En la madrugada de hoy el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que duplica las penas para todo delito que los Jueces catalogue de “terrorista”.

El conjunto de organismos de derechos humanos y diversas personalidades ampliamente reconocidas por su compromiso con el estado de derecho se han pronunciado contra la aprobación de esta ley nefasta, heredera y continuadora de las peores tradiciones macartistas y represoras: la Ley 4144 mal llamada de residencia, la 17401 “anticomunista” y la 20840 “de seguridad nacional”.

La invocación a compromisos con el Gafi y el G20 no solo que son inconsistentes sino que de ser ciertas solo agravan la situación porque resultaría un gesto de renuncia a la soberanía nacional en beneficio de organismos internacionales, que fueron señalados como co responsables de la crisis del 2001 y la actual crisis capitalista mundial.

Finalizó con éxito el Primer Encuentro sobre
Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur con una convocatoria a construir
para el próximo 24 de marzo una gran jornada por el Juicio y Castigo al Poder
Económico y contra la continuidad del neoliberalismo en la región.

Durante dos días, en seis paneles y dos actos
políticos, protagonistas de las luchas obreras de la Ford, Mercedes Benz,
Acindar, Tensa, Astarsa y otras empresas, investigadores universitarios, funcionarios
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad de Seguimiento
de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración General de la
Nación, abogados querellantes en los juicios y dirigentes de organismos de
derechos humanos debatieron sobre la temática coincidiendo en adjudicar al
golpe un objetivo de trascendencia en el tiempo mediante aquellas acciones
económicas, que ya en 1977 Rodolfo Walsh, denunciaba como lo más grave de su
accionar.

En el acto político central, Carlos Propatto de la
Ford, Miguel Monserrat de la Apdh, el Obispo Federico Pagura del Medh, José
Ernesto Schulman de la Ladh y Adolfo Perez Esquivel asumieron el desafío de
darle continuidad a la lucha histórica de los organismos asumiendo una mirada
integral sobre la vigencia de los derechos humanos, una perspectiva
latinoamericana y antimperialista, desde una posición de autonomía y
proponiendo al conjunto de las fuerzas populares argentinas y regionales
realizar una jornada plural y regional contra el Poder Económico, tal como
luego se reafirmó en el acto internacionalista con la participación de Lille
Caruso de Uruguay, Evaristo González del Paraguay (Mesa de unidad de los
Derechos Humanos) y los compañeros Alicia Lira de la Comisión de Ejecutados Políticos
y Nelsón Aramburu de la Comisión Etica contra la Tortura de Chile.

En el Encuentro participaron más de trescientos
compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos, organizaciones
sindicales y sociales, catedras y centros de estudio sobre los derechos humanos
no solo de la Capital sino también de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo de la
directora del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga quien valoró
el Encuentro como un paso valioso en el camino de la construcción del Museo de
la Memoria de la Esma, tarea que por ley está a cargo del IEM.

Convocantes:

Liga Argentina por los Derechos
del Hombre (LADH)

Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ)

Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH)

Comisión por la Recuperación de
la Memoria de Campo de

Mayo,

Ex trabajadores y Delegados de
los 70,

Colombian@s por la Paz (capítulo
argentino),

Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos (MEDH)

Movimiento por la Paz, la
Soberanía y la Solidaridad entre los

pueblos (MOPASSOL)

Comité por la Defensa de la
Salud, los Derechos Humanos y

la Ética (CODESEH)

Instituto de Relaciones
Ecuménicas (I.R.E.)

Auspicia:

Instituto Espacio para la Memoria
(IEM)

Participantes internacionales

Comisión de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile

Mesa de Unidad de los derechos humanos de Paraguay

Comisión por la Memoria de Uruguay

Comisión Etica contra la Tortura de chile

Colombianos y Colombianas por la Paz

Adherentes:

Los organizadores y participantes del Primer
Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur elevamos nuestra
voz para exigir Juicio y Castigo también para las empresas y grupos económicos
nacionales y trasnacionales, locales y  extranjeros, que  impulsaron, financiaron, fueron
cómplices de todas las maneras posibles y se
beneficiaron del Terrorismo de Estado en la Región ya sea de un modo directo o
usufructuando el modelo neoliberal del capitalismo, cuyo desarticulación
definitiva y total reivindicamos como derecho de nuestros pueblos.

Convocamos al conjunto de fuerzas populares que han sostenido esta
bandera todos estos años a transformar el próximo 24 de marzo en una gran
jornada plural y latinoamericana de repudio al Poder Económico que nos expolia
y amenaza.

A  treinta y seis años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976:

• Juicio y Castigo al Poder Económico que gestó y se benefició del
  Terrorismo de Estado
• Basta ya de neoliberalismo en la región

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2011

TENEMOS MOTIVOS PARA CELEBRAR –

·        Procesan a 9 genocidas por la responsabilidad que les cupo en la desaparición de Oscar Medina.

·        Indagan al dictador Videla a partir de un pedido de nuestra querella conjunta con la LADH ante el Juzgado Federal 4.

·        Ordenan la indagatoria y detención de Diaz Bessone, Sotera, Lo Fiego, Marcote, Scortechini, Vergara, Altamirano, Nast, Fermoselle, Ibarra, Olazagoitia, Portillo, Vallejo y Dougur, todos integrantes de la patota que actuó en el Servicio de Informaciones.

·        Indagan y detienen a Ricardo Corrales, el siniestro secretario de Feced que atendía las familias de los detenidos con siniestros engaños, como el caso de los familiares de los compañeros de la masacre de Los Surgentes, agudizando aún más su sufrimiento.

·        También indagan y detienen a Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Feced, emblema de la complicidad de la iglesia con la dictadura genocida, todo ello pedido por el fiscal Stara a partir de la presentación que hiciéramos conjuntamente conFamiliares de Rosario, la APDH de Rosario y UMANO de Casilda. Exigimos que la Iglesia Argentina abandone el silencio cómplice, se pronuncie en respaldo de las víctimas de Zitelli y condene sin ambiguedades la labor de aquellos sacerdotes que fueron funcionales al operativo aniquilador y hoy continúan envenando las conciencias de la infancia y la juventud.

La consigna de juicio y castigo se está cumpliendo.

Queremos hacer público el contenido del alegato de la defensa del abogado de Marcote, Vergara y Scortechini quien llegó a cuestionar las declaraciones testimoniales que nuestros compañeros manifestaron a lo largo de este juicio, pretendiendo poner en duda sus recuerdos, que a su juicio fueron inducidas por sus compañeros de prisión y los organismos en una especie de conspiración de la mentira.

Igual que la dictadura y la derecha fundamentalista puso en duda el compromiso y la objetividad de los Organismos de DD.HH, afirmando que deformábamos o directamente conformábamos los recuerdos de nuestros compañeros víctimas del genocidio.

Esto demuestra que no existe argumentación posible cuando se tiene la verdad y la capacidad de seguir adelante luchando contra la impunidad.

Nos resta decir que orgullosamente seguimos levantando las banderas de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados y de todos aquellos que vivieron estos terribles momentos pero que están firmes en esta lucha.

Convencidos que en la Argentina hubo un Genocidio que transformó radicalmente la sociedad argentina seguiremos procurando juzgar y castigar a todos los responsables, el Poder Económico, los Grupos empresariales y las familias oligárquicas santafecinas, la Iglesia, el personal médico directamente implicado, y todos los que hicieron posible los crimenes del Terrorismo de Estado.

El Primer Encuentro del Cono Sur sobre Terrorismo de Estado y Empresas a realizar este fin de semana en la Esma, marca un camino de denuncia y construcción de voluntad colectiva para juzgar al Poder real, el que estuvo tras el Genocidio, antes y despues.

TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

filial Rosario

Dras. Leticia Faccendini,

 Jessica Pelegrini

y Daniela Asinari

Por la dirección nacional de la Liga

Iris Avellaneda,

José Schulman

y Graciela Rosenblum

Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH

Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH

Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo,

Ex trabajadores y Delegados de los 70,

Colombian@s por la Paz (capítulo argentino),

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MEDH

Movimiento por la soberanía, la paz y la solidaridad entre los pueblos. MOPASSOL,

Comité por la defensa de la ética, la salud y los derechos humanos. Codesedh,

Instituto de Relaciones Ecuménicas   I.R.E.

Auspicia:  INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA     IEM

Adherentes:

El objetivo del I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur

es desentrañar y poner sobre relieve la participación de los directorios de las empresas en el Terrorismo de Estado implementado desde antes del Golpe de 1976, y la coordinación de los mismos con las Fuerzas Armadas.

Durante la segunda mitad de la década del 70, una serie de compañías desplegaron un plan complejo de crecimiento y concentración, con absorción o cierre de empresas más chicas y la consecuente monopolización de ramas o sectores. Este proceso implicó la destrucción de comisiones internas sindicales y cuerpos de delegados  y la desaparición física de militantes populares que luchaban dentro y fuera de las fábricas.

La acción represiva de muchas de estas empresas significó no sólo “marcar” a los trabajadores militantes, incorporar hombres armados a la función de control de la producción, sino incluso habilitar sectores de las propias plantas como centros clandestinos de detención.

Hace ya varios años que se debate acerca de cómo la dictadura militar inauguró un proceso de concentración y centralización económica, que favoreció a determinados grupos económicos en particular e implicó la desaparición de puestos de trabajo y la pérdida de derechos laborales adquiridos por medio de la lucha durante todo el siglo XX. Sin embargo, consideramos que a este debate le hace falta reconocer a los sujetos que formaron parte de ese proceso, porque hoy están presentes y están impunes. Y porque quienes luchaban precisamente contra el proyecto de dichas empresas, merecen que su praxis vuelva a ponerse sobre la mesa y a discutirse en toda su dimensión.

De esta forma, entre marzo y agosto realizamos el Ciclo “Julio Viaggio” sobre Empresas y Terrorismo de Estado en la ex ESMA, como primer espacio de encuentro y sistematización de la participación de los grupos económicos en el genocidio. Este I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur se propone continuar con los debates abiertos en el Ciclo y amplificar la difusión del rol que jugaron las empresas.

Propuesta organizativa:

El enfoque de trabajo que nos proponemos para este I Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur implica una organización que recupera las banderas de lucha históricas del movimiento popular contra la impunidad: Memoria, Verdad y Justicia. De esta forma, organizaremos las exposiciones y debates alrededor de estos tres ejes, que estarán divididos en dos días. Durante las jornadas, trabajaremos en plenarios divididos en ejes problemáticos.

Cada una de las sesiones de trabajo tendrá un equipo de “observadores” que oficiarán de sintetizadores finales en cada uno de los debates de cada día. El objetivo es poder no solo registrar los debates e intervenciones, sino elaborar una suerte de síntesis de aquello producido colectivamente en cada jornada. Los panelistas tendrán no más de 15 minutos de intervención.

Cronograma (tentativo):

Viernes 11:

10 hs. Inscripciones

11 hs. Palabras de apertura a cargo de Graciela Rosemblum y Nuria Giniger

11:30 a 13:30 hs. Primer panel de Protagonistas. Eje Experiencias de lucha y organización obreras, previas a la implementación del Terrorismo de Estado. Compañeros ex trabajadores de: Acindar, Mercedes Benz, Ford, Saiar, Docentes, Ledesma, Chiquita Brands (Colombia)

13:30 a 15 hs. Almuerzo y visita guíada (opcional)

15 a 17 hs. Primer Panel de Investigadores. Ejes: Represión. Rol de las empresas en la acción represiva. Estrategias de acumulación, concentración y centralización de capital en el Terrorismo de Estado. Participan: Inés Izaguirre, Hugo Trinchero, Jorge Beinstein y Marcelo Hernández.

17 a 17:30 hs. Refrigerio

17 a 19 hs. Primer Panel de Abogados. Eje: Complicidad judicial en la Dictadura, respecto a la represión de los trabajadores y Estado actual de los juicios. Participan: Eduardo Barcesat, Luis Alén, Pedro Dinani y Liliana Molinari

19 a 21hs. ACTO. Hablarán Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), JoséSchulman (Ladh), Miguel Montserrat (Apdh), Obispo Pagura (Medh), Carlos Propatto (Ford) y saludos internacionales.

21.30 al cierre. PEÑA DE CONFRATERNIDAD EN EL C.C. TERESA ISRAEL

Sábado 12:

10 a 12 hs. Segundo Panel  de Protagonistas. Ejes: Represión. Rol de las empresas en la acción represiva y Resistencia al Terrorismo de Estado dentro de los lugares de trabajo. Compañeros ex trabajadores de: Tensa, Astarsa, Fiat, Perkins, Dálmine

12 a 13:30 hs. Almuerzo

13:30 a 15:30 hs. Segundo Panel de Investigadores. Ejes: Estrategias de lucha político-sindical de los trabajadores antes del Terrorismo de Estado. Estrategias represivas empresariales y disciplinamiento de los trabajadores. Rol del Terrorismo de Estado. Situación de la clase obrera argentina después de la Dictadura. Participan: Oscar Martínez, Nicolás Iñigo Carrera, Héctor Löbbe, Jorge Marchini

15:30 hs a 16 hs. Refrigerio

16 a 18 hs. Segundo Panel de Abogados. Eje: ¿Cómo juzgar a las empresas por crímenes de Lesa Humanidad? Participan: Marcelo Ferreira, Guadalupe Godoy, Jorge Auat, Pablo Llonto, Beinuzs Szmukler.

17:30 a 18 hs. Refrigerio

18 hs. Síntesis. Acto Internacional con compañeros de Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela y Paraguay. Coordina: Ana María Careaga.

Cierre: Entrega de certificados. Entrega simbólica de los materiales aportados por los participantes para las causas a Iris Avellaneda para contribuir a las causas.

El sitio de The Economist abrió una encuesta preguntando si nuestros 5 héroes recibieron condenas justas. Me parece que todos podríamos hacer un modesto pero importante aporte si entramos al sitio y votamos por el NO. Los resultados en este momento afortunadamente están dando un abrumador apoyo al NO, como pueden ver al final de este mensaje.

Aquí les pongo el link. Entremos, Votemos NO y circulemos esto a todos nuestros contactos amigos y compañeros con el pedido de apoyo.

LA VOTACIÓN CIERRA ESTE LUNES 17 DE OCTUBRE.

Saludos.

AGUERRA X LA PAZ Y X LIBERTAD DE LOS 5 YA

http://www.economist.com/economist-asks/did-cuban-five-receive-fair-jail-sentences

Your vote was registered.

The Economist Asks

Did the “Cuban Five” receive fair jail sentences?

René González, one of five Cuban spies who had infiltrated anti-Castro exile groups in Miami, was recently released from prison. The group’s jail sentences ranged from 15 years to life. Do you think they were fair?

You voted: NoCurrent total votes: 1497

Voting opened on Oct 11th 2011 and closes on Oct 17th 2011

Los rastros de su desaparición en la democracia argentina

Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.

Si bien es cierto que nadie  reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación; ha habido en estos cinco años silencios
que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad ha debido hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.

A cinco años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.

No hubo, ni hay, un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas (así lo acaba de afirmar –abril 2011- el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma:  Al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente”, añade el informe. Es que en Argentina funcionan cuatro programas de protección (el PNPT, el PVJ, el PNNA y el CAVTE) con objetivos casi calcados que confunden a jueces y testigos que no saben a dónde y a quién recurrir en cada caso. Lo cierto es que al margen del revuelto de gramajo que significan los mandatos de estos programas, la mayoría de las personas entrevistadas considera que las medidas de protección “no son adecuadas para testigos en juicios de derechos humanos”, dice el informe.[1]

Por nuestra parte quisiéramos traer al debate lo que planteamos al momento del asesinato de la compañera Silvia Suppo en marzo de
2010: “El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica….. El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir  con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema”.

Se trata, agregamos ahora, de pensar la protección en forma integral y de un modo “tradicional”: quién puede estar interesado en impedir el desarrollo de los juicios?  y ejercer acciones preventivas sobre ese grupo de ex represores, civiles involucrados en el genocidio que temen ser imputados, grupos económicos favorecidos por el Terrorismo de Estado, etc.  No en balde, el único caso de amenazas esclarecido, el del accionar de La Hermandad de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, se resolvió investigando los posibles agresores, como manda el abc del manual de la investigación. Para ello, el gobierno debe superar el límite cultural que implica asimilar la impunidad estatal con la presunción de inocencia; como bien demostrara Mario Wainfield en el debate sobre Patti no son para nada valores similares: la presunción de inocencia es una garantía constitucional de los derechos humanos, la impunidad que gozan los perpetradores del genocidio es una acción estatal que busca proteger la violación de los derechos humanos y es por naturaleza, contraria a derecho como
la decisión de la Sala II de Casación de sacar los Generales asesinos de la cárcel.  Bajo la fachada de la “normalidad” procesal se defiende la impunidad en todas sus formas, es hora de terminar con ella y encarar el proceso de los juicios desde una estrategia estatal unificada que garantice la continuidad del proceso hasta sus últimas consecuencias que no pueden ser otras que juzgar al Poder Económico y al Imperialismo Yanqui que lo organizaron y se beneficiaron de él.

Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la
del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar  los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio”  proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y cinco años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.

La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio
que reconoce el Dr.: Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal
como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio.  Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a ocho años de la anulación de las leyes de la impunidad, solo hay tres fallos confirmados por la Corte Suprema, los otros catorce o quince, que afectan a unos doscientos veinte represores, esperan su turno en las sucesivas instancias donde los abogados defensores (muchos de ellos del Ministerio Público de Defensa o sea pagados por el Estado y a su orden) de los represores reiteran pedidos de nulidad con la complacencia de una parte del Poder Judicial, como se acaba de verificar en el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación que envió a sus confortables domicilios a los asesinos Generales Santiago Omar Riveros y Reinaldo Bignone.

Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura
represora que a fines del año pasado pasó por una seguidilla de crímenes: Mariano Ferreyra, los López de Formosa y las víctimas del Parque Indoamericano o que ahora mismo, se adivina en el horroso crimen de la niña Candela.   La ilusión de que las Policías Bravas y los Servicios de Inteligencia, las Agencias estatales y privadas de seguridad, que han proliferado de una manera notable en el país (se dice que la cifra de empleados de las agencias privadas de seguridad se acerca a los cuatrocientos mil) se “auto limitarán” a sus sucios negocios si el Poder no los molesta, es eso: pura ilusión.

Si la impunidad para los crímenes del Terrorismo de Estado da cuenta de la persistencia en el tiempo de la matriz estructural de un modelo capitalista impuesto a sangre y fuego (que hoy se expresa en su costado “extractivista”: producción irracional de soja transgénica, extracción de petróleo, gas y minerales destinados a la exportación, etc.); la impunidad de la desaparición de Julio López da cuenta de todo lo que nos falta para conquistar una democracia verdadera; abrir el debate sobre los caminos para lograrla, entre todos los que se sienten convocados por los vientos independentistas que hoy recorren América Latina, es uno de los modos de recordarlo, homenajearlo y luchar por el juicio y castigo a sus desaparecedores, cómplices y encubridores.

Por la conquista de una democracia verdadera, donde el pueblo sea constructor de su liberación y se cumpla con la resolución de la Asamblea de 1813, aquella que ordenó terminar con la tortura, el esclavismo y los privilegios de casta

Por todos los derechos para todos

Sin López no hay Nunca Más!

CORRIENTES 1785- 2ºC  (1042)  Buenos Aires República Argentina

Tel./Fax:011-54-43713939

Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937. 

Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

y acreditado ante el Consejo de Europa.

Los rastros de su desaparición en la democracia argentina

Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.

Si bien es cierto que nadie  reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación; ha habido en estos cinco años silencios
que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad ha debido hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.

A cinco años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.

No hubo, ni hay, un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas (así lo acaba de afirmar –abril 2011- el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma:  Al momento de la desaparición de López “Argentina no estaba preparada”, para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. “Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas”, agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.”La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente”, añade el informe. Es que en Argentina funcionan cuatro programas de protección (el PNPT, el PVJ, el PNNA y el CAVTE) con objetivos casi calcados que confunden a jueces y testigos que no saben a dónde y a quién recurrir en cada caso. Lo cierto es que al margen del revuelto de gramajo que significan los mandatos de estos programas, la mayoría de las personas entrevistadas considera que las medidas de protección “no son adecuadas para testigos en juicios de derechos humanos”, dice el informe.[1]

Por nuestra parte quisiéramos traer al debate lo que planteamos al momento del asesinato de la compañera Silvia Suppo en marzo de
2010: “El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica….. El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir  con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema”.

Se trata, agregamos ahora, de pensar la protección en forma integral y de un modo “tradicional”: quién puede estar interesado en impedir el desarrollo de los juicios?  y ejercer acciones preventivas sobre ese grupo de ex represores, civiles involucrados en el genocidio que temen ser imputados, grupos económicos favorecidos por el Terrorismo de Estado, etc.  No en balde, el único caso de amenazas esclarecido, el del accionar de La Hermandad de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, se resolvió investigando los posibles agresores, como manda el abc del manual de la investigación. Para ello, el gobierno debe superar el límite cultural que implica asimilar la impunidad estatal con la presunción de inocencia; como bien demostrara Mario Wainfield en el debate sobre Patti no son para nada valores similares: la presunción de inocencia es una garantía constitucional de los derechos humanos, la impunidad que gozan los perpetradores del genocidio es una acción estatal que busca proteger la violación de los derechos humanos y es por naturaleza, contraria a derecho como
la decisión de la Sala II de Casación de sacar los Generales asesinos de la cárcel.  Bajo la fachada de la “normalidad” procesal se defiende la impunidad en todas sus formas, es hora de terminar con ella y encarar el proceso de los juicios desde una estrategia estatal unificada que garantice la continuidad del proceso hasta sus últimas consecuencias que no pueden ser otras que juzgar al Poder Económico y al Imperialismo Yanqui que lo organizaron y se beneficiaron de él.

Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la
del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar  los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio”  proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y cinco años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.

La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio
que reconoce el Dr.: Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal
como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio.  Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a ocho años de la anulación de las leyes de la impunidad, solo hay tres fallos confirmados por la Corte Suprema, los otros catorce o quince, que afectan a unos doscientos veinte represores, esperan su turno en las sucesivas instancias donde los abogados defensores (muchos de ellos del Ministerio Público de Defensa o sea pagados por el Estado y a su orden) de los represores reiteran pedidos de nulidad con la complacencia de una parte del Poder Judicial, como se acaba de verificar en el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación que envió a sus confortables domicilios a los asesinos Generales Santiago Omar Riveros y Reinaldo Bignone.

Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura
represora que a fines del año pasado pasó por una seguidilla de crímenes: Mariano Ferreyra, los López de Formosa y las víctimas del Parque Indoamericano o que ahora mismo, se adivina en el horroso crimen de la niña Candela.   La ilusión de que las Policías Bravas y los Servicios de Inteligencia, las Agencias estatales y privadas de seguridad, que han proliferado de una manera notable en el país (se dice que la cifra de empleados de las agencias privadas de seguridad se acerca a los cuatrocientos mil) se “auto limitarán” a sus sucios negocios si el Poder no los molesta, es eso: pura ilusión.

Si la impunidad para los crímenes del Terrorismo de Estado da cuenta de la persistencia en el tiempo de la matriz estructural de un modelo capitalista impuesto a sangre y fuego (que hoy se expresa en su costado “extractivista”: producción irracional de soja transgénica, extracción de petróleo, gas y minerales destinados a la exportación, etc.); la impunidad de la desaparición de Julio López da cuenta de todo lo que nos falta para conquistar una democracia verdadera; abrir el debate sobre los caminos para lograrla, entre todos los que se sienten convocados por los vientos independentistas que hoy recorren América Latina, es uno de los modos de recordarlo, homenajearlo y luchar por el juicio y castigo a sus desaparecedores, cómplices y encubridores.

Por la conquista de una democracia verdadera, donde el pueblo sea constructor de su liberación y se cumpla con la resolución de la Asamblea de 1813, aquella que ordenó terminar con la tortura, el esclavismo y los privilegios de casta

Por todos los derechos para todos

Sin López no hay Nunca Más!

CORRIENTES 1785- 2ºC  (1042)  Buenos Aires República Argentina

Tel./Fax:011-54-43713939

Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937. 

Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

y acreditado ante el Consejo de Europa.