la impunidad.

Resulta, en este plano, incomprensible e inaceptable, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se puedan habilitar otras salas que las que funcionan en el edificio de Comodoro Py generando la insólita situación de que los juicios se hacen por “turnos” apelando a una grilla de horarios que combinan dos o más juicios en una misma sala.  Si no fuera dramático, hasta sería cómico. Por este camino, el carácter “público” de los juicios se ha ido deteriorando y con ello, la función pedagógica democrática que deben jugar. Es necesario revisar la disposición que limita la televisación directa de los testimonios de los compañeros y desplegar una enérgica política de difusión de los juicios que no se puede agotar en la interesante labor que se lleva adelante desde la pagina web.

En demasiados juicios orales, por ejemplo en el que se lleva adelante desde el 2010 en Rosario –conocido como Causa Díaz Bessone- los imputados gozan de una libertad condicional que remite a una supuesta “presunción de inocencia” que no es tal dado que los terroristas (los únicos y verdaderos terroristas que hay entre nosotros, los terroristas de Estado) cuya responsabilidad en el plan de exterminio, en algunos casos, está probada desde inicios de los ’80, han esquivado el Juicio y Castigo por la intervención del Estado que ahora simula equidistancia, generando en los testigos, abogados y militantes de las fuerzas que impulsan el Juicio al Terrorismo de Estado la incomodidad de convivir en la misma ciudad, transitar por los mismos lugares o acaso tomar los mismos medios colectivos de transporte que sus verdugos.

La primera medida en cuanto a la protección de los testigos, asumida como cuestión de Estado desde el fallo en la Causa 13 de 1984, radica en poner tras las rejas a quienes cometieron los crímenes más horrendos de la historia nacional.  Aquí también falta la intervención la palabra y la acción de la Corte Suprema para terminar con una situación que victimiza otra vez a  quienes se busca reparar con estos juicios.

Y terminamos con Julio López, no solo para reclamar contra la impunidad que gozan sus desaparecedores sino para hacer visible que la desaparición de Julio López ocultó el reclamo que se inscribió en aquella sentencia de que para juzgar el Genocidio hacía falta un debate que permitiera construir una estrategia estatal unificada de investigación, instrucción y juzgamiento.

Acaso uno de los modos más contundentes de demostrar la ausencia de esta política estatal unificada es que a los mismos represores, Bignone por ejemplo, en una jurisdicción se lo condena a Perpetua en Cárcel Común (Tribunal Oral Federal de San Martín, luego cancelada transitoriamente –esperamos- por Casación) y al mismo represor en el juicio por la causa Hospital Posadas le dictan prisión domiciliaria.  SE ha roto el principio de que por igual delito, igual condena; para los represores todo depende del Tribunal que los juzgue: unos los consideraran merecedores de condena a prisión perpetua en cárcel común y otros le fijarán condenas de algunos años en su propio domicilio, con sus afectos y comodidades terminando de diluir la imagen de terroristas de Estado que perpetraron un Genocidio.

Porque de eso estamos hablando, o no?

El tiempo transcurrido desde el inicio y/o reapertura de los juicios nos afirman en la convicción que sigue haciendo falta una estrategia estatal unificada que ponga el norte en la condena de los genocidas y desarme la estrategia jurídica de impunidad que se nos viene imponiendo: prisiones domiciliarias para los pocos condenados (algunos más de una vez), dispersión de las causas en infinitas investigaciones aisladas que no solo demoran el proceso sino que generan la falsa imagen de un conjunto de hechos aislados, lo que a su vez fortalece la tendencia a ignorar el verdadero objeto procesal y a sostener la “normalidad procesal” como el principal instrumento de impunidad jurídica a desmontar y la casi nula actividad judicial para investigar los cientos y miles de denuncias que se vuelcan en los juicios, no solo sobre la responsabilidad individual de militares, policías, médicos, jueces, periodistas u directores de cementerios, sino sobre la responsabilidad del Poder Económico que sigue gozando de la más plena y rigurosa impunidad.

Por todas estas razones, desde la legitimidad que consideramos haber ganado en estos setenta y cuatro años de existencia y en nuestro activo rol en los juicios en curso, es que solicitamos formalmente mantener una reunión con Su Señoría.

Tenemos motivos para celebrar: procesan a nueve genocidas en Rosario a pedido, entre otros, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Rosario,  9 de noviembre de 2011

 

TENEMOS MOTIVOS PARA CELEBRAR –

 

·        Procesan a 9 genocidas por la responsabilidad que les cupo en la desaparición de Oscar Medina.

·        Indagan al dictador Videla a partir de un pedido de nuestra querella conjunta con la LADH ante el Juzgado Federal 4.

·        Ordenan la indagatoria y detención de Diaz Bessone, Sotera, Lo Fiego, Marcote, Scortechini, Vergara, Altamirano, Nast, Fermoselle, Ibarra, Olazagoitia, Portillo, Vallejo y Dougur, todos integrantes de la patota que actuó en el Servicio de Informaciones.

·        Indagan y detienen a Ricardo Corrales, el siniestro secretario de Feced que atendía las familias de los detenidos con siniestros engaños, como el caso de los familiares de los compañeros de la masacre de Los Surgentes, agudizando aún más su sufrimiento.

·        También indagan y detienen a Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Feced, emblema de la complicidad de la iglesia con la dictadura genocida, todo ello pedido por el fiscal Stara a partir de la presentación que hiciéramos conjuntamente conFamiliares de Rosario, la APDH de Rosario y UMANO de Casilda. Exigimos que la Iglesia Argentina abandone el silencio cómplice, se pronuncie en respaldo de las víctimas de Zitelli y condene sin ambiguedades la labor de aquellos sacerdotes que fueron funcionales al operativo aniquilador y hoy continúan envenando las conciencias de la infancia y la juventud.

 

La consigna de juicio y castigo se está cumpliendo.

 

Queremos hacer público el contenido del alegato de la defensa del abogado de Marcote, Vergara y Scortechini quien llegó a cuestionar las declaraciones testimoniales que nuestros compañeros manifestaron a lo largo de este juicio, pretendiendo poner en duda sus recuerdos, que a su juicio fueron inducidas por sus compañeros de prisión y los organismos en una especie de conspiración de la mentira.

Igual que la dictadura y la derecha fundamentalista puso en duda el compromiso y la objetividad de los Organismos de DD.HH, afirmando que deformábamos o directamente conformábamos los recuerdos de nuestros compañeros víctimas del genocidio.

Esto demuestra que no existe argumentación posible cuando se tiene la verdad y la capacidad de seguir adelante luchando contra la impunidad.

 

 

Nos resta decir que orgullosamente seguimos levantando las banderas de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados y de todos aquellos que vivieron estos terribles momentos pero que están firmes en esta lucha.

 

Convencidos que en la Argentina hubo un Genocidio que transformó radicalmente la sociedad argentina seguiremos procurando juzgar y castigar a todos los responsables, el Poder Económico, los Grupos empresariales y las familias oligárquicas santafecinas, la Iglesia, el personal médico directamente implicado, y todos los que hicieron posible los crimenes del Terrorismo de Estado.

El Primer Encuentro del Cono Sur sobre Terrorismo de Estado y Empresas a realizar este fin de semana en la Esma, marca un camino de denuncia y construcción de voluntad colectiva para juzgar al Poder real, el que estuvo tras el Genocidio, antes y despues.

 

TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

filial Rosario

Dras. Leticia Faccendini,

 Jessica Pelegrini

y Daniela Asinari

Por la dirección nacional de la Liga

Iris Avellaneda,

José Schulman

y Graciela Rosenblum

 

Entrevista con la Comisión Interpoderes

En una entrevista con la Comisión Interpoderes se reclamó por la domiciliaria para Riveros y Bignone y se entregó un petitorio a la Corte Suprema para que revierta la “libertad” domiciliaria que contraría el fallo del Tribunal correspondiente

 

Iris Pereyra de Avellaneda, Pedro Dinani, Gregorio Lorkimpanise y Nilda Eloy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, respectivamente, y representando a Justicia Ya! Buenos Aires se reunieron con miembros de la Comisión Interpoderes, formada a iniciativa de la Corte Suprema e integrada por los diversos organismos estatales involucrados en el proceso de juicios contra los genocidas: la misma Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación a través de la Unidad Especial para delitos de lesa humanidad y otros.

 

En la reunión que tuvo lugar el día viernes 19 a las 10, en la calle Paraná 386, 7mo piso -Secretaría de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura-. Se trataron temas centrales como:

1- Bignone-Riveros. Arrestos domiciliarios

2- El listado solicitado de todos los represores condenados y procesados, y su lugar de detención.

3- La situación del Juez Gordo, activo saboteador de todas las causas desde su antiguo puesto en el TOF 5 y que ahora volvería a actuar

4- TOF 5: Azic, situación de su detención

 

La reunión se extendió por espacio de dos horas, donde se plantearon todos los temas que preocupan, haciéndose un balance de la marcha de los juicios, lo que habilitó la posibilidad de ver los problemas que afectan directamente a los querellantes.

 

Puntualmente sobre la situación de Riveros y Bignone se resaltó la acción de impunidad perpetrada por la Camara de Casación que contrariando la letra y el espiritu de las condenas del Tribunal Oral Federal Número Uno de San Martín, que los había condenado a purgar su pena en cárcel común, los envío a su casa, se reclamó la intervención de la Corte Suprema como “custodio” de las acciones de la Justicia y se entregó un petitorio en tal sentido con decenas de firmas de figuras muy representativas de la lucha por los derechos humanos

texto completo del alegato sostenido en Margarita Belen

ALEGATOS QUERELLA LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Gracias Sra. Presidente
Excelentisimo Tribunal
Público presente en sala de audiencias
Venimos a alegar en representación de la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre.
Liminarmente, es necesario decirlo, estamos juzgado aquí a quienes
cometieron hechos profundamente inmorales que hieren la sensibilidad, que
minan las fibras más intimas de toda persona honesta, cualquiera sea su
ideología. Este momento se ha demorado bastante, han pasado casi 35 años de
los hechos que se ventilaron en debate y entre ellos largos años de
oscuridad durante la dictadura cívico-militar, unos pocos primeros años de
esperanza de que se supiera la verdad, esperanza al final frustrada por las
leyes de obediencia debida y punto final, una década infame de indultos y
fiesta de la desmemoria y por última una década más, que es la que estamos
transitando, en que parece ser finalmente la memoria, la verdad, la justicia
se han de imponer definitivamente. Por eso y para eso aquí estamos Sra.
Presidente

Es en tal carácter que nos va a tocar explicar, y esperamos así lograrlo,
las conclusiones a las que hemos arribado, así como también haremos expresa
mención de las pruebas en que se asientan estas conclusiones.

En una primera parte de los Alegatos nos referiremos a la materialidad de
los hechos y a las pruebas colectadas en autos con relación a cada una de
las víctimas.
Posteriormente analizaremos el contexto histórico en que la Masacre de
Margarita Belén tuvo lugar.
Luego nos avocaremos a la Autoría y Participación de los imputados en la
causa.
Para finalmente referirnos a la Calificación Legal pertinente.

LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS QUE ESTA PARTE CONSIDERA PROBADOS
Inicialmente debe quedar despejado de toda duda que la materialidad de los
hechos atinentes a lo que se conoce como masacre de Margarita Belén ya se
halla plenamente acreditada y resulta cosa juzgada para nuestro derecho
conforme las constancias de la causa 13/84 el Juicio a las Juntas Militares
que obra como antecedente documental en autos.
No obstante ello esta querella desarrollará este punto de Materialidad de
Los hechos pues considera que existen extremos fácticos que exceden lo
acreditado en la causa que refiero anteriormente y que merecen ser
reconocidos en sentencia.
Se encuentra probado que el día 13 de diciembre de 1976, siendo
aproximadamente las 03,30 hs, a la altura del Km 1042 de la Ruta Nacional Nº
11 Localidad de Margarita Belén, se produce el asesinato de al menos las
siguientes personas: Luis Ángel BARCO; Mario CUEVAS; Luis Arturo FRANZEN;
Manuel PARODI OCAMPO; Néstor Carlos SALAS; Patricio Blas TIERNO; Carlos
Alberto DUARTE; Julio Andrés PEREYRA; Luis Alberto DIAZ; Roberto Horacio
YEDRO; Reynaldo Amalio ZAPATA SOÑEZ; Carlos Alberto ZAMUDIO; Fernando
PIEROLA, Ema Beatriz CABRAL y Alcides BOSH.-
Este luctuoso hecho conocido como la Masacre de Margarita Belén, fue
enmascarado como un traslado de detenidos políticos desde la Alcaidía de
Resistencia hacia la Unidad Penitenciaria N° 10 de Formosa.
Hoy ha quedado fuera de toda duda que se trató lisa y llanamente de
una ejecución de presos políticos, toda vez que la misma ha sido probada,
reitero tanto en Causa 13 como a lo largo de este debate oral por la
copiosa prueba tanto documental como testimonial producida.
Así tenemos que la secuencia delictiva que relatamos tuvo su
comienzo de ejecución el día 11 de diciembre de 1976, de conformidad al
documento de carácter RESERVADO, identificado bajo el Nº 4000/76 MENSAJE
MILITAR CONJUNTO obrante a fs. 537, del que se desprende que en fecha 11 de
diciembre de 1976, Cristino Nicolaides dispone el traslado de las víctimas
de autos a la U 10 de Formosa, estableciendo que el mismo se debía
“concretar a partir del 13 de diciembre del 76 por modo automotor bajo el
nombre de “encubrimiento rojo”, quedando a cargo de la Jefatura de Área 233
todo lo atinente a “seguridad y transporte”.
De esta misma documental se desprende que el motivo que justificaba
el “traslado” eran los supuestos problemas de indisciplina causados dentro
de la población carcelaria por las víctimas de autos.
El contenido de esta documental se encuentra a su vez corroborada
por la propia declaración de Cristino Nicolaides prestada en los términos
del artículo 235, 2º párrafo del Código de Justicia Militar, incorporada por
lectura y obrante a fs. 469/470.-
El 12 de diciembre de 1976 de conformidad a la Nota 126 0034/63,
obrante a fs. 201 de estas actuaciones, el entonces Teniente Coronel Jorge
Alcides Larrateguy, en su calidad de Jefe a cargo del Grupo de Artillería Nº
7, se dirige al Jefe de la Policía de la Provincia, Inspector General
Wenceslao E. Ceniquel, comunicando que “por orden de la superioridad” se
debía trasladar a la U-10 a los detenidos BARCO Luis Ángel (PEN 2137/76);
CUEVAS Mario (PEN 1829/76); FRANZEN Luis Arturo (PEN 2137/76); PARODI OCAMPO
Manuel (PEN 2137/76);SALAS Néstor Carlos (PEN 10/76); TIERNO Patricio Blas
(PEN 2137/76);DUARTE Carlos Alberto (PEN 4116/75); PEREYRA Julio Andrés (UR
1); DIAZ Alberto (UR 1); YEDRO Roberto Horacio (UR 1); ZAPATA SOÑEZ Reynaldo
Amalio (UR 1); ZAMUDIO Carlos Alberto (UR 1); PIEROLA Fernando (UR 1).-
Para este cometido, la nota citada indica que los detenidos que
están en U-7 serán retirados a las 17:00 hs para ser trasladados en conjunto
con el resto de prisioneros a la madrugada del día 13 de diciembre de 1976.
Por esto, el Teniente Coronel Larrateguy dispone que deberán estar en
“condiciones” de ser trasladados. A partir de este debate sabemos hoy que
ese “estar en condiciones” se refería a golpear y torturar a los detenidos
hasta dejarlos poco menos que inconscientes, en condiciones de indefensión
total.-
A su vez a fs. 201 vta. obra nota fechada el 13 de diciembre de
1976, firmada por el jefe de Alcaidía, Comisario Principal Ramón Francisco
Nuñez, en la que manifiesta haber dado cumplimiento a lo ordenado mediante
Nota 126 0034/63.-
Siguiendo el correlato de este viaje a la muerte, la nota Nº 2164/76
obrante a fs. 206, en la que el mismo Nuñez, comunica al Jefe del
Departamento de Informaciones Policiales, Inspector Mayor Honorio Castillo,
que hizo entrega de los prisioneros al Mayor de Ejército GUSTAVO ATHOS
RENES, para que los mismos sean trasladados a la U 10 de Formosa por
disposición del Jefe de Área 233.-
Esta saga macabra, que como dijimos culminara con el cobarde
asesinato masivo de presos políticos, tuvo distintas instancias de
preparación, todas ellas necesarias para lograr el resultado deseado.
EVENTOS DE U7
El día 12 de diciembre de 1976 se respiraba un aire tenso en la
unidad penitenciaria federal de máxima seguridad U7, ese día personal de
ejército en grandes cantidades, con móviles, rodea el penal, vienen con la
misión de retirar a un grupo de presos políticos. Ello es dado a conocer a
los distintos delegados de los pabellones por parte del Oficial del Servicio
Penitenciario Federal CESAR CASCO, quien los insta a que no ofrezcan
resistencia, garantizándoles personalmente su seguridad. Si así no lo hacían
es decir, si se resistían ser entregados, el ejército ingresaría al penal y
eso sería una masacre. Los presos al tomar conocimiento de estos hechos y
presumiendo que en las condiciones existentes a la época “traslado” era
sinónimo de “muerte” inicialmente deciden resistir. Sin embargo quienes
efectivamente iban a ser trasladados, asumiendo con valentía el rol que le
tocaba jugar y para evitar daños mayores a sus propios compañeros deciden
salir. Entonces los detenidos BARCO Luis Ángel; CUEVAS Mario; FRANZEN Luis
Arturo; PARODI OCAMPO Manuel; SALA Néstor Carlos; TIERNO Patricio Blas y
DUARTE Carlos Alberto son entregados al ejército y así retirados del penal
siendo aproximadamente las 17:30 hs.
Todo ello guarda un amplísimo sustento probatorio en los testimonios que se
vertieron en este debate, por ejemplo el del Sr. RICARDO HILDE, JULIO
COSSIO, MIGUEL BAMPINI, JORGE BELZOR MIÑO, JUAN CARLOS GOYA y finalmente el
testimonio de JORGE GILES el que ya ha sido referido por las querellas que
nos precedieron y que adherimos en las consideraciones vertidas respecto del
mismo.
# CONDICIONES DE DETENCION –ENDURECIMIENTO GRADUAL desde el golpe de Estado-
Incomunicación total con el exterior- prohibición de dar misa- hostigamiento
permanente – cambio cotidiano de reglas dentro del penal.

SUCESOS DE ALCAIDIA
En la etapa del plan criminal que tuvo su fase en Alcaidía ese día
12 de diciembre se interrumpen anticipadamente las visitas de los presos
comunes, recordemos que los presos políticos no recibían visitas en días pre
determinados. También se aumenta la dotación de personal policial al
ingresar el nuevo turno de guardia sin que fuera relevada la guardia
anterior. Ese día se sirve la cena mucho antes que lo habitual. Ya en horas
de la noche, una vez en sus celdas, todos los presos reciben la orden de
acostarse boca abajo con la cabeza en sentido opuesto a las rejas, se apagan
las luces de las celdas, se deja prendida la luz de los pasillos y se da
orden precisa de no mirar nada, bajo pena de sufrir horribles castigos
corporales. El silencio fue entonces total y absoluto en ese lugar. Entre
las 22 y 23 horas oficiales de la policía entre ellos Rodríguez Valiente,
Cardozo, Monzón y el propio Ayala, se presentan al pabellón y dan lectura de
una lista de nombres de detenidos que deben preparase para salir de su
celda, entre ellos Julio Andrés PEREYRA; Alberto DIAZ; Roberto Horacio
YEDRO; Reynaldo Amalio ZAPATA SOÑEZ; Carlos Alberto ZAMUDIO y Fernando
PIEROLA.- A los que no fueron nombrados les dicen que pueden descansar.
LA CONCENTRACION EN EL COMEDOR DE LA ALCAIDIA
Los detenidos que el Ejército había traído desde U7, sumados a los
que se hallaban en Alcaidía, fueron concentrados en el comedor de este
lugar. Allí fueron salvajemente torturados por un lapso de entre dos y
cuatro horas por miembros de la Policía del Chaco y del Ejército Argentino.
Los gritos de dolor, las suplicas y los estruendos que producían en el
cuerpo de las victimas los golpes de sus verdugos retumbaron en la alcaidía
esa noche y fueron perfectamente audibles por todo aquel que quisiera
escucharlos. Los sonidos de la tortura se escuchaban con mayor claridad
considerando el absoluto silencio reinante en el lugar así como también
debido a que el diseño de los pasillos de Alcaidía fungían de verdaderos
canales acústicos que obraron de óptimos conductores del sonido. Reitero: no
estamos hablando de ruidos normales sino de gritos desesperados, alaridos de
dolor, estruendos de golpes fortísimos. La masiva golpiza dejo agotados a
los torturadores y casi muertos a la victimas, quienes una vez concluida la
sesión de vejaciones no podían prácticamente trasladarse por sus propios
medios teniendo que ser arrastrados por los guardias para poder
movilizarlos.
Estos se hallan profusamente acreditados en los testimonios entre
otros de CARLOS ARANDA, SANTIAGO ALMADA, ROBERTO GRECA, EUGENIO DOMINGUEZ
SILVA, HUGO BARUA, RICARDO HILDE, JUAN MANUEL ROLDAN, NESTOR GIMENEZ,
ROBERTO CEJAS, OMAR LANA, MARIO MENDOZA, a cuyas menciones específicas
haremos referencia más adelante a fin de no redundar.
LA PARTIDA.
Siendo aproximadamente las 3:30 horas del 13 de diciembre de 1976
los detenidos que habían pasado por el comedor, para entonces ya despojos
humanos, son entregados por el oficial Rodríguez Valiente al mayor Athos
Renes. Esposados y vendados, son subidos a los camiones donde son
encadenados y custodiados por guardias fuertemente armados. Los camiones
Mercedez Benz 114, Unimogs y demás móviles, cuyos motores habían permanecido
encendidos mientras duro el operativo de carga de los prisioneros, ponen
luego rumbo a la ruta 11 camino al destino final.
Esta vía de comunicación se hallaba desde la noche del día anterior vigilada
por varios retenes policiales y militares entre ellos uno a la altura de la
entrada a Margarita Belén y otro en las inmediaciones del cruce entre ruta
11 y la ruta provincial 90 que actualmente lleva a General San Martin.
Agregar testimonios textuales de Doly y pedro ruta vigilada, con retenes
desde el dia anterior desde las 22 hs aproximadamente
En los momentos previos a la salida del convoy de Alcaidía, la ruta 11 es
definitivamente cortada por los retenes antes descriptos de manera tal de
eliminar totalmente el tránsito en un área que va entre los puntos que
anteriormente citáramos. Naturalmente el cierre de la ruta se efectivizó
para que el convoy que trasladaba a los detenidos moribundos pudiera
circular sin dificultad alguna y sin riesgo de presencias molestas e
inesperadas de transeúntes o automovilistas podrían obrar de testigos del
hecho.
EL LUGAR DE LA MASACRE.
Al llegar a un lugar previamente elegido por los cerebros que
pergeñaron esta matanza, el cual se ubica en las inmediaciones del Arroyo
Ortega, el convoy se detiene y en medio de la noche, en ausencia absoluta de
incomodas presencias de terceros, el personal militar y policial que
trasladaba a los detenidos procede a fusilarlos ametrallándolos masivamente
sin haberles quitado las vendas, las esposas ni las cadenas. Minutos después
los asesinos comienzan a construir la escena que como coartada presentarían
posteriormente a la prensa. Así, arrojan unos cuerpos a la vera del camino
cerca de los camiones, uno de ellos contra un alambrado, plantan un
automóvil Peugeot 504 blanco que habían llevado especialmente para tal fin,
a unos 60 metros de distancia de Ruta 11 por el antiguo camino vecinal a
Gral. San Martín, dentro del mismo colocan más cuerpos. La zaga continúa y
trasladan a unos 20 kilómetros más cuerpos distribuyéndolos en dos puntos
determinados, en el camino vecinal a campo Varela, que se halla a la altura
del kilómetro 1059 de la ruta 11. Ubican un cuerpo a tres kilómetros y medio
de la ruta y otro a unos 3 kilómetros de este lugar. Todo ello es
documentado por un fotógrafo de la policía del Chaco, Sr. Miguel Gerónimo
Salinas, quién es recogido en la madrugada del 13 por personal del Ejército
y llevado a la escena armada anteriormente para que tome fotos de la misma.
Incluso, esta última faceta estuvo preparada con antelación: el fotógrafo
había sido interrumpido en su día de franco, el 12 de diciembre, convocado
por su jefe aproximadamente a las 1 hs. del 13 de diciembre y avisado que se
preparara con su cámara y varios rollos porque bien temprano el Ejército lo
recogería para “un trabajo”.
Ello guarda sustento en los testimonios de MIGUEL DOMINGUEZ
(comentar que no hubo rastrillaje posterior, se quedó por 3 días en la
casilla de vialidad, escucha una ráfaga que dura un par de minutos y después
silencio total), AMADEO PEGORARO, MARTIN PEGORARO (escuchan una ráfaga de
disparos alrededor de las 4 de la mañana, se despierta todos los días muy
temprano para las tareas del campo, no perciben rastrillajes posteriores),
el Fotógrafo MIGUEL SALINAS , así como también la Inspección Ocular del
lugar de los hechos, de cuyos aportes parciales se ha podido reconstruir
esta parte oscura de la historia que nos ocupa.
LA MENTIRA PÚBLICA:
Ese día 13 de diciembre de 1976 y los subsiguientes se difundió en la
Provincia del Chaco un comunicado oficial que daba cuenta de la coartada
previamente creada de un supuesto enfrentamiento entre fuerzas subversivas y
un convoy del Ejército que trasladaba detenidos a la cárcel U-10 de Formosa.
El contenido de estos partes de prensa es conocido por el Tribunal y por las
partes, en tanto se halla plenamente documentado y no redundaré en su
referencia.-
Ello se funda en las publicaciones de la época que obran como documentales
en la causa. Este cuadro probatorio se ve a su vez corroborado por las
propias declaraciones de los imputados prestadas de conformidad al artículo
235 2º párrafo del Código de Justicia Militar.
El ataque al convoy jamás existió. Así lo dispuso la sentencia de causa 13
Juicio a las Juntas. Pero además de ello surge de innumerables pruebas
aportadas que dan cuenta de lo absurdo de esta afirmación:
– Inexistencia de motivos de traslado. No hubo motines. Era imposible
que los hubiera dadas las estrictas normas de seguridad imperantes.
– Ilógico que se traslado de desde una cárcel de máxima seguridad U7 a
una de inferiores niveles de seguridad.
– La U10, quien habría de recibir a los trasladados, desconocía que
iba a alojar esos detenidos.
– Características de los traslados: maniatados, vendados, encadenados,
esposados (piden prestadas esposas, lo dice Rodriguez Valiente),
disminuidos a cero en su capacidad de resistencia, superados numéricamente
por sus guardias
– Convoy con efectivos fuertemente armados
– Vehículos especiales, chapa gruesa, altura suficiente para sortear
obstáculos, conductores experimentados.
– No hay daños acreditados, menos que sean de entidad suficiente para
detenerlos. Aun cuando hubieran recibido unos pocos disparos, que no se los
recibieron, pueden seguir funcionando.
– No hubo gomas pinchadas- Particularmente eso es referido por el
testigo Amadeo Pegoraro y Martín Pegoraro que estuvieron en el lugar de los
hechos muy poco tiempo después de ocurridos, podemos decir los primeros no
militares y no policías que llegaron al lugar, y NO VIERON GOMAS PINCHADAS
de los vehículos. Pero lo que es muy singular es el testimonio de Miguel
Salinas, integrante entonces de la fuerza policial, con especial capacidad
de observación dada su condición de fotógrafo, que dice textualmente
“NINGUNA DE LAS RUEDAS ESTABA PINCHADA. Más aun dice el testigo TEXTUALMENTE
“Yo saqué panorámica de todos lados. No vi marcas de bala en parte frontal
del camión. No vi proyectiles tampoco en el otro camión. Los otros muertos
que vi no tenían armas alrededor. Ninguna de las ruedas estaba pinchada.”
– Por que habrían de haber parado? Pueden responder al fuego desde
arriba, tenían los medios.
– Camiones especiales, caja muy alta (2 mts) imposible saltar
hallándose herido, maniatado.
– Inexistencia de secuestros de armas, ni de casquillos.
– No hubo balacera, no hubo fuego cruzado, los dos testigos que oyeron
los disparos refieren una ráfaga continuada y breve (Amadeo Pegoraro y
Miguel Dominguez) .
– No hubo rastrillaje posterior, también los vecinos de la zona
hermanos Pegoraro, aseveran que en los momentos posteriores no hubo
rastrillajes ni presen.
– No se emitieron órdenes de captura a los prófugos.
– No se intentó determinar la identidad de los supuestos atacantes, a
la postre Ema Cabral y Alcides Bosch ambos detenidos para esa fecha.
– No resulta posible que en el estado en que se hallaban las victimas
pudieran haber ofrecida una mínima resistencia, menos aún pasar a la
ofensiva (conforme testimonios que se detallaran más adelante).
– No existía una organización armada con capacidad logística y
operativa para materializar un rescate (testimonios Ponti, Miño, etc).
– No hubo daños en el parque automotor
– No hubo ninguna baja en el personal militar ni policial, TODAS LAS
VICTIMAS SON LOS TRASLADADOS, NINGUNO SOBREVIVE.
LAS VICTIMAS
En la Masacre de Margarita Belén, fueron trasladadas al menos 15
personas, de las cuales al menos 11 fueron asesinadas y 4 aún permanecen
desaparecidas.
Los nombres de las víctimas son Patricio Blas TIERNO, Luis Ángel
BARCO , Luis Arturo FRANZEN; Fernando PIEROLA, Carlos Alberto ZAMUDIO,
Nestor Carlos SALA, Alberto “Lucho” DIAZ; Manuel PARODI OCAMPO, Roberto
YEDRO, Julio PEREYRA, Mario CUEVAS, Carlos DUARTE, Alcides BOSCH, Ema
Beatriz CABRAL y Reinaldo ZAPATA SOÑEZ.
A continuación Señora Presidente esta querella intentará sintetizar la
tragedia personal de cada una de ellos, recogiendo el testimonio de aquellos
que han comparecido a declarar y han brindado un aporte inestimable tanto
para lograr la reconstrucción de los últimos días de la historia de cada una
de las víctimas, como para colaborar con la justicia en la búsqueda de la
verdad de los hechos que entendemos debe concluir en la condena de los
asesinos.
PATRICIO BLAS TIERNO
– Se encuentra probado que PATRICIO BLAS TIERNO es detenido junto con su
esposa el de 15 mayo de 1976 por su militancia política. Es llevado a la
Brigada de investigaciones de Resistencia, Chaco, donde es alojado
clandestinamente y sufre intensas torturas que lo ocasionan un gran
deterioro físico. Permanece allí por varios meses hasta que es trasladado
posteriormente a la Alcaidía Policial de Resistencia.
– Se encuentra probado que su familia desconocía su paradero y le era negada
sistemáticamente información respecto del mismo por parte de las
autoridades militares y policiales de la época. Recién en setiembre de 1976
consiguen saber que Patricio se encuentra detenido desde hacía 6 meses
atrás en Resistencia.
– Se ha probado que los primeros días de diciembre de 1976 lo trasladan al
pabellón 2 de la U7, a donde llega en pésimas condiciones físicas.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7 y llevado nuevamente a Alcaidía Policial.
– Se halla probado que en horas de la noche del 12 de diciembre Tierno es
retirado de su celda y llevado al Comedor de Alcaidía donde se impartían
sesiones de tortura.
-Se ha probado que Patricio Blas Tierno forma parte de la nómina de
detenidos que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y
posteriormente fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Tierno mediante Acta de Defunción del 13 de
diciembre 76 a las 15.40 hs. Obrante a fs. 226/236 de autos.
– El Caso de Patricio Blas Tierno ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 678 de Sentencia de Causa 13/84
Todo lo dicho halla sustento en los testimonios de:
-GRACIELA DE LA ROSA: quien fue detenida junto a Patricio Tierno.
Inmediatamente comenzó una brutal tortura. Lo ve a Patricio Tierno en
Investigaciones totalmente golpeado, herido, sus muñecas abiertas como los
tobillos, una herida levantada. “Me acerco, lo toco, todo su cuerpo
machucado con moretones, le pregunto como está, él me pregunta como estoy
con mi embarazo, creo que sigo estando embarazada le dije. Esa fue la última
vez que lo vi y que lo pude tocar” dice textualmente la testigo. Después la
llevan a la Alcaidía, lo vuelve a ver una vez a Patricio por la ventana pero
no tuvo contacto con él. Allí él tiene en setiembre una visita de sus
padres, allí le cuenta que yo estoy embarazada. Su padre se pone en contacto
con los de la testigo. Su suegro Raúl Tierno, hizo todo lo posible para que
nos pudieran casarse, habló con Monseñor Marosi, con Nicolaides, que le
manda una carta diciendo que sí autoriza el casamiento. Después recibe una
carta de Larrategui que no puede autorizar el casamiento por un traslado de
la Sra. de la Rosa hacia Devoto. Ese traslado se hizo el 19 de noviembre del
76 desde la Alcaidía a Devoto. “Yo ya tenía un embarazo grande, ese traslado
fue muy traumático. Nos gritaban que estábamos en un avión y que nos iban a
tirar al mar. Sabíamos quienes éramos porque nos escuchábamos las voces”
dice textual.
Respecto de sus condiciones de detención expresa “Eran terribles las
condiciones. La comida era un guiso aguachento. El resto de las compañeras
no embarazadas sacaban los pedacitos que podían considerar verdura o carne
para que las embarazadas comiéramos. Ese gesto me parece importante decirlo
porque también sobrevivimos gracias a eso”
“Leímos en los diarios lo del traslado de Rcia. a Formosa pero no
entendíamos, era una cosa rara. Después de esa fecha yo ya no recibo visitas
de mis padres, era muy costoso ir hasta Devoto. Entonces ya el 31 dic. me
empiezo a asentir mal, el 1 de enero viene la celadora de mala gana, me
esposaron atrás, tuve que caminar desde mi celda, esposada atrás, y el
bolsito de los pañales colgado atrás hasta el hospital. Allí lo tuve a las
10 de la mañana, vino un médico y rápidamente lo tuve a Juan Pablo. Entre
las presas, muchas médicas, enfermeras, me habían enseñado a que el parto
sea lo más seguro posible, evitar fallas porque si algo fallaba podíamos
morir ambos”.
“Me cortaron para que salga el bebe, me cosió un preso común que ayudaba de
vez en cuando al médico”.
“Podíamos salir una hora al patio con los niños. Eran condiciones precarias
para los niños, las ratas se robaban los chupetes, los remedios de los
bebés, la comida”.
“Mi hijo cuando nace, su padre ya había muerto pero yo no lo sabía. Le pido
a los del hospital que manden un telegrama avisando el nacimiento… jamás
recibieron ese telegrama. En la primera visita que tengo en la primera
quincena de enero mi mamá me cuenta de la muerte de Patricio”. Me cuenta
todo lo que sabía porque ella estuvo acá cuando retiraron el cuerpo.
“Cuando me cuenta a mí se me corta la leche durante dos días y Juan Pablo es
amamantado por más otras mujeres del pabellón. Ella me cuenta que vinieron
los padres de Patricio para visitarlo, era entre navidad y año nuevo. Mi
mamá los llevó en su auto para hacer los trámites. En La Liguria le avisan
que Patricio está muerto. Mi suegra le dice que le digan la verdad… “lo
mataron”. “No pensará que nosotros lo fusilamos? Yo soy nuevo acá yo no
tengo nada que ver”. “Sí, yo pienso eso”, le contesta ella. “Quiero que
entreguen el cuerpo de mi hijo, ustedes lo mataron, han hecho con él todo lo
que quisieron, ahora quiero que me lo entreguen”. Esa es la escena que me
cuenta mi mamá que estaba afuera esperando. No sabía ella qué hacer con
ellos. Mamá pensaba que alguien les tenía que dar tranquilidad espiritual.
Monseñor Marosi le dice lo mataron, todo el mundo en Rcia pensaba así. Los
autorizan a retirar el cuerpo, al otro día van al cementerio a retirar el
cuerpo. En el cementerio ellos se quedan en la puerta, y entra un familiar
mío Cesar Sánchez.
Él me relata ese momento “Entramos al cementerio, vamos a una oficinita con
un encargado, le decimos que venimos a retirar cuerpo, le dicen el nombre y
el abre un cuadernito como de apuntes y tenía varios nombres… Tierno sí acá
está. Le dicen “Son 21… Tierno es el numero 6 contado a partir de…” Era un
lugar muy atrás del cementerio, caminaron mucho, tierra removida de muy poco
tiempo, él se acuerda que había como crucecitas para ubicarse. Este señor
del cementerio cuenta 6 crucecitas y comienzan a excavar… allí estaba el
cuerpo de Patricio. Estaban tan juntos todos los cajoncitos que tuvieron que
trabajar mucho para sacarlo. Abren el cajón y era el cuerpo de él boca
abajo. Él mismo ayuda a darlo vuelta para hacer el reconocimiento. El cuerpo
ya estaba negro, verde e hinchado. Al darlo vuelta le llama la atención que
la cara estaba destruida, el cuerpo le pareció lavado, igual lo
reconocieron. Me dice “yo cuando lo vi lo que más me impresionó era como
tenía las marcas en los tobillos y las muñecas… era como si le hubieran
atado con un alambre… como los animales del campo cuando lo atan y le quedan
las marcas”.
Era el cuerpo de alguien golpeado. En la ingle ve el orificio de una bala
que tenía y todavía había supurado la herida todavía después de muerto.
La testigo Sra. de la Rossa también refiere una charla que tuvo con Nora
Valladares diciendo textualmente “ tenía 18 años y fue quizás la más
torturada de todas las mujeres. Le sacaban muelas, le movían los dientes,
cosas increíbles lo que le hacían. “Estuve con Patricio en Investigaciones”
me dice, nos hicieron como un interrogatorio LARRATEGUY, ZUCONI, le
preguntaban a ella por su militancia, qué sentía por el peronismo. A
Patricio, que era de una familia acomodada, “por qué había elegido la
militancia”. “Nosotros somos el ejército argentino”, le dicen a él. Patricio
le responde: “ustedes no son el Ejército de San Martín, ustedes matan a
todos los argentinos”. Uno de los militares comentó “estos a diciembre no
llegan”.
Respecto de la identidad de su hijo expresa “Cuando mi hijo nació se llamó
durante mucho tiempo Juan Pablo de La Rosa. Hasta que mi suegro hizo un
pedido de reconocimiento en plena dictadura para que él lleve el apellido
Tierno de la Rosa. Cuando lo consigue, a pesar de ser todavía la dictadura,
en ese juzgado los empleados lo aplaudieron hasta que salió de ese lugar”.
Refiriéndose al rol uno de los imputados la testigo dice textualmente “En
la Brigada estaba Pateta dando órdenes de las torturas. Era habitual que él
estuviera presente, daba la sensación de que mandaba allí. Cuando entraban
daban órdenes. Eran oficiales del ejército por el saludo, el tono de voz, de
mando, no eran las voces normales que se escuchaban en la Brigada. La
Alcaidía era un lugar militarizado. Allí no se hacía nada que no quisiera el
ejército al menos en lo que era presos políticos. Jamás nunca hubo un
motín”.
Finalmente refiere una entrevista que Raúl Tierno tiene con Larrateguy, y
preguntado este último respecto de las razones por las cuales Patricio
estaba preso le responde “A su hijo no lo podemos acusar de ningún hecho
material”, le dijo Larrateguy, “su hijo es un ideólogo, un militante
convencido”. “Pero cómo lo van a condenar por las ideas que tiene?”, le dijo
Raúl Tierno.
Raúl Tierno decía en las peores circunstancias “algún día va a llegar a la
justicia”. Esta querella Sra. Presidente entiende que ese día al que se
refería el Sr. Raúl Tierno ese día está llegando, va a ser dentro de muy
poco.
-MARIA TERESA PRESA quien refiere que Blas Tierno estaba detenido en el 2do.
Calabozo de Brigada de Investigaciones, que llega allí en abril de 1976.
Estaba en la sala negra y era muy torturado, se escuchaban sus gritos, tenía
una voz muy gruesa lo que lo hacía muy reconocible. A menudo lo sacaban
para llevarlo a la tortura y cuando volvía estaba muy mal. Cuando los
guardias lo sacaban al baño trataban que no lo vieran los demás.
– El testigo RAUL TIERNO, quien declara que su hermano Patricio Blas
desapareció a mediados de marzo de 1976 cuando estaba en Resistencia.
Siempre mantenían contacto con él hasta que abruptamente ese contacto se
cortó. Entonces su padre comienza a investigar, en los primeros momentos no
consigue información alguna. Hasta que en setiembre de 1976, su padre va al
Regimiento 7 de La Liguria y le informan que su hijo está detenido desde el
15 de marzo de 1976. Su padre, abogado, pregunta de qué delito se le
imputaba: no se le dio ninguna información al respecto. A fines de setiembre
el padre pudo ver a Patricio. Estaba totalmente deteriorado físicamente,
flaco, unos 20 kilos menos, antes era robusto. En esa oportunidad Blas
Tierno le dice a su padre “Pónganse contentos van a ser abuelos; mi
compañera que también está detenida está embarazada”, Le pidió entonces que
gestionara para que pudiera celebrarse el matrimonio, su padre se entrevista
con Larrategui para solicitárselo pero finalmente no le fue concedido. “papá
regresó en octubre o noviembre a visitarlo, a traerle ropa, comida. En esa
segunda oportunidad fue a ver a Larrategui; lo atendió muy brevemente y en
forma un poco más seca que las dos veces anteriores; le dijo que mi hermano
estaba muy comprometido… “SU HIJO ES MONTONERO”. Papá le dijo “son muchachos
jóvenes, seguramente pueden cambiar su actitud” y Larrategui le hizo un
gesto como diciendo “Lo dudo”. Cuando leen sobre el supuesto intento de
fuga su padre tuvo un presentimiento funesto “podía ser él”. El 20 o 21 de
diciembre de 1976 su padre recibe carta del Ministerio del Interior
informándole que Patricio está detenido a disposición del PEN. Entonces
viaja a Resistencia para verlo y cuando se presenta al Regimiento para pedir
autorización para efectuar la visita le dicen “SU HIJO ESTA MUERTO”. Días
después llega la notificación de que había muerto en un intento de fuga.
Después de eso su padre acude a la Corte Interamericana de Derecho Humanos e
inicia toda la batalla judicial que lo llevó incluso a ser testigo en el
Juicio a las Juntas Militares. El padre de Tierno presenta un recurso ante
la Corte pidiendo la inconstitucionalidad del indulto, pero se lo deniegan y
lo condenan a pagar las costas del juicio.
-El testigo EDUARDO SALIVA sostiene que ve a Tierno en Brigada de
Investigaciones, hacía frío estaba con una camisita, le dice que lo
torturaron mucho.
-El testigo ANTONIO UFERER refiere que estuvo preso con Tierno en Alcaidía.
– El testigo JUAN FERNANDEZ manifiesta que los primero días de diciembre de
1976 lo trasladan a Tierno al pabellón 2 de la U7. Dice textualmente “estaba
muy golpeado, todo quemado el cuerpo por la picana, morado, sin poder mover
las extremidades, yo lo asistía permanentemente para reavivar las
articulaciones de las manos, se movía muy poco”.
– El testigo ADOLFO GALO nos relata que la noche del 12 de diciembre lo ve a
Tierno en Alcaidía. Ve que vienen por el pabellón unas 30 personas. Tierno
era llevado junto a Zamudio y otros hacia el comedor. Entonces dice el
testigo textualmente “Tierno me dice que no sabe si nos íbamos a volver a
ver, y que si salía cante bien fuerte la marcha peronista”. Entre esas
personas iban también Zamudio y Franzen…No los volvió a ver más. “Al otro
día nos enteramos de la masacre” culmina.
– El testigo RICARDO HILDE relata que ve a Tierno en el primer calabozo en
Brigada de Investigaciones, donde fue tratado muy mal, muy torturado.
Entonces este le dice al testigo textualmente “nosotros somos rehenes del
ejército, si acá llegase a ocurrir algo, o ellos necesitasen hacer alguna
demostración de algo SE VAN A COBRAR CON NUESTRAS VIDAS”. El 24 de noviembre
de 1976 el testigo es trasladado a U7, Tierno también va allí. El testigo es
alojado en el Pabellón 1y logra distinguir a Tierno en el pabellón 2 el 12
de diciembre cuando lo sacan de allí.
– Relata el testigo JUAN ARGAÑARAZ que estando en U7 el 12 de diciembre el
Oficial Miguel Casco lee una lista de los detenidos del Pabellón 2 que iban
a ser trasladados. Nombró a Barco y a Tierno. Este último estaba muy
desmejorado, toda la ropa le quedaba grande, muy flaco.
– También la testigo MIRTA CLARA refiere que a Tierno lo sacan de U7 el día
12 de diciembre 76.
LUIS ANGEL BARCO
– Se encuentra probado que LUIS ANGEL BARCO es detenido a mediados de
febrero de 1976, lo llevan a una casa primero, luego a la Comisaría de
Barranqueras y después a la Brigada de Investigaciones de Resistencia,
Chaco, donde es alojado clandestinamente.
– Se halla probado que en Brigada de Investigaciones fue colgado de pies y
manos, fue picaneado hasta perder el conocimiento. Posteriormente es
trasladado a Alcaidía a donde llega con un gran deterioro físico. Permanece
allí sin asistencia médica efectiva por varios meses al menos hasta octubre
de 1976.
– Se ha probado que entonces lo trasladan al pabellón 2 de la U7, a donde
llega en pésimas condiciones físicas debido a las torturas sufridas
previamente.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7 y llevado nuevamente a Alcaidía Policial.
– Se halla probado que en horas de la noche del 12 de diciembre Barco es
retirado de su celda 18 y llevado al Comedor de Alcaidía donde se impartían
sesiones de tortura.
-Se ha probado que Luis Angel Barco forma parte de la nómina de detenidos
que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Barco mediante Acta de Defunción del 14 de
diciembre de 1976 a las 7 hs suscripta por el Dr. Grillo con diagnostico de
herida de bala obrante a fs 226/236 de autos.
– El Caso de Luis Angel Barco ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 671 de Sentencia de Causa 13/84

Lo aseverado hasta aquí guarda sustento en los testimonios de:
– El Sr. PEDRO DINANI declara quien declara que fue compañero de
detención de Barco en Alcaidía. Estaban en celdas individuales, calabozos,
“Barco estaba al lado de mi celda” dice el testigo “el segundo día de estar
detenido comenzamos a hablar”. Le comenta que fue detenido de su casa a
mediados de febrero de 1976, que lo pasearon por una casa primero, luego a
la Comisaría de Barranqueras y después a la Brigada de Investigaciones. “El
me refería que fue colgado de pies y manos, fue picaneado durante 3 o 4
horas hasta que se desvanece en Brigada y se despierta 4 días después cuando
es trasladado a Alcaidía”. Ante estos relatos refiere el testigo haberle
preguntado a Barco si lo revisó un médico, a lo que este contestó “Si pero
no me dio ningún medicamento”. Barco tenía toda deformada la mano y no tenía
movilidad, no sentía los brazos, el médico que lo vio era el Dr. Vidondo.
Cuando recibo la visita de mi señora le pido me consiga un medicamento y
ella le trajo una pomada para que él se aplicara. Barco fue también sacado
de Alcaidía para reconocer y delatar compañeros, bajo promesa de mejores
condiciones de detención o la libertad. Pero el no reconoció a nadie y
entonces lo amenazaron que lo iban a tirar del puente.
– La Sra. OBDULIA GARCIA testifica que visitaba a su esposo Pedro
Dinani que estaba en Alcaidía. Allí se entero que Barco había sido torturado
y estaba en muy mal estado. “yo le llevé una pomadita a escondidas entre mi
ropa” dice textualmente.
– El Sr. HUGO DE DIEU testifica que lo ve a Barco en Alcaidía en el
mes de setiembre de 1976 más o menos.
– El testigo ROBERTO CEJAS nos dice que Barco estuvo en Alcaidía hasta
Octubre del 76 más o menos, luego fue trasladado a U7. Textualmente expresa
“Barco me dijo que lo habían tenido colgado de las manos en Barranqueras,
tenía las manos muy lastimadas, no podía estar bien así”.
– El testigo JUAN FERNANDEZ refiere haber estado en el mismo Pabellón
en U7 con Luis Angel Barco en el mes de noviembre de 1976. Barco sufrió
consecuencias muy severas en el cuerpo durante el período que estuvo en el
ejército: estuvo colgado de las manos por 30 días allí. Dice textualmente
“Le hicimos reanimaciones con gimnasia para que pueda mover las manos”. El
12 de diciembre en U7 el oficial Casco llamaba para que se preparen para ser
trasladados Barco y Tierno que estaban ambos en el Pabellón 2.
– El testigo JUAN ARGAÑARAZ, estuvo detenido con Barco en U7, con
quien hablaba un poco más que con los demás porque ambos habían sido
estudiantes en la UTN. Manifiesta que el 12 de diciembre del 76 el oficial
del SPF Casco lee una lista de detenidos que iban a ser trasladados del
pabellón 2: nombró a Barco y a Tierno. Dice el testigo textualmente “Tengo
el recuerdo de Barco cuando bajaba con su mono de ropa, tenía lágrimas en
los ojos, porque sabía que lo iban a matar; se despidió de nosotros y
diciendo “no se si vuelvo”.
– El testigo JORGE BELZOR MIÑO nos dice textualmente “el 12 de
diciembre lo sacan a Barquito de la U7”.
– La testigo MIRTA CLARA quien dice que a Luis Barco lo sacan de
Alcaidía el 12 de diciembre.
– El testigo RICARDO HILDE distingue a Luis Barco el 12 de diciembre
cuando lo sacaron de U7. Estaba en el pabellón de enfrente al suyo.
– El testigo ADOLFO GALO que estaba detenido en Alcaidía declara que
el día 12 de diciembre del 76 lo sacan a Barco de la celda 18 de que estaba
frente a la suya.

LUIS ARTURO FRANZEN
– Se encuentra probado que LUIS ARTURO FRANZEN es detenido Alrededor de
Junio de 1976 por su militancia política, es llevado a Brigada de
Investigaciones de Resistencia, Chaco, donde es alojado clandestinamente.
– Se halla probado que en Brigada de Investigaciones fue torturado todos los
días. Posteriormente es trasladado a Alcaidía a donde se lo ve con una
pierna rota.
– Se ha probado que luego lo trasladan al pabellón 2 de la U7.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7 y llevado nuevamente a Alcaidía Policial.
– Se halla probado que en horas de la noche del 12 de diciembre en Alcaidía
Franzen se halla en pésimas condiciones físicas debido a la tortura.
-Se ha probado que Luis Arturo Franzen forma parte de la nómina de detenidos
que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Franzen mediante Acta de Defunción suscripta
por el Dr. Grillo con diagnostico de herida de bala del 14 de diciembre a
las 14 hs obrante a fs 226/236 de autos.
– Que el 10 de enero de 1977 su cuerpo le es entregado a sus familiares
– El Caso de Luis Arturo Franzen ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 675 de Sentencia de Causa 13/84

Lo afirmado hasta aquí guarda sustento en los testimonios de:
– La Testigo TERESA FRANSEN quien refiere que su hermano Arturo
Fransen estuvo detenido en Brigada de investigaciones en agosto de 1976.
Recordando una visita que le efectuara relata textualmente “no nos daban más
de 1 minuto para verlo, nos comentó que lo torturaban TODOS LOS DIAS”. “El 6
de enero del 77 vinimos a verlo, fuimos al Regimiento a pedir autorización
para verlo, fuimos a Alcaidía y nos dicen que no estaba, los mismo nos dicen
en U7. Al mediodía una persona importante nos dice en el Regimiento que mi
hermano fue muerto en un enfrentamiento, que podíamos llevarnos el cuerpo y
que TENIAMOS SUERTE DE PODER HACERLO”. El 10 de enero retiraron el cuerpo de
Franzen junto al de Parodi Ocampo. “vi el cuerpo de Arturo, le faltaba un
pedazo de nariz” refiere textualmente.
– La testigo MARIA TERESA PRESA manifiesta que alrededor del mes de
junio de 1976 Arturo Franzen estaba en el 1er. Calabozo de la Brigada.
– La Sra. MARIA GRACIELA FRANSEN manifiesta que su hermano Arturo
Franzen vivía en Resistencia y que trabajaba como electricista. Así describe
a Arturo “Mi hermano era impecable, positivo, con tanta fe, le gustaban los
viajes, nos enseñaba valores, se preocupaba por los demás, estuvo solo dos
veces fuera de casa, para el servicio militar y para salvar su vida cuando
vino a Resistencia, él era un ejemplo, si estuviera este país sería
distinto”. El 19 de mayo del 76 allanan la casa de la testigo y es detenida,
su padre es torturado y su hermana apresada también. Las alojan en Alcaidía
de Misiones. En setiembre del 76, hallándose ya en Devoto, recibe la visita
de su madre quien le cuenta que su hermano Arturo está detenido. Cuando se
entera de los traslados de Margarita Belén no se imagina que estuviera él.
Recién el 10 de enero del 77 se entera que había muerto. Luego de estos
sucesos viene Leopoldo Fortunato Galtieri a ver a las presas y dice
textualmente la testigo “ le dije mi nombre con orgullo, me preguntó donde
está mi hermano, yo le dije ¿como donde esta? SI USTEDES LO MATARON” El lo
negó y la echaron del lugar. En enero de 1977 la familia recuperó su cuerpo,
lo llevan a Posadas, le hacen una misa y van cientos de personas a pesar de
la persecución policial. “intentamos mucho conocer que había pasado”. Pude
saber que lo sacan de U7 el día 12 de diciembre.
– El testigo ADOLFO GALO refiere haberlo visto a Franzen en Alcaidía,
tenía un yeso porque tenía la pierna rota.
– El Sr. HUGO DE DIEU declara que ve a Franzen en Alcaidía. También lo
ve en U7 pues estaba alojado en el pabellón en frente al suyo. En U7 el día
domingo 12 se acerca el Oficial Casco después del almuerzo y les ordena
encerrarse en su pabellón. Lee una lista de nombres y dice “más vale que
salgan porque el penal está rodeado por el ejercito; yo lo vi y
efectivamente era así”.
– Los testigos JUAN FERNANDEZ y JORGE BELZOR MIÑO coinciden en afirmar
que del pabellón 4 de la U7 lo sacaron a Franzen el 12 de diciembre 76.
– El testigo HUGO BARUA refiere haber visto a Franzen el 12 de
diciembre en Alcaidía “las condiciones físicas de Franzen eran tremendas,
apenas podía pararse”.

CARLOS ZAMUDIO
– Se encuentra probado que Carlos Zamudio es detenido en Misiones antes de
fines de noviembre de 1976 debido a sus ideas y su militancia política en
la organización Montoneros.
– Se encuentra probado que posteriormente, es llevado a Brigada de
Investigaciones de Resistencia, Chaco, donde es alojado clandestinamente y
es torturado.
– Se ha probado que el 4 de diciembre de 1976 es trasladado a la Alcaidía
Policial de Resistencia donde es alojado en la celda B.
– Se halla probado que el 11 de diciembre es llevado por un breve lapso a
Brigada de Investigaciones y traído nuevamente a Alcaidía el día 12.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre del 76 en horas de
la noche, es sacado de su celda por los policías Rodriguez Valiente, Monzón
y Ayala, llevado al comedor de Alcaidía y sometido a una sesión de tortura
masiva donde lo golpearon, lo pisaron, lo arrastraron del cabello entre
otros castigos.
– Se ha probado que, luego de la tortura en el comedor, Zamudio es
arrastrado del cabello hacia su celda siéndole imposible moverse por sus
propios medios.
– Se encuentra probado que la víctima es sacada inconsciente de su
celda en horas de la madrugada y subida a vehículos que partieron en
caravana.
-Se halla probado que Carlos Zamudio forma parte de la nómina de detenidos
que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Zamudio mediante Acta de Defunción del día 17
de diciembre suscripta por el Dr. Guillermo Mendoza obrante a fs 226/236 con
diagnóstico de politraumatismos
– Se ha probado que después de muerto fue llevado a Misiones con el fin de
simular su fallecimiento en esa provincia siendo su cuerpo conservado en
frío hasta el momento previo a ser revisado por Médico Policial quien
suscribió acta de defunción habiendo constatado multiplicidad de heridas de
bala.
-Se ha probado que tiempo después su familia logra recuperar el cuerpo en
Posadas siéndole impartida la orden de no verlo, es enterrado en el
Cementerio San Francisco Solano.
-Se ha comprobado tras ser exhumado su cuerpo que Carlos Zamudio tenía una
fractura de femur “perimortem” que le impedía caminar.
– El Caso de Carlos Alberto Zamudio ha sido tratado en el Juicio a las
Juntas Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo
tuvieron como víctima conforme Caso 680 de Sentencia de Causa 13/84

Estas afirmaciones encuentran sustento probatorio en los testimonios
de:
– DAFNE ZAMUDIO, hija de la víctima, manifiesta que su padre Carlos
era estudiante de Ciencias Económicas, pertenecía a la organización
Montoneros, trabajaba como Preceptor en el Colegio Nacional de Resistencia,
“éramos una familia muy unida” dice textualmente. En el 75 se tuvo que ir de
su casa, estuvo en misiones, su familia lo ve por última vez allí, el les
dice entonces que todo se estaba complicando, que habían detenido a varios
compañeros. Luego lo detienen en Misiones. Lo trasladan a Brigada de
Investigaciones de Resistencia, no pueden verlo pues esta incomunicado. A
fines de noviembre del 76 logran verlo en Brigada de investigaciones. “lo
sientan en un banco, éramos muy chicos, mamá nos fue subiendo uno a uno para
verlo” dice textualmente. Ya entonces Zamudio caminaba con dificultad, “se
agarraba el costado”. Lo trasladan a Alcaidía, el 4 de diciembre su familia
va a visitarlo y le dicen que vuelvan a los 10 días. Luego vuelven a
intentar verlo y le dicen que estaba alojado en Brigada de investigaciones.
“En eso pasa lo de la masacre” dice la testigo. Tiempo después logran
recuperar el cuerpo en Misiones, le entregan a su madre el féretro, “no
pudimos verlo, nos prohibieron verlo” dice textualmente. En la exhumación
que se hizo en el cementerio San Francisco Solano se comprobó que tenía una
pierna rota: “NO SE PODIA FUGAR ASI” dice textualmente para concluir
expresando “Mamá murió y luego yo retomé la lucha por la justicia, no
creíamos poder llegar a esto”.
– Conforme testimonio de JOSE LUIS VALENZUELA conoció a Carlos Zamudio
en la facultad, era brillante como estudiante y como persona. El 12 de
diciembre estuvo en la celda B de Alcaidía policial. Ese día lo sacan a
Zamudio y lo llevan al comedor “Caminaba con mucha dificultad” dice
textualmente. El testigo estaba en una celda cerca del comedor, “podíamos
escuchar las cosas que se iban haciendo, estábamos a 4 o 5 metros del
comedor, no veía pero si escuchaba los golpes, las corridas, los gritos, a
Zamudio lo traían del pelo (tenía el pelo largo), lo pateaban, lo pisaban
los miembros de la guardia, eran golpes muy dolorosos” dice textualmente.
“Esa noche hubo mucha violencia, lo arrastraron del cabello desde el comedor
a su celda luego de las torturas, NO PODIA PARARSE”. Luego de terminar la
tortura los guardias comentaban que entregaron a todos los detenidos al
ejército,
– El testigo CARLOS ARANDA refiere haber visto a Zamudio en Brigada de
Investigaciones entre fines de noviembre y el 4 o 5 de diciembre del 76. El
12 de diciembre en Alcaidía dieron su nombre en voz alta llamándolo para la
tortura. Luego de la tortura puede ver que lo traen de vuelta del comedor,
arrastrándolo de las axilas, llevaba el resto del cuerpo arrastrado, “no
podía moverse por sus propios medios” dice textualmente. Momentos después
escuchan camiones entrar por el patio.
– El testigo JULIO ARANDA declara que el 12 por la noche leen la
lista. Lo llamaron a Zamudio y se lo llevaron. Venía muy torturado desde
antes “NO SE PODIA HABER ESCAPADO POR MOTUS PROPIO” dice textualmente. La
ultima vez que le ve fue en la madrugada del 13 de diciembre, estaba muy
golpeado, después de eso dice textualmente” No regresó más a su celda”
– El Sr. NESTOR GIMENEZ testifica que mientras estuvo en Brigada de
Investigaciones pudo ver a Zamudio en el piso de arriba, antes del 4 de
diciembre del 76. “Estaba en un calabocito contiguo al nuestro” dice
textualmente. El 12 de diciembre lo traen a Alcaidía, donde el testigo se
encontraba ya desde el día 4 de diciembre. Esa noche, refiere textualmente
“Lo llevan a la sesión de tortura masiva, ES GOLPEADO Y SEMIMATADO ANTES DEL
TRASLADO”.
– El testigo JUAN MANUEL ROLDAN ve a Zamudio en Brigada de
Investigaciones “tenía toda aplastada la mano, cortada la piel y amoratada,
las manos casi el doble de su tamaño por la hinchazón y toda ensangrentada
la muñeca por las esposas” dice textualmente. Refiere además una charla que
tuvo con Zamudio en la que este le precisara detalles de la tortura sufrida
junto con Fernando Pierola “Nos tuvieron colgados del techo del sótano con
alambre mientras nos picaneaban” lo cita textualmente. Una vez en Alcaidía,
el testigo estaba alojado en la misma celda con Zamudio. El día 12 de
diciembre este le dijo que si algo llegara a pasarle quería que le entregue
una guitarra suya que había quedado en su casa a sus hijos. Ese día 12
Zamudio y Pierole le manifiestan al testigo que si los sacan de Alcaidía “VA
A SER PARA MATARLOS”. Esa noche los guardias lo sacan a Zamudio de los
brazos al comedor, “pude ver como lo llevaban totalmente inconsciente hacia
afuera de la Alcaidía en horas de la madrugada” dice textualmente. Luego de
eso los vehículos partieron en caravana.
– El testigo ANTONIO UFERER relata que el 12 de diciembre en Alcaidía
alrededor de las 20 hs Ayala nombra a Samudio y dice que prepare sus cosas
para ser trasladado. Lo habían traído a Alcaidía unos días antes, lo vio muy
deteriorado.
– El testigo ADOLFO GALO ve cuando lo llevan a Zamudio a la tortura el
12 de diciembre por la noche, estaba muy golpeado, apenas caminaba. “No lo
vimos más después” dice textualmente.
– El Sr ANTONIO ZARATE declara que estuvo con Zamudio es retirado de
Alcaidía, lo llevan a Brigada, y regresa a Alcaidía el 11 o 12 nuevamente.
El día 12 dialoga con el testigo, le deja fotos de su familia y le dice
textualmente “No te olvides del discurso de Videla en Uruguay…MORIRAN TODOS
LOS QUE SEAN NECESARIOS”. Para entonces Zamudio tenía dos costillas rotas y
el torso cubierto totalmente de hematomas. En el estado en que se encontraba
“era imposible una fuga” según sus dichos textuales.
– El testigo OMAR LANA refiere a Zamudio lo sacan el 10 de alcaidía,
un dia entero y después lo volvieron a entrar. Que el 12 de diciembre
estuvo en Alcaidía. Después de la cena lo llaman a Zamudio, el testigo lo
recuerda bien porque fue celador suyo. “La noche anterior a Zamudio le
costaba respirar, me comenta Pierola, era porque tenía las costillas rotas”
dice textualmente. Esa noche a la madrugada se sienten ruidos de camiones,
y dice textualmente “se llevan a los chicos, no los volvimos a ver más”.
Finaliza diciendo respecto de Zamudio al igual que de Pierola “no se podían
escapar, solamente en una camilla, si no podían caminar”.
– El testigo EUGENIO DOMINGUEZ SILVA refiere haber oído cuando los
policías Ayala, Rodriguez Valiente y Monzón lo nombran a Zamudio el 12 a la
noche para sacarlo de su celda.
– El Sr.ROBERTO CEJAS refiriéndose a Zamudio y otros detenidos
manifesta que el día 12 de diciembre en Alcaidía en horas de la noche lo
sacan de los pabellones, no volvieron nunca más. Expresa también que Zamudio
no podía caminar, se arrastraba y se tomaba el lado izquierdo, en el pecho.
La situación de tortura en el comedor duró hasta las 2.30 o 3 hs más o
menos.
– El Testigo GUILLERMO ROQUE MENDOZA, médico en Sanidad Policial de
Misiones, confeccionó el certificado de defunción de Zamudio. Refiere
textualmente “Lo de Zamudio fue una cosa que realmente me impactó. Estando
yo en mi casa una mañana aparece un vehículo Unimog, del ejército, con un
chofer, un soldado y el capitán Castex Laprida. Me piden que yo le acompañe
para realizar el examen de 3 cadáveres. Miro en la carrocería del Unimog,
estaban los 3 cadáveres encimados, totalmente desnudos, luego voy a la
morgue del hospital Madariaga (zonal) donde los examino. Uno de Pedro Ptak,
del MAM, otro de Susana Ferreira, maestra y el otro de Carlos Zamudio….Hice
el examen exhaustivamente.” A este médico se le dijo que Zamudio, habría
muerto en un enfrentamiento con los militares. Con el tiempo toma
conocimiento que probablemente murió en Margarita Belén. Continua diciendo
textualmente “Cuando yo estuve ese día examinando el cadáver en el hospital
el capitán dijo que había muerto en enfrentamiento, me llamó la atención
pues esos cadáveres estaban conservados en frío, tenían lesiones múltiples.
En el caso de Zamudio lleno de disparos. NO ES NORMAL QUE SE CONSERVEN EN
FRÍO LOS CÁDAVERES. Me llama la atención hoy, que llevo 37 años de médico,
creo yo que los militares lo habrán tenido en un lado y llevado al otro
lado. ..No puedo determinar cuánto tiempo hacía que estaba conservado… pero
estaba conservado. No se hizo autopsia porque era evidente las lesiones que
tenían, la causa de muerte: UN DESTROZO TOTAL.” Refiere también que entre
las heridas que presentaba se hallaba un fémur fracturada y dice
textualmente “Una persona con el fémur fracturado pienso que no puede
caminar”. Respecto del lugar en que se habría producido la muerte refiere
textualmente “ Me dijeron que murieron el día anterior en Cerro Moreno.” A
lo cual el testigo no da crédito y dice “De acuerdo al lugar de
enfrentamiento no había como congelar los cuerpos, es un lugar boscoso,
medio virgen, a 120 kms de Posadas. No había en la zona ningún elemento para
conservar fríos los cuerpos, ni sanatorio había.”
– Finalmente el testigo DIEGO BOSSIO, médico legista, participó de la
exhumación de varios cadáveres, entre ellos el de Carlos Zamudio. Respecto
del mismo refiere “La única lesión que encontramos fue en el fémur que tenía
una fractura perimortem, es decir contemporánea a la muerte. Nosotros
establecemos que fue por un impacto de alta energía, para provocar este tipo
de fracturas. Una persona no puede deambular con una fractura como esa.
Estas heridas se producen al momento de la muerte, de modo tal que no hay
modo de que reaccione el hueso. Como ese hueso no reaccionó, pudo haber
sucedido en un lapso de tiempo de horas-días antes de la muerte. Una vez que
se produce la fractura hay una hemorragia, ese sangrado posteriormente va a
ser la formadora de la reparación, para que eso se produzca, el primer gesto
que nosotros podíamos ver es la reabsorción de los bordes (que no lo hemos
visto) que demoraría entre 2 y 7 días”.

NESTOR CARLOS SALA
– Se encuentra probado que NESTOR SALA es detenido, por ser militante en la
organización Montoneros, junto a su mujer Mirta Clara, el 9 de octubre de
1975, es llevado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco,
donde es alojado clandestinamente.
– Se halla probado que en Brigada de Investigaciones fue muy torturado, al
igual que su mujer quien se hallaba embarazada en ese entonces.
– Se ha probado que posteriormente es trasladado detenido al Regimiento de
Formosa, donde también es torturado y toma conocimiento de que había nacido
su hijo.
– Se halla probado que luego es alojado en U7 en el pabellón 1.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7.
– Se halla probado que , tras un breve lapso de tiempo en que es llevado al
Regimiento de La Liguria donde es herido de un bayonetazo, es llevado
nuevamente a Alcaidía Policial.
– Se halla probado que es alojado en Alcaidía Policial en una celda de
castigo el Calabozo B, entre las 16 y las 19 horas del 12 de diciembre.
– Se encuentra probado que es ingresado a los empujones al calabozo en
pésimas condiciones de salud, muy golpeado y con manchas de sangre en el
abdomen.
– Se halla probado que el 12 de diciembre por la noche es llevado al comedor
a la sesión de tortura.
-Se ha probado que Nestor Sala forma parte de la nómina de detenidos que
fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Sala mediante Acta de Defunción del 14 de
diciembre 1976 a las 7 hs suscripta por el Dr. Grillo con diagnóstico herida
de bala obrante a fs226/236 de autos.
– El Caso de Nestor Carlos Sala ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 683 de Sentencia de Causa 13/84

Lo que aquí se sostiene guarda sustento probatorio en los testimonios
siguientes:
-La Sra. MIRTA CLARA, quien fuera la esposa de Nestor Sala, manifesta que
ambos fueron detenidos el 9 de octubre de 1975 por personal de Brigada de
Investigaciones del Chaco. Fue golpeada en la panza al igual que Nestor, aún
cuando estaba embarazada en ese entonces. “Nunca más volvimos a tener
control sobre nuestros cuerpos” dice textualmente. “Yo escuche como lo
torturaban a Nestor por 6 días”. Una noche apareció Tomas con una
declaración falsa para que Nestor firmara, asumiendo la participación en el
copamiento del Regimiento de Formosa. Luego son llevados ambos a orillas del
río en Barranqueras, efectúan disparos, les dicen que los van a tirar al
agua. Despues Nestor es trasladado a Formosa, donde en el Regimiento de esa
localidad lo hieren de un bayonetazo. Allí pudo ver a su hijo recién nacido
Juan Andres desde lejos y por un instante. Posteriormente el 21 de junio de
1976 es traído nuevamente al Chaco. Aquí también lo hieren con una bayoneta
en la Liguria. “El 12 de diciembre del 76 a la siesta llegó sangrando a la
Alcaidía”. Mario Mendoza le hablaba desde su celda y Nestor no le
contestaba. Poco antes Nestor se despedía de sus compañeros de U7 con
palabras muy sentidas, y pidiéndole a sus compañeros que “Hablen a sus hijos
por qué vivieron y por qué van a morir”. Una vez en Alcaidía Nestor no podía
casi caminar “es la demolición física que hacen con los torturados” dice
textualmente. Refiriendose a declaraciones de Ruiz Villazuso la testigo
afirma “Pateta disparó contra mi marido”. Finalmente concluye expresando que
los familiares lucharon muchísimo en estos años y refiriéndose a la
participación de los militares en en la masacre expresa textualmente “Para
poder consagrarse en ese ejército bañado de sambre todos debían disparar
para entrar en el pacto de Silencio para siempre”.
-Según el testimonio de JOSE LUIS VALENZUELA Nestor Sala ingresa el 12 de
diciembre 76 , entre las 16 y 19 hs, al calabozo B de Alcaidía, en diagonal
al que estaba el testigo. “Estaba destruido, muy golpeado, con manchas de
sangre en el abdomen lado izquierdo, lo hacen entrar a patadas y garrotazos”
dice textualmente. Sala no era amigo suyo, lo había conocido en esas
circunstancias. Se golpeaba mucho en los traslados, iban siempre vendados,
para cualquier traslado eran vendados.
– El Sr. ANIBAL PONTI recuerda que Nestor Sala estuvo en su pabellón. Que
antes de ser sacado de U7 el día 12 de diciembre hace un discurso muy
conmovedor.
– El testigo JORGE BELZOR MIÑO declara que estuvo detenido en el
Pabellón 6 de U7, que el 12 de diciembre los sacan a Sala, mientras los
demás detenidos lo despedían cantando la marcha peronista. Allí les decían
los guardias para aterrorizarlos “la próxima vez que te saquemos va a ser
para matarte”. El día 12 de diciembre viene el oficial Casco y lo saca a
Sala. “Luego los matan a todos los trasladados, le aplican la ley de fuga”
dice textualmente. Refiriéndose al régimen carcelario en U7 por ese entonces
relata textualmente “ el régimen era inhumano, la tortura estaba
científicamente planeada para demoler física y psíquicamente a los
detenidos”. También refiriéndose a las condiciones en que habitualmente eran
trasladados los presos dice textualmente “Era imposible fugarse de un
traslado: debilitado, fatigado, vendado, esposado, pensar que alguien puede
escaparse es una utopía”. No había condiciones para hacer un motín así como
tampoco había ningún grupo armado en condiciones operativas para realizar un
rescate.
– Según testimonio de EDUARDO SALIVA estuvo detenido con Sala y Parodi
Ocampo en el Pabellón 1 de U7. “Yo estaba pegado a la celda de Sala,
teníamos temor a los traslados porque podían implicar la muerte” dice
textualmente. El día 12 de diciembre viene el Oficial Casco a sacar a Sala,
se le comunicó que no pensábamos salir. Pero luego Sala dice que no, que va
a salir, porque o sino “esto va a ser una masacre”. Cuando Sala está por
salir cantamos todos la marcha peronista.
– El Sr JUAN FERNANDEZ declara que en U7 el día 12 de diciembre del 76
el oficial Casco llama a Salas y Parodi Ocampo que se preparen para el
traslado. Esto sucedió en el pabellón de enfrente al que se ubicaba el
testigo. Casco dice que él asume la responsabilidad por la integridad física
de los detenidos que iban a ser trasladado, que “no les iba a pasar nada”.
Se enteran por radio al día siguiente que son fusilados, masacrados en
Margarita Belén. Concluye textualmente “Nunca podía ser un intento de fuga
“estaban destrozados física y psíquicamente los compañeros”.
– Según declaración de RICARDO HILDE estuvo con Sala en U7 en el
Pabellón 1. El 12 de diciembre 76 viene Casco, lo saca a Sala y Parodi
Ocampo del pabellón. “No queríamos que salieran” dice textualmente, le
preguntan a Casco donde se los llevaban y no contestó. Casco les dice “vayan
y vean, está todo rodeado por el ejército”.
– Conforme testimonio de MARIO MENDOZA dice que el 12 de diciembre del
76 estaba preso en Alcaidía. Luego de cortar la visita de los presos
comunes, sientieron la llegada de camiones del ejército. Traen personas a la
celda del pabellón en que se hallaba el testigo. Un compañero ve pasar a
Nestor Sala, a quien lo ponen en un calabozo que estaba debajo de la
escalera en la entrada de su pabellón. “Pedí para ir al baño-dice
textualmente- y tuve un breve diálogo con Sala; le pregunté que pasaba pues
él estaba antes en U7, me responde: es un traslado pesado, que estaba
lastimado”. Fue un diálogo de unos pocos segundos, para que no los vean los
custodios. Luego se apagan las luces y comienza la larga sesión de tortura.
Al día siguiente, algunos guardias dijeron que “Lo mataron a Sala”. Era de
público conocimiento que todos los presos que mataron en Martagarita Belén
pasaron por Alcaidía.
– El testigo SANTIAGO ALMADA refiere que en Alcaidía el12 de diciembre
ve que colocaron en un calabozo a una persona cubierta, los guardias
comentaban entre si que ese “es Nestor Sala”.
– El testigo ROBERTO CEJAS refiere que vio a Sala que lo trajeron el
12 de diciembre a la tarde a Alcaidía en un calabozo.
– El testigo HUGO BARUA expresa que el día 12 de diciembre estaba
preso en Alcaidía en celda B. Ese día “Veo cuando lo traen a Sala a una
celda de castigo…lo veo nítido” dice textualmente. Va a cenar, cuando vuelve
al pabellón se escuchan voces, espía y ve que están el oficial Ayala, Monzón
y Rodríguez Valiente con una planilla. Se apagan las luces de las celdas y
ordenan no mirar hacia el pasillo. Al rato comienzan a llamar a los
detenidos. Los torturan por unas 5 horas.
LUIS ALBERTO “Lucho” DIAZ
– Se encuentra probado que Díaz es detenido por su militancia en la
Juventud Universitaria Peronista y llevado a la Brigada de Investigaciones
de Resistencia, Chaco, donde es alojado clandestinamente.
– Se halla probado que en Brigada de Investigaciones fue muy torturado,
picaneado y las uñas de sus dedos fueron arrancadas.
– Se ha probado que tras haber pasado por el Regimiento de La Liguria es
alojado finalmente en Alcaidía el día 12 de diciembre de 1976 a donde llega
siendo trasladado por personal del Ejército.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre del 76 en horas de la
noche, es sacado de su celda por los policías Rodriguez Valiente, Monzón y
Ayala, llevado al comedor de Alcaidía donde es salvajemente golpeado y
torturado.
– Se ha probado que, luego de la tortura fue arrastrado hacia su
celda siéndole imposible moverse por sus propios medios.
– Se halla probado que alrededor de las 23 hs de esa noche es nuevamente
retirado de su celda, en muy malas condiciones físicas y llevado nuevamente
al comedor a la tortura.
– Se ha probado que finalmente, junto a otros detenidos, es subido a
camiones del ejército.
-Se ha probado que Luis Alberto “Lucho” Díaz forma parte de la nómina de
detenidos que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y
posteriormente fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Díaz mediante Acta de Defunción del 14 de
diciembre 1976 a las 7 hs suscripta por el Dr. Grillo con diagnóstico herida
de bala obrante a fs226/236 de autos.
– El Caso de Luis A. Díaz ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 681 de Sentencia de Causa 13/84

Lo afirmado hasta aquí encuentra sustento en las testimoniales prestadas por
las siguientes personas:
– El testigo JUAN MANUEL ROLDAN , hermano de la víctima, declara que
los ve en Brigada a Lucho Díaz, Fernando Pierola y Carlos Zamudio, que
estaban junto al testigo y otras personas en una sala grande. Dice
textualmente “yo estaba allí, me sacan la venda y logro ver: estaban
autoridades militares como Martínez Segón, Pateta, Larrategui y policías,
eran unos 20, como en un conclave”. Luego refiriéndose a Lucho Díaz precisa
textualmente “ Tenía moretones en el rostro, los dedos vendados, le pregunté
que le pasó: Esto me hicieron los muchachos aquí presentes, en los
calabozos, para tratar de sacarme información, además de hacerme submarinos
y picanearme se entretuvieron arrancándome las uñas con una tenaza” Ante
ello refiere el testigo que Manader le contesta a Díaz “Vos sos
irrecuperable, así que no podemos correr el riesgo de ponerte en libertad
porque así te tengan 10 años preso, cuando salgas en libertad vas a volver a
las mismas actividades subversivas” y remata “A vos vamos a tener que
matarte porque estas demasiado convencido”. Roldan es trasladado a Alcaidía
el 4 de diciembre. Alli ve a Martínez Segón y pateta, secundando a Cristino
Nicolaides, cuando recorrían las celdas de Alcaidía amenazando de muerte a
los presos. Respecto de la noche del 12 de diciembre el testigo refiere
haber cruzado unas palabras con Lucho Díaz, quien estaba en una celda en
diagonal a la suya, la cual a su vez se encontraba a unos 20 metros del
comedor, le dice que lo trajeron de la Liguria, pregunta por su esposa y su
hijo. Muy pocas palabras pudieron hablar, los guardias tocan pito y dicen
SILENCIO. “La noche del 12 primero lo sacan a mi hermano, lo llevaban de los
brazos al comedor: eran tremendos los golpes en el comedor, como estaba mi
hermano allí usé unos espejitos que nos habían dado los presos comunes para
poder ver. Vi que en el comedor se veía nítidamente, clarito, personal de
civil y uniformados, algunos con uniformes verdes, que golpeaban
salvajemente a los detenidos, aún estando en el suelo” dice textualmente.
Algunos presos vieron camiones del ejército y patrulleros por la madrugada.
Entonces, dice textualmente, “procedieron a arrear a todos los estaban en el
comedor, algunos casi muertos, hacia afuera de la Alcaidía”. Ningún detenido
fue traído a su celda luego de ser torturados. Los vehículos partieron en
caravana. Cuando los familiares del testigo vinieron a reclamar el cuerpo de
su hermano los recibieron Pateta y Martínez Segón, les dicen que estaba
prófugo. Recién este año fueron encontrados los restos de su hermano.
– El testigo JUAN CARLOS ARANDA relata que es llevado a Brigada de
Investigaciones el 4 o 5 de diciembre, luego de estar detenido en jefatura
de Policía, “me suben por una escalera y me tiran sobre unos cuerpos: Allí
veo a Lucho Díaz” dice textualmente.

- El testigo ROBERTO GRECA lo ve a Lucho Díaz en Brigada de
investigaciones, conversan 2 o 3 veces. Refiere textualmente “Me dice que la
dolía mucho la mano porque le habían arrancado las uñas”
– El testigo JULIO BALTAZAR ACOSTA vio a Lucho Díaz en Brigada de
Investigaciones, lo conocía de su pueblo, “vi que tenía los dedos muy
hinchados, me dijo que le sacaron las uñas para que hable” dice
textualmente. El día 23 de noviembre pudo ver a su hermano, también
detenido, muy golpeado, luego es liberado.
– Según testimonio de JOSE LUIS VALENZUELA el 12 de diciembre en
Alcaidía lo llevan a Lucho Díaz al comedor. En un descuido de los guardias
este le solicita a Valenzuela que tranquilice a Juan Manuel Roldan, su
hermano de 16 años que también estaba detenido en Alcaidía, quien tenía el
presentimiento que lo iban a matar. Por la noche se podían escuchar los
gritos que venían desde el comedor, luego de las torturas lo arrastran a su
celda: “NO podía pararse”
– El testigo MARIO MENDOZA relata que estuvo detenido en Alcaidía, que
el 12 de diciembre 76 cortan la visita de los presos comunes y ve que traen
a Lucho Díaz en camiones del ejército. Lo conocía pues habían sido
compañeros en Ciencias Económicas. “Esa noche apagan la luz de las celdas,
dejan la del pasillo, lo sacan a Lucho Díaz para llevarlo a la tortura,
cuando lo traen es arrastrado y lo ponen en su celda otra vez”. Luego,
alrededor de las 23 hs vienen con una lista de personas y empiezan a llamar,
nombran a Lucho Díaz entre otros. Lo llevan arrastrado , se veía muy mal. Se
escuchaban gritos espantosos en el comedor. Luego dice textualmente “Los
guardias toman un descanso ante mi celda y Lucho queda tirado, se veía muy
claro, le salía sangre por la boca, orejas y ojos y de ahí no lo volví a ver
nunca más”. Finaliza su testimonio aseverando que Díaz no se podía haber
escapado por motus propio: estaba muy golpeado.
– El Sr. VICTOR GIMENEZ compartió sesiones de tortura con Lucho Díaz,
“El no quería hablar, los torturadores se ensañaban, tenían un trato muy
feroz con el” refiere textualmente. El 12 de diciembre lo traen a Alcaidía.
El testigo estaba alojado allí desde el 4 de diciembre. Por la noche de Díaz
ese día fue sacado de su celda y llevado a una sesión de tortura masiva.
“Fue golpeado y semimatado antes del traslado” dice textualmente.
– El testigo SANTIAGO ALMADA relata que la noche del 12 de diciembre
en Alcaidía hubo tortura en el comedor. Refiere textualmente “ A Lucho Díaz
lo sacan luego del comedor, el agente Maidana, lo mete debajo de unos grifos
para sacarle la sangre de la cara. Tipo 3 de la mañana continuaba la golpiza
en el comedor. Escuché al oficial Ayala decir SALIENDO TODOS y se escucha el
taconeo. Esos sonidos me persiguen hasta hoy”.
– El testigo LUIS ROSSI, que estaba detenido en Alcaidía, refiere el
12 de diciembre del 76 por la noche se apagan las luces de las celdas, y
escucha que se solicita el apellido de Díaz y oye que sacan también otros
detenidos.
– El testigo ANTONIO ZARATE refiere que el 12 de diciembre por la
noche en Alcaidía lo traen al Pabellón a Lucho Díaz. “Los iban llamando por
la noche, por eso se que lo sacaron a Díaz” dice textualmente.
– El Sr. EUGENIO DOMINGUEZ SILVA oye cuando el oficial Ayala,
Rodríguez Valiente y Monzón nombran a Lucho Díaz el 12 a la noche en
Alcaidía para sacarlo de su celda. Estaba muy golpeado.
– El testigo HUGO BARUA refiere que la noche del 12 de diciembre, en
Alcaidía, antes de las 22 hs llaman a los detenidos de sus celdas. Dice
textualmente “Lo veo pasar a Lucho Díaz, estaba muy deteriorado y caminaba
muy despacio: es inolvidable, me arrimo, el me ve, lo miro y me sonríe,
sigue de largo. Fueron 5 horas de torturas, incesante, como hasta las 2 de
la mañana”. Luego refiere también “Es imposible salir con vida de tal
castigo: se sentían como tambores los golpes en las espaldas de los
detenidos. La masacre había comenzado en Alcaidía. Los que fusilaron fueron
morcillas humanas”. Luego de las 2 de la mañana quedó todo en silencio,
después se escucharon ruidos de camiones. Al día siguiente el guardia
Vittorello les decía a para amedrentarlos “tranquilos que les puede pasar lo
mismo”. No volvió a ver nunca más a los que se llevaron esa noche. Culmina
diciendo textualmente “Nunca entendí, si los iban a fusilar, POR QUE TANTO
ENSAÑAMIENTO!”
– Testimonio de FEDERICO OVIETA: Lo conoce a Lucho de su pueblo
Mercedes Corrientes, era compañero de colegio, era muy buen alumno, muy
metido en las cuestiones sociales. Cuando termina el servicio militar en
febrero del 78 me entrevisté con el capitán Arcich, de inteligencia del RI5
de Corrientes. En un momento me deja solo y vi que en una pared había un
tapiz con fotos de personas. Estaba Lucho Díaz con una marca, junto a otras
personas que no conocía, ERA UNA FORMA DE CRUZ. Sabía que había sido
fusilado en M. Belen, cuando ve la foto le generó una conmoción
impresionante.

MANUEL PARODI OCAMPO
– Se encuentra probado que MANUEL PARODI OCAMPO es detenido, por ser
militante en la organización Montoneros, junto a su esposa MARIA TERESA
PRESA DE PARODI el 16 de abril de 1976, es llevado a la Brigada de
Investigaciones de Resistencia, Chaco, donde es alojado clandestinamente.
– Se halla probado que en Brigada de Investigaciones fue muy torturado, al
igual que su mujer.
– Se ha probado que posteriormente es trasladado a Misiones..
– Se halla probado que luego es alojado en U7 en el pabellón 1.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7 y trasladado a la Alcaidía Policial.
– Se halla probado que el 12 de diciembre por la noche es sacado de su celda
llevado al comedor de Alcaidía a una sesión de tortura.
-Se ha probado que Manuel Parodi Ocampo forma parte de la nómina de
detenidos que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y
posteriormente fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el deceso de Sala mediante Acta de Defunción del 14 de
diciembre 1976 a las 7 hs suscripta por el Dr. Grillo con diagnóstico herida
de bala obrante a fs226/236 de autos.
– El Caso de Manuel Parodi Ocampo ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 670 de Sentencia de Causa 13/84

- Se halla probado que su familia pudo recuperar su cuerpo el 10 de enero de
1977.
Todo ello encuentra sustento en las siguientes declaraciones testimoniales:
– La testigo MARIA TERESA PRESA DE PARODI, esposa de Manuel Parodi
Ocampo, relata que caen detenidos el 16 de abril de 1976. Textualmente dice
“Mi marido estaba en el sotano de Brigada de Investigaciones, lo torturaban
mucho, estaba atado con una esposa a la pierna y otra a la pata de una mesa,
le chorreaba sangre de la oreja, estaba muy perdido, no me conoció, estaba
quemado. Manader le dijo “No la conoces…SAludala que es tu señora!” Luego
los ubican a ambos en el 3er. Calabozo de Brigada. En julio de ese año lo
llevan a Misiones, habían querido cruzarlo a Paraguay, pero las fuerzas de
ese país no lo aceptaron y lo traen de nuevo. Luego de eso no lo podía ver.
Alrededor del 15 de noviembre lo ve a Manuel por ultima vez “Estaba muy
flaco, muy deteriorado, el había sido robusto, estaba como achicado, muy
mal”. El 22 de diciembre su madre la visita y le cuenta que Manuel había
fallecido. Le traen acta de defunción firmada por el Dr. Grillo. “Me dijo mi
suegro que el vino con la familia Fransen a retirar el cuerpo: el pecho y la
cabeza de Manuel estaban destrozados. Lo pudo reconocer por un lunar que
tenía” concluye textualmente.
– La Sra. TERESA FRANSEN refiere que el cuerpo de Parodi Ocampo fue
retirado por su familia el 10 de enero del 77. Vio su cuerpo, tenía un
boquete en el pecho. Regresaron con los cuerpos de Parodi y de su hermano
Fransen a Posadas.
– El testigo ANIBAL PONTI afirma que Parodi Ocampo estaba en su
pabellón en U7.
– El Sr. ANTONIO UFERER estuvo preso con Parodi Ocampo y su esposa.
Le extraña verlo en Alcaidía pues el estaba antes en U7. En la madrugada del
13 se sintió un ruido de camiones, se llevaron a los compañeros.
– El Sr. EDUARDO SALIVA cayó detenido el 13 de abril del 76, ve a
Parodi Ocampo en Brigada de Investigaciones a Parodi Ocampo, luego de 3 o 4
días de estar allí. Ve como lo torturan a Parodi Ocampo y a su señora María
Teresa Presa. “El imploraba que no la sigan tratando así a la mujer” dice
textualmente.
– El testigo ADOLFO GALO afirma que la noche del 12 de diciembre lo
sacaron a Parodi Ocampo de su celda en Alcaidía, para llevarlo a la tortura.

MARIO CUEVAS
– Se encuentra probado que hasta el 12 de diciembre de 1976 MARIO CUEVAS se
hallaba detenido alojado en U7 en el pabellón 3.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7 y trasladado a la Alcaidía Policial.
– Se halla probado que en Alcaidía Policial el Sr. Cuevas se hallaba muy
golpeado y no podía desplazarse por sí mismo.
-Se ha probado que Mario Cuevas forma parte de la nómina de detenidos que
fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el fallecimiento de Mario Cuevas mediante Acta de Defunción
del 14 de diciembre 1976 a las 7 hs suscripta por el Dr. Grillo con
diagnóstico herida de bala obrante a fs226/236 de autos.
– El Caso de Mario Cuevas ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 677 de Sentencia de Causa 13/84

Lo afirmado hasta aquí encuentra sustento probatorio en las siguientes
testimoniales:
– La testigo MIRTA CLARA manifiesta que a Cuevas lo sacaron de U7 el
12 de diciembre.
– El testigo JUAN FERNANDEZ refiere que el 12 de diciembre sacaron a
Mario Cuevas del pabellón 3 de U7. Ese día el ejército rodeó toda la cárcel.
Se lo dicen los compañeros del pabellón 1 que se subieron a una ventana y
vieron de ahí todo el perímetro de la U7 y el patio, luego en 1979 el
testigo refiere que estuvo en el pabellón q y era posible ver la parte de
afuera. Los que fueron sacados de U7 en ningún momento crearon problemas
disciplinarios. Respecto de los traslados expresa que “era imposible fugarse
de un traslado”.
– El testigo HUGO DE DIEU lo ve a Cuevas en Alcaidía. También lo ve en
U7, estaba en su pabellón. “Lo vi muy golpeado, no podía desarrollar ninguna
actividad con nomralidad, se quejaba de dolores, había que ayudarlo a
desplazarse” dice textualmente. “Ese día en U7 nuestro delegado pregunta por
qué las condiciones raras de traslado y a donde se los llevaban, la única
respuesta fue “que salga o van a entrar a buscarlo”. Ese día De Dieu se
asomó a ver los camiones que estaban afuera y eran del tipo Unimog.
– El testigo RICARDO HILDE refiere una conversación que tiene con
Cuevas textualmente “Cuevas me dice “No doy más…me están torturando el hueso
de la herida”.
CARLOS DUARTE

- Se encuentra probado que hasta el 12 de diciembre de 1976 CARLOS DUARTE
se hallaba detenido alojado en U7 en el pabellón 4.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre de ese año, conjuntamente
con otros detenidos, es retirado por personal del Ejército Argentino de la
U7 y trasladado a la Alcaidía Policial.
– -Se ha probado que Carlos Duarte forma parte de la nómina de detenidos que
fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado el fallecimiento de Carlos Duarte mediante Acta de Defunción
del 14 de diciembre 1976 a las 4:45 hs suscripta por el Dr. Grillo con
diagnóstico herida de bala obrante a fs226/236 de autos.
– El Caso de Carlos Duarte ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 672 de Sentencia de Causa 13/84

Todo ello encuentra sustento probatorio en las declaraciones testimoniales
de:
– La testigo MIRTA CLARA señala que a Duarte lo sacan de U7 el 12 de
diciembre.
– El testigo JUAN FERNANDEZ declara que a Duarte lo sacan de U7 EL 12
de diciembre del pabellón 4.
– El Sr. HUGO DE DIEU refiere que en U7 en el pabellón de enfrente al
suyo estaba Duarte.
– El testigo MARIO MENDOZA declara que lo ve ingresar a Duarte a
Alcaidía luego del horario de visita de presos comunes el 12 de diciembre,
lo ponen en la celda de su pabellón.
EMA BEATRIZ CABRAL
Fue detenida junto a su esposo Zapata Soñez el 3 de noviembre 76 se
encontraba en Brigada, donde fue vista en calabozos por Carlos Erasmo
Aguirre, entre otros. Después pasa el tiempo y es sacada de la Brigada sin
que se diera cuenta jamás de su paradero.
La identidad de la misma está acreditada pues ese 13 diciembre se da cuenta
de dos cadáveres 1 Femenino 1Masculino. no identificados hasta que en 2007
por prueba pericial genética y dactiloscópica se llega a determinar que la
NN femenina es EMMA B. CABRAl. Ello no ha sido objeto impugnación por la
defensa.

ALCIDES BOSCH
Alcides Bosch se encuentra desaparecido al menos desde el 22 de noviembre de
1976.
También corre la misma suerte que Ema Cabral, es fusilado y su cadáver no
identificado, enterrado como NN hasta que finalmente las pruebas periciales
practicadas con control de todas las partes de este juicio, así como también
la confrontación de huellas dactilares dan cuenta de que ese NN es Alcides
Bosh, quien fuera asesinado la madrugada del 13 de diciembre, su cuerpo
colocado dentro del Peugot 504 junto al de Emma Cabral para simular que
fueran los atacantes del convoy.
No puede esta querella imaginarse como hicieron Alcides Bosh y Emma Cabral,
hallándose ambos detenidos, incomunicados, a la luz de la práctica habitual
de sus captores seguramente torturados, como pudieron librarse de su
cautiverio, conseguir el automóvil, las armas, efectuar las tareas de
inteligencia para determinar la hora en que pasaría el convoy, esperarlo sin
ser vistos considerando que la ruta se hallaba muy vigilada para esas horas,
TODO HALLANDOSE DETENIDOS.
REINALDO ZAPATA SOÑEZ (Desaparecido – Profugo)
– Se encuentra probado que el detenido Reinaldo Zapata Soñez había sido
detenido el 3 de noviembre del 76 y llevado a Brigada de Investigaciones
donde fue muy torturado.
-Se ha probado que Zapata Soñez forma parte de la nómina de detenidos que
fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado que Zapata Soñez continúa desaparecido hasta el día de
la fecha.
– – El Caso de Reinaldo Zapata Soñez ha sido tratado en el
Juicio a las Juntas Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos
que lo tuvieron como víctima conforme Caso 674 de Sentencia de Causa 13/84

Ello se sustenta en los siguientes testimonios:
– El testigo CARLOS ARANDA declara haberlo visto en Brigada cuando
estuvo allí.
– El Sr. VICTOR GIMENEZ refiere que cuando lo Zapata Soñez “estaba muy
destruido por la tortura”
– La testigo MARIA JULIA MORRESI relata que lo escuchó a Zapata Soñez
en Brigada “Lo reconocí por su voz, el decía No me peguen más” relata
textualmente.
– El testigo ANTONIO ZARATE declara que lo ve a Zapata Soñez siendo
interrogado en la casa del jefe de Policía Wenceslao Zeniquel. Estubo allí
unos 10 días y luego se lo llevaron a Brigada.

FERNANDO PIEROLA (Desaparecido – Profugo)
– Se encuentra probado que Fernando Pierola es detenido junto a su mujer
María Julia Morresi en Posadas el 20 de octubre de 1976 debido a sus ideas y
militancia política en la organización Montoneros.
-Se halla probado que luego es llevado a un centro de detención clandestina
llamado “La Casita” donde es sometido a intensas torturas, picana
eléctrica y es colgado de los tobillos con alambres, así como también donde
es presionado para que brinde información o violarían a su mujer.
-Se ha probado que luego es llevado al Regimiento de Infantería 5 en
Corrientes donde sigue siendo torturado y puede vérselo muy mal físicamente
hasta el punto de que podían vérsele los huesos de sus piernas.
– Se encuentra probado que posteriormente, es llevado a Brigada de
Investigaciones de Resistencia, Chaco, donde es alojado clandestinamente y
continúa siendo torturado.
– Se ha probado que luego es trasladado a la Alcaidía Policial de
Resistencia donde es alojado en la celda 13.
-Se encuentra probado que el día 12 de diciembre del 76 alrededor de
las 23 hs, imposibilitado de caminar por sus propios medios, es sacado de su
celda por los policías Rodriguez Valiente y Ayala, llevado al comedor de
Alcaidía y sometido a una sesión de tortura masiva.
– Se ha probado que Pierola se hallaba casi muerto luego de las
sesiones de tortura e imposibilitado de moverse por sus propios medios.
-Se halla probado que Fernando Pierola forma parte de la nómina de detenidos
que fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado que Fernando Pierola continúa desaparecido hasta el día de
la fecha a pesar de la intensa e in-interrumpida búsqueda que su familia ha
hecho de él a lo largo de más de tres décadas.
– El Caso de Fernando Pierola ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 682 de Sentencia de Causa 13/84

Lo afirmado hasta aquí encuentra sustento probatorio en los testimonios de:

- La testigo MARIA JULIA MORRESI declara que junto con Pierola es
detenida en Posadas el 20 de octubre de 1976. Los llevan a Jefatura de
Policía donde la torturan. Reconoce a Valussi y a Tosso como sus
torturadores. Luego los llevan a una casa a orillas del río, donde le dicen
a Fernando “cantá porque la vamos a violar”. Refiere que Pierola estaba muy
golpeado, lo picaneaban en el pecho, no le daban agua “él me pide que le de
saliva para mojarle los labios” dice textualmente la testigo. Luego lo
trasladan a Corrientes, y la llevan para que lo vea y le diga “que diga
todo”. En este punto la testigo refiere textualmente “El estaba encorvado,
seguía diciendo que era estudiante y trabajaba en el Centro de Estudiantes,
estaba muy mal físicamente pero absolutamente entero anímicamente”. También
textualmente dice “ En Corrientes le vi los tobillos por primera vez, SE LE
VEIAN LOS HUESOS EN LAS DOS PIERNAS, lo habían tenido colgado”. La última
vez que la Sra. Morresi ve a Fernando fue en Brigada de investigaciones, a
fines de noviembre de 1976 “El estaba vendado, mientras Cardozo y Manader le
pegaban piñas frente a mi” dice textualmente. Fernando no estaba en
condiciones físicas de fugarse, la última vez que fue visto por la testigo
estaba en muy malas condiciones físicas, muy deteriorado. Luego de la
masacre, Pateta le dice a Amanda que Fernando estaba prófugo.
– El testigo GUSTAVO PIEROLA, hermano de la víctima, manifiesta que
Fernando es secuestrado en Posadas, Misiones, llevado a un centro de
detención clandestino llamado “La Casita” donde es torturado colgado de los
pies. Posteriormente lo trasladan a Brigada de investigaciones en
Resistencia. Su familia desconocía su paradero. Su madre Amanda encaró la
búsqueda, hizo un trabajo paciente de investigación, se instaló en el Chaco
exclusivamente para esa tarea. Fernando aún continúa desaparecido. En esa
búsqueda habló con muchas personas. Visitó el campo de la familia Pegoraro,
a Martín y Amadeo quienes vieron cuerpos y escucharon tiros la madrugada del
13 diciembre 76, habló con Norma Alejandrina, refiere una mención que hace
del Sr. Salinas fotógrafo de la Policía del Chaco a quien le avisan el 12 de
diciembre por la noche que al otro día lo iba a ir a buscar el ejército para
un trabajo, que se prepare, le dice a Amanda que tenía el rostro grabado de
esos chicos. También habló con un empleado de Vialidad Domínguez, también
testigo en esta causa. Todos los testimonios de expresos que recoge le
refieren que a Fernando lo llevan el 13 de diciembre de Alcaidía.
– El testigo CARLOS ARANDA afirma haber visto a Pierola en Brigada de
investigaciones entre fines de noviembre y el 4 o 5 de diciembre 76.
– El testigo VICTOR GIMENEZ afirma que lo ve a Pierola en el sótano de
Brigada de Investigaciones en el período que va entre el 4 de noviembre y 4
de diciembre del 76. Lo había conocido en la facultad. Estando detenidos
llegaron a saludarse, se preguntaban quienes eran. “si nos agarraba la
guardia hablando nos castigaba ferozmente” refiere textualmente. El día 12
de diciembre lo traen a Pierola a la Alcaidía. “Fue sacado de su celda
después de la cena y llevado a una sesión de tortura masiva. Esa noche
fueron golpeados y SEMIMATADOS antes del traslado” dice textualmente el
testigo “No le daban agua para que NO MUERA en la picana eléctrica”.
– Afirma el testigo ROBERTO GRECA que lo ve a Pierola en Brigada de
investigaciones. “Me dice que lo detienen en Posadas, allí fue muy
torturado, LO HABIAN COLGADO DE LOS TOBILLOS” son las palabras textuales del
testigo. La noche del 12 de diciembre lo ve pasar a Pierola por su celda
cuando lo llevan a la tortura.
– El testigo JUAN MANUEL ROLDAN ve a Pierola en Brigada de
Investigaciones “Pierola estaba descalzo, los pies terriblemente hinchados,
amoratados y la piel cuarteada, alrededor de los tobillos tenía un anillo de
sangre” refiere textualmente. Aclara que Fernando Pierola y Carlos Zamudio
le dicen en un momento “Nos tuvieron colgados del techo del sótano con
alambre mientras nos picaneaban”. El 12 de diciembre el testigo afirma haber
estaba en la misma celda con Pierola en Alcaidía. En un momento de ese día,
por la noche, el oficial Ayala dice “las personas que voy a nombrar saquen
las manos por las rejas” Recuerda que nombró a Pierola, yedro, Pereyra,
Samudio y su hermano Lucho Díaz. Los guardias los llevan de los brazos hacia
el comedor, donde los torturan por 2 horas.
– El Sr. ANTONIO RICARDO UFERER afirma que pudo hablar con Pierola,
le dice que lo habían torturado mucho, que esperaba ser trasladado a U7.
Dice textualmente respecto de Pierola “Lo torturaron mucho la noche del 12
de diciembre”.
– El testigo SANTIAGO ALMADA refiere que el 12 de diciembre 76 a las
23 hs. en Alcaidía los oficiales Rodriguez Valiente y Ayala nombran a
Pierola y Zamudio para que se preparen y los fueron sacando. “Los demás
pueden descansar” les dijeron al resto de los detenidos. Luego empiezan las
golpizas en el comedor, el oficial Ayala y el Mono Monzón disfrutaban con
los golpes. Luego más tarde siente el sonido de los motores, eran de
camiones.
– El testigo ANTONIO ZARATE estuvo alojado en Alcaidía en la celda 13
con Pierola y Zamudio. Fernando es sacado de su celda el 12 de diciembre a
medianoche y se despide diciendo “creo que nunca más los voy a ver” dice
textualmente el testigo.
– El Sr. OMAR LANA refiere que el 12 de diciembre del 76 estaba preso
en Alcaidía. Cenó con Fernando Pierola la noche anterior, era un muchacho
grandote pero estaba muy deteriorado. “Me dijo que lo tuvieron colgado de
los tobillos, tenía una especie de cicatriz muy fea y un gran hematoma en la
planta del pie” Después de la cena la noche del 12 lo llaman para la
tortura. Concluye textualmente diciendo textualmente “Fernando no podía
caminar, no se podía escapar SOLO EN UNA CAMILLA”
– El Sr. JOSE LUIS VALENZUELA refiere que ve a Píerola muy golpeado el
12 de diciembre en Alcaidía.
– El Sr. JULIO ARANDA expresa que el 12 de diciembre en Alcaidía
vienen con una lista y empiezan a llamar. Nombran a Pierola. Lo llevan a un
salón que había debajo del pabellón, le pegan, el gritaba que estaba
detenido por ser preso político.
– Finalmente el testigo EUGENIO DOMINGUEZ SILVA refiere haber oído
cuando Ayala, Rodriguez Valiente y Monzón lo nombran a Pierola el 12 por la
noche para sacarlo de su celda.
JULIO PEREYRA (Desaparecido-profugo)
– Se encuentra probado que Julio Pereyra es detenido y llevado Brigada de
Investigaciones de Resistencia, Chaco, donde es muy golpeado.
– Se halla probado que el 11 de diciembre de ese año es visto en Alcaidía
Policial de Resistencia.
– Se halla probado que el 12 de diciembre alrededor de las 20 hs su nombre
es pronunciado por el Oficial Ayala dentro de la nomina de personas a ser
trasladadas.
– Se halla probado que Pereyra es sacado de su celda el 12 de diciembre por
la noche y llevado al comedor para ser torturado.
-Se ha probado que Julio Pereyra forma parte de la nómina de detenidos que
fueron trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente
fusilados en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado que Pereyra continúa desaparecido hasta el día de la fecha.
– El Caso de Julio Pereyra ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 673 de Sentencia de Causa 13/84

Estas afirmaciones guardan su sustento en los siguientes testimonios:
– El testigo EDUARDO SALIVA refiere que la primera vez que lo ve a
Pereyra es en Brigada de Investigaciones, estaba muy golpeado. Luego cuando
lo llevan a Alcaidía vuelve a verlo, se cruzaron en el baño y el le comento
que le habían golpeado muchisimo.
– El testigo MARIO MENDOZA refiere que Julio Pereyra fue uno de los
últimos que sacaron el 12 para la tortura. Estaba en la celda más al fondo.
Luego hubo un silencio total.
– El testigo VICTOR GIMENEZ manifiesta que el 12 de diciembre lo traen
a Pereyra a la Alcaidía. Por la noche es sacado de su celda y llevado al
comedor para la sesión de tortura masiva. “Fue golpeado y semimuerto antes
del traslado” dice textualmente.
– El Sr. ROBERTO GRECCA testifica haber visto a Pereyra el 11 de
diciembre en Alcaidía. Lo ve también cuando lo sacan de su celda y se lo
llevan a la tortura el 12 por la noche.
– El Sr. ANTONIO UFERER declara que alrededor de las 20 hs en Alcaidía
el 12 de diciembre el oficial Ayala lo nombra a Pereyra y dice que prepare
sus cosas para el traslado.
– El Sr. ANTONIO ZARATE declara que en Alcaidía la noche del 12 de
diciembre lo llaman a Pereyra, por eso sabe que lo sacaron esa noche. No
volvió a verlo más.
– El testigo OMAR LANA refiere que el 12 de diciembre estaba en
Alcaidía. Después de la cena lo llaman a Pereyra. Lo sacan los de la guardia
de Ayala. No podía ver, pero escuchaba el sonido de los camiones encendidos
por mucho tiempo. Finalmente dice textualmente “No había posibilidad de
hacer un motín: estábamos separados y cagados a palo”.
– El Sr. AUGENIO DOMINGUEZ SILVA manifiesta haber oído cuando el 12 de
diciembre por la noche en Alcaidía Ayala, Rodriguez Valiente y Monzón lo
nombran a Pereyra para sacarlo de su celda. No volvió a verlo más.

ROBERTO YEDRO (Desaparecido)
– Se encuentra probado que ROBERTO YEDRO es detenido antes de fines de
octubre de 1976, llevado Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco,
donde es alojado clandestinamente.
– Se ha probado Yedro es torturado en reiteradas ocasiones durante su
estancia en Brigada de Investigaciones.
– Se halla probado que el 12 de diciembre de ese año es visto muy golpeado
en Alcaidía Policial de Resistencia.
– Se encuentra probado que la noche del 12 de diciembre es llevado de los
brazos por un guardia hacia al comedor a las sesiones de tortura.
– Se halla probado que su nombre es pronunciado por el Oficial Ayala dentro
de la nomina de personas a ser trasladadas.
-Se ha probado que Roberto forma parte de la nómina de detenidos que fueron
trasladados en la madrugada del 13 de diciembre y posteriormente fusilados
en cercanía a la localidad de Margarita Belén.
– Se ha probado que Roberto Yedro continúa desaparecido hasta el día de la
fecha.
– El Caso de Roberto Yedro ha sido tratado en el Juicio a las Juntas
Militares y ha recaído sentencia respecto de los hechos que lo tuvieron como
víctima conforme Caso 676 de Sentencia de Causa 13/84

Todo ello encuentra sustento probatorio en las siguientes testimoniales:
– El testigo CARLOS ARANDA asegura haber visto a Roberto Yedro en
Brigada de Investigaciones en una de las celdas aisladas.
– El Testigo OMAR LANA declara que en Brigada de Investigaciones, a
fines de octubre del 76 más o menos, estaba un tal Yedro y un muchacho que
se llamaba Zapata. “Lo supe porque cuando no nos veían nos comunicábamos y
nos preguntábamos quienes éramos” dice textualmente.
– El Sr. ROBERTO GRECCA revela haber visto a Yedro frente a su celda,
en un baño en Brigada de Investigaciones. “El me contó que lo llevaban y
torturaban en varias ocasiones” dice textualmente.
– El Sr. JULIO BALTAZAR ARANDA relata que lo ve a Roberto Yedro, un
abogado Correntino en Brigada de Investigaciones muy golpeado.
– El testigo ANTONIO ZARATE declara que el 12 de diciembre lo traen a
Yedro al pabellón a la Alcaidía.
– El Sr. ANTONIO UFERER declara que alrededor de las 20 hs en Alcaidía
el 12 de diciembre el oficial Ayala lo nombra a Yedro y dice que prepare sus
cosas para el traslado.
– El Testigo JULIO MENDOZA refiere que el 12 de diciembre por la noche
en Alcaidía a los dos últimos que ve sacar para las sesiones de tortura que
se estaban haciendo en el comedor fue a Roberto Yedro y a Julio Pereyra.
– El testigo JUAN MANUEL ROLDAN refiere haber visto a Yedro frente a
su celda en Alcaidía la noche del 12 de diciembre 76. Ve también cuando lo
llevan de los brazos unos guardias, hacia el comedor, a la tortura.
– El Sr. SANTIAGO ALMADA refiere que la noche del 12 de diciembre en
Alcaidía, mientras lo golpeaban en el comedor, entre gemidos Yedro decía “No
me peguen más”
– El Sr. EUGENIO DOMINGUEZ SILVA asevera que lo ve a Yedro en
Alcaidía, que estaba muy golpeado.

EL CONTEXTO HISTORICO EN QUE LOS HECHOS TUVIERON LUGAR
Los hechos que relatamos no han ocurrido aisladamente, no se hallan libres
de influencia histórica y política, no fueron perpetrados por un grupo de
personas cualquiera, que un día cualquiera, se decidió a matar a otro grupo
de personas cualquiera.
La Masacre de Margarita Belén se halla enmarcada en un contexto histórico
que esta querella considera útil y pertinente traerlo a debate para entender
su justa dimensión y alcances.
El 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de estado
encabezado por las tres fuerzas militares, que asimismo contó con la
participación protagónica de civiles, que por eso se trata de un golpe de
estado cívico militar y que tuvo como objeto destruir toda forma de
organización popular, exterminando, desapareciendo a todos los que se
organizaban, a todos los que resistían el atropello.
El objetivo fue cambiar las condiciones socioculturales de nuestro pueblo y
a partir de ahí transformar la estructura socioeconómica de la Argentina.
Durante esa oscura etapa se suprimió la Constitución Nacional,
reemplazándosela por el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional.
Consecuentemente se suprimieron las garantías constitucionales tales como el
derecho a la vida, a la libertad personal, el derecho a la seguridad e
integridad personal, el derecho de justicia y proceso regular, a reunirse
libremente. También es preciso decirlo, se prolongó el Estado de Sitio
indefinidamente, y durante ese Estado de Sitio se produjeron innumerables
detenciones y arrestos ilegítimos, ejecuciones sumarias, asesinatos y
desapariciones.
Que el llamado Proceso de Reorganización Nacional determinó una escalada
represiva sin precedentes en la historia argentina, cuyo saldo en vidas
humanas ha sido inmenso y que en términos económicos significó también el
mayor proceso de concentración de la riqueza que se recuerde en nuestro
país.
Que el despliegue del Terrorismo de Estado en el periodo analizado, cuyas
acciones comenzaron a mediados de 1973 y se multiplicaron luego de la muerte
del General Perón en julio de 1974, ha causado un daño indeleble en miles y
miles de argentinos que están desaparecidos, perdieron la vida, sufrieron
torturas, encierros, violaciones de todo tipo a sus derechos, exilios
externos e internos, despidos de sus empleos, pérdida de sus cátedras o de
sitios de investigación científica o creación artística.
Antes del 24 de marzo de 1976 ya se habían endurecido todos los sistemas
normativos – represivos. Entre estos precedentes tenemos las leyes
represoras iniciadas en 1902 con la Ley 4144 mal llamada “Ley de
residencia”: la misma fue concebida para reprimir a los portadores del
socialismo como ideología perturbadora del orden social vigente.
Posteriormente, por medio de la ley 20.840 “ley antisubversiva”, cuyo
precedente es la ley 17.401 de “Represión y sanción del comunismo” se
sanciona lo que se conoce como “delito Ideológico”. Hay que recordar que el
andamiaje jurídico de la dictadura comenzó a fundarse bajo el gobierno
constitucional con leyes antisubversivas y antiterroristas, como las que
hemos citado.
Se crearon entonces normas que establecían nuevos delitos: delitos de
pensamiento en ese sentido Esteban Rigi (Derecho Penal – Parte General. 1º
Edición Pag. 140) nos dice: “Una de las manifestaciones recurrentes de
violación al principio de impunidad del pensamiento, reiteradamente violado
en el derecho argentino en ocasión de experiencias autoritarias, ha sido la
consagración del delito de opinión, como sucedió, por ejemplo, con la norma
de facto que reprimió con pena privativa de la libertad la realización de
actividades políticas, prohibiendo expresamente las tareas de difusión
ideológica partidaria (art. 1º, ley 21.323)”PROSCRIPCIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS).
Se adoptó desde el aspecto jurídico llamar al enemigo interno como
“delincuente subversivo”.
El concepto de enemigo interno era novedoso: había surgido como consecuencia
de la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional. Ese enemigo estaba
definido por oposición a los patrones prefijados de “occidental y
cristiano”, y por ello abarcaba a una parte importante y determinada de la
población del territorio nacional.
Que Militarmente a ese enemigo interno se lo denominó “oponente” y que las
normativas del proceso hacían diferentes clasificaciones de ese oponente,
tal como lo establece el Anexo II de Inteligencia del Plan Contribuyente del
Ejército a la Seguridad Nacional, que obra como prueba documental en autos y
al que esta querella dar´+a tratamiento especial más adelante.
Que se adoptó una nueva semántica desde las estructuras de poder que tuvo su
correlato en el aspecto jurídico estigmatizando a una parte de la población
nacional como “SUBVERSIVOS” , “DELINCUENTE TERRORISTA” o “DELINCUENTE
SUBVERSIVO” etc.
Que toda la normativa represiva tenía un objetivo sustancial: el exterminio
del oponente.
Sabido es que cuando se dictan normas tendientes a un exterminio, a un
genocidio, esas normas procuran legitimar su accionar. Digámoslo con todas
las letras: no hay genocidio que no cuente con una ficción de juridicidad,
lo hizo el Reino de España con el Tratado de Tordecillas, lo hicieron los
nazis con sus leyes raciales y también se hizo en la argentina con el
proceso de estigmatización de los militantes populares como “delincuentes
subversivos”.
Es un comportamiento común en los genocidas: se trata de legitimar el propio
accionar, es una búsqueda de justificación frente a la sociedad para lo que
iban a hacer.
Hechos Legitimantes para no rendir cuentas posteriores, para que no pueda
reprochárseles nada. Para no tener límites.
A ese enemigo interno definido de varias maneras, se lo hizo responsable de
innumerables males ficticios, tan preconcebidos como el mismo plan
represivo.
En tal sentido, como quedó plasmado en la causa 13/84, “los comandantes
establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo.
Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran
discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según
información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que
se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes
inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio;
se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de
cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o
Justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física”.
Los delitos de los que fueron objeto las víctimas en nuestro caso dan cuenta
de la aplicación del plan sistemático de exterminio.
En esta causa se investigaron puntualmente los crímenes cometidos contra
compañeros de la cultura peronista combativa y de izquierda
Una buena parte de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén militaban
en la Juventud Peronista o en la Organización Montoneros.
Desde el Juicio a las Juntas en adelante quedó claro que estábamos ante un
plan sistemático de extermino, esta afirmación nunca fue puesta en duda, ni
en aquel momento ni en este.
Por eso, tratándose de un plan, tenemos que ponderar dos elementos:
PRIMERO que fue pensado antes de la efectiva ocurrencia de estos hechos, y
SEGUNDO que requirió la colaboración de varias personas para su diseño y
ejecución.
La pauta de que fue sistemático nos da la idea de que fue Metódico…
Ordenado… Invariable… Constante.
Que para cometer estos crímenes sus autores se han valido de una
organización clandestina diseñada con anterioridad al golpe de estado del 24
de marzo de 1976.
También con anterioridad a esa fecha se estableció la secuencia criminal
como parte del plan al que debían ser irremediablemente sometidas las
víctimas.
Estas aseveraciones, surgen con meridiana claridad del cotejo de las
normativas represivas incorporadas por lectura al debate y de la prueba
documental y testimonial colectada:
1.- El Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) y
sus Anexos.
2.- Documento “Procedimiento Operativo Normal 212/75”
3.- La Orden Parcial 405/76.-
4.- Documentos identificados como: “RC-5-1 Ejército Argentino, Reservado,
Operaciones Sicológicas”; “RC-8-3), Reservado, Operaciones contra la
Subversión Urbana”
5.- Directiva del Concejo de Defensa 1/75.- Que también se referían a ese
sujeto como “enemigo indigno de esta patria” La Directiva 1/75, así lo dice.
6.- Directiva del Comando General del Ejército 404/75 y la Orden Parcial
405/75.-
En este marco del Plan Sistemático la tortura juega un papel determinante en
su función operativa que excede el de obtener información del oponente: la
tortura además tenía otra función, que era la de destruir la humanidad de
los detenidos, en procura de quebrar su identidad
política/cultural/filosófica/religiosa, razón por la que había sido incluido
en el grupo nacional a exterminar.
La participación de los imputados en las acciones que de un modo directo o
indirecto permiten la aplicación de torturas a los detenidos políticos
confirma de por sí su participación en el Genocidio, que no es otra cosa que
la destrucción de un grupo nacional por diferentes razones y con distintas
tecnologías de dominación.-
En este mismo orden esta El plan del Ejército (Contribuyente al Plan de
Seguridad Nacional) de febrero de 1976, en su punto b) disponía la
preparación del golpe militar y consecuentemente la toma del poder.-
Diseñándose la ejecución en sus fases I de “preparación”, II de “Ejecución”
y III de “Consolidación”
También debemos tener en cuenta que en Anexo 2 de “Inteligencia” se
establecía y clasificaba pormenorizadamente a los grupos sobre los que se
aplicaría el plan, determinados en su calidad de oponentes activos y
pasivos.
En el Anexo 3, del referido Plan del Ejército, en lo atinente a la
detención de Personas se establecían las pautas para la detención,
previéndose la elaboración de Lugares Reunión de Detenidos” (LRD) eufemismo
con que se llamaba a Centros Clandestinos de Detención.
Así también tenemos la Directiva del Comandante General del Ejército Nº
217/76, del Abril de ese mismo año donde se establecen Clasificaciones,
Normas y Procedimientos relacionados con el personal detenido a partir del
24 de Marzo de 1976.
Asimismo, para la aplicación concreta de este plan se dispuso de recursos
económicos y humanos de consideración:
En la sentencia de la Causa Avellaneda quedo claro que “el sistema no sólo
implicaba una estructura piramidal de subordinación dentro de cada fuerza
–como es propio de cualquier fuerza armada-, sino también una relación de
distribución de funciones y asistencia recíproca entre las respectivas
fuerzas, conforme a un plan aprobado y supervisado desde las instancias
superiores”…
Prueba de ello es el aumento del presupuesto militar en la Argentina de
aquellos años. El dinero para solventar el gasto militar que insumía la
lucha contra el enemigo interno provenía de empréstitos internacionales, que
luego pasaron a formar parte de la llamada “DEUDA EXTERNA” (se estima que el
30% de ella se dedicó al presupuesto militar) y de contribuciones que
realizaban las empresas ligadas a este proceso de reorganización nacional.
Por eso no es casual que haya trabajadores desaparecidos de todas las
grandes empresas del cordón industrial del Gran Buenos Aires, casi todas
ellas extranjeras o subordinadas a grupos económicos trasnacionales:
Mercedes Benz, Acindar, Ford, Astarsa, Tensa…. Por lo que tampoco resulta
casual que estas empresas integran la lista de firmas que contrajeron deudas
privadas bajo la dictadura y que fuera luego estatizada por Cavallo en 1981,
desde la presidencia del Banco Central.
En esto la directiva 1/75 del Concejo de Defensa es clara y precisa cuando
se refiere a “Los requerimientos financieros, emergentes de la planificación
derivada de la presente Directiva”, traducido: lo que necesiten les será
otorgado. Los ejecutores conseguían todo lo que la aplicación del plan
demandaba.
Es por ello que surge ahora la pregunta obligada Señora Presidente. ¿Quién,
sino estos imputados, son los que obraron diligentemente para la aplicación
concreta del Plan Sistemático que describimos? Es por eso que están allí
sentados en el banquillo de los acusados. Es en función de ello que deberán
responder por lo sucedido.
En torno de los recursos humanos que demandaba la correcta ejecución del
Plan Sistemático se contó con la participación de cuadros militares y de
otras fuerzas de seguridad, formados en la Doctrina de Seguridad Nacional y
también en la Doctrina Francesa para la lucha contrarrevolucionaria.
La Doctrina de la Seguridad Nacional, que nace en Estados Unidos en el marco
de la Guerra Fría, otorgaba el componente de formación político – cultural
del cuadro militar, es decir contribuía a la motivación con la que
procedieron: Esta doctrina considera a los propios ciudadanos de un país
como posibles amenazas a la seguridad. Por primera vez surgía la idea de
que el pueblo del propio país podía constituir una amenaza a la seguridad
nacional.
Mientras que la Doctrina Francesa otorgaba el modo de proceder en sentido
militar: divide el territorio en zonas, organiza escuadrones militares y
para-militares, establece la metodología del secuestro y encierro en lugares
clandestinos de detención, coloca a la tortura como método esencial y
principalísimo tanto para obtener información del enemigo como para
aniquilarlo física y psíquicamente, unge a la desaparición forzada de
personas como regla para la eliminación física del oponente, etc. Amplias
han sido las explicaciones dadas por la testigo Monique Rubin al respecto,
las que sintetizan el contenido de esta doctrina represiva a las que nos
remitimos.
En conclusión estas directivas establecen la creación del enemigo interno y
permiten su eliminación o mejor dicho alientan su eliminación.
Los imputados en esta causa resulta ser sin lugar a dudas cuadros
preparados en esa metodología.
No se trata de un grupo de ancianos perseguidos por venganza, como gustan
presentarse los imputados, sino de cuadros perfectamente preparados para el
exterminio, para la tortura, para la demolición psico-fisica del oponente.
Estas personas podían secuestrar, torturar, vejar, matar Sra. Presidente y
todo POR CONVICCION en absoluta predisposición para ser partes de la Máquina
de Exterminio que los ubicó como piezas imprescindibles de una trama que
culminaría con la muerte al menos de las victimas a la que antes nos
referíamos.
La conformación del grupo que efectúa el traslado, TODOS ELLOS OFICIALES,
muchos de inteligencia, da cuenta de lo que estamos refiriendo. Era un grupo
con una calificada preparación para efectuar las tareas que hicieron el 12 y
13 de diciembre. No era otra cosa que un auténtico GRUPO DE TAREAS.
Estos cuadros formaban parte de la planta estable de esa organización
clandestina, verificándose su tarea a lo largo de toda la dictadura , como
surge de varios testimonios vertidos en juicio.
Afirmamos entonces que todos los imputados han participado de dicha
organización de terror, en diferentes roles, pero con un objetivo común y
adhiriendo plenamente a la ideología exterminadora que sustentaba dicho
plan.
Pero además está presente en cada uno de ellos una identidad ideológica,
que los llevaba a un obrar en común. Todos querían hacerlo, todos querían
participar.
Pero esto no es todo Señora Presidente: Los imputados cometieron estos
hechos apoyados en la autoridad y confianza que la sociedad les otorgó un
día permitiéndoles llevar el uniforme del Ejército Argentino, el uniforme de
la Policía del Chaco, permitiéndoles portar sus armas y usar sus galones. Y
ellos como respuesta abusaron de sus cargos, de las facultades,
responsabilidades y medios que la sociedad puso en sus manos, distorsionando
de manera repugnante el contenido de sus misiones, utilizaron ese permiso,
esa confianza NO PARA PROTEGER SINO PARA AGREDIR con la traición a su propio
pueblo.
Todo ello ha quedado plenamente probado a lo largo del debate oral.

En respuesta se nos dira: “fue un guerra… combatimos con la doctrina en la
mano”,
Y así también se nos dirá: “hubo excesos”
Y podrá también decirsenos: “hubo dos demonios”
La verdad Señora Presidente, para esta querella tanto los imputados como
la organización criminal a la que pertenecían NUNCA NEGARON LO QUE HICIERON.
Nunca negaron haber sido parte del convoy que terminó en la muerte de las
victimas
Y eso nos lleva a preguntarnos porque nunca negaron haber formado parte de
ese convoy de la muerte?
Y la respuesta es simple, porque querían que se sepa lo que hicieron, como
lo hicieron, para qué lo hicieron y que tenían tanto poder, pero tanto
poder que hasta podían simular lo hecho creando un falso enfrentamiento.
La segunda respuesta que subyace a esta pregunta: es para que se entienda
como una amenaza latente por si a alguno se le ocurría levantarse contra las
injusticias, combatirlos.
Es por todo lo dicho que esta querella sostiene que los imputados de estos
autos participaron… Activa, Conciente y Entusiastamente en el Genocidio
perpetrado en la Argentina, conscientes que el mismo era parte de uno mucho
más amplio que es el drama latinoamericano de las dictaduras militares, las
desapariciones forzadas y los asesinatos en masa.
Y para concluir Sra. presidente, UNA PREGUNTA: Resulta serio afirmar que las
victimas sobrevivientes o que estos juicios están sostenidos por un ánimo
de venganza? Para analizar si fuese eso posible quisiera que alguno de los
imputados nos dijera si alguna vez, desde el 13 de diciembre de 1976 hasta
la fecha, en estos más de 34 años alguno de los familiares de las víctimas,
o alguna de las víctimas sobrevivientes de torturas que pasaron por este
juicio algunas de las cuales están aquí presente, si al menos una vez alguno
de ellos los agredió físicamente, los hirió, los lasceró de alguna manera a
ellos, a sus familiares o a su entorno? JAMAS SEÑORA PRESIDENTE. Nuestro
pueblo ha sido paciente, manso hasta el extremo, pacífico, NUNCA COBRO
VENGANZA ni siquiera una sola vez contra los hacedores de tanta muerte.
Ahora bien, POR SUPUESTO, y desde el primer día se hicieron sonar los
reclamos de justicia, que JAMAS SE DETUVO NI SE DETENDRA
Quienes formamos parte de esta querella Sra. Presidente, y me atrevo a decir
ya hoy la inmensa mayoría del pueblo argentino, no estamos aquí motivados
por el odio ni la venganza sino por lo que nos indica nuestra intención de
justicia y por lo que nos señala el deber y la conciencia, y finalmente por
la responsabilidad que todos tenemos de evitar a toda costa que hechos como
los llevados adelante por estos criminales se vuelva a repetir.
Finalmente señora presidente, excelentísimo tribunal, permítanme concluir
esta parte de los alegatos de La Liga Argentina por los Derechos del Hombre
leyéndoles unas breves palabras del General Don José de San Martín a quien
todos consideramos el padre de nuestra patria (MOSTRAR CUADRO) y quien
además fuera el máximo líder del Ejército Libertador, el cual a su vez fuera
la génesis del Ejercito Argentino. En aquellos días de inolvidables de 1820,
San Martín y su Ejercito Libertador se hallaban en Pisco, ya habían liberado
nuestro país, habían liberado Chile y se disponían a expulsar al ejército
colonial del Perú, cuando en el mes de setiembre de ese año se dirige a los
miles que conformaban ese Ejercito Libertador congregados en Pisco en el mes
de setiembre de 1820 y les dice textualmente:
“Ya hemos llegado al lugar de nuestro destino y solo falta que el valor
consume la obra de la constancia; pero acordaos que vuestro gran deber es
consolar a la América, y que no venís a hacer conquistas, sino a liberar
pueblos que han gemido trescientos años bajo este bárbaro derecho. Los
peruanos son nuestros hermanos y amigos; abrazadlos como tales y respetad
sus derechos, como respetasteis los de los chilenos después de la batalla de
Chacabuco.
La ferocidad y violencia son crímenes que no conocen los soldados de la
libertad, y si contra todas mis esperanzas, alguno de los nuestros olvidase
sus deberes, declaro desde ahora que será inexorablemente castigado conforme
los artículos siguientes:
1° Todo el que robe o tome con violencia de dos reales para arriba será
pasado por las armas, previo proceso verbal que está mandado observar el
ejército.
2° Todo el que derramare una gota de sangre fuera del campo de batalla, será
castigado con la Pena del Talión.
3° Todo insulto contra los habitantes del país, sean europeos o americanos,
será castigado hasta con la pena de la vida, según la gravedad de las
circunstancias.
4° Todo exceso que ataque la moral pública o las costumbres del país, será
castigado en los mismos términos que previene el artículo anterior.
¡Soldados! Acordaos que toda la América os contempla en el momento
actual, y que sus grandes esperanzas penden de que acreditéis la humanidad,
el coraje y el honor que os han distinguido siempre, dondequiera que los
oprimidos han implorado vuestro auxilio contra los opresores. El mundo
envidiará vuestro destino si observáis la misma conducta que hasta aquí;
pero ¡Desgraciado el que quebrante sus deberes y sirva de escándalo a sus
compañeros de armas! Yo lo castigaré de un modo terrible; y él desaparecerá
de entre nosotros con oprobio e ignominia.”
Eso es todo Sra. Presidente, Excelentísimo Tribunal, Público presente,
Muchas Gracias.

Excelentísimo tribunal:
En estos 10 meses de debate oral se ha logrado probar acabadamente la responsabilidad de los imputados por los hechos traídos a juicio y que conforman el objeto procesal de esta causa.-
Ahora bien, esta responsabilidad se ha probado desde distintos aspectos, cada uno de ellos abonados respectivamente por sus correspondientes pruebas (tanto testimoniales como documentales, principalmente). Lo que nos ha permitido tener una idea más que aproximada de la realidad en que se desarrollaron los hechos. Lo cual es más que fundamental para la hipótesis legal que esta querella sostiene y que desde ya reiteramos: condenar a los sres……………… como autores penalmente responsables del delito de GENOCIDIO.-
El organismo al que representamos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha sido pionera en sostener que lo que ocurrió en nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y 1983 en nuestro país ha sido un verdadero crimen de genocidio. Pero esta postura no es antojadiza ni mucho menos, sino que está plenamente basada en datos concretos de la realidad.-
Estos datos a que nos venimos refiriendo también se han verificado indudablemente en este proceso. Y es por ello que en esta nueva causa en la que la Liga interviene sostenemos la misma visión penal que sostenemos respecto de los distintos hechos delictivos realizados durante la dictadura cívico militar que usurpó el poder en el país en los años 70.-
Es que el hecho que estamos juzgando no debe analizarse aisladamente, como si fuera un grupo suelto de delincuentes realizando una empresa delictiva cualquiera. La forma de actuar en lo que se conoció como “Masacre de Mgta Belén” ha seguido la lógica perversa y represiva del Plan Sistemático de represión y exterminio trazado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.-
Esta idea y convencimiento legal que sostenemos se sustentan en las siguientes consideraciones que seguidamente pasamos a exponer:
Durante los años comprendidos entre 1976 y 1983, el gobierno de facto impuso un plan sistemático de represión ilegal, lo cual se ha acreditado en diversas resoluciones judiciales, entre las que merece destacarse la sentencia dictada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa nro. 13/84.
Uno de los puntos centrales de este plan estatal de represión era el secuestro de personas, su traslado a lugares clandestinos de detención, su sistemática tortura, y luego la liberación, la legalización o la muerte.

Caracterización de las funciones asignadas a las Áreas.
El país fue dividido en cuatro zonas de defensa, que se identificaban con la siguiente numeración: 1, 2, 3 y 5, cada una de las cuales coincidía con la jurisdicción de los Cuerpos de Ejército 1, 2, 3 y 5. Posteriormente, se creó la Zona de Defensa 4, bajo responsabilidad del Comando de Institutos Militares.
En lo que concierne a este proceso, Resistencia estaba incluida en la Zona II de Defensa, que dependía del Segundo Cuerpo de Ejercito y comprendía las jurisdicciones de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
El 15 de octubre de 1975, el Consejo de Defensa dictó la Directiva 1/75 cuya finalidad era instrumentar el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y otros organismos para la lucha contra la subversión. El punto séptimo de dicha directiva estableció las misiones de cada una de las fuerzas en tal empresa, otorgándole al Ejército la de operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras fuerzas, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas.
Asimismo, le asignó al Ejército la responsabilidad primaria en la dirección de las operaciones contra la subversión en el ámbito nacional, la conducción del esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión (ver Directiva 1/75 obrante en el Legajo de Directivas).
El Anexo 1 a la Directiva del Consejo de Defensa 1/75 establece la estructura del Régimen Funcional de Inteligencia, de allí surge claramente el flujo de la información de inteligencia que comienza en las Áreas, sigue en las Subzonas, pasa por el Comando de Zona, para llegar al Comando General del Ejército y luego al Poder Ejecutivo Nacional. Similar organigrama se confirió a la Estructura del Régimen Funcional de Acción Psicológica (Anexo 2 de dicha directiva).
Por su parte, la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (obrante en el Legajo de Directivas), cuya finalidad fue poner en ejecución las medidas y acciones previstas en la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, reprodujo los términos de aquella en cuanto a la misión y responsabilidad que se le asignaba al Ejército Argentino en el marco de la lucha contra la subversión.
En cuanto a las ideas rectoras del accionar del Ejército, señalaba: “La actitud ofensiva a asumir por la Fuerza, más los elementos puestos a su disposición, debe materializarse a través de la ejecución de operaciones que permitan ejercer una presión constante, en tiempo y espacio, sobre las organizaciones subversivas. No debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia, sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones, y mediante operaciones psicológicas”. En el punto relativo a las operaciones a desarrollar, especificó que los Comandos y Jefaturas de todos los niveles tendrán la responsabilidad directa e indelegable en la ejecución de la totalidad de las operaciones.
La Directiva del Comandante en Jefe del Ejército N° 504/77, reiteró la responsabilidad primaria del Ejército en las operaciones de lucha contra la subversión y la conducción de la tarea de inteligencia a dichos fines.
Por su parte, la Orden de Operaciones 9/77 “Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período 1977” dispuso la intensificación de las operaciones y de seguridad contra la delincuencia subversiva.
Asimismo, estableció que los Comandos de Subzona tendrán la responsabilidad primaria, directa e indelegable de la totalidad de las operaciones militares y de seguridad que se ejecuten en su jurisdicción y de la coordinación correspondiente.
Al momento de reglamentar la ejecución de las operaciones, dispone que los blancos a ejecutar serán el producto de la reunión, valorización y proceso de la información disponible, materializada en un objetivo concreto, la cual puede originarse a través de la comunidad informativa del Comando de la Zona, Subzona o Área; y que el control de las mismas estaba en cabeza de los responsables de la estructura operativa creada a los efectos de la lucha contra la subversión.
Este cuerpo normativo permite apreciar que la actividad desplegada por el Ejército se asentó en un preciso organigrama verticalizado, que partía del Comando de Zona, pasando por las Subzonas, y llegando a las Áreas; permitiendo de esta forma mantener un control sobre las actividades a desplegar.
Más allá de esta referencia normativa, el funcionamiento de la estructura en que se cimentó el plan represivo implementado por el gobierno militar, puede ser reconstruida por las caracterizaciones formuladas por diversos Jefes militares de aquella época, haciendo referencia particularmente a las relativas a las funciones asignadas a la Áreas.
Las estructuras de las Áreas controlaban los hechos que se producían dentro de su ámbito jurisdiccional, intervenían en los operativos realizados en su territorio, contribuían activamente en la tarea de inteligencia desarrollada con el objeto de determinar los blancos a ejecutar y tenían control de los centros clandestinos emplazados en su ámbito jurisdiccional.
En este marco, los Jefes de cada una de las Áreas eran un eslabón de importancia en la cadena de mandos que partía del Comando de Zona, hacia los autores directos de los hechos criminales por los que se requiere en la presente causa.

IV – ANTECEDENTES DE LA CAUSA
El 13 de diciembre de 1976, se simula un traslado de detenidos políticos desde la ciudad de Resistencia hasta la ciudad de Formosa. Es así que previo a concretarse el supuesto traslado, el día 11 de noviembre, Cristino Nicolaides a cargo del Comando de la VII Brigada del Ejercito Argentino, ordenó el traslado de Carlos Néstor Sala, Manuel Parodi Ocampo, Luis Alberto Fransen, Carlos Alberto Duarte, Mario Cuevas, Patricio Blas Tierno, Luis Ángel Barco, Julio A. Pereyra, Alberto Díaz, Roberto Yedro, Reinaldo A. Zapata Soñez, Carlos Zamudio y Fernando Pierola, detenidos políticos, a disposición del PEN y alojados en la Alcaidía Policial y en la cárcel de máxima seguridad U-7, quienes supuestamente causaban desordenes entre la población penal, con destino a la Prisión de Formosa. Denominándose al operativo con el apelativo de “Rojo”, e impartiéndose la orden de traslado al Jefe del Área Militar Nº 233 Jorge A. Larrateguy.
A partir de la siesta del domingo 12 de diciembre, se comienza con los preparativos en una de las unidades de detención, la cárcel de máxima seguridad U7. De allí se retira a 7 militantes con destino a la Alcaidía; este grupo fue reunido con otros detenidos en la propia Alcaidía, donde a partir de aproximadamente las 20 hs, comenzaron las torturas en el comedor de esa unidad.-
Jorge A. Larrateguy ordenó al personal a su cargo tal traslado a la Cárcel de Formosa. Para ello dispuso que un móvil de la Policía de la Provincia del Chaco custodie la parte delantera del convoy, integrándose la referida patrulla por Carlos Marcelo Carballo, Alfredo Chas, Raimundo Raúl Vargas y Atilio Cabral, quienes cumplieron la función de cortar la ruta impidiendo el tránsito de vehículos.
El 13 de diciembre de 1976, en horas de la madrugada se concreto el traslado, los detenidos fueron retirados de la Alcaidía Policial por una comisión del Ejercito Argentino a las ordenes del Mayor Ahos Gustavo Renes, integrada, entre otros por Horacio Losito, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Aldo Héctor Martínez Segon, German Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Sinomi, Luis Alberto Patetta y Norberto Raúl Tosso, todos eran personal militar perteneciente al Regimiento de Infantería Nº 9 con asiento en la Ciudad de Corrientes, al Grupo de Artillería Nº 7 y al Destacamento de Inteligencia del Ejercito Nº 124.
El operativo de Traslado, se ejecutó con dos camiones del Ejercito Argentino, un Unimog y un Mercedes Benz, junto al vehículo policial encabezando la caravana. Salieron de la Alcaidía Policial de esta ciudad, aproximadamente a las 03:30 horas y a la altura del Km. 1041, de la Ruta Nacional Nº 11, en cercanías de la Localidad de Margarita Belén, los detenidos objeto del traslado fueron todos fusilados por los encargados de su custodia y traslado, así también aparecen como fusilados en el mismo hecho quienes posteriormente fueron identificados como Alcides Bosch y Ema Beatriz Cabral.
Conforme las constancias de la causa, obra informe producido por el Cementerio Local donde consta que el 13/12/76 fueron introducidos en dicha necrópolis los cuerpos de Ema Betriz Cabral, Alcides Bosch, Luis Alberto Díaz, Patricio Blas Tierno, Mario Cuevas, Carlos A. Duarte, Manuel Parodi Ocampo, Luis A. Franzen, Nestos C. Sala, Luis A. Barco y Carlos A. Zamudio.
Julio A. Pereyra, Roberto Yedro, Reinaldo Zapata Soñez y Fernando Pierola se encuentran aún desaparecidos.
Participaron efectivos de la Policía del Chaco, el Ejército, colaboradores civiles y miembros del Poder Judicial.
La masacre fue decidida por el Consejo del Área 233 compuesto por Cristino Nicolaides, Comandante de la 7ma. Brigada, Alcides Larrateguy, Jefe del Área 233, Grupo de Artillería 7, Armando Manuel Hornos a cargo del Destacamento de Inteligencia del Ejercito Nº 124, Pateta y Miguel Aurelio Baguer, Grupo de Artillería 7, Seniquel, Jefe de Policía del Chaco, Carlos Alcides Thomas, Jefe de Investigaciones de la Policía del Chaco, Facundo Antonio Serrano,
Gobernador de facto del Chaco durante la última dictadura y su ministro de Gobierno José Oscar Zucconi entre otros. Fueron ejecutores directos varios de los que están hoy aquí imputados.

Parte III: Calificaciones jurídicas de los hechos probados.

Cómo es de público conocimiento, esta querella entiende que los encartados deben ser condenados por el delito de GENOCIDIO.-
Atento ello, seguidamente pasamos a explicar el fundamento de esta pretensión:
Operatividad de las normas internacionales debidamente receptadas por el Estado argentino. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, primer organismo de DDHH en el país, que es la institución a quien representamos ha venido sosteniendo coherentemente y de manera plenamente fundada que en estos causas judiciales los jueces pueden y deben válidamente dictar sentencia en aplicando la ley internacional. Lo dicho encuentra sustento normativo y jurisprudencial a partir de los reiterados avances en la materia que se han venido dando en nuestros tribunales sobre todo a partir de lo sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón”. En estas sentencias el máximo tribunal del país reconoce que los delitos de derecho internacional son normas válidas que los jueces argentinos pueden y deben aplicar.
En estos históricos precedentes se declara que los delitos que cometieron los acusados no fueron delitos comunes. Los acusados no participaron en delitos prescriptibles del código penal argentino. Cometieron delitos más graves. Tanto por la masividad del aniquilamiento y por el propósito de destruir un grupo entero de la población civil. En aquellos precedentes el máximo tribunal en interpretación de la ley resolvió aplicar para los hechos de homicidios, privaciones de libertad y tormentos una calificación de derecho internacional.-
Es que mientras los jueces argentinos pudieron juzgar estos hechos con las normas del código penal, lo hicieron como en la conocida causa contra la junta de dictadores en 1985. Posteriormente, las leyes de amnistía contra la sentencia condenatoria dispuesta en ese juicio impidieron los procesos contra el resto de los acusados. Y decimos “CONTRA” la mencionada sentencia que marcaba un paso de justicia por que es la descripción que cabe darle a esas leyes de impunidad. En nada esas leyes estuvieron motivadas en la pacificación nacional. Todo lo contrario, lo que buscaban como es de conocimiento público era asegurar y premiar a los autores de los delitos más aberrantes en la historia política y penal de nuestro país. Con estas leyes “cerrojo” se extinguía definitivamente la posibilidad de juzgar con normas de derecho interno únicamente las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico militar.-
Ahora bien, esas leyes de impunidad no pudieron callar el reclamo de justicia de familiares y víctimas de los delitos cometidos por el aparato represor instalado desembozadamente desde el 24 de marzo de 1976. Es así que la prédica constante de los organismos de DDHH explicando qué pasó en Argentina en esos oscuros años se fue haciendo carne en cada vez más sectores sociales del país y del mundo. Pero ese reclamo se encontraba con una valla de orden legal producto de las leyes de impunidad que impedían continuar juzgando a los genocidas de la dictadura del 76, junto a ello corrían los tiempos de la prescriptibilidad de los delitos de acuerdo a nuestro código penal. Así fue que saludablemente la Corte Suprema de Justicia recogió este reclamo popular y se tomó una decisión largamente esperada y colocó a la doctrina judicial del país en sintonía con el desarrollo del derecho internacional público, que evoluciona desde la época de los juicios de Nuremberg, en especial en todo lo relativo a los delitos de derecho internacional. Con ello quedó abierta la vía para que la judicatura del país pueda aplicar normas de derecho internacional público consuetudinario o convencional porque hay precedentes nacionales e internacionales que abrieron el camino con enorme esfuerzo.-
Vale aclarar en este punto que esta sabia decisión de la CSJ no es algo antojadizo. Muy por el contrario, en realidad toma su fundamento en los reclamos de justicia que como decíamos sostenían los organismo de DDHH del país basados en datos concretos de la realidad. Por lo cual lo que se hizo jurídicamente es dar cabida normativa a la realidad objetiva de los hechos analizados. Por que en realidad el derecho lo que hace es tomar determinadas conductas humanas (reales y concretas) y regularlas, pero no existen conductas creadas jurídicamente. Si fuera así estaríamos hablando de un derecho ficcional sin sentido para la sociedad. Máxime si tenemos en cuenta que hablamos de derecho penal, en donde lo que está en juego es la libertad de los individuos y donde lo que se protege de manera especial son determinados bienes jurídicos que se consideran de especial relevancia su tutela.-
No obstante los fallos citados y la consecuencia de la utilización operativa de las normas de derecho internacional por ellos dispuesta, de ninguna manera las normas del Código Penal y la doctrina general pierden su sentido. Todo lo contrario, lo que sucede es que a partir de estos fallos se tiene una lectura o interpretación más armoniosa de nuestro ordenamiento jurídico sin que exista contradicción entre la norma interna y la norma internacional. Es más, las normas del código penal y la doctrina general del delito prestan todavía un auxilio inestimable. Principalmente porque el ilícito penal de derecho internacional que se pide se aplique al presente caso remite a conductas previstas en normas del código penal argentino y a las penas que en ellas se establecen. Cuando los homicidios, tormentos y privaciones ilegales de la libertad se comenten en forma masiva con la intención de destruir un grupo entero de la población se comente un delito imprescriptible diferente por completo a los delitos que lo integran. Tampoco la afectación es la misma. No se lesionan bienes jurídicos individuales sino a la sociedad en su conjunto, aunque para ello se requiere la concurrencia de masivas afectaciones individuales en la forma típica de aquellos delitos comunes. Por esta razón su análisis resulta ineludible.

La privación ilegal de libertad agravada de acuerdo con las normas del Código Penal Argentino. Se ha demostrado en el juicio que los acusados participaron en la privación ilegal de la libertad que sufrieron las víctimas de autos: Julio A. PEREYRA, Roberto YEDRO, Reinaldo ZAPATA SOÑEZ y Fernando PIEROLA, quienes aún están desaparecidos. Aquí vamos a hacer una salvedad, estás víctimas son las que continúan desaparecidas luego de ser secuestradas, pero las otras once personas que han sido identificadas como víctimas han pasado por el mismo derrotero que las cuatro que conforman la base de esta parte de la imputación, en el caso de las otras once el la privación ilegal de la libertad agravada se ve subsumida en el delito más grave cometido con esas personas que no es otro que el homicidio doblemente agravado.
La responsabilidad penal de los imputados en la privación ilegal de la libertad agravada ha quedado plenamente demostrada tanto por testimoniales de sobrevivientes como por las documentales ofrecidas y admitidas en juicio. Es así que los testimonios del carcelero Juan Manuel Rodríguez Valiente mencionan como el responsable del traslado a Athos Renes y que los trámites del área los manejaba Pateta a quién entregó documentación, planillas, valores y efectos de los detenidos. También agregó que tanto Pateta como Martínez Segón concurrían a entrevistar a los detenidos en Alcaidía esporádicamente. En coincidencia con ello, el coronel Sebastián Rampulla sostuvo que el jefe de la columna de traslado era el mayor Renes. En el mismo sentido se expresa el testigo Eugenio Domínguez Silva que dice que periódicamente concurría a Alcaidía Martínez Segón a entrevistar detenidos. Coincidentemente también son mencionados Pateta y Martínez Segón como participantes de una suerte de reunión a la que es llevado el testigo Juan Manuel Roldán a quien llevan a una suerte de cónclave en donde ve a su hermano Lucho Díaz todavía con vida aunque muy golpeado.-
A su vez, de las documentales agregadas a estas actuaciones merecen destacarse las declaraciones brindadas en el JIM por los integrantes del convoy de traslado en que si bien se da una falacia en la explicación de los hechos, a través de ellas podemos saber quiénes integraban la mencionada columna que fue la que tuvo con vida por última vez a las víctimas. Es decir, estas documentales en conjunto con el resto de las probanzas de autos nos permiten aseverar quiénes integraban el convoy de traslado y quienes revestían en calidad de de jefes en el mismo. Así, podemos decir fehacientemente que todos los imputados participaron de la misma. Además de estas pruebas merecen ser destacadas las diferentes órdenes de traslado en que también aparecen los nombres de Renes y Martínez Segón.-
Este tramo de los hechos resulta abarcado por el delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionarios públicos, previsto en el art. 144 bis del código penal, con la redacción de la ley 14.616. El delito se cometió en dos formas agravadas, previstas en el inc. 1º y 5º del art. 142, según el texto de la ley 20.642. Sobre el empleo de violencia y amenaza dieron cuenta en la audiencia testigos directos de los secuestros y sobrevivientes que describieron el uso sistemático de armas de guerra, golpes, tortura física y psíquica y privaciones de todo tipo durante el cautiverio.
Sólo podrá ser considerado autor en sentido jurídico-penal quien revista la condición de funcionario público. De las constancias de autos surge que los imputados revestían dicho carácter conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, al momento de los sucesos.
El delito acaecerá allí cuando las facultades conferidas al sujeto activo por la función que el mismo desempeña, sean utilizadas de modo arbitrario o abusivo; afectando -en lo que aquí interesa- la libertad del individuo.
Sebastián Soler, destaca que el delito “puede ser cometido por omisión, consistiendo en este caso, en no hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente, estando obligado a ello conforme con la ley o a causa de la propia conducta anterior…”. Carlos Creus coincide en ese punto al señalar que: “…La consumación puede realizarse mediante omisión, cuando el agente no hace cesar la situación de privación de la libertad preexistente en que se encuentra la víctima por obra de un tercero, o cuando no hace cesar la que habiendo sido legítima se convirtió en ilegitima, teniendo la obligación de hacerlo. Es delito permanente -la acción se prolonga mientras no cesa la privación de la libertad”.
En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, es del caso señalar que se trata de un delito doloso, que se satisface con la comprobación de, al menos, dolo eventual (cfr. C.C.C., Sala IV, in re: “López, Norberto J.” rta. 21/12/89, publicada en: J.A., 1990-IV-92).
Por su parte, se vuelve condición necesaria, el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancia que también se verifica en este proceso.
Dicho esto corresponde aclarar que no pueden analizarse las privaciones ilegales de la libertad que aquí se dan como fenómenos individuales. Muy por el contrario, una correcta lectura de la realidad nos conduce indefectiblemente a comprender que este mecánica delictual formaba parte de un plan sistemático de persecución y exterminio de un grupo nacional, predefinido en los distintos reglamentos militares que eran de aplicación al momento de los hechos.-
Esta aseveración no es para nada antojadiza, pues con solo colegir los distintos reglamentos con los que se debía proceder (las fuerzas de seguridad) con el denominado delincuente subversivo, dictados desde febrero de 1976 hasta el final de la dictadura cívico militar por el Estado Mayor General del Ejército, los cuales eran cumplidos burocráticamente por las distintas fuerzas de seguridad, así lo indican.-
Resulta realmente tenebroso comprobar (como se lo ha hecho en este debate) la secuencia perfectamente planificada procedimental: se secuestraba a una persona considerada subversiva, se la llevaba a la Brigada o Jefatura de Policía a los efectos de extraerle información mediante torturas y las más variadas formas de tormentos. Cuando se consideraba según el criterio represivo que ya no era “útil” esa persona se la llevaba a Alcaidía o U7. Allí el detenido tenía que esperar largos años o bien su “destino final”, que no era otro que la muerte, como sucedió en este caso.-
De ninguna manera pueden considerarse legítimas las detenciones de ninguna de las víctimas de autos, ni siquiera de aquellas personas que estaban a disposición del PEN. Esto es así por la sencilla razón que todos y cada uno de los supuestos Detenidos Especiales estaban en esa condición por su manera de pensar. No existe Estado de Derecho verdadero que sancione delitos de pensamiento. Mención especial merece en este punto lo relatado por el testigo Domínguez Silva quien había sido arrestado bajo los cargos de Asociación Ilícita por habérsele encontrado “arsenal de literatura marxista” (cito textualmente). La sola expresión ya causó gracia en la audiencia, claro, a esta altura nos parece absurdo que alguien sea arrestado por leer. Mucho más que a los libros se lo considere un arsenal equiparando las letras con las balas.-
En este sentido Esteban Rigi (Derecho Penal – Parte General. 1º Edición Pag. 140) nos dice: “Una de las manifestación recurrente de violación al principio de impunidad del pensamiento, reiteradamente violado en el derecho argentino en ocasión de experiencias autoritarias, ha sido la consagración del delito de opinión, como sucedió, por ejemplo, con la norma facto que reprimió con pena privativa de la libertad la realización de actividades políticas, previendo expresamente las tareas de difusión ideológica partidaria (art. 1º, ley 21.323)”PROSCRIPCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS).
Es preciso resaltar que en el caso de la Privación Ilegal de la Libertad estamos hablando de un delito permanente, razón por la cual no es trascendente a los fines de la reprochabilidad de los imputados si estos participaron ab initio del delito si está demostrada su participación en algún tramo de ejecución del mismo. Concluyentemente los encartados, todos y cada uno, sabían que los detenidos estaban ilegalmente privados de su libertad y no obstante ello, no hicieron nada para que ella cesara.-
Desde el punto subjetivo del tipo penal carece de relevancia que los imputados sepan o no la identidad de sus víctimas, puesto que lo que es irrefutable es que tenían pleno conocimiento de ser partes de una organización para la represión y el exterminio y por lo tanto actuaban como tales, independientemente del reparto de roles concretos que tenían en el andamiaje del plan sistemático de extermino del grupo nacional. Atento ello, lo que no puede dudarse es que tenían pleno conocimiento de la detención y cautiverio ilegal de las víctimas y no obstante ello no hicieron nada para impedirla.-
Es decir que cuanto menos los imputados actuaron con dolo eventual, con lo cual ya queda completa la exigencia subjetiva del tipo.-
En cuanto al codominio, en los casos en que el imputado sabía quién era la víctima actúa con dolo directo y en los casos en que no lo sabía pero tenía el conocimiento de que se trataba de un detenido subversivo actúa con dolo eventual.-
Cómo decíamos antes, esta serie de privaciones ilegales de la libertad (concretamente las de Yedro, Piérola, Pereyra y Zapata Soñez) deben ser estudiadas y juzgadas correctamente. Y hacerlo correctamente es partiendo de la realidad de las conductas delictuales observadas. De ello resulta que el secuestro de estas personas no fue una cuestión azarosa o antojadiza de los imputados. Todo lo contrario, estas cuatro personas eran consideradas peligrosas para el régimen, puesto que formaban parte de lo que el Proceso de Reorganización Nacional denominó el “enemigo subversivo”, “elementos disolventes de la sociedad cristiana y occidental”. Detengámonos en esta última expresión. Ya ni siquiera se habla con un término que remita a rasgos de humanidad, se dice “elementos disolventes”, es decir cosas que dañan a la sociedad y que por ello al perder cualquier atisvo de humanidad no merecen ser tratados como personas, puesto que para la mentalidad represiva no lo eran.-
Con esto queremos decir que las privaciones ilegales de la libertad de estas cuatro personas eran parte del plan de guerra y/o exterminio de un grupo de la población nacional considerado prescindente por los jerarcas de la dictadura cívico militar. No se secuestro a Pierola, Yedro, Pereyra o Zapata Soñés por sus apellidos, se los secuestró por los valores que como personas expresaban. Esos valores humanos que individualizaban a las víctimas eran a su vez los que los hacían parte del grupo a exterminar a los ojos de los genocidas.-
A partir de este razonamiento, probado plenamente en el debate a través de las numerosas pruebas, es que la conducta desplegada por los imputados debe ser analizada a la luz de las normas de derecho internacional, más precisamente con relación al tipo penal de Genocidio contenida en la Convención para la Sanción y prevención del Delito de Genocidio art. II incs. b y c.-
Para el derecho internacional público la ilicitud de las detenciones masivas en campos de concentración destinados a la tortura y exterminio proviene de la fuerza obligatoria que al momento de los hechos tenían para el derecho interno las normas que definían el crimen de lesa humanidad y el delito de genocidio, el primero como norma imperativa consuetudinaria y el segundo como norma convencional internacional. Argentina aprobó la Convención para la sanción del delito de genocidio por decreto-ley Nº 6286 del 9 de abril de 1956 y fue ratificada el 5 de junio del mismo año. Esta norma positiva obligatoria para el derecho interno, anterior a los hechos, establece como injusto de derecho internacional el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (inc. c) art. II); asimismo en el inc. b “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”; previsto también en el art. 144 bis del código penal, con la redacción de la ley 14.616. El delito se cometió en dos formas agravadas, previstas en el inc. 1º y 5º del art. 142, según el texto de la ley 20.642.-
Homicidios agravados a la luz del derecho interno y su subsunción dentro de la Convención para la sanción y prevención del Genocidio. Luego de un tiempo de cautiverio de los detenidos se ordenó por la superioridad del Área 233 el traslado. Para ello se dispuso mediante órdenes verbales y escritas a los cuadros inferiores para que preparen a los prisioneros para el mencionado traslado. Esa preparación consistía en reducir lo poco de resistencia humana que podría haberles quedado a los trasladados después de estar sometidos a condiciones infrahumanas durante meses. Es que la idea era dejar a los detenidos sin posibilidades de articular cualquier tipo de defensa ante la matanza colectiva que ya estaba decidida.
Demás está decir que la orden fue cumplida a raja tabla, como lo afirman las numerosas testimoniales que describen el estado de cautiverio de las víctimas. Merecen especial mención las testimoniales que se refieren al día 12 de diciembre en Alcaidía. La sensación de pavor, terror e indignación de los demás detenidos frente a las torturas de que fueron objeto las personas a trasladar es realmente conmovedor. En este sentido y fundamentalmente por que hace a una causa agravante es preciso citar textualmente por la contundencia de lo expresado lo relatado por el testigo Luis Rossi, quien en coincidencia con el resto de los testigos del día 12 de diciembre de 1976 en Alcaidía dijo en la audiencia: “…Estos detenidos fueron llevados a la zona del comedor, se sintió que se abrían puertas del calabozo. Al rato se produce un hecho que para mí hasta hoy día es inolvidable: una golpiza, era algo de terror por la forma que se golpeaba, aparentemente con palos de goma, por el sonido… como nosotros ya habíamos sufrido sabíamos qué era ese tipo de elemento con que se golpeaba. Eso siguió por muchas horas. Primero se escuchaban los gritos y lamentos de las personas golpeadas, hasta que llegó un momento en que no se escuchaba más gritos ni lamentos pero SÍ SE SEGUÍAN ESCUCHANDO LOS GOLPES. Esto duró 3 o 4 horas quizás. Hasta que se hizo un silencio tétrico, no se escuchaba absolutamente nada. Era un silencio absoluto. Quiero recalcar la saña con que se golpeaba: era interminable. Se hizo un silencio y al rato sí se escucharon el ruido de vehículos, para mí camiones que se retiraban del lugar. A mí me dejó muy golpeado, hasta hoy día nunca me voy a poder olvidar de esa noche.”
Es así que una vez reunidos los detenidos en Alcaidía y torturados hasta lo inimaginable fueron retirados por un convoy de militares. Al mando del convoy estaba el mayor Renes y quién realizó los distintos trámites para retirarlos fue Pateta. Esa fue la última vez que se las vio con vida a las víctimas de autos.
Luego de ser retirados por el convoy integrado por los imputados, los detenidos fueron fusilados por aquellos en el kilómetro 1042 de la ruta 11. El lugar elegido tiene que ver con la soledad del sitio, lo que les permitía actuar del modo que quisieran, preparar la escena de la coartada falsa de fuga, sin menospreciar que la ruta estaba controlada desde las 22 hs aproximadamente por diferentes retenes o controles de fuerzas conjuntas tanto antes del kilómetro reseñado como después.-
Esto, sumado al hecho de que los detenidos a trasladar habían sido previamente torturados en Alcaidía les aseguraba una actuación más que segura, sin riesgos de ningún tipo para perpetrar la matanza de los trasladados.-
En razón de ello es que la conducta desplegada por los encartados encuadra dentro del tipo agravado del art. 80 inc. 2 del C.P.-
Pero, señores jueces, por si esto fuera poco, como se trataba de la matanza de un número elevado de personas, en un acto de solidaridad delictiva y también como un modo de asegurar la empresa sangrante actuaron en grupo. Fíjense excelentísimos miembros del tribunal hasta dónde llegaba la cobardía de estos personeros de la muerte: en un primer momento se aseguraron que las víctimas queden poco menos que inconscientes. Tal es así, que los camiones del Ejército llegaron a Alcaidía y esperaron entre una hora y dos hasta que se concluya la tarea de “ablande” de los detenidos. Luego de ello, los retiran y los fusilan con la seguridad de actuar con personas desvalidas físicamente y actuando premeditadamente con el concurso de la pluralidad de personal militar y policial que integraba el convoy de traslado.-
Vale decir entonces que la conducta desplegada por los agentes se da en completa coincidencia con lo establecido penalmente como reprobable en el art. 80 incs. 2 y 6 del C.P.-
Ahora bien, es preciso dejar aclarado en este punto que tanto en el delito imputado en el numeral anterior como en los homicidios existe una conexión imposible de soslayar.-
De la prueba colectada en el debate surgió indudable la conexión entre el secuestro-cautiverio de las víctimas y el destino de muerte de los detenidos. La sistematicidad con que se dio esta secuencia represiva permite indudablemente hablar de una organización altamente preparada para llevar adelante este tipo de conductas en la planificación masiva de homicidios.-
El traslado de prisioneros vincula en una relación de continuidad momentos delictivos parciales ligados objetiva y subjetivamente, la desaparición de la persona en campos concentracionarios y las ejecuciones masivas.-
Existe vinculación objetiva porque la preparación y entrega de prisioneros para su traslado se produce en ocasión del cautiverio y desde el propio campo concentracionario; subjetivamente, por la intención de los acusados de participación homicida que se monta sobre la de secuestro como factor final, nota distintiva de la continuidad delictiva.-
Por consiguiente, consideramos probada una relación de continuidad subjetiva de los momentos delictivos parciales y una unidad objetiva espacio-temporal entre los hechos de secuestro, tortura, traslado y homicidio en relación con las 11 víctimas identificadas.
Es decir, la prueba producida en el debate sacó a la luz, sin que pueda caber duda alguna, la vinculación de los secuestros y por consiguiente las distintas privaciones ilegales de la libertad agravadas con la organización sistemática de traslados como comienzo de ejecución sistemática y masiva del delito de homicidio. En ese marco y sólo en ese marco porque la realidad así lo indica se inscribe la masacre de Margarita Belén.-
De lo dicho entonces queda claro que la conducta de los imputados debe analizarse en ese marco. Todos y cada uno de ellos sabían que eran parte de un plan de exterminio de un grupo de la población civil. En este caso les tocaba actuar en la ejecución final de los detenidos, pero su conducta final estaba plenamente de acuerdo con todo el sistema o proceso de represión del enemigo subversivo. Dicho sistema consistía entonces en el secuestro de la víctima o “blanco”, su cautiverio en condiciones inhumanas y finalmente la decisión de la superioridad de dejar con vida o la eliminación física del oponente. Pero el hecho de que les toque actuar en la parte final del plan de exterminio no obsta a que los encartados supieran como llegaba un detenido a su etapa de actuación. Por lo cual, la conducta a analizarse debe partir del momento en que las personas eran detenidas, torturadas, y su decidía su cautiverio prolongado o su libertad condicionada o finalmente la muerte.-
Por este razonamiento no es compatible con la realidad de la situación aquí tratada el concurso real, puesto que la doctrina y jurisprudencia es conteste en entender que en el concurso real se trata de hechos completamente independientes unos de otros y que lo que le da la comunidad es el hecho de ser tratados en un mismo juicio o proceso penal.-
Tampoco corresponde considerar un concurso ideal para el juzgamiento, dado que en el concurso ideal de lo que se trata es de una unidad de hecho y no de lo que podríamos decir “acción”. En la Masacre de Margarita Belén los distintos hechos que a priori aparecerían como diferentes y autosuficientes entre sí en realidad formaban parte de tramos distintos de una misma continuidad delictual, o lo que es lo mismo que la conducta final de todos y cada uno de los agentes se encontraba encaminada a cerrar el círculo de secuestro-tortura-ejecución de parte de los prisioneros considerados sujetos pasivos del homicidio masivo en consonancia con el plan sistemático de ataque a un grupo nacional de la población civil.-
De lo que se trató en la especie es en realidad de una pluralidad de conductas vinculadas estrechamente tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo.-
En todo momento los acusados aceptaron como parte de su voluntad realizadora en los hechos que intervenían en un comportamiento del que podía resultar masivas ejecuciones.
Ahora bien, esta pluralidad de conductas que venimos hablando son perfectamente subsumibles en el tipo penal del art. II inc. a de la Convención para la sanción y prevención del delito de Genocidio que reza textualmente entre las conductas genocidas a: “Matanza de miembros del grupo”.-
Cometido masiva y sistemáticamente contra un grupo de la población nacional con la intención de destruirlo, las conductas se subsumen perfectamente en el concepto de matanza del art. II, inc. a) de la Convención de 1948 (Cfr. sentencias “The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana”, párrafos 101 a 104 y “The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu” párrafos 500 y 501, del TPIPY). Como el art. 80 del C.P. en los incisos mencionados, en el Estatuto de Roma rige también la pena de prisión perpetua para el genocidio mediante matanza.-
En consecuencia deben considerarse a los acusados RENES, Athos Gustavo; LOSITO, Horacio; MARTÍNEZ SEGON, Aldo Héctor; CARNERO SABOL, Jorge Daniel Rafael; REYES, Ricardo Guillermo; RIQUELME, Germán Emilio; SIMONI, Ernesto Jorge; PATETTA, Luis Alberto y CHAS, Alfredo Luis como coautores de los homicidios doblemente agravados de Ema Betriz CABRAL, Alcides BOSCH, Luis Alberto DÍAZ, Patricio Blas TIERNO, Mario CUEVAS, Carlos A. DUARTE, Manuel PARODI OCAMPO, Luis A. FRANZEN, Nestos C. SALA, Luis A. BARCO y Carlos A. ZAMUDIO, que constituyen el delito previsto en el art. II, inc. a) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y art. 80, inc. 2º y 6º del C.P.-

4).- Aplicación de la norma penal internacional a los delitos ventilados en debate.-

Ha quedado ampliamente demostrado a lo largo de todo el debate oral y a través de la abundante prueba producida, que independientemente de su tipificación o no en el derecho interno, los crímenes cometidos por los aquí imputados constituyen crímenes contra la humanidad en su conjunto.-
Definimos, tal como lo hace la doctrina y la legislación a los crímenes de lesa humanidad, como “el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque” que es llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado, o parte de él.
Es un delito genérico del cual se derivan otros específicos como lo es el delito de genocidio.-
No es necesaria su imputación en las indagatorias a los encartados porque estos son indagados sobre hechos que constituyen delitos, no sobre la calificación jurídica que corresponde a los mismos, es tarea de este Tribunal calificar jurídicamente en relación a las pruebas producidas en el debate.-
Ahora bien, para cabal entendimiento de la imputación que aquí se busca y su consecuente calificación legal, corresponde desarrollar la génesis del instituto jurídico internacional del Genocidio.-
En primer lugar corresponde entender de dónde surge la palabra genocidio y su etimología.-
En este sentido corresponde explicar que los conceptos utilizados en doctrina penal son tomados de la experiencia concreta y real, o lo que es lo mismo que parten de la naturaleza óntica de cada una de las cosas. Así, cuando hablamos de homicidio en derecho penal nos estamos refiriendo a dejar sin vida o dar la muerte a una persona. Es decir, partiendo del concepto óntico de muerte. No hay una muerte penal y una muerte distinta a la que se da en la naturaleza. El derecho penal recepta estos conceptos de la vida cotidiana, de la realidad de lo óntico y en función del bien jurídico que pretende proteger teje toda una estructura de protección que tiende a actuar como disuasivo de posibles conductas humanas que dañen aquellos bienes jurídicos considerados de suma importancia para la vida en sociedad que merecen la máxima protección jurídica a través de la tutela penal.-
En otras palabras, lo que realiza el derecho penal, es agregar un desvalor a una conducta humana pero de ninguna manera crea esa conducta humana reprimida.-
En este sentido resulta ilustrativo lo sostenido por el eximio penalista y ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zafaroni, quien sostiene que: “El derecho no pretende otra cosa que ser un orden regulador de conducta. Para ello tiene que respetar el “ser” de la conducta. El “ser” de la conducta es lo que llamamos “estructura óntica” y el concepto que se tiene de este “ser” y que se adecua a él es el ontológico (onto, ente; óntico, lo que pertenece al ente; ontológico, lo que pertenece a la ciencia o estudio del ente). Para señalar que el concepto ontológico se corresponde con un “ser” entendido realísticamente (y no en forma idealista, en que lo ontológico crearían lo óntico) solemos hablar de concepto “óntico-ontológico” (Welzel)…el concepto óntico ontológico de conducta, es el concepto cotidiano y corriente que tenemos de la conducta humana…El derecho en general (y el derecho penal en particular) se limita a agregar un desvalor jurídico a ciertas conductas, pero no cambia para nada lo óntico de la conducta. Esto significa que el derecho penal no puede crear un concepto de conducta, sino que debe respetar el concepto óntico-ontológico. No hay un concepto jurídico-penal de conducta humana; el supuesto concepto jurídico penal de conducta humana debe coincidir con el óntico-ontológico…” (Manual de Derecho Penal, Raúl Eugenio Zaffaroni, pág. 338, Ed. Eudeba).-
Sentado esto corresponde entonces adentrarnos al surgimiento de la palabra Genocidio y su receptabilidad jurídico penal. El término surge como un neologismo al conjugar el sufijo latino cidio (aniquilamiento) y el prefijo griego genos que remite a un origen tribal común, a la comunión de características genéticas (raciales) o al simple hecho de los rasgos comunes que comparte un grupo. El nuevo vocablo fue ideado por el jurista Raphael Lemkin en su libro Axis Rule in Occupied Europe de 1944 en el que por primera vez se utiliza normativamente el concepto de genocidio para describir un plan de destrucción dirigido contra los integrantes de un grupo nacional, no como individuos en sí mismo sino por el hecho de ser miembro del grupo. Axis Rules fue el texto que sirvió de base a la acusación por genocidio formulada en el juicio de Nuremberg.-
En realidad Lemkin venía trabajando desde bastante tiempo antes, impactado primero por el caso del genocidio armenio y luego impactado por el ascenso del nazismo y el inicio de sus prácticas sociales genocidas.-
Es decir, desde bastante tiempo antes ya se venían dando en la historia humana casos de matanzas masivas, sólo que estas llegaron a un punto de creciente preocupación en la comunidad internacional principalmente con la aparición de la experiencia genocida nazi. Es desde este punto que Lemkin idea este neologismo como modo conceptual de abarcar estos fenómenos que como ya dijimos se venían ya verificando en la realidad de la humanidad. De allí que el jurista polaco lo que hace es relevar un dato óntico-ontológico de la realidad y le da un concepto: Genocidio.-
Con este término se trataba de abordar una forma homicida en que ya no era lo más importante la muerte del individuo en sí, sino ese individuo en tanto formara parte de un colectivo determinado. En definitiva el exterminio de un colectivo humano era lo que preocupaba a la comunidad internacional y por ello decide elaborar normativa destinada a impedir y sancionar, si fuera el caso, este tipo de conductas.- poner parte del alegato de zamorano
Son las Naciones Unidas quienes lo consagran como término jurídico a través de la Convención para la Sanción y la Prevención del delito de Genocidio en 1948.-
Esta cuestión no es menor, puesto que debe mencionarse que la adopción de la Convención sobre Genocidio obedeció principalmente a la necesidad de superar los inconvenientes suscitados como consecuencia de la restrictiva noción que de crímenes de lesa humanidad imperaba en 1948. En efecto, el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg condenó a los jerarcas nazis por crímenes de lesa humanidad, y no por genocidio. Esto fue debido a que la carta del TMI establecía que los crímenes de lesa humanidad sólo podían cometerse durante un conflicto armado. Por tanto es la Convención sobre Genocidio que, primera en el tiempo, reconoció la idea de que las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en ausencia de conflicto armado constituyen, sin embargo, una preocupación de la comunidad internacional en su conjunto.-
Merece destacarse, entre los antecedentes del delito de genocidio, el primer proyecto de la Secretaría General de las Naciones Unidas porque en él participó entre otros el jurista Raphael Lemkin.-
En el art. 1º del proyecto se establecía el propósito de “(…) impedir la destrucción de grupos humanos, de orden racial, nacional, lingüístico, religioso o político”. Se entendía por acción genocida a aquella perpetrada “(…) con el propósito de destruir total o parcialmente los grupos enumerados o con el propósito de impedir su conservación o desarrollo”. Sobre las acciones genocidas en particular describía: “(…) provocar la muerte de los miembros del grupo o atentar contra su integridad, o su salud, por cualquiera de los medios siguientes, a) asesinatos colectivos o ejecuciones individuales, b) sumisión a condiciones de vida tales que, privados de alojamiento, de vestido, de alimentos convenientes, de higiene y cuidados médicos…los individuos son condenados a desmejorarse o a morir…”. Estas acciones son actualmente las formas comisivas del delito de genocidio previstas en los incs. a), b) y c) del art. II de la Convención de 1948.-
En este sentido, la Convención para la Sanción y la Prevención del delito de Genocidio de 1948 tipifica el delito de genocidio en su art. II que textualmente reza: “En la presente Convención, se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a) Matanza de miembros del grupo.-
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.-
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial.-
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.-
e) Traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro”.-

Una vez explicado la procedencia y la normativa internacional que se debe aplicar a las conductas de los encartados, corresponde continuar por la receptabilidad de las normas de derecho internacional público dentro de nuestros tribunales. Es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Arancivia Clavel” y “Simon” reconoce que los delitos de derecho internacional son normas básicas que los jueces argentinos deben y pueden aplicar. En ambas sentencias se establece que los delitos cometidos no fueron delitos comunes, fueron delitos mas graves, por la masividad del aniquilamiento y por el propósito de destruir a un grupo entero de la población civil, y que en función a la gravedad de esos delitos se les otorgó una calificación del derecho internacional.-
Vele decir, en los precedentes citados luego de fundamentar la pertinencia de la aplicación de la norma internacional se caracterizó a los delitos de esas actuaciones como de “lesa humanidad”, en función de ello y por aplicación del Tratado sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 los mismos no prescribían y por lo tanto era procedente su sancionabilidad. Pero además en estos fallos la Corte dice que en realidad la Convención sobre Imprescriptibilidad no hace imprescriptibles crímenes que antes eran prescriptibles, sino que en realidad se limita a hacer convencional disposiciones que antes de la mencionada convención eran normas de ius cogens. Por tanto, al ser de ius cogens son normas válidas universalmente por ser reconocidas así por la comunidad internacional.-
Así, Fabián Raimondo, jurista que se ha desempeñado en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia sostiene que: “Una norma es dispositiva cuando aun siendo fuente formal de derechos y obligaciones para las partes, puede ser modificada o derogada por un acuerdo posterior celebrado por estas últimas. Por el contrario, las normas imperativas –ius cogens- no admiten acuerdo en contrario ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional necesita para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos a sustraerse de ellas”. (Fabian Raimondo, Corte Internacional de Justicia, derecho internacional humanitario y crimen internacional de genocidio, 1° Ed, Bs. As., Del Puerto, 2005, pág. 18).-
Para mayor ilustración, este notable jurista Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, luego de mencionar que los crímenes internacionales que alcanzan categoría de ius cogens son agresión, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, piratería, esclavitud y torturas, dice que la característica de estos delitos de ius cogens es “…que se constituyen como obligaciones erga omnes de carácter inderogable, cuyas consecuencias jurídicas son el deber de juzgar y/o extraditar, la imprescriptibilidad de tales crímenes, la irrelevancia del cargo oficial y la defensa de órdenes superiores, la aplicación universal de estas obligaciones tanto en tiempos de paz como de guerra, la inderogabilidad por estado de emergencia, y jurisdicción universal sobre los perpetradores de tales crímenes”. (Ob. Cit., pág 19).-
Es por eso que se hace viable para la correcta calificación legal de los delitos que aquí se juzgan la utilización de normas del derecho internacional público consuetudinario o convencional.-
Con posterioridad a los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón” de los años 2004 y 2005 respectivamente, se produce un nuevo avance jurisprudencial respecto del delito de genocidio. El 19 de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata dictó sentencia condenatoria contra Miguel Etchecolatz por hechos de homicidio, tormentos y privaciones de la libertad calificándoselos como delito de lesa humanidad con especial referencia a la figura del delito de genocidio, al considerarse que las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas fueron cometidas masiva y sistemáticamente sobre un grupo nacional de la población civil con la intención de destruirlo total o parcialmente (cfr. Punto IV del voto de Carlos Rozanski). Posteriormente, en noviembre de 2007 el mismo Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, con la misma composición, ratificó los fundamentos del fallo “Etchecolatz” en la causa “Von Wernicht”. Ambas sentencias se encuentran firmes y han sido confirmadas por la Corte Suprema de Justicia.-
Tal como lo afirmó el fiscal Alejandro Alagia con motivo del alegato en la causa………. por el circuito represivo de Atlético Banco y Olimpo, “No puede volverse atrás con la calificación jurídica que habilitó la jurisdicción de este tribunal”.-
Lo que se quiere decir es que no existe impedimento legal de ninguna índole ni ofensa de ninguna garantía de defensa y debido proceso para calificar estos hechos como delito de genocidio en los términos en que fue definido por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio puesto que la legitimidad de los juicios radica en la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Nacional en los casos de crímenes de lesa humanidad y lo que es válido para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad proyecta su validez para el delito de Genocidio.
Hay en la obstinada negativa del Poder Judicial a calificar estos delitos como Genocidio razones que escapan el dominio de lo jurídico. Se dice que no se puede indagar y por lo tanto condenar por el delito de Genocidio puesto que este delito no tiene recepción en el Código Penal Argentino, cómo si no se estuviera condenando por delitos de lesa humanidad, tipo penal que está en la misma situación.-
Vale recordar en este punto que el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en la sentencia del 2 de octubre de 1998 de la Sala Primera en la causa seguida contra Jean Paul Akaseyu estableció que el delito de genocidio es una forma agravada de delito contra la humanidad. Congruentemente la sentencia del 14 de enero de 2000 contra Zoran Kupreskic de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es otro precedente entre muchos en los que se establece que entre el crimen de lesa humanidad y el genocidio existe una relación de tipo penal base y tipo penal calificado.-
El avance del derecho internacional público y su recepción en la jurisprudencia del país a partir de los fallos citados, sobre todo en materia de delitos internacionales, permite superar cualquier valla legal a la aplicación de la norma penal internacional para condenar a los imputados.-

5).- Aplicación de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio.-
La Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y debe señalarse que desde 1951 entró en vigencia. Particularmente en nuestro país desde 1956, año en que se la aprueba y ratifica, rige convencionalmente la prohibición del delito más grave entre los crímenes de lesa humanidad.-
De las probanzas de autos surge claramente que la conducta desplegada por los autores se corresponde con la tipificación del delito de genocidio contenida en la Convención.-
Ello así en virtud que existe una relación de género a especie entre el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio. Mientras que en el primero se trata de un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil; en el segundo se requiere un dolo específico: la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Esta exigencia del tipo se encuentra contenida en la primera parte del artículo II de la Convención sobre Genocidio, luego de ello la norma describe las conductas específicas que configurarían la acción típica genocida.-
La responsabilidad de los imputados en la Masacre de Margarita Belén debe verse a la luz de esta norma puesto que ha quedado demostrado que el hecho atribuido era parte de un plan sistemático de hostigamiento y exterminio de una parte del grupo nacional, perfectamente prediseñado por el Estado Mayor General del Ejército. Prueba de ello son los distintos reglamentos con los cuales debían actuar las distintas fuerzas de seguridad.-
La determinación del enemigo a exterminar surge del plan sistemático de aniquilamiento del grupo nacional subversivo que tiene su origen en la orden de aniquilamiento del decreto 261 del 5 de febrero de 1975 firmada por Isabel Perón y José López Rega para la Provincia de Tucumán y a cargo del Ejército Argentino. Por el decreto Nº 2772 del mismo año se ordena que la lucha contra el enemigo se extienda a la subversión en todos sus aspectos, al que empuñe un arma contra los “valores occidentales y cristianos” y a todo aquél que por sus creencias y prácticas políticas, sindicales, estudiantiles y docentes o culturales en general represente una amenaza atea y marxista. Por este documento se amplía el campo de aniquilamiento del grupo humano nacional a todo el territorio del país.-
Documentalmente se demostró que un mes antes del decreto civil 261 la superioridad del Ejército Argentino por la directiva secreta Nº 333, firmada por el Comandante en Jefe del Ejército Leandro Enrique Anaya ordenó la implementación, demorada por las autoridades civiles según la directiva, de un plan de aniquilamiento integral contra la subversión para la Provincia de Tucumán con “las ideas básicas para tener en cuenta el planeamiento y ejecución de la campaña”. Pero se ordena a la fuerza que “no debe salirse significativamente de los cauces (constitucionales) actuales de la lucha contra la subversión”.
Debe señalarse que ese “margen no significativo” de represión ilegal antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 significó, según el testimonio y documentación aportada, 181 desaparecidos y 60 muertos sólo en la Provincia de Tucumán (prueba incorporada en “Legajo Nº 1 directivas 333,1/75, 404/75; instrucciones 334; órdenes 591/75, 593/75; decretos 261, 2770, 2771, 2772”).
En febrero de ese año se agrega a la directiva el anexo (1) de órdenes. Allí se define a la subversión como enemigo de la sociedad y se establece que “combatir a los enemigos del pueblo se convierte en un imperativo de la hora actual” (orden n° 2). Se declara que los subversivos no serán tratados como prisioneros de guerra, ni como criminales comunes, tampoco como prisioneros políticos. Es la primer orden del Ejército donde aparece de modo inequívoco la negación masiva al derecho a la vida. También se resuelve crear un estado de conciencia contra la subversión, caracterizar ideológicamente al oponente y presentarlo como enemigo de la sociedad” (orden n° 1). Finalmente, en la orden nº 9, se considera que la “campaña será ardua y dura…sólo podrá trazarse el balance final, a través del tiempo, cuando hayamos logrado que la subversión no encuentre en el suelo de la patria más refugio que las sombras de la muerte”. Las órdenes del anexo 1 están firmadas por el nuevo Comandante en Jefe del Ejército Jorge Rafael Videla.-
La directiva secreta 334 de septiembre de 1975, denominada “continuación de las operaciones en Tucumán” está firmada por Jorge Rafael Videla, Comandante en Jefe del Ejército. En la página 1, la orden señala que “Tucumán no constituye un hecho aislado e independiente dentro del contexto subversivo nacional… (Tucumán) es sólo un eslabón de otros que afecta todos los campos del quehacer nacional”.-
El documento no puede ser más claro en cuanto a la amplitud del grupo humano nacional enemigo. Se lo encuentra en “todos los campos del quehacer nacional”. No se limita ni a los grupos armados ni a los políticos.-
En el considerando 10 de la página 17, la directiva adopta el término “aniquilamiento” y abandona definitivamente la palabra “neutralizar” que todavía se conserva en los respectivos decretos presidenciales, el 261 y 2772, este último posterior a la directiva 334. Además, esta sucesión cronológica de órdenes civiles y militares muestra que a cada directiva secreta del ejército seguía el correspondiente decreto de la autoridad civil.-
Debe mencionarse especialmente la Directiva N º 1/75 del Consejo de Defensa de febrero de 1975 por la que se designa al Ejército como el responsable primario en la dirección de las operaciones contra la subversión (punto 4), se establecen las jurisdicciones para el plan sistemático de aniquilamiento cuya organización en zonas, subzonas y áreas será determinante para la empresa genocida (págs. 7 y 8). Por ella se establece que Policía y Servicio Penitenciario actuarán como elementos subordinados al Ejército. También que esta fuerza conducirá el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión, incluso la Armada prestará el apoyo de inteligencia que le sea requerido por el Ejército (punto 7, b1).-
El documento cuenta también con un Plan secreto de “Acción Psicológica” firmado por Jorge Rafael Videla como Jefe del Estado Mayor General del Ejército. El plan define la situación del país bajo un clima colectivo con signos de descreimiento a la autoridad. Alerta que una chispa puede liberar frustraciones contenidas de la población. Considera al enemigo subversivo consecuencia peligrosa de esa frustración y lo identifica con la “cultura juvenil de izquierda”. La subversión al liberar esa angustia contenida de la población, dice el documento, se convierte en una amenaza para el “estilo de vida argentino occidental y cristiano”.
La directiva tiene anexos. El Nº 2 identifica amigos y enemigos de la nación. Los enemigos se determinan por su oposición con las fuerzas armadas, de seguridad, suboficiales y tropa, gobierno nacional, provincial y municipal no infiltrado, iglesia no infiltrada y partidos políticos no marxistas.
La directiva 404 del 28 de octubre de 1975 ordenada por el Comandante en Jefe del Ejército Jorge Rafael Videla reitera la organización del ataque en base a las jurisdicciones del “plan de capacidades de 1972” para cada una de las fuerzas armadas con las excepciones que allí se mencionan (pág. 13). Todo el anexo 8 está dedicado al reparto de jurisdicciones para la ejecución del exterminio.
El anexo I de inteligencia, pág. 3 hace constar la crítica a la forma vacilante con la que las autoridades civiles combaten la subversión. La firma Roberto Viola como jefe del EMGE.-
El anexo 3 a la instrucción secreta n° 335 (“continuación de las operaciones en Tucumán” del 5 de abril de 1976, firmada por el jefe del EMGE, Roberto Eduardo Viola) se identifica a la población comprendida entre los 14 a 18 años como los más propensas a volverse subversiva (prueba incorporada en “Legajo II con directivas -504/77-; órdenes –parcial 405/76, especial 336-; instrucciones -335-; causa 14.216/2003 –Suárez Mason y otros s/privación ilegal..”).-
La directiva secreta más importante del Ejército para este período es la de febrero de 1976 porque constituye la orden militar para el golpe del Estado y establece el plan general de ataque sobre el grupo nacional identificado como amenaza. Este documento se encuentra agregado como prueba en el “Legajo XXI” identificado como “Plan del Ejército. Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional. Comando General del Ejército, doc.VG 252”.-
Copias con carácter secreto se remiten a las jefaturas de personal, operaciones e inteligencia del EMGE y a la Policía Federal. La destitución del gobierno constitucional y el ataque sobre una parte de la población civil está previsto para el día “D” hora “H”.-
La hora “H” marca el momento de asalto al poder con la destitución del gobierno y la detención de personas según lo establecido en el “anexo 3 (procedimiento)”. El “anexo 2 (inteligencia)” establece la “determinación del oponente”: “…todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir en el proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.-
Entre las organizaciones que se enumeran figuran, como oponentes activos, Montoneros, Juventud Universitaria Peronista, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Unión de Mujeres Argentinas, las juventudes políticas argentinas, el ejército revolucionario del pueblo, organizaciones gremiales como la Comisión Nacional Intersindical, la ex CGT de los Argentinos, agrupaciones de base, al movimiento sindical de base, al movimiento sindical combativo, la Coordinadora Nacional de Gremios Combativos y Trabajadores en lucha, a organizaciones estudiantiles universitarias y secundarias, a organizaciones religiosas como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, a personas vinculadas “con responsabilidad imputable al caos por el que atraviesa la nación” (pág. 1 a 5) y a cualquier otra agrupación gremial, estudiantil o política que tenga entre sus fines el “rechazo y oposición al nuevo gobierno, a través del recurso a la resistencia civil, frentes de oposición, (u) orientar desfavorablemente a la opinión pública en la prensa extranjera, por rumores, volantes y panfletos, leyendas murales, actos relámpagos, correspondencia etc.., negar colaboración al nuevo gobierno, crear una imagen desfavorable del nuevo gobierno, el uso del paro general por tiempo indeterminado, paralización de los servicios públicos, ocupación de fábricas que perjudiquen su capacidad productiva”.-
También se convierten en blancos del ataque militar los que participen en la creación de organizaciones para la “resistencia de la clase obrera contra el gobierno militar”, y los que realicen “demandas reivindicatorias salariales orientadas a provocar la ruptura o el entorpecimiento del nuevo orden económico, utilizando paritarias, reuniones de fábricas, marchas de protesta, paros, retiro de colaboración, trabajo a reglamento y sabotaje”.-
Todas estas acciones se consideran gravemente calificadas si afectan a multinacionales. Apelar a “la Organización Internacional del Trabajo y similares con la finalidad de crear una imagen desfavorable del gobierno militar” convierte al grupo y sus integrantes en enemigos a aniquilar.-
En el mismo sentido se consideran “las huelgas estudiantiles, la ocupación de establecimientos educativos, los elementos simpatizantes que se sumen a la lucha activa y pasiva contra el gobierno militar, concentraciones estudiantiles relámpagos con la clase obrera, apoyos estudiantiles que se gesten en otros ámbitos en oposición al gobierno militar, contribuciones de organizaciones religiosas con prédica disociadora en facultades, colegios, villas de emergencia, ligas agrarias etc. (pág. 7 y 8).-
La orden de ataque no se detiene en las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles religiosas o sociales declaradas enemigas. Alcanza también a las acciones individuales.-
Lo que se destaca en el documento por su radicalidad extrema es el alcance de la negación del derecho a la vida. La directiva secreta define la fuga al extranjero como acto de enemistad, como el pedido de asilo, el ocultamiento dentro del país, la sustracción de documentos comprometedores, resistirse a la detención o integrar grupos de resistencia civil que afecten el normal desenvolvimiento del gobierno militar” (pág. 9). Sobre “los individuos que intenten penetrar en forma subrepticia a una embajada se abrirá fuego mientras todavía permanezcan a fuera de los límites del predio”.-
De este sintético repaso por algunas de las directivas surge palmariamente cuál era el grupo estigmatizado como oponente por la dictadura cívico militar, al cual se debía aniquilar. Hacemos la salvedad que solo traemos a análisis las directivas que son anteriores al hecho concreto de la masacre. Si se continúa con el análisis de las directivas posteriores se verá como a medida que pasaban los sucesos se iba delimitando con mayor énfasis el grupo nacional a eliminar.-
Es preciso aclarar que en el delito de genocidio el que determina cuál es el grupo a eliminar y quienes forman parte del universo de individuos que lo componen es el agente activo, la determinación de pertenencia concreta del sujeto pasivo puede o no coincidir en términos reales con la caracterización identitaria que elaboran los perpetradores.-
De allí se explica por qué también fueron víctimas del genocidio argentino personas que actuaban en ámbitos sociales como podría ser gremialistas, campesinos, estudiantes, profesionales, abogados de DDHH, etc. sin necesidad que estuvieran en organizaciones armadas.-
Lo determinante entonces es que los sujetos pasivos del delito pertenezcan a los ojos del perpetrador de la acción genocida al grupo que haya que destruir.-
Al analizar la cantidad personas que conforman la vastedad de víctimas del Terrorismo de Estado instalado en Argentina a partir del 24 de marzo de 1976 surgen dos conclusiones claras:
A).- Por un lado que las detenciones ilegales y posterior cautiverio en condiciones infrahumanas, con la posibilidad cierta de la eliminación física de personas no era una cuestión antojadiza de quienes tenían la tarea de secuestrar. Todo lo contario, estaban perfectamente individualizadas. No hubo excesos, se secuestró y se mató en estricto cumplimiento de un plan sistemático de aniquilamiento de un grupo nacional predeterminado.-
B).- La sistematicidad y la coincidencia perfecta en el modo de proceder que se dio en todo el territorio del país, evidencia una vez más que se trataba de un plan, con distribución de roles y tareas perfectamente orquestado, de otra manera es inconcebible la existencia de centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional, las ejecuciones masivas, la similitud en la forma de los tormentos y torturas, la cadena de mandos en la participación de todas las fuerzas de seguridad.-
En toda Argentina se daba la misma secuencia: detención, cautiverio con torturas, libertad condicionada o eliminación física. Se podría decir sin temor a equivocarse que hasta existía una cierta estructuración burocrática para reprimir, una burocracia de lo antihumano, del secuestro y la picana, del robo de niños, de los vuelos de la muerte o de la ley de las supuestas fugas como es el caso que tratamos para realizar las ejecuciones masivas.-
El sociólogo argentino y notable estudioso del tema reconocido a nivel mundial por sus estudios sobre genocidio, Daniel Feierstein, que ha declarado en este debate, en que si bien no ha podido explayarse a pedido de la defensa y consentida que fue esta petición por el Tribunal, señala respecto de la división del territorio argentino en zonas de operación, subzonas y de los cientos de centros clandestinos de detención lo siguiente: “Uno de los elementos que llama la atención en estos hechos es la exhaustiva planificación previa (…)El exterminio se realizó con una velocidad y precisión que denotaron años de elaboración conceptual y aprendizaje previos. Los perpetradores no se privaron de aplicar ninguno de los mecanismos de destrucción de la subjetividad de experiencias genocidas o represivas anteriores. Los campos de concentración argentinos constituían un compendio de lo peor de las experiencias de los campos de concentración del nazismo, de los campos de internación franceses en Argelia o de las prácticas de contrainteligencia norteamericanas en Viet-Nam. Figuras como la tortura por medio de la “picana eléctrica”, el “submarino” (sumergir sistemáticamente la cabeza de la víctima en un balde de agua hasta casi provocar su asfixia), la introducción de roedores al interior de los cuerpos humanos, la humillación y denigración cotidianas de los prisioneros, el maltrato, los golpes, el hacinamiento, el hambre, se sumaron algunas especificidades de la experiencia argentina como la tortura de prisioneros delante de sus hijos o la tortura de hijos o cónyuges de los prisioneros delante de sus padres o esposos y la apropiación ilegal (y la entrega a familias militares) de muchos hijos de los “desaparecidos”… Cual una competencia del horror, los genocidas argentinos evaluaron y utilizaron lo más degradante de cada experiencia genocida anterior, con un nivel de sofisticación que aventa dudas sobre posible improvisación o sobre un odio surgido espontáneamente…” (Daniel Feierstein/Guillermo Levy. Hasta que la muerte nos separe. Prácticas sociales genocidas en América Latina, Ediciones Al margen. Buenos Air es, 2004, pág. 63,64).-
Indudablemente que la conducta atribuida a los imputados reviste las características exigidas por el tipo penal de genocidio. Las víctimas de autos formaban parte del grupo nacional agredido, de la colectividad a la que se quería eliminar.-
Hablamos de grupo nacional como aquel que está formado por el conjunto de habitantes del territorio del Estado que por el sólo hecho de habitarlo crea un vínculo legal de derechos y obligaciones.-
Este criterio ha sido establecido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Friedrich Nottebohm del 6 de abril de 1955. El grupo nacional está definido allí como lo hace la Constitución Nacional. Está formado por todos los habitantes del país. Por el sólo hecho de habitar una Nación nacen derechos y obligaciones que forman el grupo nacional.-
A su vez la exigencia del tipo nos habla de que la acción genocida para ser tal debe estar encaminada a la destrucción total o parcial del grupo nacional. En el caso argentino a la vista surge que el grupo nacional fue destruido en parte, con lo cual también cumple con las exigencias del tipo penal en este aspecto.-
En este sentido vale la pena citar nuevamente al Licenciado Feierstein quien en la obra ya citada dice que: “…la caracterización de “grupo nacional” es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se proponen destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto. Dada la inclusión del término “en todo o en parte” en la definición de la Convención de 1948, es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado “en parte” y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación…El aniquilamiento en la Argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una “parte sustancial” del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (pág. 76).-
“El caso argentino puede pensarse, complementariamente como una de las experiencias más sintéticas y logradas de este “genocidio reorganizador” como modelo de destrucción y refundación de las relaciones sociales. Incluso como aquel proceso social que sugiere explícitamente el carácter de la práctica a través de su autodenominación como “Proceso de Reorganización Nacional”, una novedad en relación tanto con otras dictaduras militares como con procesos genocidas previos” (Daniel Feierstein. El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argent ina, pág. 356. Edit. Fondo de Cultura Económica. Bs As. 2007).-
Es decir que una novedad de este modelo de genocidio es que se propone transformar las relaciones sociales al interior de un Estado nación preexistente, pero de un modo tan profundo que logra alterar los modos de funcionamiento social del mismo. Los planes económicos que se implementaron con Martínez de Hoz y continuados hasta 2003 así lo acreditan.-
Pero señores jueces existe un argumento más para sostener la plena aplicabilidad del art II inc. a, b y c de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio. Y no es otro que la correcta interpretación de la norma aludida. En efecto, decíamos al comienzo de la calificación jurídica exigida por esta querella que la elaboración de la convención obedeció a la preocupación de la comunidad internacional frente a la experiencia genocida nazi. A raíz de ello se entendió que debía elaborarse un compromiso universal para impedir que hechos de esa naturaleza se repitieran.-
Es que justamente una de las funciones del derecho y de la cual participa el derecho penal es el de posibilitar la co existencia que no es otra cosa que promover la existencia civilizada.-
Así, el ordenamiento jurídico selecciona aquellos bienes que considera sumamente importantes para la vida en sociedad y los tutela penalmente. De manera que el legislador penal por ejemplo se encuentra frente al “ente” “vida humana” y tiene interés en tutelar la vida humana, por que la valora (la considera positiva, buena, necesaria, digna de respeto, etc). Ese interés jurídico en tutelar el ente “vida humana” lo tiene que traducir en una norma que prohíba matar; esa norma tiene que ser “no matarás”. Pero esta norma tiene que expresarse en leyes y ya con eso la vida humana se revelará como bien jurídico. Así la vida humana es un bien jurídico a luz de las disposiciones civiles (por ej. el art. 1084 del CC). Sin embargo puede ser que no se contente con esa sola protección y requiera también tutela penal. Es entonces cuando el legislador elabora el tipo penal y el bien jurídico vida humana pasa a ser un bien jurídico penalmente tutelado.-
Es decir, el legislador va de un ente a la norma y de la norma al tipo.-
En el caso del genocidio, el bien jurídico tutelado ya no es solo la vida humana individual ni siquiera la colectiva en el sentido estricto de la palabra. En realidad el bien jurídico protegido es la existencia de grupos humanos como tales, por el bagaje cultural que representan, por que el hombre desde sus orígenes ha sido de carácter gregario, ontológicamente el hombre es un ser gregario, es su esencia. No podríamos hablar de hombres sin socialización. De allí la necesidad de protección de ese bien jurídico humano que a través de la norma no exterminar grupos humanos se traduce en el tipo penal internacional que tutela las conductas denominadas genocidas por que dañan gravemente el bien jurídico colectivo humano.-
De esto se colige entonces que lo que norma penal pretende castigar y a través de su sanción impedir o prevenir su repetición es la intención de el sujeto activo de genocidio de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, racial, étnico o religioso como tal.-
Si bien la redacción puede tener defectos de técnica legislativa en su redacción, la correcta interpretación partiendo del bien jurídico protegido nos ilumina respecto del sentido de la norma. Lo que repudia y exige castigo la comunidad internacional es la destrucción de cualquier grupo identitario como tal.-
No puede pensarse lógicamente que si se decide en un país a matar a todas las personas que tienen una elección sexual diferente en lugar de matar a una colectividad católica, en el primero de los casos la comunidad internacional se siente tranquila y en el segundo se conmueve.-
En realidad a través de los grupos que expresamente se establecen en la convención se abarca un universo de grupos humanos mucho más amplio que lo que surgiría de la letra de misma. Cualquier grupo humano en cuanto tal es protegido por la Convención sobre Genocidio. Lo contrario implicaría consagrar una grosera violación al principio de igualdad ante la ley. El ordenamiento jurídico no puede valorar más la vida de unos por sobre las de otros.-
Tal es así que si vemos la convención de las “Reglas de interpretación de los tratados” establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, suscripta el 23 de mayo de 1969, vigente desde el 27 de enero de 1980, según ley nacional 19.865, estatuyen: para los efectos de la presente Convención: PARTE III – SECCIÓN TERCERA: …. Interpretación de los tratados. 31. Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fue conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) Todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la aplicación del tratado; c) Toda forma pertinente de Derecho Internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. 32. Medios de interpretación complementarios. Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”.-
De acuerdo al texto del artículo 31.1 (Objeto y fin de los tratados) ha de tenerse en cuenta que la Convención contra el Genocidio se aprobó poco más de tres años del fin de la Segunda Guerra Mundial, por cuanto se había producido el mayor genocidio de la historia, no sólo por el número de sus víctimas sino también por los múltiples grupos humanos que se pretendieron destruir: el de los judíos, el de los gitanos, los de otras etnias y culturas, minusválidos, homosexuales, políticos, sindicales, etc. Según esta concepción, la nación alemana y otras debían ser depuradas de aquellos colectivos humanos que, formando parte de la misma, el régimen nacional socialista entendía opuestos a su concepción de nación. No habría fundamentos para sostener hoy que la intención de destruir algunos de estos grupos constituyó un genocidio y que, en cambio, el aniquilamiento de otros configuró un Delito de Lesa Humanidad.-
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio procuró, a través de sus normas, que en caso de acontecer sucesos semejantes a los relatados los responsables fueran debidamente sancionados. Por ello, resulta inadmisible interpretar que dicha norma internacional pretendió proteger a algunos grupos humanos en desmedro de otros, pues de ser así hubiera contrariado su objeto y fin.-
En relación al artículo 31.2 de la Convención de Viena, éste señala que el contexto a los fines de la interpretación de un tratado, incluirá el texto, el preámbulo y sus anexos. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio no tiene anexos, pero sí un preámbulo, en el cual se invoca la Resolución Nº 96/1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuyos apartados a) y b) aluden a acuerdos que se refieran al tratado y a todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referido al mismo. Es la antedicha Resolución Nº 96 la referencia adoptada por los estados que integraban la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la que se define como Genocidio a la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros sin discriminar entre ellos, incluyéndolos a todos.-
La interpretación efectuada conforme a las reglas que hasta aquí he analizado, debe llevar a comprender que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, al diferenciar el crimen de Genocidio de otros delitos de Derecho Internacional, señaló como nota característica del mismo el propósito de destrucción de un grupo humano cualesquiera que fuere. Ahora bien, si ello resultare dudoso o cuestionable, el artículo 32 de la Convención de Viena despeja toda incertidumbre al remitir a los medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración todo lo cual abona el examen que vengo desarrollando. Pero aún si ello no resultara satisfactorio, debería admitirse, al menos, que la Convención contra el Genocidio contiene ambigüedad en sus términos, específicamente en relación a la expresión “grupo nacional”. Ello requeriría el empleo de los medios de interpretación complementarios que subsanen la incertidumbre interpretativa causada por la ambigüedad de las palabras de la norma sistematizada con el objeto y fin que persigue, y en consecuencia, el aserto es que debe entenderse incluida en la expresión “grupo nacional” a todos los integrantes de una sociedad a quienes, como tales, se pretende destruir total o parcialmente. De no entenderse así, se estaría consagrando una desigualdad ante la ley carente de todo fundamento objetivo, que conduciría a arribar a un resultado manifiestamente irracional y contrario a la esencia de un Estado de Derecho. Del mismo modo que en éste se sanciona el hecho delictivo y no a las condiciones personales del autor –derecho penal de acto, no de autor-, el crimen se define por la conducta criminal y no por las características de la víctima. Si así fuera, y valga el paralelismo, estaríamos en presencia de un Derecho Pena de Víctima, lo que constituiría una actividad contraria a la Constitución por resultar lesiva –en este caso- del derecho de igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna y Tratados de jerarquía constitucional, pues ninguna de sus normas consiente que una persona o grupo por sus características personales tenga un trato distinto a otros en igualdad de circunstancia.-
En este mismo sentido la jurisprudencia citada de los Tribunales Internacionales para Rwanda y la ex Yugoslavia estableció que es objeto y fin de la Convención considerar que su texto también protege a grupos definidos por exclusión si han sido estigmatizados por los perpetradores como amenaza a destruir.-

El alegato por genocidio de la Liga contra Patti y otros….fragmentos

INTRODUCCION

Gracias Sra. Presidente:

Conjuntamente venimos a alegar en representación de la Querella Unificada de Organismos de Derechos Humanos, integrada por la Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Comité para la Defensa de la Salud la Etica y los Derechos Humanos (C.O.D.E.S.E.D.H.) y la Asociación Anahí, Organismos estos que integran el Colectivo de Querellantes Justicia Ya

Es el tal carácter que nos va a tocar explicar, y esperamos así lograrlo, las conclusiones a las que hemos arribado, así como también haremos expresa mención de las pruebas en la que se asientan estas conclusiones.

En esta primera parte del alegato haremos una valoración de las pruebas comunes a todos los casos, que nos revelan el modo en que fueron realizados estos hechos y el porque de los mismos.

Obligadamente debemos empezar por decir que el 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de estado encabezado por las tres fuerzas militares, que asimismo contó con la participación protagónica de civiles, que por eso se trata de un golpe de estado cívico militar y  que tuvo como objeto destruir toda forma de organización popular, exterminado, desapareciendo a todos los que se juntaban, organizaban, para así cambiar las condiciones socioculturales de nuestro pueblo y a partir de ahí transformar la estructura socioeconómica de la Argentina para insertarla en el nuevo orden mundial, según lo dispuesto en la Comisión Trilateral por los representantes de EEUU, Europa y Japón. Por eso decimos que en nuestro hubo un genocidio

Durante esa oscura etapa se suprimió la Constitución Nacional, reemplazándosela por el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Consecuentemente se suprimieron las garantías constitucionales tales como el derecho a la vida, a la libertad personal, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho de justicia y proceso regular, a reunirse libremente, también es preciso decirlo, se prolongó el Estado de Sitio indefinidamente, y que durante ese Estado de Sitio se produjeron innumerables detenciones y arrestos ilegítimos, ejecuciones sumarias, asesinatos y desapariciones.

Que el llamado Proceso de Reorganización Nacional determinó una escalada represiva sin precedentes en la historia argentina, cuyo saldo en vidas ha sido inmenso y que en términos económico significó también la mayor proceso de concentración de la riqueza que se recuerda.

Que el despliegue del Terrorismo de Estado en el periodo analizado, cuyas acciones comenzaron para mediados de 1973 y se multiplicaron luego de la muerte del General Perón en julio de 1974, no solo causaron un daño indeleble en miles y miles de argentinos que están desaparecidos, perdieron la vida, sufrieron torturas, encierros, violaciones de todo tipo a sus derechos, exilios externos e internos, despidos de sus empleos, pérdida de sus cátedras o de sitios de investigación científica o creación artística; sino que –en su conjunto como Plan Sistemático- el Terrorismo de Estado modeló una Argentina que no ha podido ser desarmada hasta ahora, con nuevas relaciones de Poder Económico, nuevas relaciones de fuerzas entre los sectores sociales y profundas huellas culturales en el sentido común de una sociedad que sigue mostrando aquí o allá las huellas profundas de la tortura y la deshumanización que se vivía en los Centros pero que se “irradiaba” a toda la sociedad.

Antes del 24 de marzo de 1976 ya se habían endurecido todos los sistemas normativos – represivos, entre estos precedentes tenemos las leyes represoras iniciadas en 1902 con la 4144 mal llamada como “Ley de residencia” ley destinada a reprimir a los portadores del socialismo como ideología perturbadora del orden social vigente,  la ley 20.840 “ley antisubversiva”, cuyo precedente es la ley 17.401 de “Represión y sanción del comunismo” Se sanciona lo que se conoce como “delito Ideológico”. Hay que recordar que el andamiaje jurídico de la dictadura comenzó a fundarse bajo el gobierno constitucional con las leyes antisubversivas y antiterroristas, como las que hemos citado.

Se crearon normas que establecían nuevos delitos: delitos de pensamiento en ese sentido Esteban Rigi (Derecho Penal – Parte General. 1º Edición Pag. 140) nos dice: “Una de las manifestación recurrente de violación al principio de impunidad del pensamiento, reiteradamente violado en el derecho argentino en ocasión de experiencias autoritarias, ha sido la consagración del delito de opinión, como sucedió, por ejemplo, con la norma facto que reprimió con pena privativa de la libertad la realización de actividades políticas, previendo expresamente las tareas de difusión ideológica partidaria (art. 1º, ley 21.323)”PROSCRIPCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS).

Se adoptó desde el aspecto jurídico llamar al enemigo interno como delincuente subversivo.-

El concepto de enemigo interno había surgido como consecuencia de la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que ese enemigo estaba definido por oposición a los patrones prefijados de “occidental y cristiano”, que por ello abarcaba a una vasta parte de la población del territorio nacional.

Que Militarmente a ese enemigo interno se lo denominó oponente y que las normativas del proceso hacían diferentes clasificaciones de ese oponente como lo establece el Anexo II inteligencia.

Que toda la normativa represiva tenía un objetivo sustancial: el exterminio. Sabido es que cuando se dictan normas tendientes a un exterminio, a un genocidio, esas normas  procuran legitimar su accionar, digámoslo de entrada: no hay genocidio que no cuente con una ficción de juridicidad, lo hizo el Reino de España con el Tratado de Torrecillas, lo hicieron los nazis con sus leyes raciales y lo que se hizo en la argentina con el proceso de estigmatización de los militantes populares como delincuentes subversivos.

Es un comportamiento común en los genocidas, se tratan de legitimar, es una búsqueda de justificación frente a la sociedad para lo que iban a hacer.

Legitimantes para no rendir cuentas, para que no pueda reprochárseles nada. Para no tener límites.

A ese enemigo interno definido de varias maneras, se lo hizo responsable de innumerables males ficticios, tan preconcebidos como el mismo plan represivo.

Estas directivas fueron también las que proporcionaron las pautas de cómo se debía proceder con los sindicados como enemigos.

En tal sentido, como quedó plasmado en la causa 13/84, “los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física”.

Los delitos de los que fueron objeto las víctimas dan cuenta de la aplicación del plan sistemático de exterminio.

En esta causa, de ese amplio universo de sujeto victimizado, se investigaron puntualmente los crímenes cometidos contra compañeros de la cultura peronista combativa y de izquierda

Todas las victimas militaban en la Juventud Peronista de Escobar

Desde la causa 13/84 en adelante quedó claro que estábamos ante un plan de sistemático de extermino, esta afirmación nunca fue puesta en duda, ni en aquel momento ni en este.

Esa certeza sobre lo ocurrido nos coloca en una situación positiva con relación a lo que estamos tratando, se sostuvo que la práctica de los Tribunales Internacionales e internos demuestra que la prueba directa ya se documental o testimonial, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar una sentencia y que la prueba induiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncia sobre desaparición, ya que esta forma de represión se caracterizaba por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las victimas. Sentencia en la causa Avellaneda

Por eso las declaraciones testimoniales en juicios con estas características son la prueba fundamental que permite reconstruir la verdad de los hechos y lo que nos va a permitir el correcto encuadramiento jurídico en la figura de genocidio.

Por eso, tratándose de un plan, tenemos que ponderar dos elementos, primero que fue pensado antes de la efectiva ocurrencia de estos hechos, y segundo que requirió la colaboración en su diseño de varias personas.

La pauta de que fue sistemático nos da la idea de que fue metódico, ordenado, invariable, constante.

Que para cometer tales crímenes se han valido de una organización clandestina diseñada con anterioridad al golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

También con anterioridad a esa fecha se estableció la secuencia criminal como parte del plan al que debían ser irremediablemente sometidas las victimas.

Estas aseveraciones, surgen con meridiana claridad del cotejo de las normativas represivas incorporadas por lectura al debate.

1.- El Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) y sus Anexos.

2.- Documento “Procedimiento Operativo Normal 212/75”

3.- La Orden Parcial 405/76.-

4.- Documentos identificados como: “RC-5-1 Ejército Argentino, Reservado, Operaciones Sicológicas”;  “RC-8-3), Reservado, Operaciones contra la Subversión Urbana”

5.- Directiva del Concejo de Defensa 1/75.- Que también se referían a ese sujeto como “enemigo indigno de esta patria” La Directiva 1/75, así lo dice.

6.- Directiva del Comando General del Ejército 404/75 y la Orden Parcial 405/75.-

La Directiva 1/75 de febrero del mismo año, del Concejo de Defensa para la Lucha contra la subversión, en su correcta valoración como prueba de esta causa, nos demuestra el diseño anterior a la ocurrencia de estos hechos, como lo aseveramos con anterioridad.

Pero además nos aporta otro dato convincente que nos da el marco conceptual que nos permite probar la interrelación que existía entre la Comisaría de Escobar, con la Regional de Tigre y con Campo de Mayo.

Esa interrelación, en el plan de terror, se describe como “control operacional” que no es otra cosa que ocupar las instalaciones de las comisarías como centros clandestinos de detención, cooperación en operativos, de detención y secuestro de personas.

Esta interrelación imaginada por el alto mando represivo e indicada en la Directiva 1/75 se confirma por la documental de la DIPBA  que habla de la Comisaría Escobar, la Regional Tigre y Campo de Mayo.-

Así el documento identificado como Legado Mesa “DS”, carpeta varios, Nº 2981 da cuenta de que ya en el año 1975, las fuerzas represivas se organizaban bajo la órbita del Campo de Mayo. Se habla de la Planificación, coordinación y articulación entre dichas fuerzas, con un mismo sentido y bajo la dependencia del Ejército.

Legajo Mesa “DS” varios 3811- Da cuenta de un Procedimiento antisubversivo en Escobar. Operativo conjunto de Fuerzas Policiales de la Unidad Regional XII Tigre y el Ejército. Donde resulta herido un policía de Escobar. Fechado el 6/11/75. Cuando Riveros ya era Comandante de Institutos Militares Campo de Mayo.

Legajo Mesa “DS” Nº 1835 de fecha 2/2/77 “da cuenta que personal de la Comisaría local (Escobar) y del Área 410 procedieron conjuntamente en un allanamiento.

Lo que se ve confirmado también por el recorrido de Diego Muniz Barreto y Fernández, por estos tres lugares. Lo mismo ocurre en el caso de Osvaldo Tomas Ariosti.

También todas las victimas, en este caso, tenían un legajo personal en la DIPBA, donde se hacía constar que eran militantes del Peronismo o de la Juventud Peronista, y agrupados en la Mesa con el “DS” (delincuente subversivo)

La “comunidad de inteligencia”, otra parte del plan (probada también con la documentación acercada por la DIPBA y particularmente por el Testimonio de la Perito Claudia Berlingeri), da cuenta de los datos que alimentaban esa comunidad de inteligencia…  solo nos queda inferir como se obtenía la información.

No pensemos que se obtenía solo de seguimientos, o que los imputados leían el diario de Tilo Wener para saber que pasaba, o entraban a la casa de los Damico a preguntar amablemente que estaban haciendo, acá juega un papel determinante la tortura en su función operativa (la tortura, a parte de esa función que decimos operativa, tenía otra función, que era la de destruir la humanidad de los detenidos, en procura de quebrar su identidad política/cultural/filosófica/religiosa, razón por la que había sido incluido en el grupo nacional a exterminar).

La participación de los imputados en las acciones que de un modo directo o indirecto permiten la aplicación de torturas a los detenidos políticos confirma de por sí su participación en el Genocidio, que no es otra cosa que la destrucción de un grupo nacional por diferentes razones y con distintas tecnologías de dominación.-

En este mismo orden esta El plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional) de febrero de 1976, en su punto b) disponía la preparación del golpe militar y consecuentemente la toma del poder.-

Diseñándose la ejecución en sus fases I de “preparación”, II de “Ejecución” y III de “Consolidación”

También debemos tener en cuenta que en Anexo 2 de “Inteligencia” se establecía y clasificaba pormenorizadamente a los grupos sobre los que se aplicaría el plan, determinados en su calidad de oponentes activos y pasivos.

En el Anexo 3, del referido Plan del Ejército, en lo atinente a la detención de Personas se establecían las pautas para la detención, previéndose la elaboración de listas de personas para detener y también se instauraban los llamados “Lugares de Reunión de Detenidos” (LRD). Centros Clandestinos de Detención.

En torno de la elaboración de listas del Legajo Mesa “DS” Varios surge la existencia de una lista de personas con pedido de captura solicitada por la Jefatura del Área Militar 410 Campo de Mayo, por actividad es subversivas, las que en caso de ser habidas deberán ser remitidas a la Unidad Regional de Tigre, cuya dependencia posee precisas directivas de la Jefatura del Área 410. Ariosti aparece dicha nomina identificado como activista de la Empresa Ford.

Así también la Directiva del Comandante General del Ejército Nº 217/76, de Abril de ese mismo año. Donde se establecen Clasificaciones, Normas y Procedimientos relacionados con el personal detenido a partir del 24 de Marzo de 1976.

Para la aplicación concreta de este plan se dispuso, por un lado de recursos económicos y humanos de consideración:

En la sentencia de la Causa Avellaneda quedo claro que “el sistema no sólo implicaba una estructura piramidal de subordinación dentro de cada fuerza –como es propio de cualquier fuerza armada-, sino también una relación de distribución de funciones y asistencia recíproca entre las respectivas fuerzas, conforme a un plan aprobado y supervisado desde las instancias superiores”…

Prueba de ello es el aumento del presupuesto militar, el que provenía de empréstitos internacionales, que luego pasaron a formar parte de la llamada “DEUDA EXTERNA” (se estima que el 30% de ella se dedicó al presupuesto militar) y de contribuciones que realizaban las empresas ligadas a este proceso de reorganización nacional, por eso no es casual que entre los casos que conforman la instrucción de la causa 4012, haya trabajadores desaparecidos de todas las grandes empresas de la zona, casi todas ellas extranjeras o subordinadas a grupos económicos trasnacionales: Mercedes Benz, Acindar, Ford, Astarsa, Tensa…. Por lo que tampoco resulta casual que estas empresas integran la lista de empresas que contrajeron deudas privadas bajo la dictadura y que fuera luego estatizada por Cavallo en 1981, desde la presidencia del Banco Central.

En esto la directiva 1/75 del Concejo de Defensa es clara y precisa cuando se refiere a “Los requerimientos financieros, emergentes de la planificación derivada de la presente Directiva”, traducido: lo que necesiten les será otorgado. Conseguían todo lo que la aplicación del plan demandaba, conforme la orden que habían dictado.-

¿Quién, sino estos imputados, son los que proveyeron los elementos necesarios para la aplicación concreta del plan?, y en función de ello es que deberán responder por sucedido.

En torno de los recursos humanos se contó con la participación de cuadros militares y de otras fuerzas de seguridad, formados en la doctrina de seguridad nacional y también en la doctrina francesa para la lucha contrarrevolucionaria.

La doctrina de Seguridad Nacional otorgaba el componente de formación político – cultural del cuadro militar, es decir contribuía a la motivación con la procedieron: Esta doctrina considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad.  Por primera vez surgía la idea de que el pueblo del propio país podía constituir una amenaza a la seguridad nacional.

Mientras que la Doctrina Francesa otorgaba el modo de proceder en sentido militar, sobre este punto nos remitimos a lo dicho extensamente por la Fiscalía.

Riveros resulta ser unos de los principales cuadros en ese sentido. Venimos de librar una larga batalla contra los asesinos de Floreal Avellaneda, una batalla que comenzó el Dr. Julio Viaggio, declarado ciudadano ilustre de San Fernando el año pasado, al presentar el recurso de Habeas Corpus en abril de 1976; como resultado de esa batalla jurídica, pero también política y cultural, fueron condenados varios represores entre los que se contaba el ex General de la Nación Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares y por lo tanto responsable de todo lo actuado en la zona IV; pero lo que queremos resaltar ahora es que en ese debate se probó que Riveros ejerció funciones internacionales de coordinación de la operación continental contrainsurgente que el Gobierno de los EE.UU., por intermedio del Comando Sur del Ejercito de la Unión, dirigió desde la Junta Interamericana de Defensa de la cual Riveros fue parte.

No se trata de un anciano ingeniero militar perseguido por venganza, como gusta presentarse el imputado, sino de un cuadro de tanta preparación y calificación que no solo tuvo ingerencia en todo lo que ocurría en la zona IV, no solo era un cuadro de dimensión nacional por su participación en la jefatura del Ejercito Argentino, sino de un hombre que tenía conocimiento y dominio de todo el plan terrorista desplegado en América, una puntita del iceberg se conoce como la Operación Cóndor, pero cuyas dimensiones reales todavía desconocemos, pero podemos imaginar por los documentos desclasificados del Gobierno de los EE.UU. y los actuales revelados por Wikileaks

Estos cuadros pasaron a formar parte de la planta estable de esa organización clandestina, verificándose su tarea a lo largo de toda la dictadura.

Afirmamos entonces que todos los imputados han participado de dicha organización de terror, en diferentes roles, pero con un objetivo común y adhiriendo plenamente a la ideología exterminadora que conformaba dicho plan.

Este objetivo común, o mejor dicho, esta comunidad en el objetivo, resultan de las propias expresiones de los imputados.

Pero además esta presente en cada uno de ellos  una identidad ideológica, que los llevaba a un obrar en común. Todos querían hacerlo, querían participar.

Todo ello ha quedado plenamente probado a lo largo del debate oral.

COMO CONCLUCIÓN EL PLAN DISEÑADO CONTABA CON AL MENOS  CON 3 COMPONENTES:

1.-  COMPONENTE HUMANO: CUADROS MILITARES Y DE SEGURIDAD

2.- COMPONENTE ECONÓMICO: AUMENTO DEL PRESUPUESTO MILITAR- EMPRESTITOS INTERNACIONALES

3.- COMPONENTE DOCTRINARIO E IDEOLOGICO: DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL y La DOCTRINA FRANCESA DE LA GUERRA CONTRAREVOLUCIONARIA.-

En conclusión estas directivas establecen la creación del enemigo interno y permiten su eliminación o mejor dicho alientan su eliminación.

La humanidad ha tenido comportamientos de naturaleza genocida desde sus inicios, y ese comportamiento ha sido mostrado de diferente manera, conforme quien eran sus autores y que lugar ocupaban dentro de la esfera de poder.

Por ello nos hicimos, ya en nuestro primer alegato, una pregunta central: ¿Cómo se nos mostraron estos hechos?, y la respuesta es conocida… los imputados van a hablar de una guerra inconclusa en defensa de la nacionalidad contra un enemigo internacional al que siguen calificando como el comunismo internacional, la subversión o algo así.

La falsedad con la que se pretendió mostrar lo que habían hecho, no va a ser materia de este alegato, nos interesa mostrar la otra parte.

Usamos el término “falsedad” y no “ocultamiento”, ocultamiento es una instancia mas del plan para garantizar la impunidad… es la imagen de Videla hablando sobre los desaparecidos, “los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, no están…”.

El ocultamiento fue la parte final de los hechos, lo que le toco hacer al imputado Bignone con el Decreto de incineración, lo que hizo Patti, en el Cementerio de Escobar, ese fue el ocultamiento.

La falsedad es más amplia, más integradora, la falsedad es otra cosa, es lo que se nos dijo, y lo que se pretende decir, y es, en última instancia, la intención con la que se nos dice algo.

El ocultamiento, era parte del plan, era un modo de ejecución del plan, no era todo el sistema, el sistema general fue la falsedad, simular algo.

Por eso Riveros nos dice: “fue un guerra… combatimos con la doctrina en la mano”, no oculta el hecho… nos lo dice de manera diferente, falsa…., simulada.

Y así también se nos dijo: “hubo excesos”

Y así también se nos dijo: “hubo dos demonios”

La verdad Señora Presidente, otra conclusión que sacamos en este alegato es que: NUNCA OCULTARON LO QUE HICIERON.

Y eso nos lleva a preguntarnos porque no ocultaron lo que habían hecho?

Porqué falsearon lo que habían hecho? Y la respuesta es simple, porque querían que se sepa lo que hicieron, como lo hicieron, para qué  lo hicieron y que tenían tanto poder, pero tanto poder que hasta podían simular lo hecho. La segunda  respuesta que subyace a esta pregunta: es para que se entienda como una amenaza latente.

Este no ocultamiento, este hacerse cargo de los hechos, no de lo que realmente hicieron, sino de la ficción, es por donde debemos empezar a buscar la responsabilidad de los imputados.

Es en el relato falso de los hechos en que se auto incriminan y confirman nuestra acusación de que cometieron los crímenes aquí analizados y participaron activa, conciente y entusiastamente en el Genocidio perpetrado en la Argentina, concientes que él mismo era parte de uno mucho más amplio que es el drama latinoamericano de las dictaduras militares, las desapariciones forzadas y los asesinatos en masa.

Si en su momento a las desapariciones forzadas se las denominó la “muerte argentina”, acaso en el futuro el modo de nombrar los genocidios de la segunda mitad del siglo XX sea la “muerte latinoamericana”

GENOCIDIO

Crímenes de lesa humanidad

Ha quedado ampliamente demostrado a lo largo de todo el debate oral y a través de la abundante prueba producida, que independientemente de su tipificación o no en el derecho interno, los crímenes cometidos por los aquí imputados constituyen crímenes contra la humanidad en su conjunto

Definimos, tal como lo hace la doctrina y la legislación a  los crímenes de lesa humanidad, como “el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque” que es llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado, o parte de él.

Es un delito genérico del cual se derivan otros específicos como lo es el delito de  genocidio.

No es necesaria su imputación en las indagatorias a los encartados porque estos son indagados sobre hechos que constituyen delitos, no sobre la calificación  jurídica que corresponde a los mismos, es tarea de este Tribunal calificar jurídicamente en relación a las pruebas producidas en el debate.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes Arancivia Clavel y Simon reconoce que los delitos de derecho internacional son normas básicas que los jueces argentinos deben aplicar. En ambas sentencias se establece que los delitos cometidos no fueron delitos comunes, fueron delitos mas graves, por la masividad del aniquilamiento y por el propósito de destruir a un grupo entero de la población civil, y que en función a la gravedad de esos delitos se les otorgó una calificación del derecho internacional.

Es por eso que se hace viable para la correcta calificación legal de los delitos que aquí se juzgan  la utilización de normas del derecho internacional público consuetudinario o convencional

Tal como lo afirmo el fiscal Alejandro Alagia con motivo del alegato en la causa por el circuito represivo de Atlético Banco y Olimpo, “No puede volverse atrás con la calificación jurídica que habilitó la jurisdicción de este tribunal”

Lo que se quiere decir es que no existe impedimento legal de ninguna índole para calificar estos hechos como delito de genocidio en los términos en que fue definido por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio puesto que la legitimidad de los juicios radica en la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Nacional en los casos de crimenes de lesa humanidad y lo que es valido para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad proyecta su validez para el delito de Genocidio.

Hay en la obstinada negativa del Poder Judicial a calificar estos delitos como Genocidio razones que escapan el dominio de lo jurídico. Se dice que no se puede indagar y por lo tanto condenar por el delito de Genocidio puesto que este delito no tiene recepción en el Código Penal Argentino, cómo si no se estuviera condenando por delitos de lesa humanidad, tipo penal que está en la misma situación.

¿Y porque venimos nosotros aquí a decir con total convicción que lo que pasó en la Argentina fue un genocidio???

El grupo de organismos de Derechos Humanos que representa esta querella ha venido planteando en todos los debates orales en la Capital Federal, los anteriores juicios de la Causa Campo de Mayo celebrados antes este mismo Tribunal Oral y los juicios realizados en las distintas provincias del interior del país, que lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio.

Queremos recordar que fue en el juicio contra Echecolatz que primero se receptó, de manera parcial, nuestro reclamo, y que la desaparición de Julio López –que aún continúa para escarnio de la democracia- trajo consigo también la desaparición del debate que el fallo del Tribunal Oral de La Plata proponía sobre el tema.

Una vez más, como en la dictadura, fue con medios violentos y terroristas que se condicionó el debate y se conservó el “sentido común”

La calificación de estos delitos como Genocidio ha sido una construcción de los organismos que representamos, quienes fueron los primeros en solicitar esta calificación a los tribunales nacionales siguiendo una tradición de larga data de los organismos más antiguos que planteaban Genocidio durante el periodo dictatorial, confirmada por el contacto directo con las victimas, quienes en el proceso de reconstrucción de la verdad histórica, comprendieron que ninguna de las victimas habían sido secuestradas, torturadas, sometidas a todo tipo de tormentos físicos y síquicos y posteriormente asesinadas, o desaparecidas en su caso, por si mismas, sino por su pertenecía a un grupo nacional que la dictadura califico como enemigos y asi lo vienen denunciando desde hace años.

Ya en 1980 el Tribunal Permanente de los Pueblos, continuación de los míticos Tribunales Russel, espacio humanitario de resistencia a la barbarie imperial sobre VietNam que continuó su noble labor denunciando las dictaduras militares cuando el Poder Judicial de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y otros países avalaban con su silencio cómplice los crimenes que hoy se dan por realizados,  había condenado a la Argentina por Genocidio con la siguiente formula que consideramos válida como antecedente dada la formación y prestigio jurídico de los integrantes del Tribunal: FRANÇOIS RIGAUX (Belgio), Presidente, ERNESTO MELO ANTUNES (Portogallo), RICHARD BAUMLIN (Svizzera), MADJID BENCHICK (Algeria), EDUARDO GALEANO (Uruguay), GIULIO GIRARDI (Italia), LOUIS JOINET (Francia), EDMOND JOUVE (Francia), LEO MATARASSO (Francia), JAMES PETRAS (Stati Uniti), SALVATORE SENESE (Italia).

Textual: Al fin de su segunda sesión, mantenida en Ginebra el 3 y el 4 de mayo de 1980, sobre la violación de los derechos al hombre y los derechos de los pueblos en Argentina, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha adoptado a la unanimidad la resolución siguiente relativa al genocidio cometido en el intento de destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional político.  Ello constata en efecto que el art. II de la Convención del 9 de diciembre de 1948 por la prevención y la represión del crimen de genocidio define este crimen como uno de los actos enumerado en el emplazado artículo, “cometido en el intento de destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en cuánto tal.” Quisieramos llamara la atención sobre el modo que el Tribunal aborda la cuestión del grupo nacional, que hoy se pretende utilizar para impugnar que hubo en la Argentina un Genocidio, y este fundamento se emitió hace treinta años.

En consecuencia, no basta con decir que aquí se cometieron crímenes “de lesa humanidad”, pues para ello se exigiría exclusivamente acreditar que hubo un ataque generalizado (e “indiscriminado”) contra la población civil. El “genocidio” exige por añadidura su propio dolo específico, que precisamente aquí se evidencia: el ataque “discriminado” contra activistas y adversarios del régimen de facto. Vale decir que se atacó a “personas” pero con el fin de vulnerar “sus colectividades de pertenencia”, que luchaban por un país distinto al pergeñado por el Proceso de Reorganización Nacional.

No caben dudas después de 4 meses de debate oral y luego de haber escuchado el relato de muchísimos testigos, que las acciones ilícitas llevadas adelante por los 5 represores aquí imputados tenían como objetivo la destrucción de un grupo humano.

A una parte de la sociedad civil de nuestro país le fue negado el derecho a la vida y la integridad física por formar parte de un grupo nacional que luchaba en definitiva por una sociedad justa e igualitaria

Negar esta circunstancia es desconocer que una generación de hombres y mujeres luchadores de nuestro país fueron perseguidos precisamente por su condición de revolucionarios y negar esta condición es para nosotros inconcebible desde todo punto de vista

Estamos aquí exigiendo justicia y al mismo tiempo reivindicando a estos miles de hombres y mujeres que soñaron con un país para todos

Nuestro país ha adherido a diversas Convenciones incorporadas a nuestra Constitución Nacional luego de la reforma constitucional de 1994 a través del art. 75 inc. 22, estableciendo que tanto los delitos de lesa humanidad como el genocidio se encontraban al momento de los hechos aquí investigados como norma imperativa del derecho consuetudinario

La Convención para la prevención y Sanción del Delito de Genocidio que fuera ratificada por ley 14.467, en septiembre de 1958, establece en su artículo segundo que: … “se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) matanza de miembros del grupo

b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo

c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial

d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo

e) traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro

No caben dudas que en los hechos aquí investigados se configuran todas las conductas descriptas en los inc a,) b) y c) comprendidos en el articulo 2 de dicha Convención, ya que Riveros, Bignone, Rodriguez, Meneghini y Patti responsables de los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y homicidios formaron parte de un plan sistemático que se implementó en nuestro país con el propósito  de destruir a un único sujeto que es el grupo de pertenencia de las victimas, con independencia de su pertenencia política partidaria.

Hay numerosos ejemplos fácticos, como la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la mayoría de las victimas del universo reprimido, que no implicaban una disidencia política individual, y entonces cabe la pregunta: ¿en que grupo político habría que incluir a los cientos de niños secuestrados o asesinados?

La represión  no fue dirigida exclusivamente hacia un grupo político, independientemente de que en el grupo nacional perseguido existían pertenencias políticas, el grupo perseguido era un grupo nacional, y por lo tanto la calificación encuadra dentro de los alcances de la convención

No fue la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro del país y del vínculo legal que estos mantenían con el Estado en el que habitaban.

El concepto de grupo nacional está definido por la Corte Internacional De Justicia en el Caso Nottebohn en 1995: Un grupo nacional es todo grupo humano que mantiene un vinculo legal con el Estado Nacional en el que habita, esta es la premisa que creemos que el Tribunal debe tener en cuenta para el correcto encuadre de estos hechos en el tipo legal de Genocidio

Este criterio fue sostenido también en la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Legitimando esta posición que venimos sosteniendo el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, ratificando lo sostenido en las sentencias por Echecolatz y Von Wernich, en su reciente sentencia en la causa Nümero 2901/9 caratulada Dupuy y otros sobre tormentos, homicidios y otros, conocida como Causa de la Unidad Penitenciaria Nº 9 expresó “Respecto de si lo sucedido en nuestro país debe ser encuadrado en el concepto de “grupo nacional” según la redacción que tuvo finalmente el art. II de la Convención, ya se anticipó una respuesta afirmativa la cual por otra parte surge obvia en la redacción del fallo hoy fundamentado”. Además quedo expresado en la referidasentencia que: “Resulta ilustrativo lo reflexionado por Daniel Feirstein: “…la caracterización de “grupo nacional” es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se proponen destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto. Dada la inclusión del término “en todo o en parte” en la definición de la Convención de 1948, es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado “en parte” y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación…El aniquilamiento en la argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una “parte sustancial” del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (Daniel Feierstein/Guillermo Levy. Hasta que la muerte nos separe. Prácticas sociales genocidas en América Latina, Ediciones Al margen. Buenos Aires, 2004, pág. 76)

La Conadep oportunamente demostró quiénes fueron los perseguidos y eliminados por el aparato represivo de la dictadura: y destacó que no fueron los estudiantes y trabajadores en general, sino los activistas y militantes obreros y estudiantiles , sindicalistas, militantes sociales, barriales, políticos y culturales que por decenas de miles y en forma organizada cuestionaban entonces el poder de facto constituido.

Tal como queda plasmado en el Decreto 2772 de 1975 donde se ordena que la lucha contra el enemigo se extienda a la subversión en todos sus aspectos, al que empuñe un arma contra los valores occidentales y cristianos y a todo aquel que por sus creencias y practicas políticas, sindicales, estudiantiles y docentes, o culturales en general, represente una amenaza atea y marxista

En el mismo sentido, el Plan del Ejercito elaborado en 1975 firmado por Videla como Comandante General del Ejercito en su anexo 2 establece que “se considera oponentes a todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/ u obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”. En su anexo 2 “de Inteligencia” hay un detalle de cuales son las organizaciones político – militares, estudiantiles,  sindicales, religiosas y de derechos humanos perseguidas

En este sentido el Dr. Carlos Slepoy, abogado especialista en la materia y acusador en la Audiencia Nacional de Madrid con relación a estos mismos delitos señaló: “los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las madres, los padres de los niños secuestrados, los sobrevivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, estudiantiles, políticos, sociales, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquellos se integraban y perpetró, en consecuencia un genocidio”

El carácter amplio del termino enemigo se pone de relevancia en la Directiva Secreta 504/77: que define, “por elementos subversivos no solo debían entenderse las personas vinculadas a algún tipo de actividad armada sino también a aquellas que pregonaran una forma de vida contraria a nuestro sentir nacional…” Sin dudas es imposible imaginar los alcances de esta caracterización

Lo que configura el crimen de genocidio es que el represor defina y decida como se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento

Así el 4 de noviembre de 1998 en pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España, con la firma de sus 10 magistrados, al intervenir en la causa donde se lo condenó a Adolfo Scilingo, consideró que lo ocurrido en la argentina durante el terrorismo de estado fue un genocidio y expreso: “… la represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir al grupo mediante las detenciones, las muertes, las desapariciones, las sustracciones de niños de familias del grupo, amedrantamiento de los miembros del grupo. Estos hechos imputados constituyen delito de genocidio

Tomando como opinión la del Lic. Feierstein el mismo suele referirse a los sentidos del porque pensar como genocidio el caso argentino. En relación a la practica social genocida la define como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante  (sea por su número o por el efecto de sus practicas de dicha sociedad  y del usos del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”.

Fundados en estos precedentes jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales y doctrinarios es que renovamos nuestro pedido de calificación de estos hechos como delito de genocidio

No hace falta la creación de ninguna nueva figura jurídica para condenar por Genocidio.  Al momento de los hechos, la Convencion estaba vigente y hemos demostrado plenamente que se cumplen con las exigencias del articulo dos de la misma, y puntualmente sobre el carácter de grupo nacional del exterminado.  La propuesta de crear un nuevo tipo penal, que de cuenta de un supuesto politicidio como forma especificica de perpetración del genocidio argentino y latinoamericano, más alla de las intenciones de la corriente de pensamiento que lo propugna, separa artificialmente los genocidios sufridos por los pueblos latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX del sufrido por los pueblos europeos y asiaticos en la primera mitad del siglo esterilizando la categoría de genocidio que tiene valor universal.

Como si hubiera Genocidios de primera y de segunda, en una maniobra discursiva claramente discriminatoria hacia nuestros pueblos que rechazamos de plano.

Pero así como fueron vencidos los prejuicios que sentenciaban la imposibilidad de volver atrás de las leyes de impunidad, así serán vencidos –tarde o temprano- los prejuicios que resisten la calificación de Genocidio, prejuicios que demostraremos, no son sólo jurídicos sino del orden ideológico, puesto que reconocer que hubo Genocidio, nos lleva a replantear el sujeto que fue objeto del Genocidio, el pueblo todo, el bien agredido, las formas de organización social, económica, cultural y política de la Argentina y la cuestión de la reparación que no podrá ser ya una cuestión individual sino social, no se termina en la condena de los represores sino que obligaría a discutir la continuidad del modelo impuesto a sangre y fuego por los Genocidas.

El debate pues no es ni inocente ni meramente jurídico; como todo debate jurídico de fondo es cultural, político, filosófico y sociológico.

Por ello, la cuestión de Genocidio se ha transformado en una barrera que es preciso cruzar para conquistar Verdad, Memoria y Justicia

CONCLUSION: consideramos demostrado que los delitos que aquí se juzgan no son hechos aislados, sino que constituyen parte de un plan sistemático de exterminio, plan que consideramos genocida y por lo tanto solicitamos a este Tribunal que así se lo reconozca y califique

Solo en este contexto es explicable el rol que le cupo a cada uno de los aquí imputados en la maquinaria de exterminio genocida.

Reafirmamos, tal como lo hicimos en nuestros anteriores alegatos y lo seguiremos haciendo en cada juicio en donde se juzguen los aberrantes crímenes del terrorismo de Estado, nuestra solicitud en el cambio de calificación en el convencimientote que solamente así podría reconstruirse la verdad histórica de lo ocurrido en nuestro país

PALABRAS FINALES

En la larga lucha contra la impunidad, el movimiento popular asumió y proclamó una idea.

Se decía, y demostraremos que es cierto, que la impunidad genera la posibilidad de la repetición del crimen impune.

Ante el discurso menemista de que hacía falta “mirar hacia el futuro” y “dejar atrás el pasado”, como justificación a su política de impunidad, se sostenía que la impunidad no es una cuestión del pasado sino del futuro, no es un problema entre los represores y los directamente reprimidos, entre los genocidas y sus víctimas; sino que la impunidad ha sido la matriz de la historia de violencia, terrorismo y violación de los derechos humanos de nuestra patria.

Fue contra la impunidad de los genocidas que se levantaron los revolucionarios de 1810.  Fue el General San Martín, cuya tradición traicionaron los militares como los aquí juzgados, quien sostuvo en el derecho de gentes la base doctrinaria para juzgar y condenar los crímenes de los genocidas españoles.

Y fue la impunidad de aquel primer genocidio el cometido contra los pueblos originarios de Nuestra América, el que facilitó la frustración de aquella primera Independencia y se debe considerar como una de las razones principales del segundo genocidio, el cometido contra la nación guaraní en la llamada Guerra de la Triple Alianza.

Si el primer genocidio eliminó el grupo nacional de los pueblos originarios que no se sometían a los españoles, el segundo exterminó un grupo nacional que pretendía un camino autónomo de desarrollo nacional, contra los deseos de Gran Bretaña, la nueva potencia imperial global, que armó, financió y sostuvo los ejércitos de Brasil, Argentina y el Uruguay.

Y fue la impunidad del segundo genocidio el que permitió la construcción de un Estado Nacional que nació represor, como bien lo explica el historiador Osvaldo Bayer al reclamar contra la presencia de Roca en el microcentro de Buenos Aires.

Son las ordenes de exterminio del pueblo paraguayo, acaso, el verdadero antecedente último del Plan Sistemático que aplicó la dictadura del 76.

Y fue la impunidad con que gozó el tercer genocidio, lo que posibilitó el despliegue del Consenso de Washington, la instalación de la más acabada muestra del neoliberalismo en América Latina, como se calificó al menemismo en su momento.

La impunidad es siempre un puente hacia un estadio más perverso de la dominación, la expoliación de los pueblos y la explotación de los trabajadores.

Y fue impunidad lo que planificaron y ejecutaron los jefes de la dictadura.

Fue la impunidad lo que permitió que Patti o Bussi pudieran presentarse como candidatos para elecciones regidas por la Constitución Nacional que ellos habían abominado y abolido.

Fue la impunidad la que creo las condiciones culturales para que se valorara sus presuntas dotes de gestión y se desvalorara la denuncia de los sobrevivientes, denuncias que han sido ampliamente probadas en este y otros juicios, y que al contar con la credibilidad que da la Justicia son consideradas por un espectro mayor de la sociedad que puede así liberarse de tutelajes fascistas.

Con la impunidad Patti fue electo intendente y diputado nacional.

Sin impunidad, Patti está solo como estuvo en todo el juicio, despojado de toda credibilidad social y huérfano de todo apoyo popular. Como corresponde.

Los juicios contra el terrorismo de Estado, contra el Genocidio cometido, admiten diversas lecturas, no por divergentes menos certeras.

Desde una perspectiva histórica y regional, este juicio y todos los juicios orales concluidos o en desarrollo, constituyen un quiebre histórico con la impunidad sistémica que ha sido la regla en la historia nacional.

Es también un quiebre con el presente de impunidad que afecta a muchos pueblos latinoamericanos que no han podido imponer ningún tipo de juicio y castigo.  Y constituyen también una referencia de estimulo para los procesos que se viven en Chile y Uruguay donde la impunidad dura se defiende de los intentos de justicia.

Los juicios que tenemos son los juicios que supimos conseguir entre todos, en un largo, complejo, plural y contradictorio proceso de luchas populares que terminaron quebrando las leyes de impunidad.

Pero los juicios admiten, y requieren una mirada complementaria, crítica por el modo que se realizan y que permiten, entre otras cosas que hace pocos días falleciera sin condena el Jefe de Orletti, como antes ocurriera con Massera y tantos otros.

Hay una estrategia de impunidad que apuesta a que el tiempo biológico se imponga sobre los tiempos judiciales y así consumar la burla final de los represores: morir técnicamente inocentes a pesar de haberse probado largamente su participación en el genocidio.

Es el estado, que organizó el terrorismo de Estado el mismo que  organizó la impunidad durante y después del gobierno dictatorial con que contaron los represores durante todos estos largos años y que permite una ficción de “presunción de inocencia” que no es tal: son genocidas que gozaron de la impunidad, y tal como se aceptó al discutir el rechazo de la incorporación de Patti al Congreso Nacional, el Estado debe hacerse cargo de su responsabilidad en la impunidad y asumir la contradicción jurídica generada por su intervención extra judicial (leyes y decretos que impidieron la realización de los juicios a principios de los ochenta) ver Mario Wainfield Pagina 12.

Se trata de combinar acertadamente las garantías procesales para los imputados con la situación de hecho generada por la intervención estatal extra judicial que creó las condiciones para que muchos represores mueran sin condena.

No se trata solo de que la justicia lenta no es justicia, sino de que el Estado contrajo obligaciones internacionales que lo comprometen a reparar el daño ocasionado por las leyes y decretos de la impunidad acelerando el proceso judicial que impida la consumación del sueño de muchos de morir acusado pero sin condena.

La mega causa Campo de Mayo es uno de los casos más brutales de esta paradoja.

Fue la última en abrirse de las mega causas porque la Cámara Federal de San Martín seguía defendiendo la impunidad luego que la Corte Suprema había fallado su final.

Se realizó un proceso de instrucción que violentó el orden real de los hechos: no hubo aquí crímenes individuales contra personas aisladas, sino un Plan Sistemático contra un grupo nacional definido por su incompatibilidad con el modelo de país de los que portaban las ametralladoras y la picana.

Y los problemas no se agotan en la fragmentación de las causas, hay problemas culturales para un Poder Judicial que tiene que juzgar al Poder como pocas veces lo hizo en su historia, hay problemas presupuestarios para juicios excepcionales por la cantidad de víctimas, querellantes, imputados y prueba a considerar.

Y más.

Hace falta una estrategia estatal unificada para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de DDHH que más de una vez exigió que haya una investigación de verdad y no una apariencia de justicia que genere una imagen de ser pero que garantice la impunidad.

La paradoja de Patti está llegando a su fin.

Bregamos para que el torturador electo para cargos en la democracia se encamine hacia un futuro de condenas y encierro.

Si luchamos contra la impunidad cuando parecía que era un sueño imposible, cómo no vamos a plantear juicio y castigo para todos los genocidas ahora que todos sentimos que hemos dado pasos de gigantes en la lucha contra la impunidad.

Por los treinta mil compañeros desaparecidos

Por juicio y castigo para todos los represores por todos los compañeros

Que la condena a estos represores abone el camino de la Justicia para todos, todos los derechos humanos para todos!

Seguidamente, por ultimo, pasaremos a imputar a los procesados los delitos aquí probados

IMPUTACION

En razón de lo expuesto, imputamos a  SANTIAGO OMAR RIVEROS en calidad de coautor materialmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en dos oportunidades (Caso Nº 290 – Victimas Dàmico y Ariosti) (art. 151 C .P.), el delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 9 oportunidades (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642) Casos 226, 246 y 290 –  Victimas: Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Carlos Daniel Souto, Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico, Luis D àmico y Josefa Elsa Molina de D`Amico, agravada también en 3 oportunidades por haberse prolongado mas de un mes resultando como victimas Carlos Daniel Souto y los hermanos D`Amico;  el delito de  tormentos reiteradas en 6 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; victimas:  Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico (art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio en dos oportunidades victimas Gastón Roberto José Goncalvez y Diego Muñiz Barreto agravado por haber sido cometido por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (art. 80 incs. 2 y 6 CP)  tentativa de homicidio calificada por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas victima Juan José Fernández (Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, (Art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE en calidad de coautor materialmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 2 oportunidades (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642) Caso  246   Victimas: Diego Muñiz Barreto Y Juan José Fernández;  el delito de  tormentos reiteradas en 2 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; victimas:  Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; (art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas victima diego Muñiz Barreto (art. 80 incs. 2 y 6 CP) y tentativa de homicidio doblemente agravada por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas victima Juan José Fernández (Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, (arts 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de presión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

MARTIN RODRIGUEZ en calidad de coautor materialmente responsable por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas reiteradas en dos oportunidades Caso Nº 246Vixtimas Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642), tormentos reiterados en dos oportunidades agravado por haber sido las victimas perseguidos políticos Caso 246 – victimas Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández, (art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616) robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda victima Juan José Fernández (art 164 primer párrafo Ley 11.179), homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas del que resultara victima Diego Muñiz Barreto, (art 80 Inc. 2 y 6 CP), tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas resultando victima Juan José Fernández ( Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el Art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, Art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

JUAN FERNANDO MENEGHINI, en calidad de coautor materialmente responsable por los delitos de delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 3 oportunidades (Art. 144 bis Inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del Art. 142 Inc. 1º y 5 ley 20.642) Casos 226 y 246 – Victimas: Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández;  el delito de  tormentos reiteradas en 3 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; Casos 226 y 246 – victimas:  Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; (Art. 144 Teri 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (Art. 80 Inés. 2 y 6 CP) Caso 226 – Victima Gastón Roberto José Goncalvez,  todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el Art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio,  (Art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

LUIS ABELARDO PATTI en calidad de coautor materialmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal en dos oportunidades (Caso Nº 290 – Victimas D `Amico y Ariosti) (art. 151 C.P.), el delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, violencia y amenazas, reiterada en 9 oportunidades (art. 144 bis inc. 1º y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1º y 5 ley 20.642) Casos 226, 246 y 290 –  Victimas: Gastón Roberto José Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Carlos Daniel Souto, Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico, Luis D `Amico y Josefa Elsa Molina de D`Amico, agravada también en 3 oportunidades por haberse prolongado mas de un mes resultando como victimas Carlos Daniel Souto y los hermanos D`Amico;  el delito de  tormentos reiteradas en 6 oportunidades agravados por ser la victima un perseguido político; victimas:  Gastón Roberto Josè Goncalvez; Diego Muñiz Barreto, Juan José Fernández; Osvaldo Tomás Ariosti; Guillermo  David

D `Amico , Luis Rodolfo D´Amico (Art. 144 ter 2do. Párrafo Ley 14.616), el delito de homicidio reiterado en dos oportunidades – victimas: Gastón Roberto José Goncalvez y Diego Muñiz Barreto agravado por haber sido cometido con alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas (art. 80 incs. 2 y 6 CP);  tentativa de homicidio calificada por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o mas personas victima Juan José Fernández (Art 42 CP) todos en concurso real entre si y que concurren materialmente con el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, (art 45 y 55 CP)

Solicitando  la pena de prisión perpetua, en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas.

Con relación a las CONDICIONES DE DETENCION

Solicitamos, tal como viene sosteniendo este Tribunal en anteriores sentencias, el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, ya que teniendo en cuenta el carácter especial de estos delitos, y la gravedad que estos mismos revisten, cualquier tipo de beneficio excepcional en la ejecución de la condena,  implicaría para la sociedad toda un daño muy grave



 

Anulación del indulto a Riveros: La victoria de la consecuencia. Declaración de la L..A.D.H. del 15 de julio de 2007

Un documento que se nos había perdido y es muy revelador de la historia real de la lucha contra la impunidad.

“Considerando: 1º Que la presente causa se ha iniciado por la presentación efectuada en forma conjunta por Sara de Castiñeiras, Iris Pereyra de Avellaneda , Floreal Avellaneda, Juan Manuel Castiñeiras y Ana María Astudillo….. en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos , quienes solicitaron la declaración de la inconstitucionalidad del decreto 1002/89, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional indultó entre otros, a Santiago Omar Riveros, por los hechos a él imputados en la ex causa 85 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (fs. 1/6)….”

Así comienza el fallo con el que la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto presidencial a uno de los máximos responsables del Genocio cometido en la Argentina, el General Omar Riveros, quien estuvo al frente de Institutos Militares y por ello de Campo Mayo, asiento de uno de los mayores centros de exterminio bajo la dictadura. Llamativamente, ¿o no?, ningún medio gráfico, ninguno de los numerosos análisis realizados en estas horas, han destacado el parrafo precedente que da cuenta de algo que se pretende ocultar: el fallo es una conquista del movimiento de derechos humanos, del movimiento popular en general y de las organizaciones que puntualmente lo promovieron.

Es uno de los resultados de una larga lucha caracterizada por la consecuencia y la perseverencia; una lucha construida desde definiciones teóricas y filosoficas contudentes que hoy día pueden parecer cuasi normales pero que en su momento (no casualmente los indultos se dictaron en el fatídico año de 1989, en las vísperas de la larga década de los 90) eran objeto de burlas e ironías como las que se proporcionan a los desvariados y los que no pueden reconocer la realidad en nombre de un posibilismo y un realismo que hoy pretende adueñarse de nuestra lucha para consolidar nuevos mitos posibilistas. Empecemos por el principio, los indultos de Menem fueron la culminación de una estrategia de impunidad iniciada en el momento mismo del acto represivo, y por eso los Falcon sin chapa, y por eso las capuchas, y por eso los centros clandestinos, y por eso la negación de Justicia que realizaban todos los que rechazaban Habeas Corpus, y por eso los desaparecidos, y por eso…… Cuando los milicos comprendieron que el tiempo infinito prometido se acababa aceleradamente después de Malvinas, se autoamnistiaron y procuraron hacer desaparecer la mayor parte de la prueba sobre los desaparecidos. Luego vino Alfonsín con su ficción de justicia (sólo los Jefes y por algunos casos) y su traición desembozada cuando la marea de la lucha popular amenazaba romper los límites acordados con los represores y el Poder real. Es en esa perspectiva de continuidad cívico militar de impunidad: desaparecidos, autoamnistía, Felices Pascuas, Indultos, que se ubican los decretos hoy anulados.

Y otra línea de continuidad: resistencia en los centros de tortura y detención, organización de la lucha por la aparición con vida y la Libertad, los habeas corpus, las solicitadas, las Madres en la Plaza, las marchas contra la impunidad, la negativa a la resignación, la búsqueda de caminos políticos, legislativos y jurídicos con toda creatividad y audacia, entre los que debe destacarse el primer pedido legislativo de anulación de las normas de impunidad impulsado por el diputado comunista Floreal Gorini, conducta que luego mantuvo a nombre de Izquierda Unida la compañera Patricia Walsh, es la que debe considerarse al analizarse el resultado de hoy, incluido por supuesto el Diciembre Popular de 2001 y el descalabro en que entró el ideario neoliberal y su sistema de dominación que provocó en su rearticulación una nueva composición de la Corte Suprema y un cambio notorio en el lenguaje y la doctrina jurídica aceptada como “normal” que sostiene la anulación: no hay razón jurídica alguna que justifique la violación de los Pactos y los Tratados Internacionales que condenan los crímenes de lesa humanidad cuyo castigo deberá privilegiarse por encima de otros valores. Celebramos el fallo, celebramos la lógica que se aplica y “sólo” pedimos que se aplique rigurosamente y de una manera universal, para todos los genocidas, para todas las violaciones de los derechos humanos. Con una audacia intelectual que bien podría utilizar para reformar las FF.AA. la ministra Nilda Garré ha afirmado que con este acto se terminó con el último resquicio de la impunidad en la Argentina; por su parte una caterva de dolidos derechistas que van de Menem hasta López Murphy claman por la seguridad jurídica amenazada por la modificación de una anterior proclama de la Corte legitimando los indultos. Entre estas dos posiciones deberemos construir nuestro discurso y nuestra práctica de lucha contra todas las formas vigentes de la impunidad (el 99% de los genocidas libres, como para comenzar; el hambre de los chicos en el país de las vacas, como para bajar a tierra los discursos) afirmados en una convicción que surge de esta larga batalla ganada: no hay política más exitosa que la de la ética y la coherencia, si la mantenemos con dignidad y humildad por el tiempo necesario, si sabemos juntar tras un objetivo a todo lo que se puede unir en pro de una lucha.

Se podrá decir, en disenso con mis enfoques, que sólo se trata de un represor que ni siquiera estaba condenado y al cual dificilmente se lo encierre alguna vez en cárcel común; puede ser pero es que no estamos hablando de Riveros, ni siquiera de Videla y los otros. Estamos hablando de símbolos y de gestos. Del valor que tiene para las grandes masas el Derecho (que crea verdad con sus fallos, dice Foucault) y así lo perciben los revolucionarios de América que han celebrado el fallo como victoria propia y así lo lamenta la derecha de todo pelaje que sabe que una victoria prepara la siguiente, aunque entre una y otra pasen años y años. Es que ellos, por mero ejemplo, conocen bien a una de las personas que pidió la anulación del Indulto, ellos saben bien que no pudieron quebrar a Iris Avellaneda ni con la tortura de su hijo, que debieron soportar su testimonio en el Juicio a la Junta y la vieron caminar por más de treinta años junto a Floreal y todos los otros. Ellos saben que gente como Iris no se sentarán a leer el fallo al lado del camino, sino que seguirán hasta el final. Hasta que vayan todos presos y el sueño de los nuestros se haga tan real.

Texto de la denuncia penal contra Alfredo Martínez de Hoz, el directorio de Acindar e Isabelita por el Operativo Represivo del 20/3/75 por parte de la Liga y dirigentes históricos del Villazo

FORMULA DENUNCIA. SE TENGA POR QUERELLANTE. SE INVESTIGUE. OFRECE PRUEBA.

Sr. Juez:

 

Graciela Nora Rosenblum en su carácter de Presidenta de  la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Asociación Civil) con domicilio real  en Av. Corrientes 1785 piso 2do. Dto. “C” (Ciudad de Buenos Aires), Carlos Antonio Sosa, con domicilio real en Santa Fe 513, Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe ,Alberto José Piccinini con domicilio real en Sarmiento  1334, Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe y Juan Jesús Actis, con domicilio real en Comodoro Rivadavia 729, Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe, constituyendo todos y conjuntamente domicilio procesal en Av. Corrientes 1785 piso 2do. Dto. “C” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio jurídico de Pedro Dinani T° 92 F° 919; a V.S. nos presentamos y decimos:

 

I.                   PERSONERIA: Que tal como se acredita con la copia certificada de la Resolución Nro. 152 de la Inspección General de Justicia, la Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos del Hombre es una institución inscripta por ante dicho organismo, con capacidad para estar en juicio a través de sus representantes legales.

Se adjunta a la presente asimismo, copia del acta en que consta la designación de Graciela Rosenblum como presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por ende autorizada a representar judicialmente la institución.

 

II.                OBJETO: Que en el carácter invocado venimos a denunciar penalmente a JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ, MARIA ESTELA MARTÍNEZ VIUDA DE PERÓN, y la totalidad de los miembros del  directorio de la empresa  ACINDAR S.A. al 20 de diciembre de 1975 cuyo domicilio estuvo y está en esta Capital Federal en la Calle Av. Paseo Colón 357, tal circunstancia, añadido al hecho de que fueron copartícipes  de los ilícitos que se detallarán altos funcionarios estatales radicados en esta ciudad; así como esenciales cuadros de la Policía Federal, corresponde interpretar indubitablemente dónde se inició el “iter criminis” y consecuentemente la competencia territorial de V.S. Hubo evidente convergencia intencional entre todos estos actos, lo que involucra naturalmente en grado relevante a la empresa ACINDAR.

Se  hace extensiva asimismo la presente denuncia a toda otra persona de función estatal o paraestatal cuya participación o responsabilidad penal surja en virtud de la investigación que se requiere por los delitos cometidos en el marco del operativo represivo llevado a cabo en la Ciudad de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe con fecha 20/3/75 y los meses posteriores hasta la fecha del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que causaran entre otras, las afectaciones al orden jurídico vigente que se detallarán.

Del mismo modo, las conductas penalmente recriminadas implican la violación de normativa internacional vigente en la Argentina previo a la comisión de los ilícitos, a saber: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana  en la Ciudad de Bogotá, Colombia en 1948-, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea  General de las Naciones Unidas  en su Resolución 217 A III del 10 de diciembre de 1948 y la Convención  para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio receptada en nuestro orden interno mediante la sanción del Decreto 6268 de 1956. A ellos se agregaron posteriormente nuevas Convenciones que simplemente “confirmaron” (retrospectivamente) el diáfano derecho constitucional preexistente.

Todos estos crímenes establecidos en el ordenamiento penal interno y contenidos como antijurídicos en distintas normas internacionales de Protección de los Derechos Humanos suscriptas por nuestro país, han de ser considerados tal como lo establece la normativa citada y la jurisprudencia supranacional, internacional y local, como de carácter imprescriptible por tratarse de “Crímenes de Lesa Humanidad” perpetrados en el marco del Terrorismo de Estado y el Genocidio llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y de Seguridad y grupos parapoliciales al servicio del Estado con la complicidad y en beneficio de grupos y sectores civiles. Todo ello en base a lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 C.N.

La definición de “Crimen contra la Humanidad” o “Crimen de Lesa Humanidad”  comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Consecuentemente, los expertos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha buscado como asesores o relatores de la Comisión de Derecho Internacional para la codificación de estas opciones jurídicas, han coincidido en afirmar que lo que hace que estos crímenes lesionen a la humanidad es la intención que se revela detrás de la reiteración de actos, la cual lleva a concluir que un crimen no es aislado, individual o fortuito, sino que busca destruir conjuntos de vidas y/o valores que pertenecen al patrimonio de la especie, la cual funda su riqueza en la diversidad de razas, etnias, nacionalidades, lenguas, religiones, ideologías, formas de pensar y convivir y sistemas de organización social.

El carácter de imprescriptible de los delitos que aquí se denuncian ha sido reconocido por nuestros tribunales y al respecto se ha dicho que existe en relación a éstos desde de los Estados una “obligación en nombre de toda la comunidad internacional de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables” (Cf. CSJN in re “Mazzeo” 13/07/07). Coherentemente con este principio se ha dicho que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción  y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan  impedir la investigación  y  sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas por controvertir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (Cf. Corte Interamericana de Justicia, Sentencia del 14/03/01 serie C, n. 75, considerando 41).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en la sentencia dictada en la causa “Arancibia Clavel” que “Tanto los ‘crímenes contra la humanidad’ como los tradicionalmente denominados ‘crímenes de guerra’ son delitos contra el ‘derecho de gentes’ que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar” (Fallos: 318: 2148). Precisamente nuestra Constitución los menciona en su artículo 118.

Y ha sido también el máximo tribunal de orden interno quien ha dicho reiteradamente que existía a la fecha de la comisión de los hechos que se denuncian , un orden normativo regulado por las convenciones y costumbres internacionales de Derechos Humanos que tienen sobre nuestro Estado el efecto de “Ius Cogens”, que consideraba inadmisible la comisión de “Delitos de Lesa Humanidad”  ejecutados por funcionarios del Estado y que tales hechos debían ser castigados por un sistema represivo  que no necesariamente se adecuara a los principios tradicionales de los Estados nacionales, para evitar la reiteración de tales aberrantes crímenes (Cf. CSJN Fallos: 330: 3428 y 327:3312).

Efectivamente y tal como se desprende del relato de los elementos fácticos y antecedentes que surgen del punto que sigue, los hechos delictivos que se denuncian y cuya investigación y punición a todos los penalmente responsables se solicita, corresponde la interpretación de los mismos no como actos aislados o cometidos al azar, sino que expresaron un verdadero  laboratorio de las prácticas represivas que configurarían el plan sistemático y de exterminio  instalado a nivel nacional escaso tiempo después, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Bien explica el Sr. Fiscal Federal  a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional  Nro. 3, Dr. Eduardo Taiano,  en su dictamen presentado en la causa “Almirón Sena, R y ot. s/ Asoc. Ilícita” en trámite por ante el Juzgado Federal Penal Nro. 5 de Buenos Aires: “En el año 1973, Argentina regresó a la vida democrática y se verificó un incremento en el nivel de protesta de los trabajadores.  Así, con el fin de morigerar dichos reclamos, a principios de 1974 el Gobierno propició un acuerdo entre los sindicatos obreros, representados por la CGT, los empresarios y el gobierno, para mantener durante cierto tiempo sin modificación el nivel de los salarios. Sin embargo, se sucedieron diversos conflictos que motivaron a la base obrera a asumir una participación democrática y a iniciar huelgas con ocupación de fábricas y talleres, que permitieron el surgimiento de cuerpos de delegados y comisiones internas controlados por los propios trabajadores, quienes se estaban emancipando de la dirigencia burocrática sindical tradicional que presenciaba el deterioro de su espacio de poder.

Simultáneamente, desde el gobierno nacional (en colaboración con diversos actores provenientes de la dirigencia gremial, agrupaciones de derecha y de grupos pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad) se consolidó un brutal y sistemático aparato represivo que con el accionar de la ‘Triple A’ (Alianza Anticomunista Argentina) buscó aplastar los conflictos sociales…A esos fines, no se dudó en arremeter contra todas aquellas expresiones democráticas que manifestaran su disconformidad, procedentes de cualquier sector (tales como representantes villeros, de la cultura, de las artes, periodistas, peronistas, comunistas, radicales, etc.)”.

A estas partes o “patas” del esquema represivo que se comenzaba a institucionalizar –como bien señala en su dictamen el Dr. Taiano- debe agregarse la participación del sector empresarial que una y otra vez reclamaba a las autoridades “orden” y represión de los conflictos sociales. En el caso que nos ocupa, se patentiza aún más con la información que certifica que el directivo de la empresa Acindar –José Alfredo Martínez de Hoz- se reunió con altos funcionarios del gobierno nacional en los días previos al operativo “Serpiente Roja del Paraná” que hace al objeto de la presente denuncia (Ver Winter, Jorge “La clase obrera de Villa Constitución”, pág. 106. Editorial Reunir. Buenos Aires, 2010).

Incluso en el plano discursivo y propagandístico, el gobierno nacional de entonces recurriría a los mismos argumentos “antisubversivos” y anticomunistas que perfilaron el discurso sostenedor de la práctica genocida de la dictadura de 1976-1983 como acto justificatorio de la represión al movimiento obrero y el pueblo. Así, invocando un supuesto ‘complot de características inusuales en la Argentina’ según el comunicado oficial lanzado tras el operativo represivo y publicado en el Boletín Oficial del 22 de marzo de 1975, afirmó que: ‘La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional‘. Tal práctica discursiva justificatoria de la represión tuvo pronto eco en varios medios de comunicación masiva cómplices del plan lanzado por el Poder. El diario “La Opinión” del 21 de marzo por ejemplo, tituló: ‘Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada’. (Ver Santella, A. “20 de marzo 1975, Villa Constitución. Una causa abierta”. Anred).

Según la investigación realizada por el antropólogo Jorge Winter “…testimonios brindados ante la CONADEP (…) aportaron las pruebas que demostraban el estrecho vínculo que existía en Villa Constitución entre las fuerzas policiales y las empresas.

(…) Uno de los testigos señala que los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a “marcar” y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar.

(…) La existencia de un destacamento en el interior del predio de la fábrica fue confirmada no sólo por testimonios de vecinos y víctimas, sino también por las propias fuerzas de seguridad implicadas en la represión. Carlos Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984 declaró ante la CONADEP de Villa Constitución:“En el año 1977, ingresé a la Jefatura de policía de Villa Constitución con el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones; en ese momento el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas”. (Ver Winter, Jorge op.cit).

Como se verá de la descripción de los hechos contenidos en el respectivo capítulo, la política represiva desatada por el Estado argentino adquirió ribetes de conformación de una política aniquiladora tendiente a actuar mediante el terror y el disciplinamiento sobre la articulación y organización de diversos sectores en lucha. Así, casos como la denominada “Masacre de Trelew” en 1972 en la que diecinueve integrantes de organizaciones políticas armadas fueron  capturados en el aeropuerto de Rawson tras haber protagonizado una fuga del Penal de dicha ciudad,  luego trasladados a la base aeronaval Almirante Zar de Trelew y allí brutalmente fusilados en la madrugada del día 22 de agosto del mencionado año por personal de la Armada amparado por el falso pretexto de un inexistente intento de fuga, pudiendo sobrevivir tan solo tres de los fusilados; o con la inspiración de grupos parapoliciales prohijados  desde el mismo Estado como fue el funcionamiento de la denominada Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, ya en tiempos de gobierno de signo constitucional cuyos crímenes han sido definidos como de “lesa humanidad” en la causa Nro 6511 “Almirón Sena y otros s/ Asoc. Ilícita” por el Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 5, Dr. Norberto Oyarbide  quien expresó en su resolución que fuera confirmada por la Cámara Federal Penal, “que los hechos individuales que se han investigado en autos se enmarcarían dentro de la participación o tolerancia del poder político gobernante”. En ese marco deben analizarse los sucesos denunciados.

Según la investigadora norteamericana J. P. Mc Sherry, al presentar las hipótesis presentadas en su libro “Los estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina” “…la guerra contrainsurgente reestructuró de manera profunda al Estado y a la sociedad (…) vinculadas de manera intrínseca a la remodelación que la contrainsurgencia hizo del sistema de gobierno, estaban el establecimiento y movilización de aparatos del Estado paralelos o en las sombras que se estructuraron para aplicar y  ampliar el poder represivo del Estado con respecto a la Sociedad…”, y que, “…los militares de América Latina que actuaron normalmente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, derrocaron a los gobiernos civiles y destruyeron otros centros de poder democrático (partidos, sindicatos, Universidades y sectores constitucionalistas de las Fuerzas de las Fuerzas Armadas) precisamente cuando la orientación de clase de los Estados estaba a punto de cambiar o se encontraba en el proceso de cambios el poder estatal a los sectores no elitistas…Evitar tales transformaciones del Estado era uno de los objetivos claves de las elites de América Latina y los funcionarios de Estados Unidos también lo consideraban como un interés vital de la seguridad nacional”.

Por ello, y para despejar toda duda sobre la viabilidad de la denuncia que se efectúa, debe dejarse en claro que si bien la doctrina y jurisprudencia  han establecido en principio que los crímenes “de lesa humanidad”  admiten como sujeto activo a las fuerzas oficiales o gubernamentales en representación del Estado (o dicho de otro modo que sólo atañen al Estado), cierto es que existen actos criminales que pueden considerarse tales cuando se cometen “con la aquiescencia” (cuanto menos)  del Estado y sus instituciones o  dentro de la participación o tolerancia del poder político gobernante, o por actuación volitiva del Estado. Sin dudas es éste el caso, en los hechos que se denuncian, de la participación de Martínez de Hoz como integrante –presidente- del directorio de ACINDAR S.A. y su posterior intervención como Ministro de Economía de la Dictadura cívico militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”.

Las consideraciones fácticas, materiales y jurídicas que siguen, permiten imputar al directorio de la empresa participación necesaria como “instigador” y colaborador en  los delitos de lesa humanidad conforme lo normado en materia penal y previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Particularmente a la luz de lo normado en el art. 45 del Código Penal.

Bueno es aclarar que dicha figura requiere de una  contribución de los partícipes en la realización del hecho ilícito que  debe ser eficaz tanto en el orden material como en el psíquico.

 

III. HECHOS:

A) Consideraciones fácticas previas. Antecedentes. Acerca de la Empresa “ACINDAR S.A.” y sus vinculaciones con el poder  y los gobiernos a lo largo de la historia.

En 1942, Arturo Acevedo junto con José María Aragón  y José Urbano Aguirre fundan la empresa Industria Argentina de Aceros -Acindar- e instalan la primera planta en Rosario. Para 1946, Acevedo era ya el único propietario de la empresa.

En 1947, se sanciona el Plan Siderúrgico Argentino, que tenía como propósito desarrollar la siderurgia, a partir de la complementación y articulación de capitales estatales con capitales privados. Este Plan impulsa la creación de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), que tardó catorce años en ponerse en marcha. Dicha empresa iba a proveerles de arrabio y palanquilla muy baratos a las industrias siderúrgicas privadas, como Acindar y Techint. A partir del Plan Siderúrgico Argentino, el devenir de la industria siderúrgica en nuestro país va a estar ligado y sostenido financieramente por el Estado pero a condición de que el Estado, Somisa mediante, mantenga el monopolio de producción de acero a partir del mineral de hierro, con lo cual controlaba la industria siderúrgica, considerada estratégica para el Gral. Savio, inspirador del plan.

La dictadura de Onganía sanciona un decreto (2.839/67) a partir del cual es posible avanzar en la integración productiva de ACINDAR (permitirle justamente producir acero a partir de mineral de hierro y con ello “liberarse” de comprar la palanquilla, materia prima básica para la industria siderúrgica, a Somisa). Sin embargo, en plena discusión sobre el decreto y negociaciones acerca de cómo financiar el préstamo de inversión, Arturo Acevedo, en Mayo de 1968, muere. El 24 de junio de 1968, se dicta un nuevo decreto denegando la integración de Acindar. Asume la presidencia del Directorio, José Alfredo Martínez de Hoz, mientras que los hijos de Acevedo, Jorge Acevedo y Arturo Acevedo (h), son responsables de asuntos comerciales y responsable técnico, respectivamente.

En 1969, Acindar y Techint, elaboran un proyecto para condicionar la aprobación de la integración productiva de las dos empresas. De esta forma, diseñan el proyecto ACERAR (Acero Argentino), con el cual plantean la creación de una empresa privada fundidora de acero, que compita con SOMISA.

Asimismo, Acindar pretende instalar otro tren laminador, para duplicar la producción de productos laminados, pero el eje de negociación sigue siendo la integración productiva, o sea la liquidación de la concepción nacional/industrialista del Gral. Savio, continuada por las fuerzas políticas de izquierda, el peronismo y hasta sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, la dictadura de Lanusse ratifica en junio de 1971 la “irrevocable decisión de lograr el autoabastecimiento de acero en el más breve lapso posible”.

En 1972 Acindar inaugura el nuevo tren laminador (PIAA, en Villa Constitución) y absorbe la empresa de aceros finos y especiales, Marathon.

Por el lado del movimiento sindical y trabajador como contrapartida, se daba en ese marco también un importante avance de las posiciones clasistas y combativas enfrentadas a la burocracia sindical.

Ya desde la década del sesenta, durante la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” comandada por el general Juan Carlos Onganía, la sección regional de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica, se encontró intervenida por un delegado de la conducción nacional. Sin embargo un accidente fatal ocurrido en la fábrica Asinfer que costó la vida de un obrero apellidado Manzini en 1968, motivó la reaparición del conflicto sindical en la empresa y en la zona, llamándose en virtud de dichos hechos a la realización de una huelga. La participación de los obreros de Villa Constitución en las huelgas de mayo de 1969 en solidaridad con los obreros cordobeses que forjaron el “Cordobazo” fue otro avance en las capacidades organizativas y de acción del movimiento obrero villense que tuvo en los metalúrgicos y en la Unión Ferroviaria sus más activos inspiradores y participantes gestando en la zona la C.G.T. de los Argentinos referenciada en Ongaro y Tosco, modelo de sindicalismo fiel a los trabajadores y opuesto al llamado “participacionista” que colaboraba con la dictadura a cambio de “favores financieros” desde la administración de las Obras Sociales, se crea entonces el INOS, y la complicidad de la dictadura con los grupos armados que crean los sindicatos de la C.G.T., destacandose en los dos aspectos la Unión Obrera Metalúrgica de entonces, originando el concepto de Vandorismo, en referencia a la experiencia de negociación, corrupción y represión interna a los sectores opositores de Augusto Timoteo Vandor, principal dirigente nacional de la Unión Obrera Metalúrgica.

Según  el periodista e investigador Carlos Del Frade, a partir de 1970, distintos espacios sindicales comenzaron a surgir en las empresas siderometalúrgicas de Villa Constitución, a la sombra de la intervención dispuesta por la UOM nacional, a través de la figura de Trejo. Estos fueron en primer lugar los que constituyeron el Grupo de Obreros Combativos de ACINDAR. El mismo grupo constituyó más tarde el Grupo de Obreros Combativos del Acero, extendiendo su acción a las demás empresas metalúrgicas que operaban en el territorio. Más tarde asumen  el nombre de Movimiento de Recuperación Sindical que consigue las primeras comisiones internas en las mencionadas fábricas y luego se conforma la denominada lista “7 de setiembre”. Estos serían los antecedentes de la “Lista Marrón”.

Hacia 1973, las elecciones de delegados determinaron el triunfo de los sectores combativos y el rechazo a los ungidos por la burocracia sindical. Trejo se fue de Villa Constitución en febrero de 1974, pero, sin embargo, las comisiones internas electas no fueron reconocidas por las patronales. En Marathon –empresa dependiente de Acindar– se llegó a despedir a los delegados electos simplemente porque no eran los señalados por la UOM nacional.

Las acciones de la conducción burocrática nacional, (ya Lorenzo Miguel había reemplazado a Vandor en la conducción nacional de la UOM en una línea de clara continuidad de sus prácticas corruptas y represoras hacia los opositores), incluyen la inserción de matones y personajes infiltrados en los mitines obreros y las asambleas –entre ellos uno apellidado Ranure-  con la clara intención de frenar el avance de posiciones de izquierda, antiburocráticas y clasistas.

En este contexto, los metalúrgicos villenses, contrarios a la conducción de la UOM nacional, convocan a una huelga para forzar la negociación de la realización de las elecciones sindicales. Al finalizar las negociaciones, los delegados sindicales firman un acta comprometiéndose a la convocatoria a elecciones en un plazo de ciento ochenta días. El festejo de esta victoria fue conocido como “El Villazo”: una gran columna de operarios metalúrgicos que marchó desde las fábricas y confluyó en un acto en la plaza principal de la ciudad con la presencia de doce mil personas (considérese que por entonces la ciudad no superaba los 25.000 habitantes).

A pesar del asedio de la empresa y la UOM nacional, entre el 25 y el 29 de noviembre de 1974, se realizaron las elecciones en la seccional de la UOM, y el Movimiento Metalúrgico 7 de septiembre convertido en Lista Marrón ganó con el 63% de los votos, eligiendo a Alberto Piccinini como Secretario General de la seccional. Dicha lista dirigió la UOM de Villa Constitución durante tres meses y veinte días.

La UOM nacional y Acindar desconocieron a los delegados electos en tres plantas y convocaron a nuevas elecciones bajo presión explícita de la Triple A. Los trabajadores ocuparon las instalaciones, retuvieron al personal jerárquico, bloquearon los accesos y levantaron barricadas…Otros gremios e incluso los comerciantes los apoyaron…pero el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Balbín, denunció al movimiento legítimo de los trabajadores como “guerrilla industrial” (Ver Verbitsky, Horacio “Doble Juego. La Argentina Católica y Militar”. Ed. Debolsillo, Bs. As, 2007) mostrando que la hostilidad hacia la democracia sindical no era sólo patrimonio del peronismo, sino de las fuerzas políticas ordenadoras del sistema político vigente por entonces, presagiando lo que sería una política de Estado: exterminar las fuerzas sindicales no subordinadas a la burocracia sindical, en este caso, a la Unión Obrera Metalúrgica Nacional y la Confederación General de los Trabajadores encabezada por José Ignacio Rucci.

En dicho escenario de conflicto creciente en la lucha por el salario y la libertad sindical  se inscribe como contraparte, la estrategia gubernamental que había comenzado en el año anterior recurriéndose desde el Ministerio de Trabajo a la aplicación de la Ley 20.840 conocida como “Ley de Seguridad Interior”.

Todo esto, con el pretexto de “combatir la guerrilla” y así dar lugar a la represión de las huelgas que el gobierno consideraba “ilegales”. En tiempos anteriores y contemporáneos,  los sindicatos de mecánicos y electricistas de Córdoba, conducidos por René Salamanca y Agustín Tosco, respectivamente, y el secretario del gremio gráfico porteño, Raimundo Ongaro –estos últimos dos, reconocidos dirigentes de la experiencia del sindicalismo combativo y clasista nucleado en la CGT de los Argentinos de 1968-, fueron fuertemente perjudicados con este tipo de medidas, la mayor parte de ellos ilegalmente encarcelados, condenados a la acción clandestina o directamente asesinados por las bandas parapoliciales de la Triple A como fue el caso del ex dirigente del Transporte cordobés y también ex vice gobernador de su provincia Atilio López.

En el marco de dicha avanzada represiva del Poder, había comenzado el día 27 de septiembre de 1974, cuando el Congreso sanciona la ley 20.840 “Ley antisubversiva”, en cuya filosofía se sostenía que la violencia imperante era resultado del “extremismo marxista” estableciendo penas que iban  de dos a seis años de prisión para quien realizara actos de divulgación, propaganda o difusión “tendientes al adoctrinamiento, proselitismo o instrucción de conductas dirigidas a alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”.

El 7 de noviembre del mismo año y mediante la sanción del decreto 1.368/74, la Presidenta María Estela Martínez de Perón estableció el estado de sitio en todo el territorio de la Nación, dejando vía libre tanto a las fuerzas regulares del Poder como a las organizaciones parapoliciales de ultraderecha que nucleadas básicamente en la Triple A participan junto con la Policía de lo que dan en llamar el “combate antisubversivo” atacando, persiguiendo, reprimiendo y encarcelando a centenas y miles de luchadores populares.

Los hechos que en el punto siguiente en forma detallada se denuncian, se jalonan entonces en el marco de dicha avanzada represiva y contraria a los derechos fundamentales de la población que tendrían un paso subsiguiente con la firma por parte del Gobierno de los decretos 261/75 (en donde dispone la instrucción a las Fuerzas Armadas de: “Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán” poniendo en marcha el esquema básico de represión terrorista en la provincia mediante el denominado “Operativo Independencia”) y  2.772/75 que ampliaba las tareas de las Fuerzas Armadas para actuar como herramienta de represión en los conflictos internos disponiendo en cabeza de éstas la función de “Ejecutar  las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país”.

En síntesis, todos estos operativos unidos por una raíz ideológica y de defensa de intereses de los poderes fácticos, los grandes grupos económicos y las pretensiones de la potencia hegemónica mundial –los Estados Unidos- deben verse como parte de un plan único que se cristalizaría en la consolidación del régimen terrorista de Estado consolidado tras el golpe del 24 de marzo de 1976, imposible de llevar a cabo sin estos antecedentes, lo que revela un manifiesto cordón umbilical entre ambas etapas históricas.

No es casual entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su investigación “in loco” realizada en nuestro país en el mes de septiembre de 1979 -cuyo informe fuera aprobado por la Asamblea General de dicho organismo en la Sesión 667  del 49° período de sesiones en abril de 1980-, fijara expresamente el inicio de las acciones contrarias a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos perpetradas por el Estado argentino en el año de 1975, señalando desde ese momento actos del Estado palmariamente atentatorios contra dichos principios y normas jurídicas universales.

B) Hechos delictivos que penalmente se denuncian en esta demanda:

El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las fuerzas represivas policiales tanto de la Policía Federal como de la Provincial, de la Guardia Rural “Los Pumas” –cuerpo especialmente engendrado para la represión política, heredero del cuerpo Los Cardenales, creado por la empresa inglesa La Forestal en los años 20 que consiguió que el gobierno provincial de entonces le permitiera el uso de bandera nacional y uniforme, con asiento en Vera Pintado al norte de la provincia de Santa Fe y con funciones formales de lucha contra el abigeato; de la Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la Gendarmería, personal del Ministerio de Bienestar Social,  parapoliciales (Triple A) y militares, siguiendo la orden del Gobierno Nacional, invadieron Villa Constitución.

Detuvieron a trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la seccional de UOM, reconvirtieron el albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de detención y desaparecieron a 20 personas. Este operativo se dio en llamar Serpiente Roja del Paraná, y fue ordenado en un comunicado firmado por la Presidenta Isabel Perón, acompañada por los titulares de los Ministerios de Defensa (Savino),  Justicia (Benítez), Trabajo (Otero) e Interior (Rocamora).

De la investigación y denuncia que de los hechos hace el periodista santafesino Carlos Del Frade, surge claramente: “En la madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadieron Villa Constitución. Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del albergue de solteros de Acindar el primer centro clandestino de detención del país.
Había una razón de peso: el ex comisario de la policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores”.
(Ver Del Frade, Carlos “El Rosario de Galtieri y Feced. Documentos y testimonio de desaparecedores y resistentes”. Ed. El Eslabón, Rosario, 2000 y Fernández, Rodolfo P. “Autocrítica Policial” págs. 14/15, El Cid Editor, Bs. As. 1983).

Numerosos testimonios registran que en la madrugada del 20 de marzo de 1975, cuando la ciudad fue sitiada por fuerzas represivas, el entonces cura con misión sobre esa localidad y las de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel  Martino, festejó el comienzo del procedimiento haciendo sonar las campanas de la parroquia local San Pablo Apóstol. Muchos relataron también que las campanas sonaban para tapar los gritos de los detenidos torturados en la Comisaría. Lo narrado muestra que lejos de tratarse de un acto “aislado” o “al azar”, se trató de una acción planeada, urdida desde los diversos sectores del poder para reprimir violentamente la organización autónoma y antiburocrática de los trabajadores industriales de la zona y que contó con la intervención y el beneplácito de cada uno de estos sectores del Poder económico, político, militar y eclesiástico. Años más tarde, Samuel Martino (fallecido el 19 de marzo de 2010) integraría junto con José Alfredo Martínez de Hoz las listas de represores denunciados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).

El operativo se inició el jueves a las cuatro de la mañana. La Policía Federal y la Provincial avanzaron sobre los barrios y la zona de las fábricas, la Prefectura desplegaba lanchas sobre el río Paraná para impedir que los ‘buscados’ pudieran escapar por las costas.

Esa madrugada se clausura el local de la UOM de Villa Constitución y la mayor parte de la Comisión Directiva que encabezaba Alberto Piccinini es detenida y encarcelada. También es detenido Carlos Sosa, Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución y militante del Partido Comunista. En la ruta, la policía intercepta a los micros que llevaban a los obreros para el turno de la mañana y detienen a varios activistas. Incluso las dos abogadas de la lista, Dras.  Mary Dal Dosso y Mireya Rojo fueron arrestadas ilegalmente.

Conforme lo que surge del testimonio de Tito Martín que integra la investigación realizada por José Ernesto Schulman: “Una caravana de coches Ford Falcon sin patente, que venía de San Nicolás de los Arroyos y de Rosario, entraron en Villa y se dispersaron por la ciudad. Eran 105  vehículos, ocupados cada uno de ellos por 4 ó 5 individuos. Portaban armas largas y cortas, mostrándolas por las ventanillas. Algunos tenían las caras descubiertas y otros se cubrían el rostro con pañuelos, lentes ahumados  y gorras. La mayoría era gente joven de contextura fuerte y muchos usaban cabello largo y barba. El operativo estaba dirigido por el Comisario Córdoba Sala Caín y controlado desde Santa Fe por el comisario Antonio Fischietti. Al frente de los efectivos policiales se encontraban los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda. La guardia rural, Los Pumas, estaba encabezada por el oficial Chamorro y ayudado por el agente Castillo. Las bandas parapoliciales por Raúl Ranure y Cuello.

Parte de estos efectivos se instalaron en las dependencias del complejo industrial Acindar, utilizando como lugar de asentamiento los albergues destinados al personal jerárquico de la misma empresa, que posteriormente se convertirían en uno de los primeros lugares de detención ilegal en el país. Ese día, cuatro mil efectivos portando armas de guerra, sin órdenes judiciales ni respetando siquiera a mujeres y niños, sembraron la metodología del terror” (Ver “Tito Martín, el villazo y la verdadera historia de Acindar” págs. 63/64. Manuel Suárez Editor, Rosario, 2004).

Del testimonio personal de Carlos Sosa, surge que “Fuerzas de todas las armas tenían sitiada la ciudad. Allí procedieron a la detención de la mayoría de los dirigentes. En mi caso, allanaron en horas de la madrugada mi domicilio personal. Fui llevado en un coche de la Policía Federal hasta un camión celular ubicado en la estación de servicio situada en el extremo de la ciudad. Después de varias horas, fui trasladado a la Jefatura de Villa Constitución donde fui puesto contra la pared. Los policías nos maltrataban. Alrededor de las16 hs. de ese día fuimos llevados a la Delegación de la Policía Federal de Rosario. Recién a la madrugada siguiente, nos trasladaron a la cárcel de Coronda. Allí nos desvistieron y nos hicieron correr por pasillos donde nos pegaron patadas a más de trescientas personas. Entre los detenidos habían mujeres y jóvenes. La mayoría estaba vinculada al movimiento y al sindicalismo pero también había personas que no tenían nada que ver. El operativo significó el arresto no sólo de los trabajadores de Villa Constitución sino que también detuvieron a gente de San Nicolás, de Arroyo Seco y de Rosario. Al mes, como la cárcel de Coronda no tenía la estructura suficiente para albergar tantos presos, más tratándose de presos políticos, dieron la libertad a algunos de los detenidos, otros como en mi caso fuimos trasladados al Penal de Rawson tras haber estado un mes detenidos en Coronda”.

Para el entonces delegado del personal de Acindar Juan Actis, se trató la represión de “una prueba piloto. Había fuerzas de tareas y un copamiento de la ciudad. A la tardecita comenzaron los tiros y las bombas con el fin de instalar el terror. Yo me había ido a dormir a lo de mi hermana en la calle Independencia 996. Los servicios de inteligencia habían hecho un buen trabajo porque sabían donde estábamos todos los delegados. A las cinco de la madrugada comandos de civil que se presentaron como de la Policía Federal allanaron el domicilio y mientras me apuntaban con una Itaka revisaban todos los papeles de la casa. Del operativo en ese domicilio participaron dos o tres autos, todos Ford Falcon de color verde. Fui trasladado en un camión celular que estaba en uno de los extremos de la ciudad en la estación de servicio Isaura de la Ruta 9, el otro celular para cargar detenidos lo habían situado en el otro extremo en Ruta 171 camino a Chapuy. El operativo había cubierto todas las salidas”.

Los detenidos fueron trasladados en camión celular, llevándose incluso de a dos detenidos por celdilla a la delegación de la Policía Federal donde fueron sometidos a malos tratos y violentos interrogatorios por parte del personal.

Tras haber  recibido el día 22 de marzo a una delegación de familiares de los detenidos, el Diario “La Capital” de Rosario publica al día siguiente: “Manifestaron los visitantes que en la víspera ‘trataron de ubicar el paradero de los detenidos, concurriendo a la Jefatura de Policía de nuestra ciudad, resultando infructuosa la gestión, ya que las autoridades policiales no les suministraron ninguna información’. A raíz de esto, acotaron que ‘se encuentran sumamente angustiados, y que por intermedio de la prensa, formulan un llamado a las autoridades para que se sirvan suministrar el paradero de los detenidos’”.

Frente a las detenciones los obreros resuelven la toma pacífica de las plantas y la constitución de un Comité de Lucha. El miércoles 26 las fuerzas de seguridad obligan a los obreros a desalojar las instalaciones fabriles. El 1° de abril Simón de Iriondo es designado Interventor de la seccional de la UOM, por el ministerio de Trabajo. El 8 de ese mes, Alberto Campos -designado por la UOM nacional- toma la intervención de la Seccional, reemplazando al que había nombrado provisoriamente el Gobierno.

El 22 de abril el Comité de Lucha constituido en defensa de la Comisión Directiva ilegalmente encarcelada, y el movimiento obrero local, convoca a un paro y a la realización de un acto en la plaza central, pero la represión policial impedirá la concentración. Los cálculos oficiales hablan de que participaron de la movilización más de diez mil personas.

Según el testimonio de Carlos Sosa: “El 22 de abril de 1975 más de quince mil personas, con participación de las fuerzas de la ciudad  y de Rosario, se movilizaron en Villa Constitución para exigir la libertad de la Dirección de la UOM local que había sido arrestada en el operativo represivo.  Las represalias llegaron en forma de bombas en el lugar donde se reunían y comían quienes participaban de la multisectorial que organizaba el reclamo”.

En señal de repudio a la represión, el 23 se realiza otro paro regional convocado por el mismo espacio. En un comunicado el Comité afirma que “sus dirigentes fueron encarcelados por solicitar salarios justos y ante la proximidad de las paritarias”, reclaman al juez federal además “que se expida sobre las acusaciones del supuesto complot” y exige del gobernador Carlos Silvestre Begnis que “exprese su posición frente a nuestros derechos avasallados y garantice nuestra libertad de reunión”. Del mimo modo,  reprueba la actitud del ministro de Trabajo Ricardo Otero, y del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel  puntualizando que “el gobierno permitió la realización de un acto convocado por Simón de Iriondo, que actuó como delegado normalizador de la UOM de Villa Constitución y, en cambio se impidió por la fuerza la reunión organizada por el Comité de Lucha”. Asimismo solicita a la CGT nacional que se “expida sobre las acusaciones que pesan sobre los dirigentes detenidos”.

El 9 de Mayo el gobierno publica un comunicado oficial el que expresa que, “en virtud de los antecedentes registrados y de la ofensiva desatada por los agentes de la subversión, con grave riesgo para la seguridad de la zona y de sus habitantes, el gobierno nacional ha decidido implantar en la zona afectada y donde residen los trabajadores, un severo operativo de seguridad que garantizará verdaderamente la libertad de trabajo e impedirá la actuación de los pequeños grupos que aun tratan, por métodos ya conocidos, sembrar el caos y el terror como forma de impedir la efectiva normalización individual y gremial del área”.

Frente a tales declaraciones oficiales, el 10 de ese mes, una asamblea de alrededor de tres mil operarios decide continuar la huelga. Una semana después, una nueva asamblea decide el levantamiento de la huelga el día 19. El gobierno informa oficialmente que de trescientos siete detenidos, noventa y siete quedan a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

A pesar de la cruenta represión, dos meses de huelga y lucha de la comunidad villense resistió la embestida. Este proceso de lucha y resistencia terminó en una tremenda represión el 19 de mayo de 1975, en la cual el número de asesinados, desaparecidos y detenidos ascendió notablemente, y culminó con la protesta. Dentro de la fábrica, cientos de trabajadores fueron cesanteados y debieron exiliarse, fundamentalmente al interior del país, sufriendo un periplo interminable entre cambios de vivienda, de familia, oscilaciones entre desocupación y changas.

Finalmente los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM de Villa Constitución son trasladados esposados y en avión al Penal de Rawson.

En este marco, el día 2 de julio de 1975 y tras resistir a la brutal represión, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Filial Villa Constitución denuncia en un comunicado titulado “A la opinión pública” una serie de hechos que demuestran la participación directa de los directivos de la empresa en la represión y la persecución a los obreros de las fábricas.

Entre ellos y en primer lugar el comunicado destaca el hecho de que “a los detenidos, la Policía Federal  y sus colaboradores los introducen en una de las fábricas metalúrgicas Acindar para el interrogatorio, a la vez que les aplican golpes, torturas y simulacros de asesinato”.

La denuncia da cuenta de los arrestos de trabajadores de la empresa Acindar en el propio lugar de las fábricas y mientras éstos llevan a cabo sus tareas –tal es el caso del obrero Roberto Martínez, cuyo domicilio es allanado por la policía en el mismo momento que es apresado en su lugar de trabajo- con evidente participación de los supervisores y directivos de la empresa; los atentados con bombas y granadas en los domicilios de trabajadores metalúrgicos como el dirigente de la U.O.M. de Villa Constitución Alberto Piccinini (en ese momento preso en Rawson) y el obrero Oscar Forlese; y la detención de uno de los asesores legales del sindicato y miembro del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Dr. Luis Tomasevich, luego trasladado a la cárcel de Coronda.

La denuncia detalla además una decena de detenciones ilegales en la región lo mismo que la continuidad de los allanamientos realizados por personal de la Policía Federal y civiles –señalándose más de diez casos específicos ocurridos tras el operativo represivo llevado a cabo el 20 de marzo de 1975- y pone de manifiesto el rechazo de parte de la población de dichos ataques a las libertades públicas y los derechos humanos. Entre ellos, los de toda la familia Martín, en el caso de la Srta. Analía Martín y el Sr. Jorge Martín, sometidos a cautiverio y torturas primero en las instalaciones de ACINDAR y luego trasladados a dependencias de la Policía Federal.

Las posteriores declaraciones del ex Comisario de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Peregrino Fernández a la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en París en 1983 aclararon la situación de la acción conjunta de las fuerzas policiales y las empresas parte de ACINDAR en la represión de marzo de 1975.

Tal acción  fue llevada a cabo en las empresas Acindar, Metcon, Vilber y Marathon  y dirigida  por el comisario Antonio “Don Chicho”  Fischietti, quien había sido delegado de la Federal en la Provincia de Tucumán y Jefe del “Área IV” de Seguridad Federal que comprendía todo el noroeste argentino.

Las torturas a los trabajadores detenidos se llevaron a cabo en el ex albergue de solteros de Acindar  y como directivos de la empresa estaban en aquellos momentos José Alfredo Martínez de Hoz y Arturo Acevedo.

El textual expresa: “Las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…Acindar pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los efectivos, tarea que estaba a cargo del jefe de personal de dicha empresa, de apellido Asnares, así como del jefe de relaciones laborales Pellegrini”.

Cabe agregar para dejar más clara la situación, que los dichos del ex miembro de la Policía Federal se refieren al entonces Jefe de Personal de la empresa, Sr. Pedro Asnarez y al entonces Jefe de Relaciones Laborales, Sr. Roberto Pellegrini. Como podemos ver, la acción ilícita de cada uno de los actores (incluyendo a ACINDAR) es recíprocamente condicionante, como lo exige el tratadista Sebastián Soler.

Según el testimonio personal del entonces delegado Juan Actis, quien más tarde sería a su vez secuestrado, torturado y luego arrestado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional: “Tras la huelga, la empresa tomó represalias con los trabajadores. Cuando los compañeros marcaban tarjeta para hacer su ingreso a la fábrica, aparecían papeles con amenazas y exigencias de que los que habían participado de la Lista Marrón se fueran. Algunas de las notas eran anónimas, otras aparecían firmadas por un ‘Comando Juan Manuel de Rosas’ o directamente por la Triple A”.

El marco de terror generalizado no cesa. El 10 de abril de 1975 es fusilado en una cancha de fútbol de la localidad de Villa Gobernador Gálvez el obrero de la empresa Acindar Miguel Angel Lobotti. El 1ero. de mayo de 1975 estalla una bomba en el edificio de Ferrocarriles, ese mismo día es interceptado el vehículo en el que viajaba el delegado gremial de Metcon e integrante de la Lista Marrón Rodolfo Mancini, quien es asesinado y su cuerpo brutalmente vejado aparecerá en las cercanías de la localidad bonaerense de Sarandí. El 17 de octubre de 1975 son secuestrados los delegados Carlos Ruescas y Julio Palacios y la abogada De Grandis. Sus cuerpos aparecen mutilados en la localidad de Albarellos a cincuenta kilómetros de Villa Constitución.

El 13 de diciembre de 1975 es asesinado en un “enfrentamiento” fraguado Juan Carlos Salinas, operario de un taller contratista quien había participado de la huelga del 20 de marzo de 1975 en repudio al operativo represivo. Su primo Domingo Salinas, operario de Marathon, corre la misma infortunada suerte.

En la madrugada del 8 de enero de 1976 los obreros de Acindar y vecinos de Villa Constitución Antonio Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos Tomson, participantes del intento de recuperación del sindicato, son secuestrados por un operativo del que participaban tres automóviles. Sus cuerpos aparecieron acribillados.

En los casos de Actis y Piccinini, entre otros, se comprueba la continuidad del plan terrorista que motivó el accionar represivo y que se verifica en el hecho de que ambos siguieron presos a disposición del PEN y sometidos a inhumanos y graves traslados una vez caído el gobierno de Martínez de Perón e iniciada la dictadura militar. En el primer caso, fue trasladado a Rawson donde permaneció hasta julio de 1975 junto a Pascual D’Errico, Félix Delbo y Néstor Del Masse, luego trasladado a la cárcel de Chaco (Resistencia) en ese mes y año, de allí nuevamente trasladado a Coronda en diciembre de 1976 y luego en Septiembre de 1979 llevado primero a la cárcel de Caseros donde permaneció por quince días y más tarde en ese mes a la cárcel de La Plata donde fue finalmente en ese año sometido a un régimen de “libertad vigilada” en el que debía presentarse obligatoriamente y cada tres días por ante las autoridades militares. En el segundo, fue arrestado y trasladado a la cárcel de Coronda donde permaneció durante un mes para luego ser trasladado al Penal de Rawson sin proceso y puesto a disposición del PEN por cuatro años y medio para ser finalmente liberado en 1981.

Un hecho muy posterior, que estimamos tiene conexión con lo que venimos denunciando, confirma el carácter de acción planificada por un bloque social que integraba a sectores del Estado y del establishment económico: el 8 de octubre de 1984 un grupo de tareas robó de los Tribunales de Rosario toda la documentación colectada por la delegación de la Conadep que actuó en la zona.  Entre los papeles robados, equivalentes al volumen de una habitación de cuatro metros por cuatro,  se encontraban todas las denuncias y testimonios, incluidas algunas confesiones, vinculadas con la represión en Villa Constitución y sobre el papel de la empresa Acindar en los hechos.

A pesar de haber terminado la dictadura militar, la asociación de intereses entre los represores y los grupos económicos siguió construyendo impunidad, hasta ahora mismo, y confirma que nada fue casual o improvisado, sino todo lo contrario: un plan terrorista que proseguía liquidar la doctrina Savio y convertir a Acindar en una de las empresas líderes de la industria siderometalúrgica, tal como ocurrió en los años de la dictadura en que absorbió empresas, utilizando el poder de coerción del Estado y consiguió los fondos necesarios para construir la Planta Integrada que le permitiera producir acero a partir de mineral de hierro, mediante una deuda externa avalada por el estado que nunca pagó y que todavía hoy continuamos pagando todos dado que primero Cavallo y luego Alfonsín, estatizaron aquella deuda privada.

Desde la concreción del golpe de Estado, más de veinte militantes politicos y sindicales del área de Villa Constitución, varios de ellos trabajadores de Acindar u otras empresas vinculadas a ésta, fueron secuestrados y asesinados o en su mayoría permanecen desaparecidos.

C) Consideraciones finales:

El obrar del total del directorio de entonces  de la empresa Acindar, lo mismo que el de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, de los miembros del gabinete responsables por el operativo que ordenó la represión y del posteriormente Ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz suscitan la persecución penal por tratarse de crímenes de lesa humanidad en tanto se destacan como derivados de dicho operativo represivo tendiente a desarticular la lucha obrera en el cordón industrial de la ribera del Paraná: a) La existencia de Centros Clandestinos de Detención que funcionaran en las dependencias de la empresa ACINDAR S.A. a partir del operativo represivo desatado el 20 de marzo de 1975; b) La posterior estatización de la deuda privada contraída por la empresa durante la dictadura con los consiguientes beneficios en cabeza de sus propietarios y accionistas y en desmedro de la mayoría del pueblo argentino; c) La modificación en la estructura laboral que significó la pérdida de conquistas sociales históricas del movimiento obrero en la Argentina con el único objetivo de maximizar las ganancias empresarias.

La situación adquiere mayor claridad si se tiene en cuenta que tras la designación de Martínez de Hoz como Ministro de Economía de la dictadura genocida, su reemplazante al frente de ACINDAR fue el general Alcides López Aufranc, encargado de la represión militar al pueblo en el denominado “Cordobazo” –rebelión popular acaecida en la ciudad de Córdoba, en mayo de 1969- y de sólidos vínculos con el gobierno de facto militar tras el golpe de Marzo de 1976.

En 1976, en un cóctel con otros empresarios,  López Aufranc se jactó de que veintitrés delegados de base de Villa Constitución “ya no darían problemas”, porque estaban “bajo tierra” (Ver Andersen, Martín E. “Dossier Secreto” pág. 212, Ed. Planeta, Bs. As. 1993). Dichos que reafirman lo denunciado, en cuanto a la evidente continuidad en el acto represivo-terrorista desatado desde el operativo del 20 de marzo de 1975 hasta y durante los tiempos de vigencia del gobierno de facto instituido mediante el golpe, con un único fin de derrotar y disciplinar al movimiento obrero en lucha mediante la perpetración de atentados terroristas con bombas, allanamientos ilegales, secuestros, desaparición forzada de personas, imposición de torturas y tormentos y asesinatos de militantes sindicales y políticos.

En el caso de José Alfredo Martínez de Hoz, su vinculación con el poder económico que estuvo detrás del golpe genocida del 24 de marzo queda clara al ver qué intereses representaba y siguió defendiendo e instalando desde su gestión en el Palacio de Hacienda. El abogado fungió hasta dicho momento como miembro de los directorios de “The Western Telegraph Co. Ltd”, de “Pan American Airways”, de “Motor Columbus”, de la “Compañía Italo Argentina de Electricidad” y presidente de los directorios de “Petrosur” y de “Acindar”. Se desempeñaba además como presidente del “Consejo Empresario Argentino” que reunía a las mayores empresas privadas del país y funcionó como un verdadero think tank del golpe de Estado; de algún modo se puede decir, -ellos lo dijeron-, que los empresarios del Consejo Empresario Argentino buscaron quienes podían aplicar su plan económico y no que los militares buscaran en Martínez de Hoz, el directorio de Acindar y el Consejo Empresario Argentino asesoramiento económico (Ver Martínez de Hoz, José A. “15 años después” Emecé, Bs. As. 1991 y Fuchs, Jaime y Vélez, José C. “Argentina de rodillas” Ed. Tribuna Latinoamericana, Bs. As. 2001).

Desde muchos años antes de la consumación del Golpe del 24 de marzo de 1976, Martínez de Hoz y el directorio de Acindar convocaba falsos retiros espirituales, con la ayuda de una secta religiosa francesa denominada “cursillismo”, y en las instalaciones de la planta industrial de Villa Constitución difundían el ideario neoliberal, antidemocrático, autoritario y represor (Ver García Lupo, Rogelio “Mercenarios y Monopolios”, Buenos Aires, 1971).

Y como si todo esto fuera poco, José Alfredo Martínez de Hoz actuaba como enlace de los grupos económicos argentinos con los grandes grupos trasnacionales y  por ello ocupaba el mismo cargo para la sección argentina del “Consejo Interamericano del Comercio y la Producción” que aunaba los intereses de las empresas multinacionales que operaban en la región promoviendo el discurso de la “libre iniciativa” y la “libre circulación de los capitales”.

Su presencia en el directorio del Banco Roberts, quien luego sería el agente financiero de Acindar encargado de contratar la deuda externa, es una prueba de esa confluencia de intereses.

Por todo ello, durante la dictadura militar, Martínez de Hoz asume como Ministro de Economía, favoreciendo desde un principio a la empresa a la cual estuvo ligado en la conducción hasta el día anterior al golpe.

En 1978 se efectiviza finalmente el proyecto de integración productiva (Fundición-Aceración-Laminación) de Acindar, a partir del cual el rol que SOMISA cumplía según el Plan Siderúrgico Argentino se desdibuja. Ese mismo año, el dictador Jorge Rafael Videla inaugura la planta de reducción directa de Acindar en Villa Constitución.

A partir de este momento, el proceso de concentración de capital en la rama siderúrgica se acentúa, teniendo como protagonistas a Techint y a Acindar, especialmente, que no sólo se diferencian de las empresas siderúrgicas  más pequeñas por su tamaño, por su capacidad de competencia internacional, sino por su productividad, ligada a la incorporación de tecnología (Ver Basualdo, Lozano y  Fuks, “El conflicto de Villa Constitución”. Cuaderno 12, Idep. ATE. Buenos Aires, 1991).

El préstamo otorgado por el BANADE y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Eximbank, Export Development Corporation, es ejecutado en 1977, en un 53%  (80,5 millones de dólares, ( Ver Luna, Félix “50 años en el país y en el mundo” Acindar, Bs. As., 1992) en concepto de integración productiva, puesta en marcha de la planta de Reducción Directa. En la Memoria 1977/1978, se dice: “si se tienen en cuenta que la realización del proyecto de integración significa una inversión de 250 millones de dólares (…) que representa una importante reducción de costos, una mejora en la eficiencia y un aumento de la calidad de nuestros productos…”. De este párrafo, es importante extraer dos elementos: 1) La diferencia entre el monto total de inversión de la puesta en marcha de la integración productiva y 2) La reducción de costos que supone esta integración.

Con respecto al primer punto, además de auditar los informes de los préstamos, hay que recordar que estos no fueron cancelados por la empresa, sino estatizados por Cavallo en 1981, mientras estaba al frente del Banco Central. Asimismo, en 1984, Alfonsín, lo ratifica.

Sobre el segundo punto, el trimestre abril-junio de 1979, se producen 185 mil toneladas y se proyectan 700 mil para todo el año, una diferencia de 200 mil toneladas que en el año 1973.

Acindar comienza un proceso de absorción, que incluye a su principal competidor, el grupo Gurmendi (Gurmendi, Santa Rosa y Genaro Grasso, 1981). Este proceso implicó la acumulación de una deuda externa por parte de Acindar, que nuevamente fue saldada por el Estado, a partir de la estatización de la deuda privada, en 1982.

Asimismo, la cantidad de trabajadores empleados por Acindar en 1979, ascendía a 6.672 y se iba casi al doble (12.795) si se contabilizan las empresas luego absorbidas. En 1981, luego de la fusión, la cifra total de trabajadores del grupo Acindar disminuyó en un 36,3% (8.155) (Ver Basualdo, Lozano y Fuks op.cit).

Según la historia elaborada por Félix Luna para Acindar, “en el ejercicio 1979/1980 se despachaban 93 toneladas por persona ocupada, en 1982/1983 se llega a las 126”. Es decir, 35,4% de aumento del índice de productividad hombre/año. Esto demuestra el aumento de la productividad, a partir de un aumento en la explotación de los trabajadores. Si además se tienen en cuenta los datos de reducción de trabajadores antes mencionados, el aumento de la explotación, es mayor.

Todo lo relatado deja a las claras que el operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná” como acción criminal represiva fue esencial a los fines y objetivos de la empresa ACINDAR que prestó todo tipo de servicios a la realización del mismo. Realizado con el objetivo de “disciplinar” y aterrorizar tanto a los trabajadores de la empresa como a la población del lugar para llevar a cabo sus planes tendientes a maximizar las ganancias empresarias. O dicho en palabras más claras, y atento a lo que surge de este punto C) de lo relativo a los hechos, no podría haber logrado la empresa esos beneficios ya mencionados  de no haberse llevado a cabo el operativo delictivo y la perpetración de los crímenes de lesa humanidad que aquí se denuncian.

IV.             IMPUTADOS: Atento a lo que surge de los hechos narrados, demás pruebas anexas y lo normado en el Código Penal de la Nación, JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ, MARIA ESTELA MARTÍNEZ VIUDA DE PERÓN, y la totalidad de los miembros del  directorio de la empresa  ACINDAR S.A. al 20 de diciembre de 1975, así como los cuadros de la Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, e integrantes del Gabinete Nacional que conforme las investigaciones guarden participación con los hechos denunciados, deberán ser procesados por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del operativo represivo llevado a cabo el 20 de Marzo de 1975 y días subsiguientes en la ciudad santafesina de Villa Constitución y en el Centro Clandestino de Detención que funcionara desde dicha fecha en las instalaciones del Albergue de Trabajadores Solteros de la Empresa ACINDAR S.A.

Asimismo se solicita la extradición de María Estela Martínez de Perón, radicada actualmente en el Reino de España por atribuírsele específica responsabilidad penal en los hechos denunciados y a investigar.

Todo ello, sustentado en los arts. 151 –Allanamiento ilegal de morada-, 144 bis –Privación ilegal de la libertad-, 144 ter. –Tormentos-, 80 –Homicidio calificado- y concordantes del Código Penal de la Nación  y el art. 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

 

V.                                        OFRECE PRUEBA:

Documental: Se agregue la presente documentación adjunta:

1)                 Comunicado “A la Opinión Pública” de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Filial Villa Constitución fechado 2 de Julio de 1975;

2)                 Copias del “Informe sobre la Represión Argentina” elaborado por el Comité de Resistencia de la Lucha Popular fechado en Mayo de 1975 en lo referido a los sucesos de Villa Constitución;

3)                 Copia de Volante elaborado por el “Comité de Lucha de los Obreros Metalúrgicos de Villa Constitución;

4)                 Ejemplar del libro Tito Martín, el villazo y la verdadera historia de Acindar”  Manuel Suárez Editor, Rosario, 2004, de José Ernesto Schulman;

5)                 Ejemplar del libro La clase obrera de Villa Constitución. Editorial Reunir. Buenos Aires, 2010 de Jorge Winter.

Testimonial Se cite a prestar declaración a las siguientes personas:

1)                 Alberto José Piccinini, argentino; Secretario General de la UOM Seccional Villa Constitución, Titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 6.133.243 con domicilio en Sarmiento 1334, Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe;

2)                  Carlos Antonio Sosa, argentino, Titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 6.127.087 Secretario General de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Seccional Villa Constitución, domiciliado en  Santa Fe 513, Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe;

3)                 Juan Jesús Actis, Secretario Adjunto de la UOM Seccional Villa Constitución, Titular del Documento Nacional de Identidad Nro. 6.080.187 con domicilio en Comodoro Rivadavia 729, Villa  Constitución, Pcia. de Santa Fe;

4)                 Jaime Fuchs, argentino, Dr. en Ciencias Económicas domiciliado en Acoyte 143 Piso 5to. Dto. “1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informativa: Se libren los siguientes oficios a:

1)                 La empresa ACINDAR S.A. con domicilio en Av. Paseo Colón 357 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que remita la nómina completa de los integrantes de su Directorio al 20 de marzo de 1975;

2) Al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4 de la Capital Federal a fin de que remita copia de las constancias pertinentes y sentencia dictada en los autos “Olmos, Alejandro s/ Denuncia” que tramitaran bajo el nro. de Expte. 14.467 por ante dicho Juzgado Federal.

 

VI.                                     SOLICITAN SER TENIDOS POR PARTE QUERELLANTE:  En virtud de todo lo expresado y de acuerdo con lo normado en los arts. 82 y 82 bis CPPN, venimos a solicitar de V.S. que se nos otorgue el carácter de parte querellante en la causa.

Como bien se ha dicho, el rol de querellante en el proceso penal es para el ordenamiento procesal penal: “otro acusador que coincide con tradicionales posiciones inquisitivas del proceso, que se convierte en un verdadero acusador particular” ( Ver Torres Bas, “Código Procesal Penal de la Nación Concordado, Comentado y Anotado”, Tº III pág 436, Marcos Lerner Editora, Córdoba 1997).

Acerca de la legitimación específica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre para ocupar este rol diremos que la misma es el organismo de Derechos Humanos más antiguo del país fundado el 20 de Diciembre de 1937 y que desde esa fecha ha tenido una intensa y profusa labor en la defensa integral de los Derechos Humanos, las Libertades Públicas y la defensa de presos políticos y gremiales en el país y en solidaridad con otros pueblos del mundo.

Que entre sus diversas participaciones históricas en ese sentido pueden señalarse su lucha por la derogación de las leyes represivas que rigieron muchas veces tanto en tiempos de facto como “de iure” en nuestro medio, tales como la “Ley de residencia de extranjeros” (4.144) y la “Ley para la Sanción del Delito de Comunismo” (17.401) y la “Ley Antisubversiva” (20.840) entre otras normas de represión de carácter político; o su trabajo en el seno del “Movimiento de Derechos Humanos” siendo parte de la creación en diciembre de 1975 –tiempos de formación del Terrorismo de Estado en la Argentina con el accionar de los grupos de la Triple A y otros similares prohijados por las instituciones estatales y el poder político y económico-, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y luego tuvo participación en la conformación de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas que más tarde se autonomizara como organismo de Derechos Humanos independiente, la Liga prestó su sede y sus instalaciones para las primeras reuniones de Madres de Desaparecidos en tiempos ya de la dictadura militar que más tarde serían conocidas en todo el mundo como las “Madres de Plaza de Mayo”. Por último corresponde agregar que la institución ha tenido una importante y notoria participación en varios de los juicios reabiertos o iniciados en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la dictadura genocida y el terrorismo de Estado tras la anulación por parte del Congreso de la Nación de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 2003, habiendo sido reconocida como querellante y participando sus abogados entre otras causas en las que produjeron el proceso y condena del ex Comisario de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz y el ex capellán de la misma institución Christian Von Wernich que tramitaran por ante los tribunales de la Ciudad de La Plata; la condena del ex Juez Federal Víctor Hermes Brusa en la Provincia de Santa Fe; la condena a los jefes del Comando de Institutos Militares que funcionara en Campo de Mayo, Grales. Santiago Omar Riveros y Fernando Exequiel Verplaetsen por el secuestro de Iris Avellaneda y el asesinato de su hijo Floreal Edgardo Avellaneda de tan solo 15 años de edad al tiempo del crimen por ante los Tribunales Federales de San Martín, para solo mencionar algunas de las más salientes. Asimismo, se ha reconocido el carácter de querellante de la Liga tanto en la instrucción como en todos los tramos de apertura a juicio que se han sucedido en las denominadas “megacausas” de la Esma, que lleva adelante el Juez Sergio Torres; del Primer Cuerpo de Ejército que lleva adelante el Juez Daniel Rafecas y de Campo de Mayo. Así como en la causa que se sustenta en la Ciudad de Buenos Aires por los crímenes del franquismo en España en trámite por ante el Juzgado Federal en lo Penal a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría.

Amén de las antedichas circunstancias, debe de mencionarse que tal como surge de la documentación citada en el punto I del presente escrito, la Liga ha sido inscripta en el año 2006 como Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos del Hombre (según Resolución 152 de la Inspección General de Justicia) y en su Estatuto se establece que: “El objeto de la asociación será dedicarse a la defensa, la promoción y educación para los Derechos Humanos. A tal fin, velará por la plena vigencia de las instituciones republicanas, promoverá la renovación y mejoramiento de la legislación vinculada a cualquier violación de los derechos humanos, ya sea en su perspectiva histórica,  entendidos como derechos individuales a organizarse, manifestarse y  luchar por los derechos populares tanto como en su perspectiva social, como derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda y todos aquellos derechos que hacen a la calidad de vida en el Siglo XXI; de un modo especial lucharemos contra la vulneración del orden constitucional, en especial los golpes de Estado, gobiernos de fuerza o dictaduras; reclamará la derogación de la legislación represiva, la libertad de los presos políticos que pudieran haber, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la efectiva vigencia de todos los Derechos Humanos civiles, políticos, económico – sociales , ambientales  y de los pueblos” (art 2).

Queda claro de los principios estatutarios de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que el vínculo que determinó su creación y que reafirma a los miembros del organismo, ratificado en su constitución como Asociación Civil sin fines de lucro con personería propia, es el preponderante fin de promover la vigencia de los derechos humanos, y en ese marco se encuentra el denunciar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, pudiendo obtener el reconocimiento judicial para perseguir penalmente como institución a sus presuntos autores, cómplices o encubridores.

Tales circunstancias colocan sin más a la Liga dentro de las organizaciones específicamente habilitadas a ser reconocidas como parte en las causas judiciales que se inicien y/o se lleven adelante para la investigación y castigo de los crímenes de lesa humanidad y demás acciones criminales derivadas del terrorismo de Estado o graves violaciones a los Derechos Humanos conforme con lo prescripto por el nuevo art. 82 bis CPPN incorporado al régimen procesal vigente mediante la sanción de la ley26.550 del año 2009.

En el caso de Alberto Piccinini, Carlos Sosa y Juan Actis decimos que vienen a esta denuncia en su carácter de víctimas directas del operativo represivo denunciado –con su correspondiente arresto y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por más de cuatro años en el caso de los integrantes de la lista Marrón que había obtenido el triunfo en las elecciones gremiales de noviembre de 1974 y principales perseguidos por los responsables de la represión.

A mayor abundamiento se señala la importancia de la incorporación de quienes eran entonces representantes gremiales de los trabajadores victimizados en los hechos que se denuncian, aún lo sean y por ende el valor de su incorporación como tales al proceso, toda vez que del carácter de lesa humanidad de los crímenes denunciados surge una legitimación activa amplia para querellar que nuestros tribunales han admitido en forma pacífica y gradual.

Este ha sido el criterio recogido por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la causa “Del Cerro, Juan s/Falta de Acción” que ha dicho que “autoriza a reconocer –tal como lo han hecho precedentes jurisprudenciales- la condición de querellante de una asociación civil que, entre sus objetivos, y tras una labor reconocida se encuentra realizando actividades relacionadas con la defensa y dignidad de la persona humana”.

Según  Amanda Caubet, “Sindicato deriva de la voz síndico y de su equivalente latina ‘syndicus’…Se designaba con tal palabra a quienes representaban los intereses de un grupo de individuos…Con el tiempo las propias agrupaciones de trabajadores, hasta entonces presentadas como simples coaliciones adoptaron por derivación la palabra sindicato…El movimiento obrero, bajo distintas formas, crea el sindicato como institución encargada de la defensa de sus intereses” (Trabajo y Seguridad Social, pág. 609. Ed. Errepar, Buenos Aires, 2002).

La anterior definición sirve entonces perfectamente para probar que en el caso, tratándose de un operativo represivo instado por la patronal, dispuesto por el gobierno de entonces y efectivizado por fuerzas policiales y de seguridad dirigido específicamente a reprimir al movimiento obrero y sindical, cabe reconocer el carácter de querellante a quienes ejercen la representación de esos intereses. A este respecto vale la pena hacer una analogía entre la comunidad de intereses ideológicos y materiales que representan gremios y sindicatos para los integrantes de la clase trabajadora, como lo son los que distinguen a los Partidos políticos para quienes adhieren a sus principios y objetivos. En ese sentido, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió en los autos “Iriart, Fabio Carlos s/ Recurso de Casación” (Causa Nro. 9672) con fecha 30/10/09 y ante similar cuestión (Voto del Dr. Diez Ojeda) : “La fórmula ‘ofendido por el delito’ no vedará el acceso al procedimiento penal de aquellas personas o asociaciones que sin poder verificar exactamente que son portadoras individuales y únicas del interés o bien jurídico protegido por la norma supuestamente lesionada, puedan, según el objeto de la asociación o según la naturaleza del bien jurídico concretamente vulnerado o puesto en peligro, demostrar, en el caso concreto, que ellos sufren una disminución de sus derechos a raíz del delito investigado o les alcanza el daño o el peligro ocasionado hipotéticamente por él. Así, por ejemplo, el ciudadano o un partido político   en caso de rebelión o sedición. Desde esta óptica, aceptando la posibilidad de interpretar ‘extensivamente’ el concepto de particular ofendido y encontrándonos ante una causa más de aquellas donde se somete a proceso penal a numerosas personas que se encuentran sindicadas por su participación en la comisión de graves delitos llevados a cabo en un marco de criminalidad estatal que lleva a calificar sus conductas como crímenes de lesa humanidad …no puede desconocerse que entre el interés institucional alegado por la representación política (art. 38 C.N.) y los elementos que caracterizan esta clase de delitos, existe un punto en común inescindible: ‘persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos’ (art. 7.1.h. del Estatuto de Roma)”.

VII. SOLICITA RADICACIÓN. CONEXIDAD: Que existiendo en la actualidad una causa penal iniciada contra el aquí denunciado JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ caratulada “Martínez de Hoz, José Alfredo y otro s/ Secuestro Extorsivo” (Expte. Nro. 12.649/06) y atento tanto a la identidad del sujeto demandado; como las circunstancias relativas a la competencia de los Tribunales Federales de la Capital Federal para entender en la presente denuncia derivadas de la ubicación en que fue ordenado el operativo represivo que hace al inicio de los delitos denunciados; es que solicitamos la radicación por conexidad de esta denuncia por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide.

 

VIII.                                PETITORIO: En virtud de todo lo expuesto, solicito de V.S.:

A)                           Tenga por efectuada la denuncia penal;

B)                Reconozca por parte querellante y de conformidad con lo normado en los arts. 82 y 82 bis CPPN a Alberto Piccinini, Carlos Sosa y Juan Actis y a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre;

C)                Tenga presente y haga lugar al pedido de radicación por conexidad denunciado en el punto VII;

D)               Disponga la investigación de los hechos denunciados y consecuentemente en el momento oportuno ordene el procesamiento de los imputados por los delitos de lesa humanidad que se denuncian;

E)                       Proceda a requerir la extradición de María Estela Martínez de Perón a los fines pertinentes;

F)                        Autorice a los Dres. Carlos Zamorano y/o Héctor Trajtemberg y/o Sabrina Nahir Dentone y/o a Olivier Reboursin a realizar las necesarias diligencias, extraer fotocopias y demás trámites en este expediente.

Proveer de conformidad,

 

SERÁ JUSTICIA.-

 

Duro golpe a la impunidad en Santa Fe

En la primera sentencia dictada contra el Terrorismo de Estado en la pcia de Santa Fe, el Tribunal Oral Federal condenó a todos los acusados que quedaron en la causa (la causa iniciada en 2002 pasó por innumerables incidentes y cambios pero al Juicio Oral habína llegado otros tres represores, todos militares, dos de los cuales fallecieron antes de la sentencia y el tercero declarado incapacitado fisicamente de ser juzgado) con penas que van de los 19 a los 23 años.

Fue la primera vez que se condena a un ex Juez Federal de la Nación, Víctor Hermes Brusa y a una mujer represora, María Eva Aebis y aunque no se aceptó nuestro pedido de considerar los delitos cometidos como parte de un Genocidio, por razones procesales que el TOF explicará en los fundamentos del fallo a conocer el 15 de febrero de 2010, el monto de la pena y la inscripción de los delitos en un plan de exterminio, como fundamento del monto máximo de las penas previsto por el Código Penal en todos los casos, configuran un duro golpe a la impunidad santafecina que parecía inconmovible: el Obispo violador Storni, el Gobernador inundador Reutemann, el Juez torturador Brusa son parte de la misma historia que ahora comienza a desandarse y el fallo permitirá nuevas batallas por la verdad y la justicia.

Esta batalla ganada contra el olvido y la impunidad es el fruto de una larga historia de luchas sostenidas por muchas fuerzas y compañeros, haber sido parte de esta pelea nos honra y compromete a seguir aportando a la unidad contra la impunidad de ayer y de hoy convencidos que así como la impunidad consolida la dominación, su derrota aporta a la construcción de una fuerza capaz no solo de conquistar la Justicia que nos merecemos sino de hacer realidad los sueños de los 30000 compañeros que no era otro que conquistar la definitiva y verdadera liberación de nuestra patria, esa que en el Siglo XXI los pueblos americanos llaman Socialismo.

José Ernesto Schulman, querellante y secretario nacional de la Liga
Jessica Pelegrini, abogada de la querella y militante de la Liga
Leticia Faccendini, abogada de la querella y militante de la Liga

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Pagina12 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137512-2009-12-23.html
SOBREVIVIENTES DECLARARON QUE BRUSA PRESENCIABA LAS TORTURAS
“Un colaborador del Ejército”

Durante la dictadura, Víctor Hermes Brusa apelaba a patadas de karate para amedrentar a los secuestrados. Durante el menemismo fue ascendido a juez federal. La investigación de Baltasar Garzón marcó el principio del fin de su impunidad.

A Anatilde Bugna de Perassolo la secuestró La Patota, el grupo de tareas que actuaba durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe. Quedó detenida en el siniestro puesto de la Guardia de Infantería Reforzada, reconocido como centro clandestino. Como lo hicieron otras víctimas, también Bugna de Perassolo recordó la presencia del ex juez Víctor Hermes Brusa en los pasillos de ese lugar. Brusa era secretario del Juzgado Federal 1 y mano derecha del juez santafesino Fernando Mántaras. “Cuando me llevaron a declarar y entra Brusa –dijo la mujer a Rosario/12– me puse chocha porque lo conocía de la Facultad de Derecho, pero no me escupió la cara porque no pudo. Me sentaron en una sillita y mientras yo hablaba, él daba vueltas alrededor mío. Se cagaba de risa por supuesto, me tiraba golpes de karate.”

Perassolo no es la única persona que habló de esas vueltas alrededor de una silla, ni de las patadas de karate lanzadas una y otra vez al ras de la cara. Dicen que ése era uno de los métodos del ex juez, ahora primer integrante del Poder Judicial condenado por su participación en el terrorismo de Estado. Que con aquella calesita Brusa intentaba amedrentar aún más a los detenidos políticos para obligarlos a mantenerse en estado de alerta, sin que pudieran detenerse a pensar.

Brusa tiene un pasado de rugbier en el Jockey Club de Santa Fe, entrenador del equipo que luego pasó al Ateneo Inmaculada. El año pasado, las publicaciones provinciales difundieron un informe de la SIDE con sus antecedentes fechado en 1981. Allí se decía que Brusa integró los grupos de Acción Católica en 1967, y tres años después entraba en el sistema judicial. Entró como meritorio ad honorem en el Juzgado Federal 1, lo nombraron empleado un año más tarde. El 30 de octubre de 1975 se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y en 1978 asumió el cargo de secretario criminal de instrucción de ese mismo juzgado, el título que esgrimía o con el que lo presentaban cuando llegaba a los centros clandestinos.

“Brusa parece que tiene un dios aparte, de todas formas me parece terrible que un secretario de un juez se preste a tomar declaraciones en un lugar de detención clandestino”, dijo en este caso Patricia Isasa, otra ex detenida de la GIR, a Rosario/12. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme”, relató José Schulman años más tarde, ante el Consejo de la Magistratura, y entre los ocho ex detenidos que explicaron cómo les hacía firmar declaraciones arrancadas durante las torturas.

El informe de la SIDE no ocultó un detalle: el destacamento de inteligencia 122 que firma el documento lo menciona como “un amigo, colaborador del Ejército Argentino”.

En 1992, durante la era menemista, Brusa logra convertirse en juez federal. Asume el cargo a pesar de que su nombre había sido incluido entre los represores denunciados por la Conadep en 1984 o pese a gestiones como las que años más tarde confesó el ex juez santafesino Raúl Dalla Fontana, quien habló de sus gestiones secretas en el Congreso para frenar el nombramiento. Dalla Fontana llegó a planteárselo, dijo, a Deolindo Bittel pero ninguna de sus gestiones finalmente sirvieron. Brusa había sido impulsado en su flamante cargo por dos ex senadores, Luis Rubeo y Liliana Gurdulich, cercanos a los sectores del Ejército. “Mirá, hermano”, le dijo Bittel a Dalla Fontana, explicó él mismo al ex magistrado. “Yo entiendo lo que me decís, pero acá no hay forma porque en el Senado hay un acuerdo que dice que al juez federal lo ponen los senadores de cada provincia”.

Así como ahora, Brusa es el primer juez condenado por los delitos de lesa humanidad en mayo del año 2000 obtuvo un título un poco más decoroso: se convirtió en el primer magistrado destituido por el Consejo de la Magistratura. Pese a sus recorridos en los pasillos de los centros clandestinos, pese a las denuncias y a los testigos, el Consejo lo expulsó en el marco del caso de Miguel Pedernera, el aprendiz de guardavida, al que Brusa embistió con su lancha el 8 de noviembre de 1997 y al que abandonó. El Consejo lo expulsó no por el caso sino por las maniobras con las que intentó desentenderse de su responsabilidad en la causa. Según el Consejo, Brusa le pidió a Prefectura que “le arreglara el asunto” y designó como abogado al ex esposo de la jueza que tenía la causa para obligarla a excusarse. Siempre se supo, sin embargo, que el Consejo que no podía juzgar a quien entonces aún era juez por su intervención en la dictadura, encontró en esos mecanismos la excusa para sacarlo del Poder Judicial. “Su proceder a partir del accidente ocurrido en la Laguna Setúbal –indicó el camarista Gabriel Chausovsky, por ejemplo– revela una actitud derivada de un sentimiento de impunidad que guarda relación con las antiguas y graves denuncias formuladas. Aquellos vientos, trajeron estas tempestades.”

Las tempestades para Brusa en cambio sobrevinieron a partir de ese momento. En 2001 el juez español Baltasar Garzón pidió su detención y extradición por genocidio, terrorismo y torturas y eso se trasformó en la primera posibilidad para detenerlo. El 17 de septiembre de ese año, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Brusa se presentó después de diez díaz acompañado por el abogado Pedro Bianchi, ex defensor del ex capitán nazi Erich Priebke y del represor Emilio Massera. En esa entrega, Brusa albergaba la esperanza de que no lo extraditaran a España, favor que cumplió Fernando de la Rúa que invocó el derecho de territorialidad.

“No tengo ningún inconveniente de viajar adonde sea”, dijo una vez a José Maggi de Rosario/12. “Siempre y cuando ese juez sea competente para interrogarme. ¿O usted viajaría a Portugal por un hurto cometido en Lomas de Zamora.”

El 14 de agosto de 2002 el juez santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, y en 2002 se abrió la posibilidad de juzgarlo. En 2005, el juez federal Reinaldo Rodríguez lo procesó por los delitos de lesa humanidad. Ahora termina el juicio oral, y acaban de condenarlo.
Rosario12 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-21623-2009-12-23.html

EL RESTO DE LOS CONDENADOS RECIBIO PENAS QUE OSCILAN ENTRE 23 Y 19 AñOS DE PRISION
Brusa fue condenado a 21 años de cárcel

“Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura”, dijo Patricia Isasa, una de las querellantes. “No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos”, dijo la vicegobernadora.

Por Juan Carlos Tizziani

Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el mismo cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo, lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). “No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos”, dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Koffman se ilusionó con el futuro: “La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella”.

Cientos de santafesinos se congregaron ayer en el microcentro frente a la Casa de Justicia para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces, Andrea Creus y Carlos Renna.

El debate comenzó el 1º de setiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron 25 años en llevar a juicio a Brusa desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. “Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe”, dijo la vicegobernador Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y el secretario de Justicia, Roberto Vicente. Y en la calle, entre el público, se sumó la ministra de Cultura, “Chiqui” González.

El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después, comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 15 de febrero de 2010, a las 12.

“Estamos satisfechos con la condena”, dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. “El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos preveer más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo”, agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.

Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Koffman tenía los ojos iluminados. “La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras. La justicia todavía existe en este país, es cuestión de luchar por ella”, se ilusionó Koffman.

Tessio también ponderó el veredicto. “Las penas son condignas y ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en la ciudad de Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espúreos. Entonces, tener esas personas condenadas con todo su grupo de tareas es una cosa muy importante”, dijo.

El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado por una de las víctimas en el juicio como colaborador de los grupos de tareas. “Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio”, dijo uno de los querellantes, José Schullman. “Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro”, precisó Schullman.

El veredicto que se escuchó en la calle fue como un duelo para comenzar a cerrar las heridas del genocidio. Una mezcla de angustia y alivio.

* Patricia Isasa (querellante): “Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura, los tratos inhumanos y crueles en cualquier lugar y por cualquier motivo. Estamos absolutamente conformes con las condenas que me parecen ejemplificadoras. Me parece bueno para la sociedad santafesina, para que comience a preguntarse: ¿qué nos ha pasado que esta gente como Víctor Brusa o Mario Facino, sentenciada por crímenes de lesa humanidad ha ocupado altísimos cargos públicos?”.

* Jorge Pedraza (querellante): “Parecía imposible. Es una condena al posibilismo. Decían que no se podía y al final se pudo. Había muchos que decían: ‘¿Cómo vamos a llegar a eso? En Santa Fe es imposible lograr una condena de este tipo’. Bueno, al final se pudo”.

* Daniel García (querellante): Salió de la audiencia con los ojos enrojecidos. “¿Saben dónde van mis pensamientos?”, preguntó. “A los compañeros que no están: a Cacho, a Enrique, a Lucía, que fueron compañeros nuestros que ya no están. Esos son los verdaderos dueños de todo esto porque eran los mejores. Hoy, nuestro pensamiento está con ellos”.

* Roberto Cepeda (testigo): “Me siento en paz. Este es el triunfo de la lucha, de la solidaridad y del amor”.

* Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos): “Siento una felicidad inmensa que me emociona y me conmueve. Agradezco a estos jueces por haber sido tan probos y honestos para condenar nada menos que a un ex juez federal. La pelea ha sido muy grande”.

– Clarín http://www.clarin.com/diario/2009/12/23/elpais/p-02106329.htm
REPRESION ILEGAL EN SANTA FE
Condenan a 21 años de prisión a un ex juez

El ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa fue condenado ayer a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Fue el primer juicio que se llevó a cabo en esa provincia por este tipo de crímenes y, además de Brusa, fueron condenados cinco ex policías a penas de entre 23 y 19 años de cárcel.

Brusa era funcionario judicial durante la dictadura y estaba acusado de haber presenciado sesiones de tortura a secuestrados. La Fiscalía había pedido para él 25 años de cárcel. En cambio, la Liga por los Derechos del Hombre había solicitado penas de prisión perpetua para todos los acusados y la Secretaría de Derechos Humanos, 25 años para todos ellos.

Las penas fueron dictadas por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Roberto Manuel López Arango, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.

Brusa fue designado juez durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y fue destituido hace nueve años por el Consejo de la Magistratura por no haber asistido a un bañista al que embistió con su lancha en el río Paraná.

El ex magistrado fue encontrado culpable por ocho casos de apremios ilegales. Los policías, en cambio, fueron condenados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas e imposición de tormentos.

Los condenados están detenidos desde 2005. Los otros acusados alcanzados por este veredicto son los ex policías Juan Calixto Perizotti (22 años), María Eva Aebi (19 años de prisión), Mario José Fascino (20 años), Héctor Colombini (23 años) y Eduardo Ramos (23).

Todos los condenados recibieron además la pena accesoria de que jamás podrán volver a ocupar un cargo público, según dispuso anoche el tribunal.

Alegato de la Liga en Santa Fe sostenido por las compañeras Jessica Pelegrini y Leticia Faccendini

Estamos hoy acá tratando de honrar un largo y coherente compromiso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ambas nacimos durante la dictadura genocida y sin embargo sentimos nuestra la historia de cientos de mujeres y hombres que desde 1937 han bregado por la plena vigencia de los derechos fundamentales. Resulta lógico estar acá presente ante Udes y decir que venimos alegar por nuestros 30.000 compañeros, pero también por Juan Ingallinella, primer desaparecido de nuestro país. Detenido junto a 60 militantes comunistas por la policia provincial por volantear contra el bombardeo a plaza de mayo en el 55. llevados a la jefatura (que solo 21 años después se erigiria en el mas macabro CCD de la ciudad de Rosario) fueron torturados con picana electrica, Ingallinella nunca volvio a su casa. La impunidad trató de imponerse escondiendose en “fueros policiales” pero los abogados liguistas: Guillermo kehoe, Adolfo Trumper y Alberto Jaime lograron por vez primera quebrar el fuero policial que les daba a los policías el privilegio de ser juzgados por un tribunal especial, tal como hacían los militares con los suyos; consiguiendo que fueran procesados y condenados los 10 policías. Resulta significativos que en ese entonces la defensa de los acusados planteara que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella.

Años después llegaría la dictadura genocida y encontraría a esta pléyade de hombres y mujeres listos para enfrentar la represión, ya sin Kehoe, la derecha fascitas lo había asesinado a la salida de los tribunales rosarinos en el 64. pero encontraría a Eduardo Barcesat, Julio Viaggio, Alberto Pedroncini, Atilio Librandi, Beinusz Szmukler, David Baigún, Carlos Zamorano, Leon Zimerman y en nuestra provincia a Trumper, Lide Bertinat, a Marcelo Rouzic (quien declaró en este juicio) a Rodolfo Scholer y Matilde Bruera solo por nombrar a algunos. Todavía pedimos justicias por los abogados desaparecidos Néstor Martins, Baldomero Valera y Teresa Israel.

En palabras de Aguatín Tosco: ““La Liga ha sido un faro de luz en la historia de nuestro país, en los momentos más oscuros, levantando la esperanza en la elevación de los compañeros, señalando la posibilidad concreta de defender los derechos humanos, las libertades públicas y democráticas.”

Es por toda esta historia de lucha, de coherencia que también es nuestra historia que venimos a alegar

Luego de décadas de lucha contra la impunidad finalmente llegamos al primer juicio contra la dictadura genocida en la ciudad de santa fe. Al juzgar a los genocidas, nuestro Estado cumple con el compromiso asumido frente a la comunidad internacional. Es de relevancia histórica este hecho ya que nos convertimos en el primer país en juzgar un genocidio cometido dentro de las fronteras nacionales, es decir, los juzga un tribunal del propio país a diferencia de los realizados anteriormente donde los tribunales han sido internacionales y constituidos al efecto. Este logro es producto de más de treinta años de lucha del campo popular, de los organismos de DDHH, organizaciones políticas, sociales y gremiales; de resistir a las leyes de impunidad e infames indultos.

Si bien no es este el juicio que queríamos es el que ganamos, el que ganamos entre todos.

En nuestro alegato tenemos que dar cuenta de las profundas limitaciones con que nos encontramos, fundamentalmente en tres aspectos:

* En primer lugar el número limitadísimo de represores que aquí se juzga. Es irrisorio, por ejemplo, que hayan declarado como testigos en este juicio personas que deberían estar entre los imputados, como el ex Comisario Ferreira, el agente Córdoba, el médico de policía Maciel, el escribiente Nuñez…
* En segundo lugar el acotado número de víctimas que contempla y por último,
* el recorte arbitrario de hechos que se hizo y que hoy concretamente redundará en un evidente beneficio a los imputados a la hora de exigir condena.

Procesos limitados traen como resultado condenas limitadas para quienes resultaron autores de los peores crímenes contra la humanidad.

Estos beneficios para algunos genocidas son para nosotros, de alguna manera, la continuidad de la impunidad de la que han gozado durante décadas, el broche de oro a una causa parcializada con pocos represores y pocos casos imputados es la forma en la que llegan a juicio oral.

Nadie puede desconocer que las “particulares” dificultades que tuvo la instrucción de esta causa, más de siete años, la sólida impunidad que ha protegido a estos represores durante años, se debe fundamentalmente a que en el grupo de acusados siempre estuvo alguien que llegó a ser nada menos que Juez Federal, ungido por el Honorable Senado de la Nación en 1992 a pesar de todas las denuncias anteriores y las que, puntualmente en esos días hicieron los organismos de derechos humanos y sobrevivientes del Terrorismo de Estado en Santa Fe, entre los que se encontraban nuestros representados.

Pero hay que decir entonces, que este Juicio Oral adquiere también un significado especial y sustantivo: es el primero en que se juzga por su participación en el Terrorismo de Estado a alguien que llegó a tan alta función. Tendrá, no lo dudamos, un efecto a largo plazo y en profundidad para la comprensión de que cuando se dice Terrorismo de Estado se está hablando de un Estado organizando y ejecutando el Terrorismo. Todo el Estado.

Este juicio es realmente histórico y esperamos que la sentencia esté a la altura de la demanda social para sancionar adecuadamente a quién formaba parte de un Poder Judicial que debía garantizar la vigencia de los Derechos Humanos para todos.

Esta fragmentación en las causas, este recorte de justicia que importa la forma en que estos juicios se llevan a cabo, se opone al esfuerzo colectivo de los sobrevivientes, a la ardua tarea de reconstrucción de los hechos en los momentos en que la impunidad lo obstaculizaba, en la coherencia de haber mantenido esta lucha a lo largo de tres décadas.

Pero la fragmentación de las causas no solo trae perjuicios a los directamente afectados, afecta a la Justicia como tal, como reconstructora de la verdad histórica que es una de sus funciones, en tanto –como afirma Foucault- el Derecho genera verdad y la verdad no es que un pequeño grupo de represores actuó contra un pequeño grupo de víctimas, sino como probaremos en este alegato, lo que examinamos en este Juicio es un episodio inescindible del drama general que no es otro que el del Genocidio perpetrado contra un grupo nacional del cual, nuestros representados, como el conjunto de las víctimas, fueron objeto.

Esta querella representa a dos militantes que no sólo fueron víctimas, sino que han sido testigos y han relatado una y mil veces los hechos que aquí se ventilan y que continúan dando su lucha en distintos frentes, reivindicando los valores y convicciones por los que fueron perseguidos: José Ernesto Schulman y Patricia Indiana Isasa.

I- Desarrollaremos a continuación la MATERIALIDAD DE LOS HECHOS de los que fueron víctimas y que se juzgan ante estos estrados.

Antes de comenzar con el análisis de los casos, es conveniente advertir, en primer lugar, y como lo hace la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en el considerando nº 6º del Acuerdo 170/05 respecto de la relevancia de la prueba testimonial vinculada a hechos como los investigados en autos. Esta situación fue analizada, aunque años antes, en el llamado juicio a las juntas (Fallos 309 I y II) donde se efectuaron consideraciones al respecto

Respecto de las particularidades que presenta la prueba testimonial en este tipo de juicios, y haciendo nuestras las palabras del Secretario de DDHH de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, es necesario destacar:

- las limitaciones narrativas que tiene el ex detenido desaparecido: no alcanzan todos y cada uno de los detalles materiales para transmitir lo vivido. ¿Cómo reproducir los gritos desgarradores en el silencio de la madrugada, el ver retorcerse de dolor agónico al compañero de cautiverio, la angustia y el miedo al escuchar los números de una lista para los traslados, el dolor y la impotencia al escuchar las risotadas de los verdugos violando a una compañera,…? La lógica perversa del mundo concentracionario es imposible de percibir desde una exterioridad.

- los testigos actúan con la verdad a flor de piel: a ninguno se le pasa por la cabeza que tenga que “sobreactuar”. ¿Qué sería sobreactuar hablando del horror? ¿Es posible imaginar algo peor a lo padecido? Por el contrario, hemos escuchado en este juicio que muchos testigos han dicho “a mí no me picanearon tanto”, “lo mío no fue nada al lado de lo de los demás”.

- al mismo tiempo, señala Fabiana Rousseaux, que la “obligación de recordar, contrapuesta a la necesidad cotidiana de olvidar” para no quedar atrapado en el campo de exterminio, explica las posibles variaciones en los relatos de una misma persona llevados a cabo en diferentes momentos de su vida. La memoria es un mecanismo complejo, los olvidos, las dudas, son vitales para la supervivencia y ellos mismos son testimonios de lo traumático vivido en los CCD.

- tampoco cabe la posibilidad de falsear los hechos. La verdad está marcada en sus propios cuerpos. Es parte de la memoria y de lo repetido hasta el cansancio todos estos años.

El testigo narra su verdad como parte de la verdad total, su persona es la prueba viviente del horror. En palabras de la psicóloga Fabiana Rousseaux, “en un campo concentracionario, una de las razones que pueden impulsar a un detenido a sobrevivir es poder convertirse en testigo de lo ocurrido.”

En este sentido tomamos del Dr. Nicolás Marinsalta “Cuando decimos horror, estamos intentando dar cuenta del horror vivido durante el cautiverio, horror que remite al más primitivo y absoluto de los desamparos, el de estar a merced y arrojados al capricho del que posee el poder sobre la vida y la muerte, donde no hay LEY que regule y dé garantías de nada. La lógica perversa de los genocidas es desconocer la LEY, entendida en el sentido de la que posibilita la vida humana, en sociedad, y hacer intervenir únicamente la ley de su deseo, como la única ley que él reconoce”.

Queremos resaltar, lo señalado por la psicóloga Marta Bertolino, víctima y querellante en autos Feced, en este sentido:

“Si es cierto que en las encrucijadas críticas la palabra adquiere un valor superlativo; si no es menos cierto que el silenciamiento de la palabra es uno de los resortes privilegiados puestos en juego por todas las dictaduras conocidas, tanto en nuestro país como en el mundo; entonces, que se escuche la palabra, devenida testimonio, de quienes sobrevivimos a las más crueles gestas de amordazamiento de la verdad, tras haber soportado en cuerpo y alma –sin poder en verdad soportarlas- las peores crueldades, cobra un sentido que excede ampliamente las tragedias personales en juego, asumiendo las dimensiones de un acontecimiento histórico necesario. Que esa multiplicidad de voces, maduradas a lo largo de varias décadas de impunidad, se desgrane en la escena pública de los juicios por un genocidio que ensombrece a los argentinos: tal es uno de los raros signos de la época que nos toca transitar.”

Finalmente, en palabras de Paul Ricoeur: “Este compromiso, este riesgo asumido por el testigo, repercute sobre el testimonio mismo que, a su vez, significa algo diferente a una simple narración de cosas vistas; el testimonio es también el compromiso de un corazón y un compromiso hasta la muerte. Pertenece al destino trágico de la verdad.”

1. A) JOSÉ SCHULMAN

De las pruebas reservadas en secretaría y de las producidas a lo largo del debate surge claramente que José Ernesto Schulman fue secuestrado el 12 de octubre de 1976 a las 20 hs en su domicilio de calle Güemes 5554, junto a su esposa Graciela Roselló y Hernán Gurvich, por varias personas de civil. Siendo las 20: 00 horas llaman a la puerta, y cuando observa por la mirrilla, le apoyaron el caño de una Itaca, es así que varias personas ingresaron a la vivienda, utilizando un ardid, en primer lugar aseguraron todas las salidas, y posteriormente le pidieron D.N.I. fingiendo haberlo confundido con León Schujman. En ese momento ingresó Rebecchi, y al pedirle Schulman que se identifique, le dijo que era el oficial Pinguli.

Seguidamente se llevaron a Gurvich y Roselló y comenzaron interrogarlo, al tiempo en que lo golpeaban Ramos y González, recordando que el primero de ellos portaba una 45 detrás de la cintura. Narró que Ramos le hacía saber sus conocimientos sobre la Juventud Comunista, describiéndole a sus compañeros. Recuerda que la instalación eléctrica fallaba y producía una leve descarga sobre el portón y las paredes, y que eso fue utilizado luego por los miembros de “La Patota” argumentando que existía una defensa eléctrica; además como los dueños anteriores enterraban residuos en el patio por lo que le hicieron excavar en busca de armamento, el cual no existía. Ambas situaciones fueron pretexto para la golpiza que se prolongó por dos o tres horas. De allí lo encapucharon con un pulóver, lo metieron en un auto y lo llevaron a una seccional de Policía que por estar a la vuelta de su casa natal reconoció como la Seccional Cuarta.

Los datos en relación a la fecha y hora del operativo así como el lugar de donde fue secuestrado, son confirmados con el grado de certeza que un pronunciamiento judicial requiere, tanto por la propia declaración de Schulman, como por los testimonios brindados en este debate por Graciela Roselló y Hernán Gurvich, quienes estuvieron presentes en el operativo. Roselló manifestó: “el 11 de octubre de 1976 estaba en mi casa con José y Hernán Gurvich a punto de comer un asado, estábamos reunidos para organizar la solidaridad con los detenidos y sus familiares, ya se escuchaba hablar de desaparecidos. Golpean la puerta, había 30 o 40 personas de civiles, se llevaron álbumes de fotos del viaje de egresada, de chile. Yo le pregunté al jefe del operativo el nombre y me contestó Pinguli, después supimos que era Rebecchi. Nos llevan a mí y a Hernán, en autos separados. Yo escucho que preguntan si me llevan a la 4º y uno contesta que “esta no está tan metida” que me lleven a la 2da.” En igual sentido declaró Gurvich Al ser interrogado sobre los que participaron en el operativo respondió: “Comisario Rebechi, yo me acuerdo cuando el entra a la casa y otro un flaco rubio que siempre aparecía vinculado con la participación estudiantil, Ramos.”

Señaló Schulman que en la Comisaría 4º lo dejaron en una celda grande que daba a un patio, próximas a las chiquitas, y que tenía rejas por delante. Reconoció que estaba en dicha Comisaría, porque escuchó el bandoneón del vecino y la campana de la escuela, sonidos que le resultaban familiares dado que su casa natal se encontraba a la vuelta de la Comisaría 4º. En efecto, entre el camino entre su casa y la Seccional un músico tocaba el bandoneón todos los días y el 12 de octubre de 1976 también lo tocó. Refirió que el año pasado, cuando hicieron un reconocimiento judicial en la Comisaría 4º por Alicia López, estaba el hombre tocando el bandoneón. Le tocó el timbre, le contó que su música lo había ayudado y este hombre hizo una confesión: “escuchaba los gritos, pero creí que eran ladrones que le estaban pegando”, “no sabía que hacer en esa época”. Sobre este punto, otra víctima da cuenta de esta situación: Mariano Millán, fue trasladado desde la casita a la Comisaría 4º el 12 de abril de 1977. Sostuvo que: “…A la noche empiezo a sentir chamamé. Baffico, que estaba muy mal trecho, me hace ancla y veo a Víctor Hugo Canale y le empecé a gritar, ya que era un músico que se había formado con mi viejo, eso habrá sido como a las 9, a la madrugada entraron a la celda a las patadas, me dicen “así que vos Negro sos el que anda avisando”, me sacaron, dieron unas vueltas y me llevaron a la Primera”. Asimismo, Roberto Jorge Cepeda manifestó que estando en la Seccional 4ta., en una celda muy pequeña (había 4 celdas así), podía ver por un ventanuco a un vecino que tocaba el bandoneón.

Schulman relató que pudo ver a los compañeros detenidos ya que para ir al baño pasaban por donde estaba él (el baño estaba prácticamente enfrente). En este sentido recuerda a Alba Azulay y su bebé de 9 meses (Manuel): “Al rato después volvieron a sacar a Alba con el bebé que iban a estar mejor, escuché gritos, volvió sin el bebe. Tiraron el bebe en Reconquista después de 5 meses, después lo devolvieron, ella estuvo 6 años presa, el bebe fue criado por los abuelos, los padres lo conocieron a los 6/7 años.”

A los pocos días llegaron compañeros de Reconquista, Rubén Maulin, Alcides Scheineder, Raúl Pinto y más adelante llegó Alicia López, la que se veía muy débil y se caía cuando iba al baño.

Las circunstancias en torno a su cautiverio resultan acreditadas con los testimonios brindados por los que han compartido cautiverio con él. Así, Alcides Antonio Schneider relató que conoció a Schulman estando detenido en la Comisaría 4º, y que gracias a él sobrevivió. Que también estaban detenidos allí Pintos, Córdoba y Maulín, una mujer que pedía por sus hijos, que lloraba y gritaba, y que tuvo conocimiento, por oír su voz, que en el lugar también había un menor. Manifestó que todas las personas que estaban en la 4º fueron torturadas y que a él lo golpearon.

Hernán Gurvich señaló que en algún momento lo llevaron a la 4º (cree que para el 1º de noviembre) encapuchado, cuando lo van a meter en la celda (una celda abierta, es decir con rejas) le sacan la capucha y ve que ahí estaba José. Ahí en cierta forma acordaron no reconocer una actividad política, que seguían teniendo. Sabían que no iba a ser un interrogatorio muy común, “uno sabia las cosas que pasaban. No se sabían que nivel de tormentos ibamos a tener…Cuando vamos a declarar en la cuarta se que estaba Graciela, también estaba José, también estaba Alicia López en una tumba, así se la llamaba a la celda”.

En igual sentido, Graciela Roselló relató que estando en la Comisaría 2º, Aebi y Villalba los llevan a Hernán Gurvich y a ella a la Comisaría 4º, que entraron a una cochera. Cuando bajan le ponen la capucha a los 2, la meten en una celdita y le sacan la capucha. Ahí ve a una chica, un poco más grande de ella, le dice que es Alicia y después le dice que José está ahí. Alicia le grita a José. A los gritos se pudieron comunicar, él le decía que la habían traído para interrogarla, también recuerda a un compañero de Reconquista, de apellido Córdoba. Relató que en fecha 1 de noviembre fueron sometidos a interrogatorio uno por uno, Graciela Roselló, Gurvich y él, llevándose a cabo el mismo en un lugar que cree que había una escalera. En este lugar se le presentaron dos oficiales del ejército y comenzaron a interrogarlo sobre política. Los dichos de Schulman sobre este interrogatorio fueron corroborados tanto por Gurvich como por Roselló. En efecto, manifestó Hernán Gurvich que estando en la cuarta lo llevaron al interrogatorio le dijeron que si no se ponía mas colaborador le iban a preguntar acostado. Le preguntaron de donde lo conocía a José, dijo que como eran los 2 judíos se conocían de la colectividad, “lo cual no era muy bueno ya que se le sumaba el antisemitismo”, señaló el testigo. En igual sentido Graciela Roselló dijo que estando en la Comisaría 4º, la llevan a interrogar, “me sientan atada de pies y manos, uno se hacía el bueno y otro el malo, empieza el interrogatorio.” Su padre era dirección del PC, ella miente y dice que estaban peleados, dijo que el papá no quería que se case con José y le contestan entre golpes, que el padre era comunista pero no tonto porque repudiaba el hecho que ella se casara con un judío, lo que denotaba mucho antisemitismo. Señala que sólo va a denunciar que fue torturada pero que no va a relatar las agresiones sexuales por estar sus hijos en la sala, pero que ella y todas las compañeras las sufrían sistemáticamente. Luego de la tortura, le hacen firmar una declaración.

Alejandro Faustino Córdoba, detenido en Reconquista el 8 de septiembre de 1976, y conducido a la Seccional 4ta. de Policía de la ciudad de Santa Fe el día 20 de octubre por la noche donde lo colocan en uno de los calabozos pequeños. Refirió sobre quienes estaban en las tumbas y ubicó a la vuelta estaba Schulman en un calabozo que se llamaba leonera, mas grande. Recuerda al “Petiso” Almada, quien estaba en la celda grande al lado de la de Schulman. Señaló que también estaba Graciela Roselló, con quien hablaba. Además relata que: “… a fines de octubre del 76 pude ver a un policía trayendo en brazos a alguien tapado con una frazada. Ingresan a la celda, y luego el policía se retira al rato, solo. Horas después se asoma una mujer, muy menudita, pequeña. Nos dijo que se llamaba Alicia López que había sido detenida horas antes en Santa Fe, que era la esposa de Luís Rodríguez, que tenía 3 hijos, que había sido detenido en Resistencia porque era representante de las Ligas Agrarias, intercambiamos domicilios y recuerdo que nos dijo que vivía con su mama en Sto. Cabral 1345de la ciudad de Santa Fe. Esto lo dijo charlando en varios días. Nos decían que para estar parada se debía trepar. Nos dijo que el policía que la había llevado la había violado al dejarla, que era profesora de literatura.

Raúl Pinto relató en su testimonio brindado en audiencia que conoció a Schulman en octubre de 1976 estando ambos detenidos en la Comisaría 4º. También dijo que: “…Estaba Alejandro Faustino Córdoba, y en ese momento estaba Alicia López, viva, ella charlaba con nosotros y dijo que estaba anémica, después no la vi más. En ese entonces pusieron cartones en las mirillas, para que no veamos, y yo me puse a espiar, y la ví a Alicia, tapada como con una capa, ensangrentada. Eso me generó una gran tristeza…”.

Schulman manifestó que el 17 de octubre conoció a Facino en persona, quien se le acercó a la celda. José le preguntó si había habido algún festejo y le contestó que habían aplastado al movimiento peronista graficando tal situación con un ademán de aplastar algo contra el suelo con sus botas.

Continuando con su relato sobre su cautiverio en la 4º, Schulman manifiesta a los tres días de haber ingresado a la Comisaría 4º, se le acercó Raúl Gómez, quién le avisó a su tía que estaba detenido en ese lugar, aprovechando que dada su situación de personal policial detenido en la Comisaría, tenia más libertad para entrar y salir de la Cuarta.

Circunstancia que resulta acreditada con los dichos del mencionado Gómez.

Sobre las condiciones de detención en la Comisaría 4º, el querellante Schulman manifestó en su testimonio brindado ante este Tribunal que “estuve un mes en una celda sin cama ni colchón, sin baño, para ir al baño había que pedir, la comida era solo una vez al día y era una mierda…no había atención médica, todos eran NN…era uno de los lugares principales de presos políticos, podían ir a la casita, después a la GIR y después a Devoto y Coronda. En la cuarta se torturaba…”.Tal como consta en el Auto de Procesamiento a fs 1356, Schulman declaró en sede instructoria que “las condiciones de las víctimas durante su detención ilegal en la Comisaría 4ta. era clandestina, sin comunicación, aislados, comiendo una vez por día sin cama ni colchón”, lo que constituye por sí una situación de tormentos y torturas para quienes la sufrían. En igual sentido, Alcides Antonio Schneider, declaró: “…en la 4º no había baño, nos daban de comer una sola vez al día, nos sacaban a hacer necesidades una sola vez por día. Se comía pan duro y agua.” Alejandro Faustino Córdoba también dijo: “… Las condiciones eran pésimas, nos daban un plato de sopa, los domingos un pedazo de carne o de chorizo, y nos dejaban ir al baño una sola vez en el día.” Raúl Pinto, por su parte, refirió al respecto: “…Yo estaba en calzoncillo (como Adán y Eva), pasábamos hambre, chupaba un hueso, que lo guardé de recuerdo, nos daban un plato de agua sucia. No había colchones, yo dormía en el suelo, en un pedazo de cartón. Era inhumano lo que vivimos en la cuarta.” Rubén Maulín por su parte dijo: “hice uso de una de las zapatillas para poder defecar porque no me llevaban al baño.” Sobre la Comisaría 4ª, debe reproducirse lo expresado en su testimonial por Roberto Jorge Cepeda: “La Cuarta era un campo de concentración de cuarta, por las torturas y por la parodia que representaba que en el mismo lugar donde se nos masacraba, el Estado aparecía a través de sus jueces, secretarios, a tomar declaración a quienes les tocaba estar en ese agujero. Ahí no sólo conocí maravillosos compañeros, ahí tuve la lastimosa experiencia de ver la justicia de mi patria funcionar en un lugar tan vergonzante. Vi también otras instituciones, un obispo a quien le pedí que avise a mi familia y nunca lo hizo. Era Monseñor Casaretto.”

Siguiendo con el relato de Schulman, el 10 u 11 de noviembre del 76 lo trasladan a la GIR, encapuchado y con golpes, recordando que allí estaban alojados Pedro Colombes, Mitrisqui, López, mucha gente del norte, de Pozo Borrado, etc., además que pudo ver nuevamente a Raúl Gómez. Su compañera, Graciela Roselló también relató haber estado en la GIR y supo de la detención de Schulman: “…Ahí supe que a José ya lo habían blanqueado; supe que ahí estaba José, nos pudimos comunicar 3 veces por intermedio de notas. Guardé esas notas y me las encontraron en una requisa (ya estaba ahí Perizzotti); Perizzotti me las encuentra, me las rompe en la cara y me pregunta quien me las había dado.”

Oscar Vázquez constata asimismo la permanencia de Schulman y Roselló en la GIR, y declaró sobre las condiciones de hacinamiento y que eran tratados como anamales. Alcides Antonio Schneider también da cuenta de la presencia de Schulman en la GIR y de las condiciones en las que se encontraba. Asimismo, Rubén Maulín, llevado a la GIR el 22 de octubre de 1976, también recuerda haber estado allí junto a José Schulman.

El 5 de enero de 1977 lo llevan a Schulman a Coronda, los traslados fueron con golpes, patadas, operativo grotesco con tanquetas, helicópteros, clausuraron las dos manos de la autopista, los llevaban con la cabeza contra el piso, los brazos en la espalda. Narra que Coronda intentaba ser “una máquina de destruir subjetividades” y que a cargo estaba Kusidonchi, al cual escuchó decir una noche que en Coronda estaba todo prohibido. Al describir las condiciones de detención en Coronda, expresa: “…Jugaban a la ruleta rusa. Teníamos números, ya no éramos personas…Querían tenernos como animales. Una de las cosas más humillantes que hacían en Coronda eran los allanamientos, nos desnudaban y nos miraban el ano. Para bañarnos, nos sacaban una vez por semana a un baño colectivo… Había un médico, pero ni nos tocaba. Murieron muchos compañeros por esto….Yo cantaba, podía ser que estuviera ya loco. Entendí en la cárcel que uno es libre siempre, aún cuando te torturan”. Narra que una noche entró Feced, estaba discutiendo con el Jefe del penal adentro de los pabellones, el Jefe del Penal dijo, “si quiere matarlos hágalo afuera”, así murieron varios compañeros.

En abril fue desafectado del PEN, y lo llevaron a la GIR, posteriormente al Ejército en donde lo despidió Rolón en persona, y le dijo que si estaría en Chile ya lo hubieran fusilado, que si seguía militando lo iba a fusilar él mismo. Hasta ese lugar lo fue a buscar José Sorbellini. Similar despedida tuvo Graciela Roselló, relatando que de los dichos de Rolón fue testigo Perizzotti ya que se encontraba presente.

A pesar de todo lo ocurrido, Schulman decidió seguir militando en la Federación Juvenil Comunista para lo cual decidieron simular que aceptaban la suspensión de actividades decretada por la Junta Militar y extremar las medidas para ocultar dicha actividad a la dictadura. Puntualmente, dado que ya era conocido por las fuerzas represivas, que su exposición publica fuese la menor posible. A partir de allí Carlos Perussini empezó a colaborar con él para que no estuviera en la calle, así fue que la noche del 22 de Noviembre de 1977, acordaron encontrarse en un bar situado en el club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Fue al bar del club, y cuando entró, en un costado vio a Perussini y en la otra punta a Ramos y a Cabrera, por lo que no saludó a Perussini, y se dirigió a la mesa de Ramos que lo llamó y le incriminó que estuviera por allí, amenazándolo. Todo esto fue corroborado por el testigo Juan Carlos Perussini, quien relató que en el momento no le llama la atención que José se dirigiera hacia la mesa donde estaban los jóvenes y que estos se retiraron del bar a escasos minutos de hacerlo Schulman, que al otro día se enteró que no aparecía y recordó la fecha fehacientemente ya que fue el día del terremoto de Caucete. Finalmente confirmó que cuando se volvieron a ver todavía tenía golpes y que José le dijo que no lo saludó por miedo a que lo detuvieran a él.

Quedó acreditado que en dicha oportunidad intentó escapar, y se fue caminando hacia el lado del cementerio, que quiso tomar un colectivo, momento en que Ramos se bajó de un Fiat 600 blanco, le apunto con un arma, lo encapucharon, y lo llevaron nuevamente a la Cuarta.

En este sentido ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación el 28 de Junio de 1999, testimonio que obra agregado a esta causa denunció “Desnudo y encapuchado estuve allí todo una tarde y casi toda una noche. De esas horas de torturas me quedó un recuerdo: por muchos días me quedaron los moretones de los golpes que me pegaba alguien que debía ser boxeador ya que me hacía volar de un lado al otro de la habitación.”

Relató ante este Tribunal que en ese lugar lo golpearon en el hígado, le pusieron una madera con clavos y le hacían hacer flexiones, además de realizarle un simulacro de fusilamiento, que se escuchó un tiro y algo pasa cerca de su cabeza y escuchó la voz de Ramos, que decía “idiotas, no saben tirar” y escuchó otro disparo, que no sabe que pasó. De repente el interrogatorio cesó. Un médico forense lo revisó, y firmó que le habían pegado con un objeto duro, que si le seguían pegando dos o tres horas más o si quedaba detenido unos meses se hubiese muerto. Recuerda además que había una persona que dijo ser empleado judicial, y que pretendía que firme un papel, en el cual se responsabilizaba de una bomba en plaza España, y que el manifestó que no podía hacerlo porque en esa fecha estaba preso en Coronda, tras lo cual lo amenazó que si no firmaba iba a “volver con los muchachos”, esto fue el 23 de noviembre de 1977, y recuerda la fecha porque esa mañana fue el terremoto de San Juan.

Entre los compañeros de Reconquista, recuerda a “El Mono” Maulín, que fue quien le dijo que ese hombre se llama Víctor Brusa.

Posteriormente decidieron que debía hacer una denuncia, para lo cual recurrió a un abogado Marcelo Rouzik Tournon que actuaba regularmente en resguardo de los militantes del Partido y la Juventud Comunista. Narra que a los pocos días ocurrió un hecho casi absurdo, al subir a un colectivo y estaba González con su mujer y un bebe en brazos, razón por la cual decidió bajarse del mismo. Después de eso se dio cuenta que no podía seguir en Santa Fe, y decidieron irse a Rosario. NO ERAN BESTIAS SINO SERES RACIONALES APLICANDO UN PLAN.

También corroboran los secuestros y cautiverio de Schulman los testimonios brindados por sus compañeros de militancia.

Juan Carlos Sorbellini, militante del Partido Comunista, señaló que al tomar noticia de la detención de Schulman, Gurvich y Roselló, presentaron recursos de Habeas Corpus, denuncias públicas, radios, volantes, pintadas, que además hubo una atención particular del partido a los familiares de los detenidos y que tuvo una entrevista con Monseñor Zaspe, quien se comprometió a denunciar los hechos y hacer todo lo posible para que los detenidos recuperen su libertad. Se enteró que Schulman, Roselló y Gurvich recuperaron la libertad en semana santa por su padre que militaba en la Liga Argentina Por Lo Derechos Del Hombre, y estaba permanentemente visitando a los presos y fue informado de la liberación por lo cual lo fue a buscar y lo traslado a su domicilio. En este sentido, confirma una vez más lo relatado por Schulman en su testimonio, quien expresó que: “José Sorbellini era una persona grande, con quien hablé y me fue a buscar cuando me liberaron.”

Juan Carlos Sorbellini también expresó que Schulman fue trasladado a Rosario para preservar su integridad; lo mismo hizo la dirección del Partido Comunista con Cacho Mammani.

El Dr. Marcelo Rouzic Tourman, abogado, depuso sobre la presentación de numerosos recursos de Hábeas corpus que efectuara durante la dictadura militar respecto de miembros del Partido Comunista secuestrados, entre los que nombró a Mamani, Duarte, Fernández, Schulman y Roselló.

Osvaldo Quaini, miembro del Partido Comunista, al deponer frente al Tribunal en esta causa, dijo sobre Schulman: “…éramos camaradas, varias veces lo detuvieron y apareció, era un abonado de los organismos de represión. Sé que fue torturado, que lo perseguían en la calle, que le pusieron una bomba en su casa.”.

Julio Gambina, declaró que conoce a Schulman desde el año 1973, época en que ambos eran estudiantes universitarios y militantes de la Juventud Comunista y. Da cuenta de su detención el 22 de noviembre de 1977 del siguiente modo: “…José cae preso, yo vivía transitoriamente en su casa. A mí me tocó salir a buscarlo. Yo tenía auto, así que recorrimos todos los lugares para ubicarlo. Dos personas me acompañaban, una de ellas era Gracielita y su madre Pura. Fuimos también con Pura, ella era la suegra de José. Pura era la compañera de Mateo. Fue una recorrida infructuosa… Pasando en el tiempo cuando José sale en el 77, llegó a mi departamento. Inmediatamente después en el edificio donde vivía hubo un atentado. Reventaron el departamento de al lado. Podría haber sido el nuestro. Todo el edificio estuvo tomado por las fuerzas.” En los encuentros con Schulman, recuerda que éste le contó sobre las vejaciones, los golpes y las amenazas padecidas en la Comisaría 4º. Estos hechos en el edificio de Gambina fueron también relatados por José Schulman

Asimismo y corroborando lo declarado por numerosos testigos, al momento de realizar la inspección judicial en la GIR, José Schulman reconoció el pabellón donde estuvo detenido, el patio, la oficina de Villalba y demás dependencias; en igual sentido en la inspección judicial en la Comisaría 4º, reconoció la celda donde estuvo detenido en octubre de 1976 y donde el encartado Facino le hiciera alusión al movimiento peronista; también reconoció la celda pequeña llamada “tumba” donde estuvo secuestrado en noviembre del 77. Asimismo, los hechos sufridos por Jose Ernesto Schulman se encuentran ampliamente probados por documental agregada, a saber:

1.- Autos Sorberllini, reservados en secretaría.

2.- Legajo Conadep de José Schulman.

3.. Copias de la causa iniciada con motivo de la denuncia de apremios efectuada, la imputación a Ramos y el reconocimiento por parte de los imputados de haber detenido a Schulman.

4.- -con las copias de presentaciones realizadas por medio de las autoridades consulares españolas en nuestro país, ante el Sr. Juez Titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, España por José Ernesto Schulman en 5fs, reservadas en Secretaría y declaración ante el Consejo de la Magistratura.

5.- Publicaciones del diario el Litoral de fechas 23/11/77, 24/11/77 y 2/12/77

6.- Libro de su atoría “Los Laberintos de la Memoria”

Respecto de la excepción de cosa juzgada alegada por la defensa del encartado Ramos y que fuera diferida, no resulta aplicable al caso y damos por reproducidos en honor a la brevedad, los considerandos expresados en causas Mazzeo, Almonacid y Barrios Altos y adherimos a lo expresado por el Dr. Coutaz en el sentido que no se ha agregado prueba alguna que acredite los extremos invocados por la defensa.

1. B) PATRICIA ISASA

De las pruebas agregadas a la causa y de las testimoniales producidas en el debate se encuentra probado que Patricia Indiana Isasa fue detenida cuando tenía 16 años de edad y se encontraba en su casa de calle Moreno Nº 2741 depto 3 de esta ciudad, en horarios del mediodía del 30 de julio de 1976. El operativo estuvo a cargo de fuerzas conjuntas de militares, policía, y civiles, pudiendo ver en un momento a quien identificara luego como Ramos. Le llamo la atención porque era una persona joven y vestía ropa de civil, posteriormente lo pudo ver en la Seccional Primera, muchas veces con ropa de civil y una vez con uniforme policial color marrón, haciéndose llamar con el nombre de Gerardo.

Luego, fue trasladada esposada en una camioneta del Ejército a la Comisaría Primera, en donde le retiraron las esposas. Allí les hace saber de la enfermedad que se encontraba padeciendo, rubéola, por lo que fue trasladada a la Sala Policial del Hospital Piloto y revisada por un médico, el que confirmó sus dichos.

Posteriormente fue reingresada en la Comisaría Primera, y alojada en el primer piso en un lugar que sitúa a lo largo de un pasillo, al fondo a la derecha, allí fue esposada en las muñecas y en los tobillos, siendo atada en posición de cuclillas, y luego encapuchada. En la inspección judicial realizada en la Comisaría Primera reconoció este lugar.

No sabe cuanto tiempo después aparecen dos tipos, uno hacía el rol de bueno y el otro de malo, uno, el que hacía de malo era Ramos, el otro le dijo que Ramos era un loco que la iba a matar.

Recuerda que le ponían y sacaban la capucha, que la sacaban poco al baño, que tenía mucha sed y hambre, además de estar desesperada, y que le costaba mucho caminar por la posición en la que había sido amarrada, y a raíz de ello acarrea una lesión de meniscos. “Era como entrar en un infierno, era una cosa dantesca”, expresó.

Agrega que en uno de sus días alojada en esta comisaría, ingresó Ramos y le dijo que si alguien la quería tocar debía avisarle a él, ya que ellos eran los únicos que podía tocarla y abusa sexualmente de ella.

Además recuerda que en otra oportunidad, siendo de noche, ingresa una persona y le pregunta si sabía de primeros auxilios, al contestar ella que sabía sólo más o menos, le contesto esta persona “vení igual porque por lo menos hiciste la secundaria” llevándola a la parte de abajo a una habitación, en la cual sobre un colchón estaba María Rosa Almirón, a quien conocía de antes, porque era la madre de un compañero de la Escuela Industrial, a la cual ella asistía. Esta persona, manifiesta, se encontraba muy mal, tenía las piernas hinchadas y moradas, la cara y el cuerpo quemados, y un pezón prácticamente arrancado, y que no podía hablar, sino que solo balbuceaba, por lo que la deponente trató de explicarle al que la llevó allí que si no era trasladada en forma urgente, se iba a morir. Al deponer ante el tribunal, los hijos de María Rosa Almirón (actualmente fallecida), María de los Milagros y Luciano Almirón, corroboran que Patricia Isasa asistió a su madre en la Comisaría Primera y coinciden en describir el estado de salud en que esta se encontraba. Luciano Almirón señaló que Isasa era compañera suya del Colegio Industrial, que se enteró que fue secuestrada unos días después que su mamá y que se habían cruzado en la Comisaría Primera. Sobre el estado en que quedó María Rosa Almirón también dio cuenta Moli Ovalle.

Patricia Isasa agrega que otro de los días en la 1ra. escuchó ruido de mucha gente, y que eso era porque Raúl Viso, quien era novio de Viviana Cazol, una compañera de escuela suya, se había arrojado para matarse, y que a raíz de ese acontecimiento ella fue atada mas fuerte, y reduciendo la distancia entre sus muñecas y su tobillo.

Manifiesta que en este lugar había más gente detenida, y que pasado alrededor de una semana, siendo de noche, la bajaron y pudo ver a Viviana Cazol, la que se encontraba desaparecida, entendiendo ella ahí la situación en la que estaba. Dijo textualmente: “Yo comprendí en ese momento que yo misma estaba desaparecida, que yo estaba en ese lugar, en la nada misma, donde estaba la gente que estaba desaparecida. Yo la vi y entonces entendí mi situación. Era como la persona que ve un fantasma, y comprende entonces que si lo ve, es que él también es un fantasma. Me quedé impactada.”

Luego de ello, son colocadas en fila, y viene María Eva Aebi, y son subidas a un Jeep azul en primer lugar y luego son pasadas a un Ford Falcón patrullero, estando Aebi entre ella y Cazol, quien sacó el arma que portaba y se la coloca a la altura de la cintura. son llevadas hasta la GIR.

Una vez allí, las hacen subir al primer piso y son colocadas en una habitación de más o menos 6 metros por 6 metros, la cual estaba llena de gente y contaba con un foco de luz fuerte el cual permaneció encendido las 24 horas, cuchetas, había también chicas embarazadas, estaba su profesora de matemáticas, de la Puente Brigiler. Al relatar el baño, manifiesta que existía un inodoro, y dos pozos de baño, una piletita y una bañera. En este lugar permaneció desde aproximadamente el 7, 8 o 9 de agosto de 1976 por tres días, hasta que vino Aebi, y la llevó hasta un auto, siendo de noche, recordando que la persona que manejaba era “El Flaco” Córdoba, un guardia que le pegó un golpe por el sólo hecho de preguntar a donde iban. De allí fue trasladada a la Seccional Cuarta.

En la 4ta. escuchó que abrían un portón y fue llevada a una celda con rejas y un chapón soldado, siendo las paredes amarillas, en donde había un banco de plaza. Recuerda que existía una ventana por la cual intentó ver, pudiendo observar que enfrente había una escuela. Allí permaneció hasta que un día le colocan una capucha, la cual no le negaba la vista hacia abajo, por lo que pudo ver que era trasladada por una galería con piso de baldosas muy antiguas, haciendo un trayecto en “L”, ingresa a una habitación, donde fue desnudada, en este lugar relata que existía un elástico de cama al cual fue atada de pies y manos en forma de cruz, para luego ser picaneada, al tiempo en que la interrogaban diciéndole “en que andas?”, no sabe durante cuánto tiempo estuvo, pero recuerda que sus interrogadores gritaban mucho, y abusaron de ella lo cual significó un castigo plus, ya que nunca había tenido relaciones sexuales, hasta que en un momento se desmayó. El lugar donde fue torturada estaba sobre calle Zavalla donde estaba la oficina del Comisario, allí estaba el camastro, el cual advierte que requiere de una instalación especial, consumía mucha energía y tenía que tener enchufes especiales, no se podía armar enseguida, y que era imposible que Facino no supiera que estaba eso allí.

Relata que la comida en este lugar era inmunda y textualmente que: “Se escuchaban gritos, otras de la cosas más terribles escuchar pasos para buscar personas que iban a torturan. Y uno ruega que esos pasos no sean para vos, pero al mismo tiempo querés que sean para vos así se termina, ya está, me buscaron, listo… Quedé físicamente muy mal, con muchos dolores. La electricidad te hincha, te quema, que es lo que había visto en María Rosa. Yo en ese momento perdí algo, que en cierta forma esta posibilidad de estar en este juicio declarando ante ustedes me lo repara.”

Luego de permanecer tres días en este lugar, una noche el comisario Villalba, la sacó de la celda, la subió a un Ford Falcón al lado de él y la llevó de regreso a la GIR. “Todo siempre era de noche, esa cosa nazi, nights and shadows. Tiene su razón de ser…”

Sobre el estado en que retorna a la GIR, dan cuenta sus compañeras de cautiverio: María de los Milagros Almirón relató que: “A Patricia la sacan por segunda vez, y vuelve muy mal, muy torturada, apenas podía caminar. Yo tomé como un rol protagónico, la cuidaba mucho. Tuvo gastritis, y el médico que venía decía cosas realmente absurdas, inverosímiles. Había un desprecio muy grande hacia la dignidad humana.” Marta Berra, por su parte recordó: “…en varias oportunidades sacaban gente para torturarlas como por ejemplo a Patricia Isasa o Margarita, esto ocurría de noche.” Moli Ovalle también sindicó: “En mayo o junio empezamos a sorprendernos porque las fuerzas conjuntas se reunían ahí para hacer operativos. … lo que me impactó más es que caían adolescentes que las tenían dos o tres días, las llevaban y volvían destruidas. Una de ellas fue Patricia Isasa, fue más o menos en agosto, más o menos para el dos de agosto. La vino a buscar una de las guardias, María Eva, que estaba siempre armada. Cuando las llevaron a estas criaturas yo me sentía responsable porque era la mayor, íbamos con otras a preguntar qué pasaba con estas chicas, para mi eran nenas. Obviamente eso trajo sus consecuencias, no conmigo porque ya estaba destrozada, a dos compañeras Nora Savoy y Nancy García las sacaban al patio de noche a hacer cuerpo a tierra…Otra por la que preguntábamos era por María Rosa Almirón, que llego en estado óptimo. Hacia gimnasia, se la llevaron un día y no volvío, preguntamos, preguntamos, amenazamos con huelga de hambre, al igual que con Patricia”. Susana Molinas relató: “Patricia estaba con marcas en la cara, con dificultad para caminar. Cuando yo salí busqué a los padres de Patricia…

En la GIR pudo ver entre sus compañeras de cautiverio a Moli Ovalle, quien estaba muy mal, tenía problemas en los riñones, Milagros Almirón que tenía 14 años, hija de María Rosa Almirón, Marita Cattaneo, Cintia Visiglio, Hortensia Poggi, Beatriz Poi, también estaba su profesora de matemáticas de la Puente de Brigiler. Relata que había chicas embarazadas como Cecilia Mazzetti, y muchísima gente más.

En este lugar recuerda que dormían de hasta tres personas en un mismo colchón, y que en el lugar existían tres habitaciones, la que describió anteriormente de 6 por 6 metros, otra de 2 por 6 metros, a la que llamaban el colectivo, la guardia que era de 4 metros por 2 y medio, y otra piecita chiquitita, y que en esa piecita de 4 por 2, estuvo luego alojada con Cecilia, quien se encontraba embarazada. Cabe aclarar, que el propio imputado Perizzotti reconoció a la habitación pequeña como la habitación de las menores. Agrega Isasa que en este lugar debía abrazarse para poder comer, debido al hacinamiento, ya que si no comían en su turno, no podían hacerlo luego. Expresó que: “Las condiciones de vida en la GIR eran terribles, nos teníamos que bañar de a dos, con un tachito de duraznos en almíbar, agua helada en pleno invierno. La comida era una inmundicia, nos daban carne podrida. Estábamos con las ventanas cerradas, sin ver la luz del sol, seis meses estuvimos así. No había médicos, yo salí pesando 48 kilos, me podía sacar el pantalón prendido…”, recordando que ante una úlcera que padecía ella, el médico que la vio le diagnosticó que estaba embarazada. Almirón también señaló: “La carne era verde, nos reíamos de las cucarachas flotando… había un baño y nos bañábamos con un tarrito y agua fría…Con Perizzotti experimenté las requisas, nos sacan todo, nos quitan libros y revistas, nos prohíben cantar y nos sacan los cancioneros. Perizzotti era muy creativo para generar malestar…nos puso luz permanentemente, la comida siempre fue pésima, pero yo sabía que de alguna manera debía alimentarme. Atención médica no había. Yo de todas formas no tuve enfermedades graves”. Marta Berra también señaló que estuvo alojada en la GIR en lugar muy hacinado, con muchas cuchetas, con una luz encendida de manera permanente. Vilma Cancian recuerda que las ventanas estaban cerradas, que comían por turnos, que recuerda la luz encendida todo el tiempo por las pesadillas, se bañaban en un único baño que existía, con un jarrito, que el lugar estaba lleno de gente y que muchas de estas personas fueron a Devoto.

Ana María Cámara dijo al ser interrogada sobre las condiciones de detención en la GIR: “pasamos de situaciones de comer terribles, un baño para tantas mujeres, nos bañábamos en invierno con agua helada.” Patricia Traba, “…Lo mas grave de las condiciones, era la inseguridad en lo que vivíamos, porque tenían libre acceso las personas que nos habían secuestrado. A Silvia la buscaban, ella regresaba asustadísima. Eso era lo más grave.” Moli Ovalle:”Sacaban gente impunemente y las mostraban luego impunemente. Había un baño para toda la población. Para mi fue la experiencia más nefasta, ahí vi realmente lo que fue la represión, esta cuestión, infame, despiadada, de atropello al ser humano. Por eso estoy acá, es una deuda con la sociedad.”

Entre el personal que ejercía la guardia ISASA recuerda a Graciela Ochoa, Blanca Yossen, Babis Espíndola, otras mujeres de nombre Marta y Mercedes y la Jefa o Secretaria que era María Eva Aebi, que por encontrarse más cercana a Villalba ostentaba poder a través de tratos mas crueles hacia las detenidas. También señala respecto de Aebi “… la veías como desarrollarse, se alegraba, se excitaba, volvía exultante de lo que ellos llamaban “enfrentamientos” y que en verdad eran matanzas. La tipa volvía exultante, vociferando, alienada.” En el mismo sentido, María de los Milagros Almirón declaró: “Vi pasar mucha gente, en el año 76 llegamos a ser 60 en dos habitaciones, que no estaban preparadas. Recuerdo que en ese período estaban desesperados, exaltados, buscando gente. Salían a cazar gente, venían muy excitados después de esas salidas, y generaban mucho miedo.” Aclara que Aebi también volvía excitada de los supuestos enfrentamiento, tal como sindicó Isasa. Por su parte, Silvia Suppo, al ser preguntada en su testimonio sobre el rol de Aebi dentro de la GIR respondió: “Era la mano derecha de Perizzotti, era la secretaria. Ella no estaba al cuidado nuestro, ella mandaba. Ella estaba mucho más en la oficina de Perizzotti que cuidándonos a nosotros.” María Cecilia Mazzetti, Susana Molinas, Vilma Cancian, Ana María Cámara, mencionan a las mismas guardiacárceles y que Aebi era la secretaria de Perizzotti. Patricia Traba indicó por su parte que María Eva Aebi era secretaria del Comisario Perizzotti, que nunca hacía guardia en el pabellón, que tenía relevancia por sobre las otras guardias y que estaba siempre en los traslados con Perizzotti.

Declaró Isasa que Aebi vestía un uniforme azulado y que ejercía cierto poder sobre las demás custodias, y que este poder le era concedido por su condición de amante de los dos jefes que tuvo la GIR, además de ser la secretaria privada y formar parte del Área 212, y que la misma en varias oportunidades manifestó haber formado parte de enfrentamientos, además de participar en traslados de detenidas, y ser la encargada de buscar a las detenidas y conducirlas hasta el despacho de Villalba o de Perizzotti, y fue quien la llevó a la deponente a ver a Brusa y a “La Patota”. Señala que en la cadena de mando la que la secundaba era Graciela Ochoa (La Choca). Sobre Aebi agrega: “Tenía poder real. Era también ella señora de vida y muerte. Daba órdenes a los otros guardias, era ella quién te llevaba a ver a Brusa, a “la patota”, y una vez en forma vulgar, ordinaria como era me dijo “je je tenés amnesia política vos”. Al respecto, María de los Milagros Almirón señala en idéntico sentido: “Perizzotti estaba siempre con María Eva, y era notoria la diferencia entre ella y las demás guardias. Había cierta jerarquización. Después de Aebi estaba la Choca Ochoa.” Anatlide Bugna recuerda que: “Aebi estaba en los peores momentos…. Lo llamativo era que Aebi tenía un total y cabal conocimiento de las causas nuestras… tenía acceso directo al escritorio de Perizzotti, era su secretaria”. Teresita Miño se refirió a Aebi también como la secretaria de Perizzotti y dijo: “nos venía a buscar para ir a declarar, comunicaba cosas, solía entrar a la habitación con intención de conversar, sobre cosas nuestras, tampoco era confiable, había que estar muy atentos.” Moli Ovalle recordó que “en los traslados había una mujer armada, las guardias no tenían armas. De las celadoras puntualmente no me acuerdo, si me acuerdo de la única que venia en los traslados, que estaba armada, las otras no estaban armadas. Le decíamos maria eva, aebi, algo así, aparecía en los traslados y daba órdenes.”

Sobre el episodio relatado por Isasa referido a la época en que estaba al mando Villalba y que Aebi estaba presente, sobre que un día siendo de noche, a raíz del escaso aire que había en el lugar una de las compañeras embarazadas se descompuso y ante el pedido de ellas para que abrieran el lugar, las hicieron bajar al patio y les hicieron dar vueltas, habiendo llamado a uniformados que portaban armas largas quienes les apuntaban, como haciendo un simulacro de fusilamiento, fue confirmado por el relato de María de los Milagros Almirón.

Sobre lo dicho por Isasa en referencia al traslado de gente a Devoto a mediados del mes de octubre de 1976, donde se llevaron a Vilma Cancian, fue corroborado por la declaración testimonial de Graciela Roselló: “Hubo un traslado a mujeres a Devoto y una guardia cárcel que hizo el traslado, Graciela Arrieta, al volver se tira a llorar en la cama y dice “como pueden ser tan hijos de puta, ya están presas”.

Sobre la presencia de religiosos en la GIR, recordemos que Isasa relató: “Un día viene un cura, Carmelo Gentile Guadagnolli, para que nos confesemos con él. Viviana Cazol era judía, y entonces él la quería separar, tipo Edad Media. Esas confesiones eran en realidad verdaderos interrogatorios. Yo le decía todo lo que estaba pasando y él nos decía que la tortura era una forma de expiar el mal. Preguntaba sobre las actividades que teníamos en el colegio. Consuelo y apoyo jamás nos brindó. Nos entrevistaba en un pasillo de la GIR.” Además agregó que también se llevaron cabo en el lugar unas misas que fueron realizadas por Monseñor Zaspe y que en una oportunidad concurrió Storni. Detalla que la GIR cuenta con 2 claustros, un patio grande de armas con un mástil, y otro patio más que daba a las oficinas de los jefes, lugar este en que se llevaron a cabo las misas de navidad, año nuevo y semana santa. María de los Milagros Almirón declaró en igual sentido: “En la GIR el sacerdote que estaba era Guadagnoli, que decía cosas tremendas, como que la tortura era para expiar el mal.”, corroborando asimismo que en Semana Santa de 1977 Zaspe dio una misa. María Cecilia Mazzetti dio cuenta también de la presencia de religiosos en la GIR: “Para una Navidad o día de la madre fue Monseñor Zaspe a dar la misa, después teníamos asistencia espiritual de Guadagnoli que nos ofrecía confesarnos con el para salvarnos, lo vi dos veces nada más y estoy segura de que fue más veces, nos entrevistaba en un pasillo que había antes de entrar a la oficina de Perizzotti.” Por su parte, Vilma Cancian manifestó que Zaspe dio una misa allí. Anatlide Bugna, Teresita Miño también refirieron que Monseñor Zaspe dio una misa en la GIR en el mes de abril de 1977, y que “Guadagnoli, iba a “confesarlas” en el sentido que indicó Isasa. Stella Maris Vallejos también recordó que Monseñor Zaspe dio una misa en Pascuas del año 77 en el patio. Ana María Cámara se refirió a la visita de Zaspe del siguiente modo: “Tuvimos un encuentro con Monseñor Zaspe. Perizzotti le habrá puesto condiciones para dar la misa, no lo podíamos ni mirar.”

Vale recordad también lo relatado por Isasa en cuanto a que Perizzotti asume a fines de diciembre de 1976 o principios de enero de 1977, y que en ese tiempo la madre de Viviana Cazol viajó a Europa para realizar denuncias, logrando que en el mes de febrero vinieran de Cruz Roja Internacional, y que a raíz de ello el régimen al que eran sometidas “aflojó”, realizándose aperturas de ventanas. Aebi les había dicho “la que hable es boleta”.

Durante el mes de octubre María Eva le dice que la iba a ver un psicólogo, encontrándose con una persona, a la cual le pidió que la ayudara, mencionándole los nombres de las que estaban, las edades, las condiciones de vida, la torturas, la comida, en esa oportunidad Eduardo Ramos se aparece y le dice que se llama Gerardo. “Y entonces se larga una risotada que recuerdo perfecto, burlona, soez, una cosa horrible, que para mi fue otra traición, y le dice a Aebi (Aebi estaba presente) “llévala”. Yo me sentí muy mal, fue pensar que esa persona me podía ayudar y descubrir que no, que era otra burla, otra traición. Al año siguiente yo estaba en el patio con Anatilde Bugna, y veo a este hombre, y le digo que ese era el psicólogo que yo le había contado. Y entonces ella me dice que no, que ese hombre era Brusa.”

Sobre el episodio que Isasa dio cuenta que en una oportunidad vio una mujer junto a su hijo de alrededor de 6 o 7 años, el que en un momento es separado de su madre, y que pudo constatar en una oportunidad en que bañó al menor que el mismo había sido violado, aclarando que el hecho no había ocurrido en la GIR, sino en el lugar que había estado antes alojado y que en ese lugar por dichos del menor había uniformados y policías, y que posteriormente este menor fue entregado a sus familiares. La presencia del menor y la circunstancia de haber sido separado de su madre fueron corroboradas en virtud de los dichos de María de los Milagros Almirón.

Isasa corroboró asimismo la llegada de un grupo de mujeres a fines de marzo de 1977 entre las que se encontraban Bugna, Traba, Vallejos, Aguirre, y otras más. Estaban en muy mal estado y que al igual que todas las personas que ingresaban a la GIR provenientes de la Seccional Cuarta, Primera, Segunda o de las casitas, estaban golpeadas y que era muy común que las mujeres hayan sido violadas, abusadas y agredidas. Relata que las mismas fueron alojadas en la habitación que denominaban colectivo, y que en su ingreso a la GIR participó Perizzoti y Aebi. Expresó al respecto: “Y a fines de marzo llega un grupo de chicas, a nosotras nos pasan a la habitación de al lado, que era chiquita, húmeda, con un olor a pis insoportable, puesto que estaba pegada al baño de los varones, compartía la pared. Y ahí teníamos prohibido hablar. Entonces inventamos un lenguaje de señas, y con eso en cierta forma resistimos. Hacíamos juegos, mudas, y podíamos encontrar en el humor una forma de resistencia. En la risa, que es vida. El juego nos había sido propio hasta antes de ese horror, éramos niñas, éramos muy chicas, no debíamos estar ahí, nunca nadie debe pasar por eso, no hay edad, pero menos menores, chicas de nuestra edad…. El 24 de marzo de 1977 Cecilia Mazzetti empieza con contracciones, y nace su hijito Sebastián.” Los dichos de Isasa coinciden con lo señalado por Almirón: “Cuando nos separan de las mayores no podíamos hablar. No podíamos contar nada de lo que nos sucedía, pero igual nos fuimos ingeniando para vencer esas barreras, inventando un lenguaje de señas”.

Lo dicho por Isasa sobre Beatriz Poi (embarazada de 9 meses) en cuanto a mantuvo un intercambio de palabras con María Eva Aebi, y ésta la mando a una celda de castigo de 90 centímetros por 1,40 ubicada en la Seccional Cuarta, fue corroborado también por Anatilde Bugna.

Además recuerda que en una oportunidad ingresaron chicas que eran de Reconquista, que ya habían estado en ese lugar, pero que habían ido en traslado a la Cárcel de Devoto, y posteriormente fueron llevadas a la Seccional Cuarta para ser interrogadas y torturadas, pudiendo ella avisarle a su madre y ésta a su vez a familiares de las mismas, quienes al venir a buscarlas, se encontraron con que no estaban más alojadas en la GIR. Tal situación fue corroborada por los dichos vertidos en su declaración testimonial de Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Patricia Traba.

En el transcurso del mes de julio las hacen ir hasta el despacho de Perizzotti, para recibirles una supuesta declaración, ante la presencia de una “Patota”, Ana María Cámara, también relató que: “En Mayo, junio, nos sacan de la pieza, nos lleva la policía hasta una habitación y había un hombre que se presenta como oficial preventor, que decía que más te podes acordar, que mas querés agregar, tenía mi declaración anterior en la mano.” Anatlide Bugna también refirió el hecho.

Señaló que aproximadamente a fines del año 77 estaban con Anatilde Bugna en el segundo patio de la GIR, en un recreo que era de una hora por día, y pasó delante suyo “Gerardo” esposado, Anatilde le dijo que era Eduardo Ramos que lo conocía de la escuela que no era Gerardo. Ella sabía quien era porque lo ve a él cuando la secuestran. Anatlide Bugna ha confirmado este hecho en su relato.

Isasa también narró que Silvia Suppo le contó que había sido violada, y como la misma no menstruaba, María Eva Aebi la llevó ante Perizzotti, quien le dijo que iban a solucionar el error, llevándola a que le practiquen un aborto, lo cual fue relatado en audiencia por la misma Silvia Suppo, corroborando los dichos de Isasa en este sentido.

Luego de ello le otorgaron la libertad a Grisel Droz, y posteriormente a ella en el mes de diciembre, oportunidad en que vino hasta el escritorio de Perizzotti el Cnel. Rolón, vistiendo de gala. Finalmente el 24 de diciembre de 1977 le conceden la libertad vigilada, debiendo presentarse los días lunes, miércoles y viernes en el Comando del Área 212, donde era atendida siempre por el mismo uniformado, quien le manifestaba “estamos viviendo la tercer guerra mundial”, y que la misma era entre el comunismo y la civilización occidental. Transcurrido tres meses debió presentarse una vez por semana, siendo indagada respecto de sus comunicaciones telefónicas, y pasado los nueve meses en septiembre de 1978 le conceden la libertad total.

Narró que el 1º de julio de 1979 en horario nocturno, explotó una bomba en el Juzgado Federal, y por ello, al día siguiente es nuevamente secuestrada y llevada a la GIR, encapuchada, esposada y la sientan en un lugar en el cual había más gente en su misma condición. Posteriormente, la sacan de este lugar y la llevan hasta la habitación de 6 por 6 que describiera anteriormente, en donde había un montón de personas que le decía “vos pusiste una bomba en el Juzgado”, y cuando ella iba a negarlo, era interrumpida manifestándole “si, vos pusiste una bomba, fuiste en un auto azul, y colocaste un caño”. En un determinado momento en que ella dijo “basta”, pudo sentir el ruido de un arma apoyada en su cabeza y disparada sin que salga la bala, lo que generó la risa de sus interrogadores, y la finalización de su interrogatorio, regresándola a su lugar de alojamiento, en donde no podía hablar con las otras compañeras, y debía levantar la mano para ser llevada al baño. Describe que en una oportunidad es llevada hasta la cuadra de los varones, y le retiran las esposas, recibiendo la orden de sacarse la capucha, cosa que se negó a hacer, recibiendo como respuesta “sacate la capucha, total a mi ya me conoces”, y era Perizzotti, quien se encontraba sentado y le dio la orden de que tomara una sopa, cosa que hizo, siendo posteriormente nuevamente encapuchada, esposada y regresada a su anterior lugar, al rato, es nuevamente sacada de su lugar y llevada hasta un lugar previo al despacho de Perizzotti, donde le sacan la capucha y ante la presencia de sus padres, le otorgan la libertad. Refiere que: “Yo traté de volver a mi Escuela, y no me lo permitieron. Me negaron el derecho a estudiar en mi Escuela Industrial, que era una enseñanza de excelencia. Tuve que terminar en la Escuela Normal, pero mi objetivo era terminar el secundario y luego recibirme. No me dejaron, ahora tenía el estigma de haber estado secuestrada, no podía continuar mi vida normal.”.

El cautiverio de Patricia Isasa en la GIR fue confirmado por los siguientes testigos:

Marta Berra, Silvia Suppo, Cecilia Mazzetti quién declaró: “cuando a mi me detienen, Patricia ya estaba detenida, me ponen en otra habitación improvisada que en realidad era un pasillo, estaba Sara Cobacho, Graciela Saurín, Carmen, Estela Perussini y no recuerdo más, estuve muchos meses en esa habitación, después hay un momento en que modifican todo y nos ponen juntas a las menores, ahí tengo relación con Patricia Isasa, Gisel Droz, Viviana Cazol, Claudia Esposito, pasé el resto de mi embarazo en esa habitación.”

Susana Molinas, señaló que una de las cosas que mas recuerda es el ingreso de las menores en la GIR: María de los Milagros Almirón, que llegó a la GIR junto a su madre María Rosa Cedrón de Almirón, y esta nena tenía 14 años…y que 3 o 4 días después ingresaron otras dos menores, de entre 15 y 16 años, eran Patricia Isasa y Viviana Cazol.

Vilma Cancian señaló en su testimonio: “Estaba en una habitación donde había una luz muy fuerte, no tenían visitas, solo una vez por semana podía ir a verlas un menor. Después la trasladan a una habitación mas pequeña donde había un grupo de menores, estaba Isasa, Almirón, Claudia, Viviana Cazol, Cecilia Mazzetti y una señora de más de 50 años Carmen Vallejos de Reconquista.”

Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Patricia Traba, Teresita Miño, Sara Dorotier de Cobacho ubicaron a Isasa entre las menores detenidas en la GIR.

Asimismo, Teresita Noemí Cherry, dio cuenta del secuestro de Patricia Isasa. Ambas iban al Colegio Industrial Superior e integraban la lista de la Unión Secundaria, donde también estaban Luciano Almirón, y su hermano Néstor Hugo Cherry, quien fuera secuestrado el 17 de agosto de 1977 y permanece desaparecido. No recuerda bien en que momento se produce el secuestro de Patricia, cree que fue antes o después de las vacaciones de julio. Recuerda que en el curso de Patricia había un hombre que se llamaba Miranda, alumno mayor, bastante cercano de Patricia y que cuando Patricia es secuestrada el no va mas a la escuela. Ese mes de julio, allanan su casa y se llevaron documentación, la cedula de identidad, y libros. Cuando regresa a la escuela, se enteró de la ausencia de Isasa, Viviana Cazol, Froilan Aguirre y otros compañeros.

Asimismo y corroborando lo declarado por numerosos testigos, al momento de realizar la inspección judicial en la Comisaría 1º Isasa reconoció tanto los lugares donde sufrió cautiverio como aquellos donde vio a Viviana Cazol y Maria Rosa Cedrán de Almirón. Recordó materiales de los pisos, colores de paredes y de aberturas que pudo reconocer.

Oportunamente en la GIR reconoció las dependencias donde estuvo detenida, el patio, la oficina de Villalba que luego ocupara Perizotti y demás dependencias; en igual sentido en la inspección judicial en la Comisaría 4º y en el croquis exhibido en audiencia, reconoció el lugar por donde fue ingresada, la celda que era utilizada para la detención de mujeres, mobiliario y dependencias. Ubico la reja-portón verde que estaba en la celda descripta en momentos de su detención y el banco de plaza en su materialidad, antigüedad, proporciones y color naranja. El propio imputado FACINO reconoció que ese era el lugar donde alojaban a las mujeres.-

Por lo tanto, la inspección, su declaración, la prueba documental incorporada (legajo conadep, declaración ante Audiencia de Madrid, video el cerco, expte Administrativo de la Ley 24.043 donde consta haber sido puesta a disposición del PEN el día 26/10/76…) y los numerosos los testimonios recogidos en este juicio que acreditan sobradamente y de modo concluyente los extremos invocados, el secuestro de Isasa, su paso por la Comisaría Primera, traslado a la GIR, traslado a la Comisaría 4ta. y reingreso a la GIR y todas y cada una de las circunstancias descritas por la querellante.

II- Antes de pasar a la autoría y a la responsabilidad de los imputados, esta querella quiere describir el CONTEXTO EN QUE SE INSCRIBEN LOS HECHOS DE LA CAUSA:

Todos los casos hoy juzgados, que por otro lado son iguales en su metodología a los miles de casos denunciados y que seguramente culminarán con su juzgamiento, son parte del plan criminal pergeñado por las fuerzas represivas del cual los imputados formaron parte activa, lo cual ya ha sido probado desde la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la causa 13/84 y en los distintos pronunciamientos judiciales donde estos hechos fueron enjuiciados a lo largo de nuestro país, se trata de Sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada y que representan por lo tanto, realidades jurídicas indiscutibles, a las que nos remitimos en honor a la brevedad.

En efecto, en nuestro país se llevó a cabo un plan de exterminio como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura económica, social y política del país, redoblando sus ataduras con los países centrales. Así lo ha expresado nuestra Corte Suprema, en la misma Causa 13/84: “Las FFAA operaron dentro del marco estratégico de los EEUU, apto para la lucha contra el comunismo, con un carácter autoritario y conservador”.

Los hechos objeto de esta causa configuran el delito de genocidio descripto en la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, crimen que se configura con una serie de actos cuya comisión tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas y tales actos son: a) matanza, b) lesión grave a la integridad física o mental, c) sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, d) imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En consecuencia, con los mismos testimonios escuchados en las audiencias y con toda la prueba aquí reunida, pasamos a imputar también por el delito de genocidio a Eduardo Ramos, Víctor Hermes Brusa y Mario José Facino. Es necesario aclarar que es solo por estos encartados que esta querella puede acusar, este límite objetivo no obsta que el delito de genocidio fue cometido por todos los encartados y no sólo contra José Schulman sino también contra Patricia Isasa y todas las víctimas que integran la presente causa. Asimismo, es necesario resaltar que ya otros tribunales naciones han establecido que lo que ocurrió durante el Proceso de Reorganización Nacional fue un genocidio, por lo tanto este delito no pudo ser cometido en una provincia si y otra no, ni por sólo una parte de los represores sino por la totalidad como hacia todas las víctimas.

No vamos a fundamentar en el sentido de considerar a los presentes hechos como delitos de lesa humanidad, ya que esta calificación es la que nos permite estar hoy en este juicio, y por otro lado ha sido detenidamente desarrollada por la doctrina y jurisprudencia reciente.

Si bien todo genocidio implica también la comisión de crímenes contra la humanidad, no es así a la inversa, ya que en el genocidio el objetivo de la práctica no es el ataque indiscriminado a población civil sino precisamente el ataque “discriminado” a determinados grupos de la población a fines de lograr la destrucción total de dichos grupos y/o la destrucción parcial (transformación, reorganización) del propio grupo, que produce la ausencia de una parte de él. Es la intencionalidad específica de destrucción de un grupo lo que distingue al genocidio de las matanzas indiscriminadas calificadas como crímenes contra la humanidad.

También la calificación de genocidio pone a las víctimas en su lugar pertinente, al arrancarlas del rol de “inocencia abstracta” al que las arroja el concepto de crímenes contra la humanidad (en tanto “población civil indiscriminada”) y entenderlas como un “grupo discriminado” por los perpetradores, elegido no aleatoria sino causalmente para que su desaparición generara una serie de transformaciones en el propio grupo del país, en especial la “imposición de la identidad del opresor”, tal como lo entendía Lemkin. Como está expuesto, la represión no podía alcanzar a “cualquiera”, sino a aquellos que se consideraba que jugaban un papel peculiar en el destino del grupo nacional que habitaba la Argentina y cuya desaparición colaboraría en la posibilidad de construcción de la “Nueva República” o también denominado Proceso de Reorganización Nacional que pretendían formar los genocidas.

Sobre este punto, la Sentencia del Tribunal Federal Oral nro. 1 de La Plata dictada en la causa Etchecolatz, hoy confirmada, especificó:

…“ Entiendo que de todo lo señalado surge irrebatible que no estamos como se anticipara ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar “genocidio”… “Se abrió a partir de allí y especialmente respecto de lo sucedido en nuestro país durante la dictadura militar comenzada en 1976, una interesante cuestión acerca de si las decenas de miles de víctimas de aquel terrorismo de Estado integran o no el llamado “grupo nacional” al que alude la Convención”….“Entiendo que la respuesta afirmativa se impone, que no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión,…”

Como lo señaláramos, lo que caracteriza al Genocidio es la intención de destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. El grupo no existe en la naturaleza, sino que es una construcción intelectual, por lo que la construcción del grupo como tal es puramente subjetiva: es un recorte de la realidad. Por lo tanto, surge claramente que en la definición el sujeto pasivo del genocidio es el “grupo” y que quien constituye o categoriza al “grupo” sobre el que recae el obrar genocida, es el represor.

Para que se configure el grupo sólo basta que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.

No fue la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro del país.

De los hechos aquí investigados e imputados surge con claridad que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya finalidad consistía en la eliminación total de una categoría de la población, denominada por los represores como “subversivos”. Así es que no pueden considerarse los hechos imputados como “hechos aislados”, sino un conjunto de hechos que se llevaron a cabo en el marco de la represión ilegal y que, teniendo en cuenta la colaboración que los acusados prestaron para tales fines, es razonable concluir que ejecutaron los ilícitos con conocimiento de este plan.

Por lo que los imputados poseían el mens rea requerido, es decir la intencionalidad de destrucción de un grupo y no sólo de la eliminación de los disidentes políticos. Hay numerosos ejemplos fácticos para demostrarla, como la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la mayoría de las víctimas, o la apropiación y en algunos casos desaparición, tortura y asesinato de los hijos de los secuestrados, a los cuales resulta directamente imposible catalogar como “disidentes políticos”.

En pos de ese objetivo es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, auspiciadas y alentadas por parte de otros sectores como el gran EMPRESARIADO Y LA IGLESIA, se hicieron del poder del Estado para aniquilar a otro grupo nacional.

Este sector a exterminar estaba constituido por todos aquellos que fuesen un OBSTÁCULO en esa nueva estructura de país que se quería instaurar.

Que el objetivo central era de política económica, se demuestra de los propios datos de la CONADEP que más del 56% de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores.

Algunos datos son significativos:

* Antes del golpe, la desocupación del 2.3% y al poco tiempo ya estaba al 8%.
* De una deuda externa de 7.000 millones se pasó en 7 años a una deuda de 56.000 millones.
* El 66% de los cargos económicos del nuevo gobierno fueron ocupados por representantes de las grandes empresas como Martínez de Hoz de Acindar.
* Fue uno de los gobiernos más antinacionales de la historia. Se desató un proceso de desindustrialización y al mismo tiempo de recomposición de la tasa de ganancia del capital en el país
* La clase trabajadora tenía mas del 50 % del PBI en 1974 y pasa a tener el 30% al primer año de dictadura.

Muestra de ello y solo a título de ejemplo es que el punto 7 del Acta para el Proceso de Reorganización Nacional inhibió todas las actividades gremiales. Además de la Confederación General del Trabajo, la Junta intervino de inmediato quince de los principales sindicatos, subordinó a las cortes castrenses a los trabajadores de los servicios públicos, prohibió las huelgas y todas las medidas capaces de afectar la producción, anuló la convocatoria a patrones y obreros para discutir nuevas convenciones colectivas, derogó el Estatuto del Docente y dictó la llamada ley de prescindibilidad que autorizó el despido de cualquier trabajador sin fundamentar las causas y en la mayor parte de los casos sin pagarle indemnización.-

Esto se reafirmó con el testimonio de numerosos testigos que pasaron por este estrado.

Así, el testigo Oscar Vázquez señaló:

“Ingreso al Ferrocarril por un concepto de protección al patrimonio nacional. El 24 de Marzo cuando se produce el golpe de estado, llegan las cesantías como parte de un terror a los trabajadores, de los militares. Omar y Oscar Gomítolo, Raul Miguerra, Pérez, Avellaneda, militantes del PC, todos estos compañeros fueron cesantes por un proyecto para evitar cualquier tipo de resistencia al proyecto político del gobierno. En el 76, como parte de un trabajo, defensa de la empresa estatal, iniciamos peticiones solicitudes, para la reincorporación de estos compañeros. En octubre del 76, me entero que José es detenido, yo había estado antes con el…A la semana siguiente se produce mi detención en mi domicilio… A los 3 días de haber salido en libertad, anduve buscando constancias para reintegrarme a mi trabajo. Y en jefatura entro por el costado, le pregunto al policía donde están los cuadernos. En esa oficina me dice, había una mujer, que me da los cuadernos, busco y no figuraba. Así supe que no estaba ingresado a la 3ra… Fui reintegrado a mi trabajo en el 83 y figuraba como abandono de trabajo. El Estado me detuvo, el mismo Estado me echó. Fue un plan para destruir el patrimonio nacional”.

En el caso particular de Schulman, afiliado a la Federación Juvenil Comunista a la época de los hechos y luego al Partido Comunista, era un “abonado de las fuerzas represivas”, como han dicho su camarada Quaini, por su condición de militante político. El mismo Schulman ha relatado las persecuciones y atentados sufridos anteriores a los hechos que son objeto de debate en esta causa: en diciembre de 1975 le colocaron una bomba en su casa, el 24 de diciembre de 1976 allanaron su casa las fuerzas represivas y detuvieron a su hermano…Todo ello corroborado por los diversos testigos ofrecidos por esta parte. En este sentido, cabe traer a colación lo resuelto recientemente por la Cám. Nac. Cas. Penal Sala IV en el caso IRIART Fabio Carlos (Expte 9672-09) del 30 oct 09: “…En efecto, no puede desconocerse, tal como lo sostiene el recurrente, que las personas identificadas en su relación de pertenencia con el Partido Comunista fueron objeto de persecución, física e ideológica, por el aparato represivo estatal de la última dictadura militar. Así, la circunstancia de que se haya allegado al sumario un listado de personas que sufrieron, individualmente, las acciones ilícitas llevadas a cabo por el Estado en el período histórico que comprende la investigación, no desfigura los derechos conculcados de quienes, personal o colectivamente, enrolados en una filosofía o forma de pensamiento, se vieron privados del ejercicio de sus derechos. Ninguna duda exhibe el caso, frente a los alcances que le hemos asignado a los crímenes que se investigan en la presente causa, que el partido político que tratamos se vio, en el contexto histórico jurídico que revela el legajo, palmariamente lesionado como institución fundamental del sistema democrático, toda vez que su funcionamiento y libre ejercicio de sus actividades se vieron frustradas a partir de la ruptura del orden democrático que significó el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.”

Recordaremos aquí que el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Viola, suscribió la Directiva 404/75, cuyo anexo sobre “Inteligencia” habla de una “Prioridad 1” (atacar a la Liga Arg. Por los Derechos del Hombre, a la Unión de Mujeres de Arg., al Mov. de Unidad y Coordinación Sindical y al Mov. Nac. Intersindical, que son organismos donde operaba relevantemente -junto a otros- el Pdo. Comunista), y una “Prioridad 2” que es el propio Partido Comunista. En idéntico sentido, el Jefe del Estado Mayor del Ejército Suárez Mason dijo ante los diplomáticos extranjeros en 1979: “Entre los elementos que juegan en la estrategia revolucionaria se cuentan el Pdo. Comunista, la Liga Arg. Por los Derechos del Hombre, y 30 organizaciones vinculadas al P.C”. El Jefe del IIIº Cuerpo, Menéndez, convocó a “Aniquilar al marxismo y cerrarle toda posibilidad de surgimiento futuro”. Recordaremos aquí que la Directiva 404/75, en su anexo “Detención de personas” establece que para los objetivos de “Prioridad 1” habrá hegemonía de militares en las operaciones conjuntas; mientras que en los casos de “Prioridad 2” la investirán los policías. Tengamos presente que el Partido Comunista era, precisamente, de “Prioridad 2”, y el rol policial en el allanamiento debía ser importante.

Como decíamos, el genocidio fue llevado adelante para reestructurar las relaciones económicas y todas las relaciones políticas, gremiales, sociales, culturales y de solidaridad que sobre ellas se asentaban.

Querían REDISEÑAR la sociedad en nuevos términos. Por eso necesitaban “demonizar” al sector que sería reprimido; por eso se construye la figura del “subversivo”.

Para que nunca más vuelva a ser tomado como ejemplo de lucha, de reclamo social, enorme ejemplo para las generaciones futuras.

A su vez demonizarlo, constituirlo como “delincuente subversivo” tenía como objetivo la impunidad de los delitos cometidos contra ese grupo. La impunidad posterior fue planificada desde la dictadura y sostenida por los gobiernos posteriores.

Destruir esas dos cosas: la organización y la participación era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura.

Respecto de la metodología utilizada por los genocidas, tenemos lo que ya está probado hace mas de veinte años y cuenta con sentencia firme, en la “causa 13” o Juicio a las Juntas. Allí leemos: “…En los centros de cautiverio los secuestrados fueron interrogados en la casi totalidad de los casos bajo tormentos a través de métodos de tortura similares…No existe constancia en autos de algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de tortura y, en casi todos, la uniformidad de sistemas aparece manifiesta. Sólo pueden señalarse pequeñas variantes de tácticas o de modos, pero al pasaje de corriente eléctrica, los golpes y la asfixia, se repiten en casi la totalidad de los casos investigados, cualquiera sea la fuerza de la que dependía el centro o su ubicación geográfica…”.-

Vinculado con la cuestión de la metodología que siguieron los genocidas, tenemos las acciones típicas por los cuales se configura el delito de genocidio según la Convención para la sanción y prevención de dicho delito.

Mencionamos ahora como cada una de estas acciones típicas, fue desarrollada en el plan genocida llevado adelante en nuestro país, y como dichas acciones han surgido en las audiencias testimoniales de este juicio:

1. MATANZA,

“Cuando llegó la patota pregunté qué pasó con mi compañero me dijeron que lo mataron como un perro…En la foto se ve el rostro de una persona que es un civil que estuvo en el procedimiento de mi casa. El de perfil esta en el living. En otra habitación se ve a los militares desde un pasillo en la habitación donde mueren Fonseca y Vuistaz. La mancha de sangre que se ve en el piso se nota que le dispararon boca abajo y lo dieron vuelta. Mi compañero Vuistaz fue fusilado. El informe del EAAF dice que fue disparado de arriba hacia abajo. Las fotos de los cuerpos están tomadas en la que era mi habitación. Los antropólogos me dicen que fue ejecutado en el piso, por eso tuvo estallido de cráneo. Lo detienen vivo y lo fusilan.” Vilma Pompeya Gómez, 21-09-09.

B) LESIÓN GRAVE A LA INTEGRIDAD FÍSICA O MENTAL,

“En 1996 mi marido tiene un problema de salud, es operado por Aparicio en Rosario. El queda en sillas de ruedas, le hacíamos rehabilitación con electricidad, con electrodos, y hace una regresión a la tortura, el decía su nombre, documento, termina suicidándose antes de su recuperación, el 14/10/96.” Antalide Bugna, 19-10-09.

“… me desnudan, me atan los ojos con una cinta, me llevan a otra habitación, me atan a un sillón de hierro, como de dentista, con alambre, cadena, y me apoyan en mi cabeza algo que yo pensé que era un parapeto de madera, escuchaba los golpes, y gritos desgarradores de mi compañero en la otra habitación. Se van, y se ponen a hablar entre ellos, y hablaban con mi compañero que apenas podía contestar, estaba en una agonía impresionante, le preguntaban para que eran unos remedios que él tenía, escuché que le sacaban cadenas y no escuche mas nada, después regresaron y me siguieron dando a mí hasta que desmayé. Al amanecer me llevan a la Primera, me meten en una celda, detrás de la escalera. Quedaba como una especie de trapecio, muy chiquito, estuve esposado y encapuchado por 29 días. Debo haber estado semi inconscientes cerca de 3 días, tuve calambres en el cuerpo, seguía con el cuerpo electrocutado. Al llegar a la Primera me reciben con una paliza, como fue una constante en cada lugar donde me llevaron. Me pateaban y me decían “Malas noches, estás vivo!”, venían siempre de noche. Durante 29 días estuve así, me mojaban el piso del calabozo, no me daban ni diarios para separarme del piso. Aunque parezca absurdo, yo luego de esas palizas podía dormir, con el calor de la golpiza, y sabiendo que ya habían venido.” Froilán Aguirre, 09-11-09.

“Ahí me aplicaron picana, eran 6 o 7 personas las que estaban en la habitación, cuando me aplicaban la picana me colocaban una almohada en la cara, me destrozaron los senos, la vagina, los ojos y la boca….Tengo los dientes grises por efecto de la picana. Todos los nervios están muertos. No puedo ir a un dentista porque es lo más parecido a la picana que hay.” Vilma Pompeya Gómez, 21-09-09.

“Fuimos muchos los que vivimos esto, la idea era destruir, destruir familias y reemplazarlas por las de ellos… Yo sufrí torturas físicas y mi madre también las sufrió, pero además ella sufrió hasta su muerte, ya que el imaginar que un ser querido es torturado es la peor de las torturas. Aquel que vive la desaparición de un familiar sufre otra tortura, y es la psicológica. Mi abuela murió el mismo día que nos detienen a mamá y a mí. Hay un antes y un después en la vida, para mi, fue un antes de mis 14 y después. Yo llevé unos cuantos años de lucha, hasta que me pude sacar el horror pegado. Aún hoy cuando uno los ve, no puedo creer que compartamos una humanidad.” María de los Milagros Almirón. 05-10-09

“Mi hijo se retira del seminario para buscarme, cuando yo salgo mi hijo desaparece, Enrique tenía 23 años, y Daniel mi yerno, desaparece el primero de agosto de 1977. Yo pagué un precio muy alto por mi libertad, me destrozó mi familia.” Sara Dorotier de Cobacho. 06-10-09.

C) SOMETIMIENTO INTENCIONAL A CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE HAYAN DE ACARREAR SU DESTRUCCIÓN FÍSICA,

“La amenaza constante era porque yo estaba embarazada de 7 meses, sobre la vida de mi hijo. Yo no puedo asegurar el tiempo que estuve en ese lugar, no estaba en buenas condiciones físicas, no me daban de comer. En un momento me daban agua, nada de comida.” Marta Berra, 29-09-09.

“En la GIR nos bañábamos con un tarrito. Recuerdo mucho la luz esa muy fuerte. Estaba lleno de gente en las habitaciones. Nunca nos atendió un médico.” Vilma Cancian, 05-10-09.

D) IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR NACIMIENTOS,

“Al entrar yo en la Cuarta estaba embarazada, entonces pedí un médico, fue y sólo me pregunto el nombre. Sufrí un aborto en junio. Me llevan al hospital para hacerme un raspaje, con mucho personal armado, tanto traslado como custodia.” Susana Molinas, 05-10-09.

“…noto que no tenía mi período, pido un médico, y me dice que me iban a hacer análisis de sangre, me llevan al hospital para eso, me traslada de la GIR al hospital Aebi. Cuando estuvieron los resultados no me los vino a comunicar el médico, sino que me llevan a la oficina de Perizzotti, estaba presente Aebi. Ahí me dicen que estaba embarazada y Perizzotti textualmente me dice “que iban a reparar ese error”. Me sacó María Aebi de la GIR con dos personas mas a un consultorio particular. Nos recibe un médico, el cual nunca me dirigió la palabra. Me senté en una camilla ginecológica, me puso un suero, no me explicó nada de lo que iba a hacer, hizo su trabajo en 15 o 20 minutos, al terminar yo me sentía muy mareada.” Silvia Suppo, 05-10-09.

“Me empiezan a golpear, les digo que estoy embarazada pensando que eso iba a mitigar la situación, pero fue peor, me decían que era el hijo de un guerrillero, y que ese bebé no debía nacer. Me golpean cada vez más fuerte, y me decían que si yo me caía al piso no me iba a levantar más”. María Cecilia Mazzetti, 29-09-09.

E) TRASLADO POR LA FUERZA DE NIÑOS.

“…en junio de 1982 cuando recupero la libertad regreso a mi lugar de origen y me reencuentro con mi madre, que no había vuelto a ver, a mi ex pareja que vi una vez en Coronda. De a poco con los días me relatan lo que había pasado, ellos tenían algo para revelarme. De a poco se fue allanando la situación y me cuentan que mi pareja dio a luz en marzo de 1977 ella estaba embarazada de 3 meses. Nació un varón en una clínica privada, ella quedo en desamparo total. Una señora se acercó a ella cuando estaba avanzado el embarazo para ofrecerle ayuda y criar al chico. El chico estaba en Reconquista y lo tenía una familia, yo respondí que no quería verlo. La familia se lo apropió e inscribió como hijo propio, le negaron todo acercamiento a la madre. No está clara la relación que esta familia tuvo con las FFAA, había una familiar que pertenecía a la fuerza aérea. Mi hijo tiene 32 años y enterado de la historia de su familia se puso a disposición de la justicia para esclarecer su origen y someterse a un examen de ADN. Faltan los pasos definitivos para obtener su plena identidad. La madre de mi hijo tenía 23 o 24 años.” Rubén Maulin, 28-09-09.

Así vemos como cada una de las acciones típicas que configuran el delito de genocidio se dieron en la zona como parte del plan llevado a cabo a nivel nacional, con una misma metodología consistente en el secuestro, en las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, la clandestinidad, la desaparición forzada, la muerte, la apropiación de niños y violencia sexual y violaciones cuando se trata de mujeres.-

También ha quedado probado no sólo a lo largo de este debate, sino en los distintos juicios que se llevaron adelante a nivel nacional luego de la reapertura de las causas de la dictadura, que cuando se trataba de mujeres detenidas desaparecidas, en la metodología de los represores se agregaba a las torturas físicas y psíquicas ya descriptas, una violencia especifica de contenido sexual, manoseos y distintas formas de abuso sexual, violaciones, amenazas de violaciones masivas. Tal como señala la profesora Silvia Delfino si bien … “La violación no es mencionada en la Convención contra el Genocidio de 1948. El Genocidio involucra un grupo de actos para alcanzar la eliminación o destrucción de un grupo “en todo o en parte” tal como es definido por parte de quien planifica ese exterminio. Aunque se mencionan los actos tendientes imponer medidas que impidan embarazos o posibiliten el traslado de niños de un grupo a otro, no se menciona la violación como parte de esas estrategias. Sin embargo la extensión, frecuencia y evidencia del acto de violación en procesos de genocidio han hecho necesario que los Tribunales internacionales especiales reformularan esas concepciones, por ejemplo en el caso del Trbunal Internacional por Rwanda en 1998 en que el Fiscal v. Akayesu decidió incluir la violencia sexual y la violación a mujeres y niñas como parte del genocidio… Testigo tras testigo testimoniaron sobre la sistemática y extendida estrategia de la violencia sexual y las violaciones hacia mujeres y niñas. Si bien la violación no aparecía como crimen si era considerada de modo aislado sí podía ser considerada como práctica de genocidio en el contexto de la persecución y planificación del aniquilamiento de un grupo. Estos crímenes incluyen el asesinato, el aniquilamiento, la esclavitud forzada, la prisión, tortura, violación sexual y las persecuciones por razones políticas, raciales pero no se limitan a la violencia contra la vida, la salud física o mental en términos de tratamiento cruel como la tortura, el castigo físico sino también las violaciones a la dignidad personal en particular el trato degradante y humillante que involucra el acoso, abuso o violación sexual o la prostitución forzada.Por eso las actuaciones y sentencias de los Tribunales ad hoc de Bosnia y Rwanda representan cambios determinantes en el modo en que es concebida la violencia sexual como crimen de lesa humanidad o genocidio. Se trata del primer momento en que la violación hacia mujeres y niñas es caracterizada como crimen de lesa humanidad ya sea en conflictos nacionales o internacionales. Implica una inclusión de la violencia sexual como crimen en la Convención de Ginebra y el Protocolo Adicional II…..

Concebir los actos de violencia sexual y las violaciones como delitos de lesa humanidad y parte de la planificación del genocidio implica que los perpetradores de esos crímenes no puedan gozar de impunidad.

Concluyendo con el análisis del genocidio cometido en nuestro país, es necesario resaltar que para garantizar la impunidad propuesta por el plan sistemático de exterminio fue necesario tergiversar la realidad sobre qué sucedió, cómo y cuando, quién lo cometió, a quién se aniquiló y porqué.

Así en la Argentina, los gobiernos constitucionales posteriores a la última dictadura militar implantaron durante mas de 20 años políticas de olvido, no solo mediante la aprobación e implementación de leyes y decretos de impunidad, sino también a través de la construcción y/o legitimación de diferentes formas de representar lo ocurrido.

Ejemplo de ello es la Teoría de los dos demonios, explicitada en los decretos 157 y 158 firmados por el ex Presidente Alfonsín y de allí en más, presente en todos los mensajes emitidos desde el Gobierno, comenzando por el prólogo del Informe Nunca Más de la CONADEP.

Queremos terminar de una vez por todas con la nefasta teoría de los dos demonios, que dio lugar incluso a que se hablara de “errores y excesos”. En la Argentina no hubo dos demonios.

En este juicio oral los casos investigados por torturas y privación ilegítima de la libertad agravadas se subsumen en las disposiciones del art. 2do. de la presente Convención, por lo que las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el art. 3 (asociación, complicidad, tentativa para cometer genocidio), serán castigadas, ya se trate de gobernantes o funcionarios.

Por lo que consideramos que es esencial e ineludible una sentencia que permita a nuestro país cumplir con el mandato impuesto por la citada Convención y por la Constitución para proceder a la condena por comisión del delito de genocidio.

El GENOCIDIO EN SANTA FE

De las constancias de autos se infiere que la organización estructural adoptada por el gobierno de facto dividió al país en cinco zonas, a su vez fraccionadas en sub-zonas, cada una de las cuales se correspondía con un Cuerpo del Ejército.-

El Comando de la Zona II, con sede en Rosario, dependía del segundo cuerpo del ejército y comprendía las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.-

La Zona II estuvo a cargo del Segundo Cuerpo del Ejército, comandado sucesivamente por los generales Ramón Genero Díaz Bessone (desde septiembre de 1975), Leopoldo Fortunato Galtieri (octubre de 1976), Luciano Adolfo Jáuregui ( febrero de 1979) y Juan Carlos Trimarco (desde diciembre de 1980).-

La labor de inteligencia era competencia del G-2, el que estaba a cargo, desde diciembre de 1975, del Coronel Carlos Alberto Ramírez.-

Dentro de esta zona, la subsana 21 con jurisdicción en toda la provincia de Santa Fe, era comandada por el 2do. Comandante del Segundo Cuerpo del Ejército y fueron sus responsables: General Otto Carlos Paladino ( desde agosto de 1975), General Andrés Aníbal Ferrero (desde febrero de 1976), General Luciano Adolfo Jáuregui (desde diciembre de 1977), General José Luis Sexton (desde febrero de 1979), General Héctor Humberto Gamen ( desde diciembre de 1979).-

Con respecto a los órganos de inteligencia, correspondía a esta ciudad de Santa Fe el Destacamento de Inteligencia 122. a cargo sucesivamente del Tte. Coronel Domingo Marcellini y del Tte. Coronel Carlos Alberto González.-

En lo concerniente al área 212, dentro de nuestra provincia, ésta comprendía los departamentos La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Garay.-

La responsabilidad recaía en los Jefes del Comando de Artillería 121, a saber: Coronel María Gonzalez (desde octubre de 1974), Coronel Juan Orlando Rolón (desde noviembre de 1976), Coronel Pedro José Canevaro (desde enero de 1979), Coronel Guillermo Daract (desde septiembre de 1980).-

En tal sentido, será pertinente tener en cuenta, entre otras probanzas, lo declarado por los imputados Domingo Manuel Marcellini (fs. 1647), el fallecido Nicolás Correa (fs. 1154/1158 vta), Juan Calixto Perizzotti (fs. 1146), Eduardo Alberto Ramos Campagnolo (fs. 1122/1133), Mario José Facino (fs. 1192/1196) y María Eva Aebi (fs. 1161/1165), como así también, los dichos del testigo Juan Rafael Lorefice (fs. 411/414 vta.), y el Legajo de CONADEP Nº 4627 glosado a fs. 598/620 de Roberto Fermín de los Santos.-

Asimismo, de lo antes expuesto, y de las diversas declaraciones testimoniales rendidas por las víctimas, se infiere, que el denominado circuito de la presesión ilegal en Santa Fe, y en particular los hechos que se tramitan en la presente causa, se desarrollaron fundamentalmente en los siguientes lugares, a saber:

a.) Seccional Cuarta de Policía de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Unidad Regional I, La Capital, ubicada en calle Tucumán 3595 de esta ciudad.-

b.) Guardia de Infantería Reforzada, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, Policía de la Provincia de Santa Fe, emplazada en calle Oroño 793 de esta ciudad.-

c) “La Casita”, denominación utilizada por la víctimas para referirse al inmueble ubicado en la vecina ciudad de Santo Tomé.-

En referencia a los Centros Clandestinos de Detención en Santa Fe, en el informe final de la CONADEP “Nunca Más” se indica que “… a partir de las denuncias registradas en la Comisión, se ha podido establecer la existencia de cuatro C.C.D. que funcionaron como circuito dentro de la represión clandestina. Todos ellos -bajo la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército- corresponden al Área de Seguridad 212, -cuyo jefe era en 1976 el Coronel Rolón (Legajo N° 7503), mientras que el Coronel José María González (Legajo N° 7503) del Grupo de Artillería 121 se desempeñó durante ese año y el siguiente como Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe. Y era precisamente la Brigada de Investigaciones, sita en Obispo Gelabert y San Martín, el lugar de recepción de detenidos, tanto de la capital como de zonas aledañas. Luego de un corto proceso de «ablandamiento» eran conducidos a la Comisaría 4, el centro de reunión de información (CR1) del área. Cuando el número de detenidos así lo requería, algunos eran derivados a un local de la U.D.A. (Unión de Docentes Argentinos), que no era ocupado por el gremio, y se convirtió en una especie de «aguantadero» para detenidos clandestinos.

El final del circuito era la Guardia de Infantería Reforzada, desde donde generalmente eran legalizados y remitidos a una cárcel legal, o bien liberados.”

“Brigada de Investigaciones – Era un lugar de tortura y «ablande». Se torturaba en el entrepiso, es decir debajo de la casa del Jefe de la Policía Provincial, ubicada en la planta alta. Generalmente en este lugar se recibía a los secuestrados recién llegados, no sólo de la ciudad, sino también de otros puntos de la provincia. (…)

Guardia de Infantería Reforzada – Se trata de un centro de detención que recibía detenidos-desaparecidos y que los derivaba. Generalmente se los legalizaba pasando a las unidades carcelarias de la zona.(…)

Comisaría IV – A pesar de tratarse de un lugar legal de detención recibían constantemente detenidos no reconocidos. Evidentemente, dado que casi todos los testimonios que fueron recogidos por la CONADEP , Delegación Santa Fe, señalan que en alguna oportunidad pasaron por este lugar, concluimos que se trataba de un centro de información. La tortura y los malos tratos eran el método de interrogatorio.” (…)

Otras denuncias que nos fueron efectuadas señalan que fueron trasladados presos detenidos en la cárcel de Coronda para ser torturados e interrogados en la Comisaría IV (Efren I. Venturini, Legajo N° 7508 y Roberto Cepeda, Legajo N° 7474).

En el caso particular de nuestros representados, cabe mencionar que han reconocido los lugares donde han permanecido secuestrados, tanto la GIR como las Comisarías 1º y 4º, corroborando lo manifestado en sus testimoniales brindadas ante este tribunal.

III- ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS PROBADOS.

Probada la materialidad de los hechos imputados corresponde establecer su significación típica.

Llegado el momento de especificar la calificación atribuida a la conducta de los imputados y la pena a aplicar al caso, y de acuerdo a lo desarrollado, venimos a solicitar que se califique la conducta de los imputados como delito de genocidio desde el derecho internacional y como PIL agravada en concurso real con tormentos… desde el derecho interno argentino.

a) GENOCIDIO

Se ha querido argumentar en diversos ámbitos que no se podría condenar por el delito de genocidio pues este no esta en el código penal, como así también que el mismo no tiene una pena especifica en el derecho interno. Creemos que esa visión, muestra una media verdad y opaca otra mucho más real. Que esa reglamentación interna no se haya efectuado aun, no es imputable a las víctimas ni a los que buscamos que se reconozca el genocidio cometido en la Argentina. Es imputable a este estado, jurídicamente continuador de aquel que cometiera el genocidio que no ha cumplido con las obligaciones asumidas.

Demostraremos en este punto que ello no es así, y que la condena por genocidio se impone como un deber para los jueces pues significa reconocer en la sentencia la verdad histórica, de lo que llevaron adelante estos imputados junto con miles en todo el país.

No nos detendremos en el análisis de la tipología de genocidio que ya fuera desarrollada, sino que fundamentaremos el pedido de pena en relación a esta calificación legal, pues como mencionáramos, se mantiene la misma plataforma fáctica.

El genocidio es un delito de derecho internacional y de lesa humanidad, catalogados quizás como el más atroz de todos, y que en su comisión incluye otros delitos de por si atroces.

Podemos tipificar los delitos padecidos por José Schulman como privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, pero ello resulta insuficiente.

Hemos escuchado también en esta sala las torturas y tormentos indescriptibles que sufrieron los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, las condiciones inhumanas en que eran mantenidos en ese cautiverio.

Todos los tormentos que describen los sobrevivientes, sin dudas que son parte del plan genocida, que incluye al resto de las víctimas cuyo caso no fue tratado en este juicio, pero que no podemos separar como es inescindible el genocidio.

Porque estamos convencidas que corresponde que los sres jueces cumplan en el caso de violaciones a ddhh con las obligaciones asumidas por el estado, solicitamos que en el fallo se cumpla el articulo cuarto de la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que señala que las personas que lo cometan deben ser castigadas.

El delito de genocidio esta tipificado claramente en el art 2 de la misma convención como ya lo hemos desarrollado y por tanto es un tipo penal con plena vigencia. Es ley desde 1956 cuando por ley 14.467 se ratifico el mismo y actualmente es parte del art 75 inc 22 de la CN.

Con ello queda demostrado que el principio de legalidad, queda absolutamente garantizado, pues el delito de genocidio era delito cuando los imputados lo llevaron adelante, con conciencia de su realización y conocimiento de su existencia pues reiteramos, el delito de genocidio esta reconocido por el derecho interno argentino desde 1956. Los imputados conocían de su tipificación no solo porque las leyes se presumen conocidas por todos sino principalmente porque ellos eran parte de ese estado.

Nos parece importante señalar que el principio de legalidad que impone que una conducta puede ser reprochada solo si es ley anterior a la comisión del hecho, se cumple acabadamente, pero sobre todo, este principio no puede ser utilizado en pos de la impunidad.

Este desarrollo demuestra que los señores jueces no solo pueden, sino que deben en cumplimiento con los arts. 2 y 4 de la convención ya citada, condenar por este delito

La misma corte suprema de justicia ha interpretado en este sentido la obligación estatal ante los tratados de ddhh en el caso Arancibia Clavel donde declaro la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y ha hecho lo propio en el caso Edmedkjian imponiendo al órgano jurisdiccional la aplicación de los tratados.

El imperativo de condenar por este delito, trae unido el de aplicar una condena, pues el estado argentino no puede alegar su propio incumplimiento para no condenar tamaños crímenes de lesa humanidad, calificados como genocidio.

Ahora bien, ante ello, cabria la posibilidad de que por una omisión del estado, al no fijar una pena especifica se pueda condenar por un delito pero no se pueda aplicar una pena, lo que seria lisa y llanamente un absurdo, toda vez que como señaláramos la tipificación del delito existe hace mas de 50 años, y seria la forma en que el mismo estado que ratifico la convención pueda incumplirla argumentando que no cumplió con su propia obligación y por tanto no tiene pena.

A criterio de esta querella, eso debe resolverse entendiendo al delito de genocidio como el delito de mayor gravedad de la legislación vigente, que no solo subsume figuras que si están en el código penal, sino que además le corresponde la mayor de las penas que también esta en el código penal.

Ello en cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por la CIDH en el caso Bulacio que específicamente afirmo: “el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos…” (caso Bulacio vs. Estado argentino, sentencia del 18/09/03, cidh, §§ 114 y sgtes.).-

Asimismo entendemos que debe analizarse al momento de aplicar pena conforme art 40, y 41 la magnitud del delito cometido, del daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, la angustia y desesperación que aun perdura en los familiares de los desaparecidos, ante el pacto de silencio que siguen manteniendo los imputados, y la peligrosidad que significaría para los trabajadores y el pueblo que los imputados gozaran de prisión domiciliaria. Entendemos que ello es inadmisible en delitos de lesa humanidad como este caso, pues ello seria parte de la ingeniería jurídica de impunidad.

Al respecto citamos al juez Rosansky en el incidente en que niega la prisión domiciliaria al cura Von Wernich afirmo: “los países que -como el nuestro- han padecido el terrorismo de estado, no pueden darse el lujo de finalizar investigaciones y juicios en los que recayeron condenas, tolerando que dicho esfuerzo se diluya al transformar la sanción en una mera formalidad. De lo dicho se desprende claramente que los paradigmas actuales en materia de derechos humanos, son incompatibles con cualquier medida del estado que transforme -manifiesta o encubiertamente- la sanción impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad, en una mera formalidad. En esos casos, cumplir la prisión en la comodidad de un hogar u obispado no sólo transforma en una mera formalidad la condena dictada, sino que violaría la normativa protectora citada… la sola información de un beneficio semejante, bastaría para provocar sensación de impunidad y desaliento a quienes por enésima vez deben relatar los horrores padecidos. Sensación que se transformaría en dato objetivo de la realidad al momento mismo en que un condenado por delitos de lesa humanidad egresara de la cárcel para continuar su vida en cómodas viviendas u obispados (como el aquí propuesto) -

b) Desde la óptica del derecho interno, se encuentran acreditadas en autos las privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos, los que serán precisados respecto de cada caso al momento del pedido de atribución de pena.

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD:

Respecto del tipo objetivo previsto en los arts. 144 bis inc 1 y 2, 142 inc. 1º, y 144 ter 1º párr. C.P., y conforme lo establecido por el art. 77 del mismo cuerpo, corresponde señalar que todos los procesados revestían la calidad de funcionarios públicos en virtud de ser los mismos integrantes de fuerzas de seguridad estatales, policías (Ramos y Facino) y miembro del Poder Judicial de la Nación en el caso de Víctor Brusa, al momento de comisión de los hechos.

Ello se encuentra probado por la documental acompañada y por los propios dichos de los procesados en oportunidad de recibírseles declaración indagatoria.

Un análisis similar al que hasta aquí se describe, en relación a la calidad que revestían los procesados, fue efectuado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la ya mencionada causa 13/84, al que remitimos.

Por lo demás, la conducta descripta en el art. 144 bis inc. 1º, según redacción de la ley 14.616, en cuanto reprime al funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privare a alguno de su libertad personal, se condice perfectamente con las conductas achacadas a los procesados Ramos, Facino, Perizzotti y Aebi y la conducta descripta en el art. 144 bis inc. 2 en tanto reprime al funcionario público que desempeñando un acto de servicio cometiere cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales respecto de Víctor Hermes Brusa.

Los hechos objeto del presente alegato, como también ya hemos visto, fueron cometidos por grupos de tareas que obedeciendo directivas del comando operacional ingresaron a los domicilios de las víctimas o las interceptaron en la vía pública para reducirlas mediante armas o coacción física y conducirlas a la Comisaría Cuarta. Es de destacar que nunca mediaron órdenes de detención o allanamiento emanadas de autoridad competente.

El bien jurídico tutelado es la libertad y el momento consumativo se produce en el primer momento de efectiva privación de la libertad personal, siempre que pueda considerarse que el ofendido vio afectada su libertad de movimientos o, más precisamente, que se vio impedido de disponer de su libertad de locomoción en los límites queridos por el autor, exigencia que viene dada por el principio de lesividad. La libertad mentada por la norma tiene un sentido corporal, así, el menoscabo de la libertad corporal constituye el fundamento de su punibilidad. De esta forma debe destacarse en el tipo el elemento normativo de la ilegalidad de la privación de libertad.

Siguiendo a Sebastián Soler “(…) la persona es entendida en el sentido físico, de manera que la libertad que se toma en consideración es la libertad de movimientos tanto en el sentido de poder trasladarse libremente de un lugar a otro, libertad de la que se priva al sujeto en el caso de encerramiento, como en el sentido de privar a alguien de la libertad de ir a un determinado lugar del cual el autor no tiene derecho alguno para excluirlo” (S. Soler. Derecho Penal Argentino. Ed. TEA Bs As 1983. Pág. 34 y stes.).

La forma de comisión de la privación de la libertad utilizada en estos casos, es la denominada por la doctrina como encerramiento.

Por ser el bien jurídico tutelado la libertad, la especial característica de este bien jurídico hace forzoso que el hecho asuma los caracteres de delito permanente. El hecho comienza en un momento determinado pero los momentos posteriores son siempre imputables al mismo título del momento inicial, hasta que cesa la situación creada.

Esta figura, continúa Soler, enuncia como requisito expreso el de la ilegalidad. Florian piensa que se trata de un elemento perteneciente al contenido esencial del delito que debe subsistir por si mismo. Creus manifiesta en el mismo sentido, al explicar el requisito de la ilegalidad que objetivamente se requiere que la privación resulte verdaderamente un ataque a la libertad, sin mediar consentimiento del sujeto pasivo y tratarse de una imposición no justificada dentro de los parámetros de las causas generales de justificación. Estas causales han sido descartadas en los casos que nos ocupan acorde se explicara detalladamente en el acápite anterior. (Creus Carlos, “Derecho Penal” Parte Especial Tomo I; Ed. Astrea).

Agrega Soler que, para integrarse la figura, se requiere que el hecho sea subjetivamente ilícito, y de modo positivo, es decir, que el autor debe proceder de manera arbitraria, objetiva y subjetivamente. Esto influye directamente sobre la culpabilidad eliminando toda forma de comisión culposa. Es decir, la privación de la libertad llevada a cabo por un funcionario público, en todas sus formas, lo es a título doloso.

El dolo exige, fundamentalmente, el conocimiento de la ilegalidad de la privación de libertad y la voluntad de asumir la acción en cuanto arbitraria; obrar “con la conciencia de que su conducta es sustancial y formalmente arbitraria” (Nuñez), esto es, que actúa sin derecho para privar de la libertad o que lo hace de un modo no autorizado por la ley.

Es necesario el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancias éstas, ampliamente verificadas en autos. El contexto en el que la privación de la libertad se llevó adelante, la ausencia de los mas elementales resguardo legales, los abusos cometidos generalmente desde el inicio de la conducta tanto respecto de las victimas como de sus familiares, y el reconocimiento expreso que los acusados hicieron en más de una oportunidad frente a las víctimas, son respaldo suficiente para dar por satisfecho el aspecto subjetivo exigido por la figura seleccionada.

Volviendo a las enseñanzas de Soler, el mismo autor destaca que el delito “puede ser cometido por omisión, consistiendo en este caso, en no hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente, estando obligado a ello conforme con la ley o a causa de la propia conducta anterior…”. Carlos Creus coincide en ese punto al señalar que: “…La consumación puede realizarse mediante omisión, cuando el agente no hace cesar la situación de privación de la libertad preexistente en que se encuentra la víctima por obra de un tercero, o cuando no hace cesar la que habiendo sido legítima se convirtió en ilegitima, teniendo la obligación de hacerlo. Es delito permanente -la acción se prolonga mientras no cesa la privación de la libertad.

Los secuestros y posteriores cautiverios de los detenidos-desaparecidos no sólo se perpetraron en contra de la voluntad de las víctimas. Su ilegalidad deviene, además, de que dichas privaciones no obedecieron a órdenes emanadas de autoridad competente.

La dictadura militar apoderada de la suma del poder público, ejecutó un plan sistemático criminal, el cual se orientó a exterminar a los reales o potenciales opositores al régimen, a la vez que se sembraba el terror en el conjunto de la población. El secuestro de miles de personas, su traslado a centros clandestinos de detención, la aplicación de torturas y el posterior asesinato o desaparición, fueron el método escogido para la implementación del siniestro plan. En ese contexto la ilicitud de cada una de las privaciones de la libertad padecidas por las víctimas deviene, con independencia de las formas empleadas en cada caso, del propio propósito perseguido.

La clandestinidad con que los imputados realizaron las capturas, el ocultamiento de la existencia misma de los centros clandestinos de detención, la ausencia de órdenes escritas (o bien el ocultamiento y/o destrucción de las mismas en caso de haber existido) son claras evidencias no sólo de la ilegalidad de las detenciones y cautiverios, sino de la conciencia de esa ilicitud por parte de todos los responsables de los crímenes objeto de investigación.

No caben dudas que cada uno de los procesados en esta causa, actuó en pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Todos, de manera voluntaria, formaron parte del plan sistemático de exterminio con absoluta comprensión de los propósitos específicos perseguidos por el mismo y de los delitos llevados a cabo para alcanzar tal fin.

FIGURA AGRAVADA:

Como se viene diciendo, la figura prevista en el art. 144 bis inc. 1 del CP, según ley 14616, fue llevada a cabo por los procesados con el agravante previsto por el art. 144 bis último párrafo, el cual remite –en lo que aquí interesa- al inc 1º del art 142, esto es “cuando el hecho se cometiere mediando violencia o amenazas”.

En efecto, la privación ilegal de la libertad en cuestión, se logra ejerciendo violencias sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros que tratan de impedir o pueden impedir el hecho, sea por una energía física o por un medio equiparado (hipnosis o narcóticos) así como también amenazando a cualquiera de los sujetos mencionados anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a instancias de aquel.

La extensión de los conceptos de violencia y amenazas puede ejercerse tanto para iniciar la privación de la libertad como en cualquier momento de la permanencia de la acción si van destinadas a mantenerla.

De la prueba valorada en cada caso, surge claramente que José Ernesto Schulman y Patricia Isasa fueron privados ilegítimamente de su libertad, tanto mediante el ejercicio de la violencia sobre el propio cuerpo –tanto al inicio como durante su cautiverio-, como por la utilización de amenazas respecto de ellos mismos como también de sus familiares y allegados.

APLICACIÓN DE TORMENTOS:

El art. 144 ter. 1º párr -siempre según ley 14.616- reprimía la conducta de aquel funcionario público que impusiere a los presos que guarde cualquier especie de tormento.

Debe, en primer lugar, destacarse que no cabe duda alguna respecto de que los detenidos-desaparecidos de los centros clandestinos de detención eran “presos” en los términos del Código Penal. Efectivamente, dicha condición surge de su aprehensión y encierro por funcionarios públicos, y tal como señalara la Excma. Cámara en la recordada causa nº 13/84: “Las víctimas eran presos en la terminología legal, toda vez que fueron aprehendidas y encerradas por funcionarios públicos que, de acuerdo a las leyes vigentes tenían facultades para hacerlo. Las circunstancias de que esas detenciones no hubiesen sido llevadas a cabo de acuerdo con las prescripciones legales – lo que también es motivo de reproche – no cambia la categoría de presos” (causa 13/84, en Fallos 309: 1526).

Esta querella entiende que es indiscutible que todas las personas cautivas fueron víctimas de los tormentos previstos por la norma que se analiza. Durante su encierro todos los prisioneros fueron sometidos a distintos tipos tormentos psíquicos y físicos con la finalidad de obtener más información para profundizar el plan de exterminio o para quebrantar su resistencia. Los tormentos consistían en imponer al detenido una absoluta incomunicación, en utilizar la “picana” para efectuar descargas de corriente en los cuerpos, en martirizar a los cautivos mediante simulacros de fusilamiento o haciéndoles presenciar las sesiones de tortura de sus familiares o seres queridos. En definitiva, lisa y llanamente, las condiciones inhumanas de detención implicaron en sí mismas el padecimientos de tormentos por parte de todas las personas secuestradas. Es por demás elocuente que José Schulman e Isasa padecieron los tormentos a que el legislador se refiere en el art. 144 ter CP.

La doctrina ha sostenido que debe entenderse por tormentos toda inflicción de dolores con el fin de obtener determinadas declaraciones; la acción debe implicar el maltrato material o moral infligido intencionalmente para torturar a la víctima, esto sea con cualquier finalidad (al respecto ver Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, tomo IV, pág. 55 y ss. y Nuñez, Ricardo, “Tratado de Derecho Penal”, tomo V, Ed. Bibliográfica Omela año 1967 pág. 57). Carlos Creus explica que el sujeto pasivo del delito, es una persona privada de su libertad. Pero no cualquier privación de la libertad convierte a la persona en víctima del delito, sino la que tiene su origen en una relación funcional, sea por haber procedido de la orden de un funcionario o por haber sido ejecutada por un funcionario.

El elemento subjetivo del tipo lo brinda el conocimiento, por parte del sujeto activo, de que la persona a la cual se tortura está privada de su libertad y que la actividad desplegada respecto de ésta, le causa padecimiento e intenso dolor. Condición que resulta, a todas luces, conocida por los autores de este delito.

Finalmente, queremos destacar –aunque en estas instancias parezca ya redundante- que en todos los casos las detenciones, cautiverios y tormentos padecidos por lo detenidos-desaparecidos fueron motivadas en razón de la ideología o pertenencia política, supuesta o real, de la persona alcanzada por los ejecutores del plan criminal. Huelga señalar que cuando el legislador estableció la agravante del tormento calificado por su aplicación a un perseguido político, el fundamento de la punición no estuvo dado por la ideología o práctica realmente contraria al régimen del represaliado, sino por la subjetividad del sujeto activo, que selecciona a su víctima en razón de la motivación política (tenga esta sustento o no en la realidad histórica). Como bien enseña Ricardo Nuñez “perseguido político no es sólo el imputado de un delito por causa política, sino también el individuo arrestado o detenido por motivo político, como es el de ser opositor al régimen establecido o a las personas que ejercen el gobierno”.

Desde ese punto de vista, y con independencia de las probanzas colectadas en autos respecto de la naturaleza de cada interrogatorio en cada caso concreto o de la pertenencia política de cada una de las víctimas, lo que se encuentra sobradamente acreditado es que los detenidos-desaparecidos privados de su libertad y torturados fueron sometidos a tormentos en razón de motivaciones de naturaleza político-ideológica. Fue la pertenencia o supuesta pertenencia a de los cautivos a agrupaciones políticas opositoras o a movimientos sociales considerados “enemigos políticos” de la dictadura, la que motivó que los encartados los sometieran a los tormentos por los que aquí son acusados.

IV- LOS RESPONSABLES Y LA PRUEBA VALORADA

a) VÍCTOR HERMES BRUSA

El encartado fue funcionario del Poder Judicial de la Nación e inició su carrera judicial como Auxiliar Principal de la Secretaría Electoral de Santa Fe. Al momento de los hechos cumplía funciones como adscripto en el Juzgado Federal Nª 1 de esta ciudad y el 27 de abril de 1978 fue designado en el cargo de Secretario de dicha sede tribunalicia.

Las diversas declaraciones testimoniales que se escucharon en el debate, brindadas por aquellas personas que estuvieron detenidas en los mismos lugares y en similares períodos de los año 1976 y 1977, constituyen prueba idónea y suficiente para acreditar con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria-, la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del imputado en los mismos.-

En efecto, todos los relatos son plenamente coincidentes y concluyentes a los fines de establecer, que Víctor Hermes Brusa, como secretario del Juzgado Federal de esta ciudad, concurría, alternativamente y en distintas ocasiones, a la comisaría Cuarta, Guardia de Infantería Reforzada, o Cárcel de Coronda, a veces acompañado de un escribiente de apellido Nuñez y otras con el mismo Juez Federal Mántaras, y que en tal carácter y circunstancias, recibía declaraciones a las personas detenidas.-

Ha quedado acreditado en lo que concierne a Schulman que concurrió en fecha 23 de noviembre de 1977 a dependencias de la seccional cuarta de policía de esta ciudad, presentándose como Secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe ante el detenido ERNESTO JOSE SCHULMAN, y bajo amenazas de que en caso de no firmar volvería a ser torturado, procediera a obligarlo a suscribir una declaración previamente preparada, en la que Schulman manifestaba reconocer haber puesto una bomba en la Plaza España en el mes de enero de 1977.

Los elementos de juicio que surgen de las pruebas reunidas y de los testimonios oídos en el debate, permiten afirmar que los comportamientos desplegados por Víctor H. Brusa en relación a Schulman, así como respecto de las demás víctimas, son configurativos del delito de apremios ilegales, entendiendo por tales, a los rigores usados con los presos para forzarlos a confesar o declarar algo, o para influir de alguna manera en sus determinaciones.-

“Pueden estar constituidos por atentados físicos sobre la persona del sujeto pasivo, por severidades o vejaciones, según los conceptos explicados, o realizados de otros modos que no caben dentro de los límites de ellos (amenazas, imprecaciones, órdenes intimidatorios, etc.)”. (Carlos Creus, Derecho Penal Parte Especial Tomo I, pag. 325).-

Se ha acreditado que Brusa conocía las torturas padecidas por los testigos y que las empleaba para “convencerlos” de que ratificaran las declaraciones obtenidas en esas condiciones, amenazándolos con que volverían a ser torturados (como se apreció en los casos de Schulman y Millán, por ejemplo).

Por lo demás, cabe aclarar que no hay dudas respecto de la calidad de funcionario público que revestía Brusa. Recordemos que la más prestigiosa doctrina entiende que el empleado público puede participar accidental o permanentemente del ejercicio de la función pública, esa permanencia o accidentalidad lo convierte por imperio legal, en un funcionario público. Ha señalado al respecto Ricardo Núñez que “En lo que al derecho penal atañe, lo que da la idea de lo que es un funcionario o empleado público es la participación en el ejercicio de funciones públicas. Esta participación existe cuando el estado ha delegado en la persona, de manera exclusiva o en colaboración con otras, la facultad de formar o ejecutar la voluntad estatal para realizar un fin público”. Así, el mismo procesamiento de la CFAR en estos autos, ha tenido por probado que como empleado del juzgado, Brusa concurría a cumplir cometidos oficiales, como le es tomar declaración a los imputados, en una evidente delegación de funciones.

Además su accionar se encuentra denunciado desde el año 84, y que su nombre aparece ya en el Nunca Más agregado a esta causa. Su nombre también aparece en el programa de Ana Fiol Mujeres de Fin de Siglo.

Y la perla es el informe Side del 3/09/1981, Respecto de Brusa firmado por el Tte. Cnel. Rondello Barbaresi. En el se expresa textualmente: “Ha colaborado estrechamente con la Fuerza en la LCS. Es amigo y colaborador del Ejército Argentino”…

b) JUAN CALIXTO PERIZZOTTI

Desde el 19 de enero de 1977 el encartado tuvo a su cargo la Oficina de Coordinación dependiente del Área 212 que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada con sede en esta ciudad, hasta su disolución en noviembre de 1983.

Se ha acreditado que estimativamente, a fines del mes de julio de 1976, en su condición de Jefe de la Oficina de Coordinación dependiente del Área 212 que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada con sede en esta ciudad, ha mantenido privada ilegítimamente de la libertad a PATRICIA INDIANA ISASA, trasladándola contra su voluntad a la comisaría cuarta de esta ciudad, lugar donde la misma, en el marco de un interrogatorio, fuera sometida a la aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo.

En su propia declaración indagatoria y ampliación de la misma brindada en el debate, manifiesta que entre el 28 de diciembre de 1976 al 31 de enero de 1977, por resolución del Jefe de Policía se tuvo que hacer cargo de la Oficina de Coordinación dependiente del área 212 que funcionaba en la GIR, hasta que se disolvió en noviembre de 1983. También reconoció que trasladaba detenidos de la seccional cuarta a la oficina donde era jefe, que esos traslados se efectuaban por órdenes que llegaban a su mando o que él las iba a buscar al Comando de Artillería 121, por lo general secretas, que firmaba el Jefe de la Guarnición Militar de Santa Fe, que también era el Jefe de la Subzona 26 y Jefe del Area 212. Que la custodia en los traslados siempre la realizaba el ejército. Que recibía órdenes del área 212. Que los detenidos que él recibía y se alojaban eran a disposición de la Justicia Federal, del PEN o del área 212.

En base a los elementos de convicción que se han ventilado a lo largo del debate e incluso de los propios dichos del imputado, ha quedado demostrado que tenía un cargo jerárquico de importancia dependiendo de las directivas del Ejército, que en la propia GIR funcionaba un centro de torturas, que era el encargado de los traslados de los detenidos. Asimismo se ha demostrado que cuando se quería torturar a algún detenido, incluso alojado en la Cárcel de Coronda, se lo trasladaba por ejemplo a la comisaría cuarta. Huelga decir que las condiciones de cautiverio dentro de la GIR han sido ya relatadas al explicitar la materialidad de los hechos, configurando por sí mismas una situación de tormentos de la que el imputado tiene absoluta responsabilidad atento su condición de responsable de la GIR ya señalada.

Los hechos padecidos por la querellante Isasa por los cuales este imputado ha sido traído a juicio, han sido cabalmente demostrados a lo largo de las distintas testimoniales que ya se han traído a este alegato.

c)- MARÍA EVA AEBI

Al momento de los hechos investigados la encartada era agente de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Brigada Femenina, desempeñándose como escribiente en la Guardia de Infantería Reforzada con sede en esta ciudad. Consta en su legajo personal en la Policía y lo ha expresado Perizzotti, que cuando él llegó a la GIR, Aebi ya estaba trabajando allí.

De la prueba rendida, en honor a la brevedad, damos por reproducidos los testimonios que la ubican en la GIR, cumpliendo funciones de Secretaria de Villalba primero y de Perizzotti después, ostentando superioridad jerárquica fáctica respecto del personal femenino restante y con participación en los traslados de detenidos y en diversos simulacros de fusilamientos descriptos por las víctimas.

No han quedado dudas que estimativamente, en el mes de agosto de 1976, desempeñándose como agente de policía de la Pcia. de Santa Fe, intervino junto a otras personas en la privación ilegítima de la libertad de PATRICIA INDIANA ISASA, trasladándola desde la seccional primera de policía de esta ciudad, hasta la Guaria de Infantería Reforzada de esta ciudad.

d)- MARIO JOSÉ FACINO

Se ha acreditado que:

1.) Estimativamente a fines del mes de julio de 1976, desempeñándose como Sub-Jefe de la seccional cuarta de policía de esta ciudad, intervino junto a otras personas, de la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos de PATRICIA INDIANA ISASA, quien, encontrándose alojada ilegalmente, fué sometida en dicha seccional a la aplicación de descargas eléctricas en diversas partes de su cuerpo;

2.) En fecha 17 de octubre de 1976, desempeñándose como Sub-Jefe de la seccional cuarta de policía de esta ciudad, alojó ilegalmente a JOSE ERNESTO SCHULMAN, tomado intervención junto a otras personas de su privación ilegítima de la libertad;

De acuerdo con su legajo personal, el que se encuentra reservado en Secretaría, Facino se desempeñó como Sub Jefe de la Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia de Santa Fe, con sede en Bv. Zavalla y Tucumán esta ciudad, desde el 08/05/75 hasta el 27/01/77, y como Jefe del Comando Radioeléctrico desde el día 27/01/77 hasta el 14/08/79, y a partir de esa fecha como Jefe de Agrupaciones Cuerpos. Su jerarquía, dentro de la fuerza policial, desde el 01-01-74 hasta el 01-01-77 era la de Subcomisario.

Su nombre aparece en el listado conformado por CONADEP Santa Fe, y en el Programa de Ana Fiol ya referenciado.

Cabe señalar que la misma CFAR ha tenido por cierto que por su desempeño funcional dentro de la comisaría cuarta, no podía ser ajeno a estos hechos habiéndose cometido dentro de esa repartición mientras él era el jefe, ya que quedó demostrado que no se trató de un único hecho aislado o sorpresivo, que pudiera desconocer por alguna razón, sino que existía UNA ESTRUCTURA PREDISPUESTA PARA LA REALIZACION DE TALES HECHOS.

De los distintos testimonios escuchados en el debate, tanto de las víctimas como del personal de las fuerzas de seguridad que cumplían funciones en la Comisaría Cuarta, tal como Monzón, se desprende que la responsabilidad de Facino como jefe del lugar de tortura y exterminio que configuró dicha seccional.

e)- EDUARDO ALBERTO RAMOS CAMPAGNOLO

Según se desprende de su legajo personal, el que se encuentra reservado en Secretaría, Ramos fue agente de la Policía de la Provincia de Santa Fe y al momento de los hechos investigados prestaba servicios en el Departamento de Informaciones Policiales (D2). En fecha 12-02-79 se dispuso su exoneración.

Ha quedado demostradas en base a la prueba testimonial brindada en el debate, las imputaciones de Ramos respecto de Isasa y Schulman.

1) En fecha 30 de julio de 1976, desempeñándose como agente de policía de la Pcia. de Santa Fe en el marco de un procedimiento llevado a cabo con otras personas que portaban armas de fuego, e ingresando a la vivienda ubicada en calle Moreno 2741, Dpto. 3 de esta ciudad, privó ilegítimamente de la libertad a PATRICIA INDIANA ISASA, trasladándola contra su voluntad a la comisaría primera de esta ciudad, para finalmente y una vez alojada esta en dependencias de la Comisaría cuarta de esta ciudad, proceder junto a otras personas y en el marco de in interrogatorio, a aplicarle corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo.

2) En fecha 12 de octubre de 1976 privó ilegítimamente de su libertad a José Ernesto Schulman, junto a otras personas, mediante violencia y amenazas, sometiéndolo a una feroz golpiza constitutiva del delito de tormentos, para luego trasladarlo a la seccional Cuarta de Policía.

3) En fecha 22 de noviembre de 1977, desempeñándose como agente de policía de la Pcia. de Santa Fe en el marco de un procedimiento llevado a cabo con otras personas que portaban armas de fuego en la vía pública, haber privó ilegítimamente de la libertad a ERNESTO SCHULMAN, trasladándolo contra su voluntad a dependencias de la Comisaría cuarta de esta ciudad, para luego proceder junto a otras personas y en el marco de un interrogatorio, a someterlo a simulacros de fusilamientos.

En efecto, las declaraciones vertidas son contestes en que Eduardo Ramos integraba el grupo de tareas responsables tanto de las detenciones como de aplicar tormentos a las víctimas.

Aparte de Bugna y Schulman que dicen haberlo conocido a Ramos con anterioridad a los episodios que relatan, los restantes testigos ofrecieron argumentos lo suficientemente convincentes para justificar la identificación que hacen del encartado.

Todos los relatos son coincidentes a los fines de establecer que se Ramos, desempeñándose como agente de la Policía de Santa Fe, tomó intervención junto a otras personas restringiendo ilegalmente la libertad ambulatoria de las víctimas, reduciéndolas físicamente a través del uso de armas de fuego, fuerza física o amenazas, colocándoles esposas o ataduras, trasladándolas de un lugar a otro o alojándolas en distintos lugares de detención ilegal, que participó junto a otros miembros de la “patota” en la aplicación de picana a las víctimas, procedimiento que provocó si duda intensa acción física y psíquica a las víctimas.

Si bien el imputado ha señalado en su ampliación de declaración indagatoria que sólo cumplía tareas de inteligencia infiltrándose en las universidades como alumno regular y que trabajaba sólo, en su domicilio, sin tener contactos con personal policial, ante la pregunta de esta querella, admitió haber detenido a Schulman el 22 de noviembre de 1977 junto con los agentes policiales González y Cabrera, manifestando burdamente que eran “amigos” y que fueron de civil. Esto demuestra una vez más, que Ramos era uno de los miembros de la patota que sistemáticamente secuestraba y torturaba a los detenidos. También dijo respecto del apodo “Gerardo” con el que según Isasa se identificó en la Comisaría Primera que no podía ser él atento a que había un Gerardo Ramos en dicha repartición. Cabe mencionar al respecto, que dicho elemento de descargo no resiste el menor análisis ya que la víctima no sólo lo reconoció en la GIR en el episodio descripto donde participa Anatilde Bugna, sino que además según el Informe remitido por el Departamento Personal (D-1) de la Policia de la Provincia de Santa FE, agregado a fs. 6352, no existe ningún personal policial de nombre y apellido Gerardo Ramos, y si Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.

Su nombre figura en el listado de represores de la Conadep Santa Fe y en el programa de Ana Fiol.

V- AUTORÍA

A los imputados en autos se los ha llamado a proceso por hechos que podrían decirse complejos en cuanto a la asignación de responsabilidad por el grado de participación como autores o cómplices, debido a que algunos de los procesados participaron secuestrando, otros aplicando tormentos, otros manteniendo en cautiverio, otros cometiendo homicidios y otros dieron las órdenes.

Para la construcción de la responsabilidad, realizaremos una aproximación de los hechos a la norma teniendo en cuenta que todos los procesados participaron de un plan sistemático de represión clandestina iniciado con anterioridad a los hechos, en el cual cada uno de ellos fue cumpliendo su rol, por lo que seguidamente se dará cuenta -nuevamente- del plan general.

En este sentido, el plan sistemático de represión clandestino que se ha indicado en los acápites que anteceden, tenía como objetivo eliminar a un grupo nacional que identificaban como “subversivos”.

Para lo cual se idearon grupos actuantes con toda una organización jerárquica que diese “orden” y “respuesta” a cada uno de los eventos que se suscitarían en el futuro.

Ilustrativamente – y como ya se efectuara- utilizando las palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revisar la sentencia dictada en la causa N° 13 por la Excelentísima Cámara del fuero, hemos desgranado como este plan sistemático preveía, capturar a los sospechosos, conducirlos a lugares situados bajo su exclusivo control, interrogarlos bajos tormentos, someterlos a condiciones de vida infrahumana, realizar todas estas acciones en la más absoluta clandestinidad y dar amplia libertad a los cuadros medios inferiores para determinar la suerte de los aprendidos.

Por otra parte, este plan sistemático tuvo un inicio anterior al acaecimiento de los hechos. Para probar ello solo basta remitirse al informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, donde obran documentos sobre la existencia de centros clandestinos de detención y personas desaparecidas.

En base a todo lo expuesto y a fin de evitar mayor abundamiento, en todo lo que se refiere al plan general, habremos de remitirnos a lo ya expuesto en párrafos anteriores.

En cuanto a los procesados mencionados, su participación en los hechos lo será como ejecutores de los mismos, en el grado de autores en razón de que las funciones que cumplían cada uno de ellos, guarda relación con las actividades y operaciones específicas conforme a la ejecución del plan sistemático de represión trazado, y ya explicado.

Para no extendernos demasiado en un tema por demás de tratado ya en esta causa y sobre el cual ya no existen dudas al respecto, restaría agregar algunas líneas ya trazadas por la CFAR en autos Feced en relación a este tema.

En este sentido ha expresado: “Dentro de la teoría del dominio del hecho que resulta aceptada en forma mayoritaria por la doctrina, dos son las variantes de coautoría que se presentan. La primera se da cuando en la realización del hecho converge una pluralidad de sujetos, cada uno de los cuales realiza la totalidad de la acción típica y, como señala Eugenio Raúl Zaffaroni, su característica esencial es la inexistencia de una decisión común al hecho. La segunda de las formas de coautoría se presenta en aquellos casos en que cada uno de los participantes en el delito realiza una parte de la conducta que describe el tipo penal y que sólo en conjunto completan la conducta típica. Caracterizando a este tipo de coautoría, Zaffaroni explica: ‘La coautoría funcional presupone un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. El primero es la decisión común al hecho, y el segundo es la ejecución de esta decisión mediante la división del trabajo…Para determinar qué clase de contribución al hecho configura ejecución típica, es menester investigar en cada caso si la contribución en el estadio de ejecución constituye un presupuesto indispensable para la realización del resultado buscado conforme al plan concreto, según que sin esa acción el completo emprendimiento permanezca o caiga…

La conducta desplegada por los encartados en autos cae dentro de la segunda especie de coautoría reseñadas. De esta forma todos ellos poseían el dominio del hecho en cada una de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los que intervinieron. Aún en aquellos supuestos en los que no tomaron parte en el comienzo del hecho, realizaron posteriormente una conducta que aseguró la continuación del cautiverio de los damnificados…

Más claro aún resulta el caso de los tormentos, ya que cada uno de los imputados deberá responder por este hecho sólo en aquellos supuestos en que se ha corroborado su directa aplicación por parte de los mismos. Lo dicho basta para acreditar la coautoría por parte de los imputados en autos al haber tenido el dominio (o codominio) de los hechos referentes a la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos, acorde a cada caso en particular conforme fuera precedentemente reseñado”.

VI- APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL CONCURSO DE DELITOS:

En los hechos descriptos en este alegato de los cuales fuera victima José Ernesto Schulman, media concurso real entre los delitos señalados.

Ello porque no sólo se trata de bienes jurídicos distintos, sino que la privación ilegal de la libertad que se verifica en autos excede largamente la que puede considerarse implícita en todo acto de tormento. Asimismo el secuestro y cautiverio de la víctima no tuvo como única finalidad la de someterlo a tormento, circunstancia que también lleva a concluir que las conductas de privación de la libertad y de aplicación de tormentos deben ser consideradas desde el punto de vista jurídico como acciones plurales y, por lo tanto, en concurso real.

Al respecto, Zaffaroni explica: “El presupuesto necesario del concurso de delitos es una pluralidad de conductas. En el fondo no deja de ser la concurrencia de varios delitos en un único proceso, lo que si bien hace que haya disposiciones al respecto en el código penal (arts. 55 y 56) en modo alguno debe ser considerado como una cuestión exclusivamente penal, sino también de enorme importancia procesal…” (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Derecho Penal Parte General”, Ed. Ediar, 2000 pág. 826).

Cada una de las privaciones ilegítimas de la libertad y de la aplicación de tormentos agravados, son independientes entre sí, y como dichas figuras resultan material y jurídicamente escindibles, corresponderá aplicar, en todos los casos, las reglas del artículo 55 del Código Penal.

VII- EXAMEN DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION

No es posible dejar de lado la responsabilidad de las personas aquí investigadas, bajo el argumento de haber actuado en cumplimiento de una orden superior, máxime en este tipo de casos en los que nos enfrentamos a hechos aberrantes y evidentemente ilícitos.

Conforme ha sostenido la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal: “…Para ampararse en la eximente de la obediencia de una orden debió necesariamente demostrarse la existencia de tal orden superior que dispusiera que debía actuarse del modo en que se actuó. Además, y aún ante tal hipótesis, no puede exceptuarse de su responsabilidad a quien invoque actuar en cumplimiento de una orden superior en casos de hechos atroces y aberrantes, o de ilicitud manifiesta… En el ámbito militar, donde las cosas ofrecen otro aspecto porque no cabe aceptar un derecho de examen por parte del inferior –el subordinado, “…no resulta exculpado si la antijuridicidad penal del cumplimiento de la orden es, a tenor de las circunstancias por él conocidas, palmaria, o sea, si aquella puede ser advertida por cualquier persona sin particularidades reflexiones. También hoy el derecho de examen por parte del inferior resultaría incompatible con la esencia del servicio militar, pero la falta de conciencia y la ceguera jurídica tampoco pueden ser exculpadas en el ámbito militar. El contenido de la culpabilidad del hecho consiste en que, siendo evidente la antijuridicidad penal, incluso si el hecho se realiza en cumplimiento de una orden, cabe constatar un imperdonable fracaso de la actitud del inferior frente al derecho…” (Conf. Jescheck, Hans-Heinrich –Tratado de Derecho Penal- Parte General, Ed. Comares, año 1993, 4ta edición, pag. 450/3. En nuestro medio ha sostenido Ricardo C. Nuñez que “…sólo la obediencia debida exime de pena, pero nadie debe cometer delitos por el solo hecho de que, abusando de su poder, se lo ordene un superior. El abuso del superior no obliga al inferior, al cual solo le está vedado examinar la oportunidad o justificación de la orden legítima, pero no si ha de negarse a participar de un hecho delictivo. La obediencia que se debe…incluso en el orden militar, es al objeto relativo propio de cada ordenamiento jurídico, pero se puede asegurar que ninguno de éstos tiene por objeto mandatos delictuosos. La obediencia militar se debe a las órdenes de servicio. (“Derecho Penal Argentino, parte general”. Editorial Bibliográfica Argentina, año 1964, T. I, p 413/5).

Por lo demás y en similar sentido, cabe citar lo sostenido por esta cámara en el fallo de la causa 44 del 2 de diciembre de 1986, fs. 8323/8867. Catan – Luraschi- Irurzun. 17414 “Del Cerro, Juan A. y otro s/ procesamiento”. 8/02/01 18381 CCCFed.

En este orden de ideas dicha cámara explicó: “la orden de un superior no es suficiente para cubrir a la gente subordinada que haya ejecutado esa orden y ponerlo al abrigo de toda responsabilidad penal si el acto es contrario a la ley y constituye en sí mismo un crimen, pues él no debe obediencia a sus superiores sino en la esfera de las facultades que estos tienen, principio que no puede ofrecer dudas sino en los casos oscuros en que no es fácil discernir si el acto que se manda ejecutar está o no prohibido por la ley, o si se halla o no dentro de las facultades del que lo ordena. En autos no se aceptó tal eximente porque una rebelión evidentemente es un crimen y ninguno de los que la ejecutaron puede llamarse inocente. (Cortelezzi Catan Archimbal R: “ Calzada, Oscar Hugo s/ inf.. arts. 142, 149 bis, 189 bis, 194 y 227 ter del C.P. Boletín de Jurisprudencia. Año 1988. Nº 2., mayo, junio, julio y agost. Pág 59. c. 20.518, C.C.C. Fed. Sala I).

Al respecto, es definitiva la opinión de Jorge Bacque quien sostuvo en relación a la obediencia debida que “…puede afirmarse sin hesitación alguna que, cuando se está en presencia de delitos como los cometidos por el recurrente, la gravedad y manifiesta ilegalidad de tales hechos determinan que, como lo demuestran los antecedentes históricos a los que se hiciera referencia anteriormente, resulte absolutamente incompatible con los más elementales principios éticos jurídicos sostener que en virtud de la obediencia debida se excluya la antijuridicidad de la conducta, o bien el reproche penal por el ilícito cometido…” (Voto en minoría del Dr. Jorge Bacque. Fallo 310: 1220).

En definitiva las órdenes de contenido ilícito manifiesto, no poseen carácter vinculante para el subordinado, quien en el caso de ejecutarla, de ninguna manera podrá considerarse amparado por la eximente que representa la obediencia debida. Todo lo contrario, los imputados deberán responder penalmente por los injustos que cometió en ocasión de llevar a cabo la acción ilícita.

Así quedó demostrado en este juicio con la declaración testimonial del Coronel Horacio Pantaleón Ballester del CEMIDA, que frente a una orden inmoral cabía la posibilidad de pedir la baja, el pase a retiro o sublevarse. Dijo textualmente: “…yo me sublevé. Hubo otros que pidieron la baja. El gobierno decía que era una guerra sucia, yo nunca encontré un texto en el que se hablase de guerra limpia. La guerra es la guerra, pero por las Convenciones de Ginebra tiene toda una normativa que refiere al trato y al respeto que se les debe dar a los prisioneros, tanto de un bando como del otro, y eso se debe cumplir en cualquier guerra. Y acá eso no pasó. No es propio más que de inmorales allanar una casa buscando niños que pedían el boleto escolar, los que no pueden ser jamás criminales, y no solamente secuestrarlos, sino también cometer la bajeza de robarse hasta las bombitas de la luz.”, aclarando que el negarse a cumplir las órdenes impartidas, tanto en el caso de militares como de policías no conllevaba la muerte ni la desaparición.

VIII- Petitorio:

POR TODO ELLO EN NOMBRE DE LA LUCHA DE LOS 30.000, VENIMOS A SOLICITAR

1. QUE SE CONDENE A EDUARDO RAMOS, MARIO JOSÉ FACINO Y VICTOR HERMES BRUSA COMO COAUTORES DEL DELITO DE GENOCIDIO, ART 2 CONVENCION PARA LA PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE GENOCIDIO, A LA PENA DE PRISION PERPETUA, ART 4 DE LA CONVENCION EN CALIDAD DE CO-AUTORES, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS
2. QUE SE ORDENE QUE LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA SEA CUMPLIDA EN CARCEL COMUN, ATENTO LA MAGNITUD Y GRAVEDAD DEL DELITO ENDILGADO
3. SE REMITA A LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PERTINENTES COPIA DE LAS DECLARACIONES ACERCA DE LOS CASOS QUE AUN NO HAN SIDO JUZGADOS Y DE LOS REPRESORES AUN NO PROCESADOS PESE A LAS REITERADAS DENUNCIAS DE SCHULMAN EN LO REFERENTE A LAS DENUNCIAS SOBRE CABRERA Y GONZALEZ, CON LA PREMURA DEL CASO Y RESPETANDO LOS PARAMETROS DE JUZGAMIENTO DE UN PLAN GENOCIDA

Subsidiariamente para el caso que este Tribunal no hiciera lugar a la condena por genocidio, respecto de los hechos de que fuera víctima José Ernesto Schulman y según el Derecho Interno argentino, solicitamos:

1. se condene a Víctor Hermes Brusa como autor del delito contenido en el art. 144 bis inc. 2 del CP en perjuicio de José Ernesto Schulman a la pena de prisión de 5 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
2. se condene a Mario José Facino como autor del delito contenido en el art. 144 bis y 142 inc 1 del CP en perjuicio de José Ernesto Schulman a la pena de prisión de 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
3. Se condene a Eduardo Alberto Ramos como autor de los delitos contenidos en el art. 144 bis y 142 inc 1 del CP en dos oportunidades y como autor del delito contenido en el art. 144 ter en dos oportunidades, todos ellos en perjuicio de Schulman y en concurso real entre sí, a la pena de 25 años de prisión.

Todo ello en el marco del genocidio cometido en nuestro país durante el periodo comprendido entre los años 1976/1983

Respecto de los hechos que fuera víctima Patricia Indiana Isasa, esta querella en virtud de diversas resoluciones sólo puede valorar la prueba producida en las presentes actuaciones por lo que se refiere al pedido de pena adherimos a lo que soliciten los representantes del Ministerio Publico Fiscal.

Conclusión: Esta querella entiende que las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país. Las condenas y las penas son aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas.

Por lo que la condena hoy solicitada la piden también los 30.000 detenidos-desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos, los 500 niños apropiados, los 200.000 exiliados y los miles de argentinos que por causa del genocidio murieron sumidos en el hambre y la miseria, por ellos seguimos reclamando y EXIGIENDO JUSTICIA.

Finaliamos haciendo nuestras las palabras de José Schulman en su testimonio ante el Consejo de la Magistratura por la destitución de Brusa en junio de 1999, citadas en su libro “Los Laberintos de la Memoria”:

“…Estoy seguro de que la memoria es más fuerte que la traición y que cuando ya nadie se acuerde ni de Brusa ni de Facino, ni de Videla ni de Martinez de Hoz, los jóvenes argentinos seguirán venerando el recuerdo de cada uno de los 30.000 desaparecidos. ESO SI QUE SERÁ JUSTICIA.”

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTE.

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