Alegato de la Liga en Santa Fe sostenido por las compañeras Jessica Pelegrini y Leticia Faccendini

Estamos hoy acá tratando de honrar un largo y coherente compromiso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ambas nacimos durante la dictadura genocida y sin embargo sentimos nuestra la historia de cientos de mujeres y hombres que desde 1937 han bregado por la plena vigencia de los derechos fundamentales. Resulta lógico estar acá presente ante Udes y decir que venimos alegar por nuestros 30.000 compañeros, pero también por Juan Ingallinella, primer desaparecido de nuestro país. Detenido junto a 60 militantes comunistas por la policia provincial por volantear contra el bombardeo a plaza de mayo en el 55. llevados a la jefatura (que solo 21 años después se erigiria en el mas macabro CCD de la ciudad de Rosario) fueron torturados con picana electrica, Ingallinella nunca volvio a su casa. La impunidad trató de imponerse escondiendose en “fueros policiales” pero los abogados liguistas: Guillermo kehoe, Adolfo Trumper y Alberto Jaime lograron por vez primera quebrar el fuero policial que les daba a los policías el privilegio de ser juzgados por un tribunal especial, tal como hacían los militares con los suyos; consiguiendo que fueran procesados y condenados los 10 policías. Resulta significativos que en ese entonces la defensa de los acusados planteara que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella.

Años después llegaría la dictadura genocida y encontraría a esta pléyade de hombres y mujeres listos para enfrentar la represión, ya sin Kehoe, la derecha fascitas lo había asesinado a la salida de los tribunales rosarinos en el 64. pero encontraría a Eduardo Barcesat, Julio Viaggio, Alberto Pedroncini, Atilio Librandi, Beinusz Szmukler, David Baigún, Carlos Zamorano, Leon Zimerman y en nuestra provincia a Trumper, Lide Bertinat, a Marcelo Rouzic (quien declaró en este juicio) a Rodolfo Scholer y Matilde Bruera solo por nombrar a algunos. Todavía pedimos justicias por los abogados desaparecidos Néstor Martins, Baldomero Valera y Teresa Israel.

En palabras de Aguatín Tosco: ““La Liga ha sido un faro de luz en la historia de nuestro país, en los momentos más oscuros, levantando la esperanza en la elevación de los compañeros, señalando la posibilidad concreta de defender los derechos humanos, las libertades públicas y democráticas.”

Es por toda esta historia de lucha, de coherencia que también es nuestra historia que venimos a alegar

Luego de décadas de lucha contra la impunidad finalmente llegamos al primer juicio contra la dictadura genocida en la ciudad de santa fe. Al juzgar a los genocidas, nuestro Estado cumple con el compromiso asumido frente a la comunidad internacional. Es de relevancia histórica este hecho ya que nos convertimos en el primer país en juzgar un genocidio cometido dentro de las fronteras nacionales, es decir, los juzga un tribunal del propio país a diferencia de los realizados anteriormente donde los tribunales han sido internacionales y constituidos al efecto. Este logro es producto de más de treinta años de lucha del campo popular, de los organismos de DDHH, organizaciones políticas, sociales y gremiales; de resistir a las leyes de impunidad e infames indultos.

Si bien no es este el juicio que queríamos es el que ganamos, el que ganamos entre todos.

En nuestro alegato tenemos que dar cuenta de las profundas limitaciones con que nos encontramos, fundamentalmente en tres aspectos:

* En primer lugar el número limitadísimo de represores que aquí se juzga. Es irrisorio, por ejemplo, que hayan declarado como testigos en este juicio personas que deberían estar entre los imputados, como el ex Comisario Ferreira, el agente Córdoba, el médico de policía Maciel, el escribiente Nuñez…
* En segundo lugar el acotado número de víctimas que contempla y por último,
* el recorte arbitrario de hechos que se hizo y que hoy concretamente redundará en un evidente beneficio a los imputados a la hora de exigir condena.

Procesos limitados traen como resultado condenas limitadas para quienes resultaron autores de los peores crímenes contra la humanidad.

Estos beneficios para algunos genocidas son para nosotros, de alguna manera, la continuidad de la impunidad de la que han gozado durante décadas, el broche de oro a una causa parcializada con pocos represores y pocos casos imputados es la forma en la que llegan a juicio oral.

Nadie puede desconocer que las “particulares” dificultades que tuvo la instrucción de esta causa, más de siete años, la sólida impunidad que ha protegido a estos represores durante años, se debe fundamentalmente a que en el grupo de acusados siempre estuvo alguien que llegó a ser nada menos que Juez Federal, ungido por el Honorable Senado de la Nación en 1992 a pesar de todas las denuncias anteriores y las que, puntualmente en esos días hicieron los organismos de derechos humanos y sobrevivientes del Terrorismo de Estado en Santa Fe, entre los que se encontraban nuestros representados.

Pero hay que decir entonces, que este Juicio Oral adquiere también un significado especial y sustantivo: es el primero en que se juzga por su participación en el Terrorismo de Estado a alguien que llegó a tan alta función. Tendrá, no lo dudamos, un efecto a largo plazo y en profundidad para la comprensión de que cuando se dice Terrorismo de Estado se está hablando de un Estado organizando y ejecutando el Terrorismo. Todo el Estado.

Este juicio es realmente histórico y esperamos que la sentencia esté a la altura de la demanda social para sancionar adecuadamente a quién formaba parte de un Poder Judicial que debía garantizar la vigencia de los Derechos Humanos para todos.

Esta fragmentación en las causas, este recorte de justicia que importa la forma en que estos juicios se llevan a cabo, se opone al esfuerzo colectivo de los sobrevivientes, a la ardua tarea de reconstrucción de los hechos en los momentos en que la impunidad lo obstaculizaba, en la coherencia de haber mantenido esta lucha a lo largo de tres décadas.

Pero la fragmentación de las causas no solo trae perjuicios a los directamente afectados, afecta a la Justicia como tal, como reconstructora de la verdad histórica que es una de sus funciones, en tanto –como afirma Foucault- el Derecho genera verdad y la verdad no es que un pequeño grupo de represores actuó contra un pequeño grupo de víctimas, sino como probaremos en este alegato, lo que examinamos en este Juicio es un episodio inescindible del drama general que no es otro que el del Genocidio perpetrado contra un grupo nacional del cual, nuestros representados, como el conjunto de las víctimas, fueron objeto.

Esta querella representa a dos militantes que no sólo fueron víctimas, sino que han sido testigos y han relatado una y mil veces los hechos que aquí se ventilan y que continúan dando su lucha en distintos frentes, reivindicando los valores y convicciones por los que fueron perseguidos: José Ernesto Schulman y Patricia Indiana Isasa.

I- Desarrollaremos a continuación la MATERIALIDAD DE LOS HECHOS de los que fueron víctimas y que se juzgan ante estos estrados.

Antes de comenzar con el análisis de los casos, es conveniente advertir, en primer lugar, y como lo hace la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en el considerando nº 6º del Acuerdo 170/05 respecto de la relevancia de la prueba testimonial vinculada a hechos como los investigados en autos. Esta situación fue analizada, aunque años antes, en el llamado juicio a las juntas (Fallos 309 I y II) donde se efectuaron consideraciones al respecto

Respecto de las particularidades que presenta la prueba testimonial en este tipo de juicios, y haciendo nuestras las palabras del Secretario de DDHH de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, es necesario destacar:

– las limitaciones narrativas que tiene el ex detenido desaparecido: no alcanzan todos y cada uno de los detalles materiales para transmitir lo vivido. ¿Cómo reproducir los gritos desgarradores en el silencio de la madrugada, el ver retorcerse de dolor agónico al compañero de cautiverio, la angustia y el miedo al escuchar los números de una lista para los traslados, el dolor y la impotencia al escuchar las risotadas de los verdugos violando a una compañera,…? La lógica perversa del mundo concentracionario es imposible de percibir desde una exterioridad.

– los testigos actúan con la verdad a flor de piel: a ninguno se le pasa por la cabeza que tenga que “sobreactuar”. ¿Qué sería sobreactuar hablando del horror? ¿Es posible imaginar algo peor a lo padecido? Por el contrario, hemos escuchado en este juicio que muchos testigos han dicho “a mí no me picanearon tanto”, “lo mío no fue nada al lado de lo de los demás”.

– al mismo tiempo, señala Fabiana Rousseaux, que la “obligación de recordar, contrapuesta a la necesidad cotidiana de olvidar” para no quedar atrapado en el campo de exterminio, explica las posibles variaciones en los relatos de una misma persona llevados a cabo en diferentes momentos de su vida. La memoria es un mecanismo complejo, los olvidos, las dudas, son vitales para la supervivencia y ellos mismos son testimonios de lo traumático vivido en los CCD.

– tampoco cabe la posibilidad de falsear los hechos. La verdad está marcada en sus propios cuerpos. Es parte de la memoria y de lo repetido hasta el cansancio todos estos años.

El testigo narra su verdad como parte de la verdad total, su persona es la prueba viviente del horror. En palabras de la psicóloga Fabiana Rousseaux, “en un campo concentracionario, una de las razones que pueden impulsar a un detenido a sobrevivir es poder convertirse en testigo de lo ocurrido.”

En este sentido tomamos del Dr. Nicolás Marinsalta “Cuando decimos horror, estamos intentando dar cuenta del horror vivido durante el cautiverio, horror que remite al más primitivo y absoluto de los desamparos, el de estar a merced y arrojados al capricho del que posee el poder sobre la vida y la muerte, donde no hay LEY que regule y dé garantías de nada. La lógica perversa de los genocidas es desconocer la LEY, entendida en el sentido de la que posibilita la vida humana, en sociedad, y hacer intervenir únicamente la ley de su deseo, como la única ley que él reconoce”.

Queremos resaltar, lo señalado por la psicóloga Marta Bertolino, víctima y querellante en autos Feced, en este sentido:

“Si es cierto que en las encrucijadas críticas la palabra adquiere un valor superlativo; si no es menos cierto que el silenciamiento de la palabra es uno de los resortes privilegiados puestos en juego por todas las dictaduras conocidas, tanto en nuestro país como en el mundo; entonces, que se escuche la palabra, devenida testimonio, de quienes sobrevivimos a las más crueles gestas de amordazamiento de la verdad, tras haber soportado en cuerpo y alma –sin poder en verdad soportarlas- las peores crueldades, cobra un sentido que excede ampliamente las tragedias personales en juego, asumiendo las dimensiones de un acontecimiento histórico necesario. Que esa multiplicidad de voces, maduradas a lo largo de varias décadas de impunidad, se desgrane en la escena pública de los juicios por un genocidio que ensombrece a los argentinos: tal es uno de los raros signos de la época que nos toca transitar.”

Finalmente, en palabras de Paul Ricoeur: “Este compromiso, este riesgo asumido por el testigo, repercute sobre el testimonio mismo que, a su vez, significa algo diferente a una simple narración de cosas vistas; el testimonio es también el compromiso de un corazón y un compromiso hasta la muerte. Pertenece al destino trágico de la verdad.”

1. A) JOSÉ SCHULMAN

De las pruebas reservadas en secretaría y de las producidas a lo largo del debate surge claramente que José Ernesto Schulman fue secuestrado el 12 de octubre de 1976 a las 20 hs en su domicilio de calle Güemes 5554, junto a su esposa Graciela Roselló y Hernán Gurvich, por varias personas de civil. Siendo las 20: 00 horas llaman a la puerta, y cuando observa por la mirrilla, le apoyaron el caño de una Itaca, es así que varias personas ingresaron a la vivienda, utilizando un ardid, en primer lugar aseguraron todas las salidas, y posteriormente le pidieron D.N.I. fingiendo haberlo confundido con León Schujman. En ese momento ingresó Rebecchi, y al pedirle Schulman que se identifique, le dijo que era el oficial Pinguli.

Seguidamente se llevaron a Gurvich y Roselló y comenzaron interrogarlo, al tiempo en que lo golpeaban Ramos y González, recordando que el primero de ellos portaba una 45 detrás de la cintura. Narró que Ramos le hacía saber sus conocimientos sobre la Juventud Comunista, describiéndole a sus compañeros. Recuerda que la instalación eléctrica fallaba y producía una leve descarga sobre el portón y las paredes, y que eso fue utilizado luego por los miembros de “La Patota” argumentando que existía una defensa eléctrica; además como los dueños anteriores enterraban residuos en el patio por lo que le hicieron excavar en busca de armamento, el cual no existía. Ambas situaciones fueron pretexto para la golpiza que se prolongó por dos o tres horas. De allí lo encapucharon con un pulóver, lo metieron en un auto y lo llevaron a una seccional de Policía que por estar a la vuelta de su casa natal reconoció como la Seccional Cuarta.

Los datos en relación a la fecha y hora del operativo así como el lugar de donde fue secuestrado, son confirmados con el grado de certeza que un pronunciamiento judicial requiere, tanto por la propia declaración de Schulman, como por los testimonios brindados en este debate por Graciela Roselló y Hernán Gurvich, quienes estuvieron presentes en el operativo. Roselló manifestó: “el 11 de octubre de 1976 estaba en mi casa con José y Hernán Gurvich a punto de comer un asado, estábamos reunidos para organizar la solidaridad con los detenidos y sus familiares, ya se escuchaba hablar de desaparecidos. Golpean la puerta, había 30 o 40 personas de civiles, se llevaron álbumes de fotos del viaje de egresada, de chile. Yo le pregunté al jefe del operativo el nombre y me contestó Pinguli, después supimos que era Rebecchi. Nos llevan a mí y a Hernán, en autos separados. Yo escucho que preguntan si me llevan a la 4º y uno contesta que “esta no está tan metida” que me lleven a la 2da.” En igual sentido declaró Gurvich Al ser interrogado sobre los que participaron en el operativo respondió: “Comisario Rebechi, yo me acuerdo cuando el entra a la casa y otro un flaco rubio que siempre aparecía vinculado con la participación estudiantil, Ramos.”

Señaló Schulman que en la Comisaría 4º lo dejaron en una celda grande que daba a un patio, próximas a las chiquitas, y que tenía rejas por delante. Reconoció que estaba en dicha Comisaría, porque escuchó el bandoneón del vecino y la campana de la escuela, sonidos que le resultaban familiares dado que su casa natal se encontraba a la vuelta de la Comisaría 4º. En efecto, entre el camino entre su casa y la Seccional un músico tocaba el bandoneón todos los días y el 12 de octubre de 1976 también lo tocó. Refirió que el año pasado, cuando hicieron un reconocimiento judicial en la Comisaría 4º por Alicia López, estaba el hombre tocando el bandoneón. Le tocó el timbre, le contó que su música lo había ayudado y este hombre hizo una confesión: “escuchaba los gritos, pero creí que eran ladrones que le estaban pegando”, “no sabía que hacer en esa época”. Sobre este punto, otra víctima da cuenta de esta situación: Mariano Millán, fue trasladado desde la casita a la Comisaría 4º el 12 de abril de 1977. Sostuvo que: “…A la noche empiezo a sentir chamamé. Baffico, que estaba muy mal trecho, me hace ancla y veo a Víctor Hugo Canale y le empecé a gritar, ya que era un músico que se había formado con mi viejo, eso habrá sido como a las 9, a la madrugada entraron a la celda a las patadas, me dicen “así que vos Negro sos el que anda avisando”, me sacaron, dieron unas vueltas y me llevaron a la Primera”. Asimismo, Roberto Jorge Cepeda manifestó que estando en la Seccional 4ta., en una celda muy pequeña (había 4 celdas así), podía ver por un ventanuco a un vecino que tocaba el bandoneón.

Schulman relató que pudo ver a los compañeros detenidos ya que para ir al baño pasaban por donde estaba él (el baño estaba prácticamente enfrente). En este sentido recuerda a Alba Azulay y su bebé de 9 meses (Manuel): “Al rato después volvieron a sacar a Alba con el bebé que iban a estar mejor, escuché gritos, volvió sin el bebe. Tiraron el bebe en Reconquista después de 5 meses, después lo devolvieron, ella estuvo 6 años presa, el bebe fue criado por los abuelos, los padres lo conocieron a los 6/7 años.”

A los pocos días llegaron compañeros de Reconquista, Rubén Maulin, Alcides Scheineder, Raúl Pinto y más adelante llegó Alicia López, la que se veía muy débil y se caía cuando iba al baño.

Las circunstancias en torno a su cautiverio resultan acreditadas con los testimonios brindados por los que han compartido cautiverio con él. Así, Alcides Antonio Schneider relató que conoció a Schulman estando detenido en la Comisaría 4º, y que gracias a él sobrevivió. Que también estaban detenidos allí Pintos, Córdoba y Maulín, una mujer que pedía por sus hijos, que lloraba y gritaba, y que tuvo conocimiento, por oír su voz, que en el lugar también había un menor. Manifestó que todas las personas que estaban en la 4º fueron torturadas y que a él lo golpearon.

Hernán Gurvich señaló que en algún momento lo llevaron a la 4º (cree que para el 1º de noviembre) encapuchado, cuando lo van a meter en la celda (una celda abierta, es decir con rejas) le sacan la capucha y ve que ahí estaba José. Ahí en cierta forma acordaron no reconocer una actividad política, que seguían teniendo. Sabían que no iba a ser un interrogatorio muy común, “uno sabia las cosas que pasaban. No se sabían que nivel de tormentos ibamos a tener…Cuando vamos a declarar en la cuarta se que estaba Graciela, también estaba José, también estaba Alicia López en una tumba, así se la llamaba a la celda”.

En igual sentido, Graciela Roselló relató que estando en la Comisaría 2º, Aebi y Villalba los llevan a Hernán Gurvich y a ella a la Comisaría 4º, que entraron a una cochera. Cuando bajan le ponen la capucha a los 2, la meten en una celdita y le sacan la capucha. Ahí ve a una chica, un poco más grande de ella, le dice que es Alicia y después le dice que José está ahí. Alicia le grita a José. A los gritos se pudieron comunicar, él le decía que la habían traído para interrogarla, también recuerda a un compañero de Reconquista, de apellido Córdoba. Relató que en fecha 1 de noviembre fueron sometidos a interrogatorio uno por uno, Graciela Roselló, Gurvich y él, llevándose a cabo el mismo en un lugar que cree que había una escalera. En este lugar se le presentaron dos oficiales del ejército y comenzaron a interrogarlo sobre política. Los dichos de Schulman sobre este interrogatorio fueron corroborados tanto por Gurvich como por Roselló. En efecto, manifestó Hernán Gurvich que estando en la cuarta lo llevaron al interrogatorio le dijeron que si no se ponía mas colaborador le iban a preguntar acostado. Le preguntaron de donde lo conocía a José, dijo que como eran los 2 judíos se conocían de la colectividad, “lo cual no era muy bueno ya que se le sumaba el antisemitismo”, señaló el testigo. En igual sentido Graciela Roselló dijo que estando en la Comisaría 4º, la llevan a interrogar, “me sientan atada de pies y manos, uno se hacía el bueno y otro el malo, empieza el interrogatorio.” Su padre era dirección del PC, ella miente y dice que estaban peleados, dijo que el papá no quería que se case con José y le contestan entre golpes, que el padre era comunista pero no tonto porque repudiaba el hecho que ella se casara con un judío, lo que denotaba mucho antisemitismo. Señala que sólo va a denunciar que fue torturada pero que no va a relatar las agresiones sexuales por estar sus hijos en la sala, pero que ella y todas las compañeras las sufrían sistemáticamente. Luego de la tortura, le hacen firmar una declaración.

Alejandro Faustino Córdoba, detenido en Reconquista el 8 de septiembre de 1976, y conducido a la Seccional 4ta. de Policía de la ciudad de Santa Fe el día 20 de octubre por la noche donde lo colocan en uno de los calabozos pequeños. Refirió sobre quienes estaban en las tumbas y ubicó a la vuelta estaba Schulman en un calabozo que se llamaba leonera, mas grande. Recuerda al “Petiso” Almada, quien estaba en la celda grande al lado de la de Schulman. Señaló que también estaba Graciela Roselló, con quien hablaba. Además relata que: “… a fines de octubre del 76 pude ver a un policía trayendo en brazos a alguien tapado con una frazada. Ingresan a la celda, y luego el policía se retira al rato, solo. Horas después se asoma una mujer, muy menudita, pequeña. Nos dijo que se llamaba Alicia López que había sido detenida horas antes en Santa Fe, que era la esposa de Luís Rodríguez, que tenía 3 hijos, que había sido detenido en Resistencia porque era representante de las Ligas Agrarias, intercambiamos domicilios y recuerdo que nos dijo que vivía con su mama en Sto. Cabral 1345de la ciudad de Santa Fe. Esto lo dijo charlando en varios días. Nos decían que para estar parada se debía trepar. Nos dijo que el policía que la había llevado la había violado al dejarla, que era profesora de literatura.

Raúl Pinto relató en su testimonio brindado en audiencia que conoció a Schulman en octubre de 1976 estando ambos detenidos en la Comisaría 4º. También dijo que: “…Estaba Alejandro Faustino Córdoba, y en ese momento estaba Alicia López, viva, ella charlaba con nosotros y dijo que estaba anémica, después no la vi más. En ese entonces pusieron cartones en las mirillas, para que no veamos, y yo me puse a espiar, y la ví a Alicia, tapada como con una capa, ensangrentada. Eso me generó una gran tristeza…”.

Schulman manifestó que el 17 de octubre conoció a Facino en persona, quien se le acercó a la celda. José le preguntó si había habido algún festejo y le contestó que habían aplastado al movimiento peronista graficando tal situación con un ademán de aplastar algo contra el suelo con sus botas.

Continuando con su relato sobre su cautiverio en la 4º, Schulman manifiesta a los tres días de haber ingresado a la Comisaría 4º, se le acercó Raúl Gómez, quién le avisó a su tía que estaba detenido en ese lugar, aprovechando que dada su situación de personal policial detenido en la Comisaría, tenia más libertad para entrar y salir de la Cuarta.

Circunstancia que resulta acreditada con los dichos del mencionado Gómez.

Sobre las condiciones de detención en la Comisaría 4º, el querellante Schulman manifestó en su testimonio brindado ante este Tribunal que “estuve un mes en una celda sin cama ni colchón, sin baño, para ir al baño había que pedir, la comida era solo una vez al día y era una mierda…no había atención médica, todos eran NN…era uno de los lugares principales de presos políticos, podían ir a la casita, después a la GIR y después a Devoto y Coronda. En la cuarta se torturaba…”.Tal como consta en el Auto de Procesamiento a fs 1356, Schulman declaró en sede instructoria que “las condiciones de las víctimas durante su detención ilegal en la Comisaría 4ta. era clandestina, sin comunicación, aislados, comiendo una vez por día sin cama ni colchón”, lo que constituye por sí una situación de tormentos y torturas para quienes la sufrían. En igual sentido, Alcides Antonio Schneider, declaró: “…en la 4º no había baño, nos daban de comer una sola vez al día, nos sacaban a hacer necesidades una sola vez por día. Se comía pan duro y agua.” Alejandro Faustino Córdoba también dijo: “… Las condiciones eran pésimas, nos daban un plato de sopa, los domingos un pedazo de carne o de chorizo, y nos dejaban ir al baño una sola vez en el día.” Raúl Pinto, por su parte, refirió al respecto: “…Yo estaba en calzoncillo (como Adán y Eva), pasábamos hambre, chupaba un hueso, que lo guardé de recuerdo, nos daban un plato de agua sucia. No había colchones, yo dormía en el suelo, en un pedazo de cartón. Era inhumano lo que vivimos en la cuarta.” Rubén Maulín por su parte dijo: “hice uso de una de las zapatillas para poder defecar porque no me llevaban al baño.” Sobre la Comisaría 4ª, debe reproducirse lo expresado en su testimonial por Roberto Jorge Cepeda: “La Cuarta era un campo de concentración de cuarta, por las torturas y por la parodia que representaba que en el mismo lugar donde se nos masacraba, el Estado aparecía a través de sus jueces, secretarios, a tomar declaración a quienes les tocaba estar en ese agujero. Ahí no sólo conocí maravillosos compañeros, ahí tuve la lastimosa experiencia de ver la justicia de mi patria funcionar en un lugar tan vergonzante. Vi también otras instituciones, un obispo a quien le pedí que avise a mi familia y nunca lo hizo. Era Monseñor Casaretto.”

Siguiendo con el relato de Schulman, el 10 u 11 de noviembre del 76 lo trasladan a la GIR, encapuchado y con golpes, recordando que allí estaban alojados Pedro Colombes, Mitrisqui, López, mucha gente del norte, de Pozo Borrado, etc., además que pudo ver nuevamente a Raúl Gómez. Su compañera, Graciela Roselló también relató haber estado en la GIR y supo de la detención de Schulman: “…Ahí supe que a José ya lo habían blanqueado; supe que ahí estaba José, nos pudimos comunicar 3 veces por intermedio de notas. Guardé esas notas y me las encontraron en una requisa (ya estaba ahí Perizzotti); Perizzotti me las encuentra, me las rompe en la cara y me pregunta quien me las había dado.”

Oscar Vázquez constata asimismo la permanencia de Schulman y Roselló en la GIR, y declaró sobre las condiciones de hacinamiento y que eran tratados como anamales. Alcides Antonio Schneider también da cuenta de la presencia de Schulman en la GIR y de las condiciones en las que se encontraba. Asimismo, Rubén Maulín, llevado a la GIR el 22 de octubre de 1976, también recuerda haber estado allí junto a José Schulman.

El 5 de enero de 1977 lo llevan a Schulman a Coronda, los traslados fueron con golpes, patadas, operativo grotesco con tanquetas, helicópteros, clausuraron las dos manos de la autopista, los llevaban con la cabeza contra el piso, los brazos en la espalda. Narra que Coronda intentaba ser “una máquina de destruir subjetividades” y que a cargo estaba Kusidonchi, al cual escuchó decir una noche que en Coronda estaba todo prohibido. Al describir las condiciones de detención en Coronda, expresa: “…Jugaban a la ruleta rusa. Teníamos números, ya no éramos personas…Querían tenernos como animales. Una de las cosas más humillantes que hacían en Coronda eran los allanamientos, nos desnudaban y nos miraban el ano. Para bañarnos, nos sacaban una vez por semana a un baño colectivo… Había un médico, pero ni nos tocaba. Murieron muchos compañeros por esto….Yo cantaba, podía ser que estuviera ya loco. Entendí en la cárcel que uno es libre siempre, aún cuando te torturan”. Narra que una noche entró Feced, estaba discutiendo con el Jefe del penal adentro de los pabellones, el Jefe del Penal dijo, “si quiere matarlos hágalo afuera”, así murieron varios compañeros.

En abril fue desafectado del PEN, y lo llevaron a la GIR, posteriormente al Ejército en donde lo despidió Rolón en persona, y le dijo que si estaría en Chile ya lo hubieran fusilado, que si seguía militando lo iba a fusilar él mismo. Hasta ese lugar lo fue a buscar José Sorbellini. Similar despedida tuvo Graciela Roselló, relatando que de los dichos de Rolón fue testigo Perizzotti ya que se encontraba presente.

A pesar de todo lo ocurrido, Schulman decidió seguir militando en la Federación Juvenil Comunista para lo cual decidieron simular que aceptaban la suspensión de actividades decretada por la Junta Militar y extremar las medidas para ocultar dicha actividad a la dictadura. Puntualmente, dado que ya era conocido por las fuerzas represivas, que su exposición publica fuese la menor posible. A partir de allí Carlos Perussini empezó a colaborar con él para que no estuviera en la calle, así fue que la noche del 22 de Noviembre de 1977, acordaron encontrarse en un bar situado en el club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Fue al bar del club, y cuando entró, en un costado vio a Perussini y en la otra punta a Ramos y a Cabrera, por lo que no saludó a Perussini, y se dirigió a la mesa de Ramos que lo llamó y le incriminó que estuviera por allí, amenazándolo. Todo esto fue corroborado por el testigo Juan Carlos Perussini, quien relató que en el momento no le llama la atención que José se dirigiera hacia la mesa donde estaban los jóvenes y que estos se retiraron del bar a escasos minutos de hacerlo Schulman, que al otro día se enteró que no aparecía y recordó la fecha fehacientemente ya que fue el día del terremoto de Caucete. Finalmente confirmó que cuando se volvieron a ver todavía tenía golpes y que José le dijo que no lo saludó por miedo a que lo detuvieran a él.

Quedó acreditado que en dicha oportunidad intentó escapar, y se fue caminando hacia el lado del cementerio, que quiso tomar un colectivo, momento en que Ramos se bajó de un Fiat 600 blanco, le apunto con un arma, lo encapucharon, y lo llevaron nuevamente a la Cuarta.

En este sentido ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación el 28 de Junio de 1999, testimonio que obra agregado a esta causa denunció “Desnudo y encapuchado estuve allí todo una tarde y casi toda una noche. De esas horas de torturas me quedó un recuerdo: por muchos días me quedaron los moretones de los golpes que me pegaba alguien que debía ser boxeador ya que me hacía volar de un lado al otro de la habitación.”

Relató ante este Tribunal que en ese lugar lo golpearon en el hígado, le pusieron una madera con clavos y le hacían hacer flexiones, además de realizarle un simulacro de fusilamiento, que se escuchó un tiro y algo pasa cerca de su cabeza y escuchó la voz de Ramos, que decía “idiotas, no saben tirar” y escuchó otro disparo, que no sabe que pasó. De repente el interrogatorio cesó. Un médico forense lo revisó, y firmó que le habían pegado con un objeto duro, que si le seguían pegando dos o tres horas más o si quedaba detenido unos meses se hubiese muerto. Recuerda además que había una persona que dijo ser empleado judicial, y que pretendía que firme un papel, en el cual se responsabilizaba de una bomba en plaza España, y que el manifestó que no podía hacerlo porque en esa fecha estaba preso en Coronda, tras lo cual lo amenazó que si no firmaba iba a “volver con los muchachos”, esto fue el 23 de noviembre de 1977, y recuerda la fecha porque esa mañana fue el terremoto de San Juan.

Entre los compañeros de Reconquista, recuerda a “El Mono” Maulín, que fue quien le dijo que ese hombre se llama Víctor Brusa.

Posteriormente decidieron que debía hacer una denuncia, para lo cual recurrió a un abogado Marcelo Rouzik Tournon que actuaba regularmente en resguardo de los militantes del Partido y la Juventud Comunista. Narra que a los pocos días ocurrió un hecho casi absurdo, al subir a un colectivo y estaba González con su mujer y un bebe en brazos, razón por la cual decidió bajarse del mismo. Después de eso se dio cuenta que no podía seguir en Santa Fe, y decidieron irse a Rosario. NO ERAN BESTIAS SINO SERES RACIONALES APLICANDO UN PLAN.

También corroboran los secuestros y cautiverio de Schulman los testimonios brindados por sus compañeros de militancia.

Juan Carlos Sorbellini, militante del Partido Comunista, señaló que al tomar noticia de la detención de Schulman, Gurvich y Roselló, presentaron recursos de Habeas Corpus, denuncias públicas, radios, volantes, pintadas, que además hubo una atención particular del partido a los familiares de los detenidos y que tuvo una entrevista con Monseñor Zaspe, quien se comprometió a denunciar los hechos y hacer todo lo posible para que los detenidos recuperen su libertad. Se enteró que Schulman, Roselló y Gurvich recuperaron la libertad en semana santa por su padre que militaba en la Liga Argentina Por Lo Derechos Del Hombre, y estaba permanentemente visitando a los presos y fue informado de la liberación por lo cual lo fue a buscar y lo traslado a su domicilio. En este sentido, confirma una vez más lo relatado por Schulman en su testimonio, quien expresó que: “José Sorbellini era una persona grande, con quien hablé y me fue a buscar cuando me liberaron.”

Juan Carlos Sorbellini también expresó que Schulman fue trasladado a Rosario para preservar su integridad; lo mismo hizo la dirección del Partido Comunista con Cacho Mammani.

El Dr. Marcelo Rouzic Tourman, abogado, depuso sobre la presentación de numerosos recursos de Hábeas corpus que efectuara durante la dictadura militar respecto de miembros del Partido Comunista secuestrados, entre los que nombró a Mamani, Duarte, Fernández, Schulman y Roselló.

Osvaldo Quaini, miembro del Partido Comunista, al deponer frente al Tribunal en esta causa, dijo sobre Schulman: “…éramos camaradas, varias veces lo detuvieron y apareció, era un abonado de los organismos de represión. Sé que fue torturado, que lo perseguían en la calle, que le pusieron una bomba en su casa.”.

Julio Gambina, declaró que conoce a Schulman desde el año 1973, época en que ambos eran estudiantes universitarios y militantes de la Juventud Comunista y. Da cuenta de su detención el 22 de noviembre de 1977 del siguiente modo: “…José cae preso, yo vivía transitoriamente en su casa. A mí me tocó salir a buscarlo. Yo tenía auto, así que recorrimos todos los lugares para ubicarlo. Dos personas me acompañaban, una de ellas era Gracielita y su madre Pura. Fuimos también con Pura, ella era la suegra de José. Pura era la compañera de Mateo. Fue una recorrida infructuosa… Pasando en el tiempo cuando José sale en el 77, llegó a mi departamento. Inmediatamente después en el edificio donde vivía hubo un atentado. Reventaron el departamento de al lado. Podría haber sido el nuestro. Todo el edificio estuvo tomado por las fuerzas.” En los encuentros con Schulman, recuerda que éste le contó sobre las vejaciones, los golpes y las amenazas padecidas en la Comisaría 4º. Estos hechos en el edificio de Gambina fueron también relatados por José Schulman

Asimismo y corroborando lo declarado por numerosos testigos, al momento de realizar la inspección judicial en la GIR, José Schulman reconoció el pabellón donde estuvo detenido, el patio, la oficina de Villalba y demás dependencias; en igual sentido en la inspección judicial en la Comisaría 4º, reconoció la celda donde estuvo detenido en octubre de 1976 y donde el encartado Facino le hiciera alusión al movimiento peronista; también reconoció la celda pequeña llamada “tumba” donde estuvo secuestrado en noviembre del 77. Asimismo, los hechos sufridos por Jose Ernesto Schulman se encuentran ampliamente probados por documental agregada, a saber:

1.- Autos Sorberllini, reservados en secretaría.

2.- Legajo Conadep de José Schulman.

3.. Copias de la causa iniciada con motivo de la denuncia de apremios efectuada, la imputación a Ramos y el reconocimiento por parte de los imputados de haber detenido a Schulman.

4.- -con las copias de presentaciones realizadas por medio de las autoridades consulares españolas en nuestro país, ante el Sr. Juez Titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, España por José Ernesto Schulman en 5fs, reservadas en Secretaría y declaración ante el Consejo de la Magistratura.

5.- Publicaciones del diario el Litoral de fechas 23/11/77, 24/11/77 y 2/12/77

6.- Libro de su atoría “Los Laberintos de la Memoria”

Respecto de la excepción de cosa juzgada alegada por la defensa del encartado Ramos y que fuera diferida, no resulta aplicable al caso y damos por reproducidos en honor a la brevedad, los considerandos expresados en causas Mazzeo, Almonacid y Barrios Altos y adherimos a lo expresado por el Dr. Coutaz en el sentido que no se ha agregado prueba alguna que acredite los extremos invocados por la defensa.

1. B) PATRICIA ISASA

De las pruebas agregadas a la causa y de las testimoniales producidas en el debate se encuentra probado que Patricia Indiana Isasa fue detenida cuando tenía 16 años de edad y se encontraba en su casa de calle Moreno Nº 2741 depto 3 de esta ciudad, en horarios del mediodía del 30 de julio de 1976. El operativo estuvo a cargo de fuerzas conjuntas de militares, policía, y civiles, pudiendo ver en un momento a quien identificara luego como Ramos. Le llamo la atención porque era una persona joven y vestía ropa de civil, posteriormente lo pudo ver en la Seccional Primera, muchas veces con ropa de civil y una vez con uniforme policial color marrón, haciéndose llamar con el nombre de Gerardo.

Luego, fue trasladada esposada en una camioneta del Ejército a la Comisaría Primera, en donde le retiraron las esposas. Allí les hace saber de la enfermedad que se encontraba padeciendo, rubéola, por lo que fue trasladada a la Sala Policial del Hospital Piloto y revisada por un médico, el que confirmó sus dichos.

Posteriormente fue reingresada en la Comisaría Primera, y alojada en el primer piso en un lugar que sitúa a lo largo de un pasillo, al fondo a la derecha, allí fue esposada en las muñecas y en los tobillos, siendo atada en posición de cuclillas, y luego encapuchada. En la inspección judicial realizada en la Comisaría Primera reconoció este lugar.

No sabe cuanto tiempo después aparecen dos tipos, uno hacía el rol de bueno y el otro de malo, uno, el que hacía de malo era Ramos, el otro le dijo que Ramos era un loco que la iba a matar.

Recuerda que le ponían y sacaban la capucha, que la sacaban poco al baño, que tenía mucha sed y hambre, además de estar desesperada, y que le costaba mucho caminar por la posición en la que había sido amarrada, y a raíz de ello acarrea una lesión de meniscos. “Era como entrar en un infierno, era una cosa dantesca”, expresó.

Agrega que en uno de sus días alojada en esta comisaría, ingresó Ramos y le dijo que si alguien la quería tocar debía avisarle a él, ya que ellos eran los únicos que podía tocarla y abusa sexualmente de ella.

Además recuerda que en otra oportunidad, siendo de noche, ingresa una persona y le pregunta si sabía de primeros auxilios, al contestar ella que sabía sólo más o menos, le contesto esta persona “vení igual porque por lo menos hiciste la secundaria” llevándola a la parte de abajo a una habitación, en la cual sobre un colchón estaba María Rosa Almirón, a quien conocía de antes, porque era la madre de un compañero de la Escuela Industrial, a la cual ella asistía. Esta persona, manifiesta, se encontraba muy mal, tenía las piernas hinchadas y moradas, la cara y el cuerpo quemados, y un pezón prácticamente arrancado, y que no podía hablar, sino que solo balbuceaba, por lo que la deponente trató de explicarle al que la llevó allí que si no era trasladada en forma urgente, se iba a morir. Al deponer ante el tribunal, los hijos de María Rosa Almirón (actualmente fallecida), María de los Milagros y Luciano Almirón, corroboran que Patricia Isasa asistió a su madre en la Comisaría Primera y coinciden en describir el estado de salud en que esta se encontraba. Luciano Almirón señaló que Isasa era compañera suya del Colegio Industrial, que se enteró que fue secuestrada unos días después que su mamá y que se habían cruzado en la Comisaría Primera. Sobre el estado en que quedó María Rosa Almirón también dio cuenta Moli Ovalle.

Patricia Isasa agrega que otro de los días en la 1ra. escuchó ruido de mucha gente, y que eso era porque Raúl Viso, quien era novio de Viviana Cazol, una compañera de escuela suya, se había arrojado para matarse, y que a raíz de ese acontecimiento ella fue atada mas fuerte, y reduciendo la distancia entre sus muñecas y su tobillo.

Manifiesta que en este lugar había más gente detenida, y que pasado alrededor de una semana, siendo de noche, la bajaron y pudo ver a Viviana Cazol, la que se encontraba desaparecida, entendiendo ella ahí la situación en la que estaba. Dijo textualmente: “Yo comprendí en ese momento que yo misma estaba desaparecida, que yo estaba en ese lugar, en la nada misma, donde estaba la gente que estaba desaparecida. Yo la vi y entonces entendí mi situación. Era como la persona que ve un fantasma, y comprende entonces que si lo ve, es que él también es un fantasma. Me quedé impactada.”

Luego de ello, son colocadas en fila, y viene María Eva Aebi, y son subidas a un Jeep azul en primer lugar y luego son pasadas a un Ford Falcón patrullero, estando Aebi entre ella y Cazol, quien sacó el arma que portaba y se la coloca a la altura de la cintura. son llevadas hasta la GIR.

Una vez allí, las hacen subir al primer piso y son colocadas en una habitación de más o menos 6 metros por 6 metros, la cual estaba llena de gente y contaba con un foco de luz fuerte el cual permaneció encendido las 24 horas, cuchetas, había también chicas embarazadas, estaba su profesora de matemáticas, de la Puente Brigiler. Al relatar el baño, manifiesta que existía un inodoro, y dos pozos de baño, una piletita y una bañera. En este lugar permaneció desde aproximadamente el 7, 8 o 9 de agosto de 1976 por tres días, hasta que vino Aebi, y la llevó hasta un auto, siendo de noche, recordando que la persona que manejaba era “El Flaco” Córdoba, un guardia que le pegó un golpe por el sólo hecho de preguntar a donde iban. De allí fue trasladada a la Seccional Cuarta.

En la 4ta. escuchó que abrían un portón y fue llevada a una celda con rejas y un chapón soldado, siendo las paredes amarillas, en donde había un banco de plaza. Recuerda que existía una ventana por la cual intentó ver, pudiendo observar que enfrente había una escuela. Allí permaneció hasta que un día le colocan una capucha, la cual no le negaba la vista hacia abajo, por lo que pudo ver que era trasladada por una galería con piso de baldosas muy antiguas, haciendo un trayecto en “L”, ingresa a una habitación, donde fue desnudada, en este lugar relata que existía un elástico de cama al cual fue atada de pies y manos en forma de cruz, para luego ser picaneada, al tiempo en que la interrogaban diciéndole “en que andas?”, no sabe durante cuánto tiempo estuvo, pero recuerda que sus interrogadores gritaban mucho, y abusaron de ella lo cual significó un castigo plus, ya que nunca había tenido relaciones sexuales, hasta que en un momento se desmayó. El lugar donde fue torturada estaba sobre calle Zavalla donde estaba la oficina del Comisario, allí estaba el camastro, el cual advierte que requiere de una instalación especial, consumía mucha energía y tenía que tener enchufes especiales, no se podía armar enseguida, y que era imposible que Facino no supiera que estaba eso allí.

Relata que la comida en este lugar era inmunda y textualmente que: “Se escuchaban gritos, otras de la cosas más terribles escuchar pasos para buscar personas que iban a torturan. Y uno ruega que esos pasos no sean para vos, pero al mismo tiempo querés que sean para vos así se termina, ya está, me buscaron, listo… Quedé físicamente muy mal, con muchos dolores. La electricidad te hincha, te quema, que es lo que había visto en María Rosa. Yo en ese momento perdí algo, que en cierta forma esta posibilidad de estar en este juicio declarando ante ustedes me lo repara.”

Luego de permanecer tres días en este lugar, una noche el comisario Villalba, la sacó de la celda, la subió a un Ford Falcón al lado de él y la llevó de regreso a la GIR. “Todo siempre era de noche, esa cosa nazi, nights and shadows. Tiene su razón de ser…”

Sobre el estado en que retorna a la GIR, dan cuenta sus compañeras de cautiverio: María de los Milagros Almirón relató que: “A Patricia la sacan por segunda vez, y vuelve muy mal, muy torturada, apenas podía caminar. Yo tomé como un rol protagónico, la cuidaba mucho. Tuvo gastritis, y el médico que venía decía cosas realmente absurdas, inverosímiles. Había un desprecio muy grande hacia la dignidad humana.” Marta Berra, por su parte recordó: “…en varias oportunidades sacaban gente para torturarlas como por ejemplo a Patricia Isasa o Margarita, esto ocurría de noche.” Moli Ovalle también sindicó: “En mayo o junio empezamos a sorprendernos porque las fuerzas conjuntas se reunían ahí para hacer operativos. … lo que me impactó más es que caían adolescentes que las tenían dos o tres días, las llevaban y volvían destruidas. Una de ellas fue Patricia Isasa, fue más o menos en agosto, más o menos para el dos de agosto. La vino a buscar una de las guardias, María Eva, que estaba siempre armada. Cuando las llevaron a estas criaturas yo me sentía responsable porque era la mayor, íbamos con otras a preguntar qué pasaba con estas chicas, para mi eran nenas. Obviamente eso trajo sus consecuencias, no conmigo porque ya estaba destrozada, a dos compañeras Nora Savoy y Nancy García las sacaban al patio de noche a hacer cuerpo a tierra…Otra por la que preguntábamos era por María Rosa Almirón, que llego en estado óptimo. Hacia gimnasia, se la llevaron un día y no volvío, preguntamos, preguntamos, amenazamos con huelga de hambre, al igual que con Patricia”. Susana Molinas relató: “Patricia estaba con marcas en la cara, con dificultad para caminar. Cuando yo salí busqué a los padres de Patricia…

En la GIR pudo ver entre sus compañeras de cautiverio a Moli Ovalle, quien estaba muy mal, tenía problemas en los riñones, Milagros Almirón que tenía 14 años, hija de María Rosa Almirón, Marita Cattaneo, Cintia Visiglio, Hortensia Poggi, Beatriz Poi, también estaba su profesora de matemáticas de la Puente de Brigiler. Relata que había chicas embarazadas como Cecilia Mazzetti, y muchísima gente más.

En este lugar recuerda que dormían de hasta tres personas en un mismo colchón, y que en el lugar existían tres habitaciones, la que describió anteriormente de 6 por 6 metros, otra de 2 por 6 metros, a la que llamaban el colectivo, la guardia que era de 4 metros por 2 y medio, y otra piecita chiquitita, y que en esa piecita de 4 por 2, estuvo luego alojada con Cecilia, quien se encontraba embarazada. Cabe aclarar, que el propio imputado Perizzotti reconoció a la habitación pequeña como la habitación de las menores. Agrega Isasa que en este lugar debía abrazarse para poder comer, debido al hacinamiento, ya que si no comían en su turno, no podían hacerlo luego. Expresó que: “Las condiciones de vida en la GIR eran terribles, nos teníamos que bañar de a dos, con un tachito de duraznos en almíbar, agua helada en pleno invierno. La comida era una inmundicia, nos daban carne podrida. Estábamos con las ventanas cerradas, sin ver la luz del sol, seis meses estuvimos así. No había médicos, yo salí pesando 48 kilos, me podía sacar el pantalón prendido…”, recordando que ante una úlcera que padecía ella, el médico que la vio le diagnosticó que estaba embarazada. Almirón también señaló: “La carne era verde, nos reíamos de las cucarachas flotando… había un baño y nos bañábamos con un tarrito y agua fría…Con Perizzotti experimenté las requisas, nos sacan todo, nos quitan libros y revistas, nos prohíben cantar y nos sacan los cancioneros. Perizzotti era muy creativo para generar malestar…nos puso luz permanentemente, la comida siempre fue pésima, pero yo sabía que de alguna manera debía alimentarme. Atención médica no había. Yo de todas formas no tuve enfermedades graves”. Marta Berra también señaló que estuvo alojada en la GIR en lugar muy hacinado, con muchas cuchetas, con una luz encendida de manera permanente. Vilma Cancian recuerda que las ventanas estaban cerradas, que comían por turnos, que recuerda la luz encendida todo el tiempo por las pesadillas, se bañaban en un único baño que existía, con un jarrito, que el lugar estaba lleno de gente y que muchas de estas personas fueron a Devoto.

Ana María Cámara dijo al ser interrogada sobre las condiciones de detención en la GIR: “pasamos de situaciones de comer terribles, un baño para tantas mujeres, nos bañábamos en invierno con agua helada.” Patricia Traba, “…Lo mas grave de las condiciones, era la inseguridad en lo que vivíamos, porque tenían libre acceso las personas que nos habían secuestrado. A Silvia la buscaban, ella regresaba asustadísima. Eso era lo más grave.” Moli Ovalle:”Sacaban gente impunemente y las mostraban luego impunemente. Había un baño para toda la población. Para mi fue la experiencia más nefasta, ahí vi realmente lo que fue la represión, esta cuestión, infame, despiadada, de atropello al ser humano. Por eso estoy acá, es una deuda con la sociedad.”

Entre el personal que ejercía la guardia ISASA recuerda a Graciela Ochoa, Blanca Yossen, Babis Espíndola, otras mujeres de nombre Marta y Mercedes y la Jefa o Secretaria que era María Eva Aebi, que por encontrarse más cercana a Villalba ostentaba poder a través de tratos mas crueles hacia las detenidas. También señala respecto de Aebi “… la veías como desarrollarse, se alegraba, se excitaba, volvía exultante de lo que ellos llamaban “enfrentamientos” y que en verdad eran matanzas. La tipa volvía exultante, vociferando, alienada.” En el mismo sentido, María de los Milagros Almirón declaró: “Vi pasar mucha gente, en el año 76 llegamos a ser 60 en dos habitaciones, que no estaban preparadas. Recuerdo que en ese período estaban desesperados, exaltados, buscando gente. Salían a cazar gente, venían muy excitados después de esas salidas, y generaban mucho miedo.” Aclara que Aebi también volvía excitada de los supuestos enfrentamiento, tal como sindicó Isasa. Por su parte, Silvia Suppo, al ser preguntada en su testimonio sobre el rol de Aebi dentro de la GIR respondió: “Era la mano derecha de Perizzotti, era la secretaria. Ella no estaba al cuidado nuestro, ella mandaba. Ella estaba mucho más en la oficina de Perizzotti que cuidándonos a nosotros.” María Cecilia Mazzetti, Susana Molinas, Vilma Cancian, Ana María Cámara, mencionan a las mismas guardiacárceles y que Aebi era la secretaria de Perizzotti. Patricia Traba indicó por su parte que María Eva Aebi era secretaria del Comisario Perizzotti, que nunca hacía guardia en el pabellón, que tenía relevancia por sobre las otras guardias y que estaba siempre en los traslados con Perizzotti.

Declaró Isasa que Aebi vestía un uniforme azulado y que ejercía cierto poder sobre las demás custodias, y que este poder le era concedido por su condición de amante de los dos jefes que tuvo la GIR, además de ser la secretaria privada y formar parte del Área 212, y que la misma en varias oportunidades manifestó haber formado parte de enfrentamientos, además de participar en traslados de detenidas, y ser la encargada de buscar a las detenidas y conducirlas hasta el despacho de Villalba o de Perizzotti, y fue quien la llevó a la deponente a ver a Brusa y a “La Patota”. Señala que en la cadena de mando la que la secundaba era Graciela Ochoa (La Choca). Sobre Aebi agrega: “Tenía poder real. Era también ella señora de vida y muerte. Daba órdenes a los otros guardias, era ella quién te llevaba a ver a Brusa, a “la patota”, y una vez en forma vulgar, ordinaria como era me dijo “je je tenés amnesia política vos”. Al respecto, María de los Milagros Almirón señala en idéntico sentido: “Perizzotti estaba siempre con María Eva, y era notoria la diferencia entre ella y las demás guardias. Había cierta jerarquización. Después de Aebi estaba la Choca Ochoa.” Anatlide Bugna recuerda que: “Aebi estaba en los peores momentos…. Lo llamativo era que Aebi tenía un total y cabal conocimiento de las causas nuestras… tenía acceso directo al escritorio de Perizzotti, era su secretaria”. Teresita Miño se refirió a Aebi también como la secretaria de Perizzotti y dijo: “nos venía a buscar para ir a declarar, comunicaba cosas, solía entrar a la habitación con intención de conversar, sobre cosas nuestras, tampoco era confiable, había que estar muy atentos.” Moli Ovalle recordó que “en los traslados había una mujer armada, las guardias no tenían armas. De las celadoras puntualmente no me acuerdo, si me acuerdo de la única que venia en los traslados, que estaba armada, las otras no estaban armadas. Le decíamos maria eva, aebi, algo así, aparecía en los traslados y daba órdenes.”

Sobre el episodio relatado por Isasa referido a la época en que estaba al mando Villalba y que Aebi estaba presente, sobre que un día siendo de noche, a raíz del escaso aire que había en el lugar una de las compañeras embarazadas se descompuso y ante el pedido de ellas para que abrieran el lugar, las hicieron bajar al patio y les hicieron dar vueltas, habiendo llamado a uniformados que portaban armas largas quienes les apuntaban, como haciendo un simulacro de fusilamiento, fue confirmado por el relato de María de los Milagros Almirón.

Sobre lo dicho por Isasa en referencia al traslado de gente a Devoto a mediados del mes de octubre de 1976, donde se llevaron a Vilma Cancian, fue corroborado por la declaración testimonial de Graciela Roselló: “Hubo un traslado a mujeres a Devoto y una guardia cárcel que hizo el traslado, Graciela Arrieta, al volver se tira a llorar en la cama y dice “como pueden ser tan hijos de puta, ya están presas”.

Sobre la presencia de religiosos en la GIR, recordemos que Isasa relató: “Un día viene un cura, Carmelo Gentile Guadagnolli, para que nos confesemos con él. Viviana Cazol era judía, y entonces él la quería separar, tipo Edad Media. Esas confesiones eran en realidad verdaderos interrogatorios. Yo le decía todo lo que estaba pasando y él nos decía que la tortura era una forma de expiar el mal. Preguntaba sobre las actividades que teníamos en el colegio. Consuelo y apoyo jamás nos brindó. Nos entrevistaba en un pasillo de la GIR.” Además agregó que también se llevaron cabo en el lugar unas misas que fueron realizadas por Monseñor Zaspe y que en una oportunidad concurrió Storni. Detalla que la GIR cuenta con 2 claustros, un patio grande de armas con un mástil, y otro patio más que daba a las oficinas de los jefes, lugar este en que se llevaron a cabo las misas de navidad, año nuevo y semana santa. María de los Milagros Almirón declaró en igual sentido: “En la GIR el sacerdote que estaba era Guadagnoli, que decía cosas tremendas, como que la tortura era para expiar el mal.”, corroborando asimismo que en Semana Santa de 1977 Zaspe dio una misa. María Cecilia Mazzetti dio cuenta también de la presencia de religiosos en la GIR: “Para una Navidad o día de la madre fue Monseñor Zaspe a dar la misa, después teníamos asistencia espiritual de Guadagnoli que nos ofrecía confesarnos con el para salvarnos, lo vi dos veces nada más y estoy segura de que fue más veces, nos entrevistaba en un pasillo que había antes de entrar a la oficina de Perizzotti.” Por su parte, Vilma Cancian manifestó que Zaspe dio una misa allí. Anatlide Bugna, Teresita Miño también refirieron que Monseñor Zaspe dio una misa en la GIR en el mes de abril de 1977, y que “Guadagnoli, iba a “confesarlas” en el sentido que indicó Isasa. Stella Maris Vallejos también recordó que Monseñor Zaspe dio una misa en Pascuas del año 77 en el patio. Ana María Cámara se refirió a la visita de Zaspe del siguiente modo: “Tuvimos un encuentro con Monseñor Zaspe. Perizzotti le habrá puesto condiciones para dar la misa, no lo podíamos ni mirar.”

Vale recordad también lo relatado por Isasa en cuanto a que Perizzotti asume a fines de diciembre de 1976 o principios de enero de 1977, y que en ese tiempo la madre de Viviana Cazol viajó a Europa para realizar denuncias, logrando que en el mes de febrero vinieran de Cruz Roja Internacional, y que a raíz de ello el régimen al que eran sometidas “aflojó”, realizándose aperturas de ventanas. Aebi les había dicho “la que hable es boleta”.

Durante el mes de octubre María Eva le dice que la iba a ver un psicólogo, encontrándose con una persona, a la cual le pidió que la ayudara, mencionándole los nombres de las que estaban, las edades, las condiciones de vida, la torturas, la comida, en esa oportunidad Eduardo Ramos se aparece y le dice que se llama Gerardo. “Y entonces se larga una risotada que recuerdo perfecto, burlona, soez, una cosa horrible, que para mi fue otra traición, y le dice a Aebi (Aebi estaba presente) “llévala”. Yo me sentí muy mal, fue pensar que esa persona me podía ayudar y descubrir que no, que era otra burla, otra traición. Al año siguiente yo estaba en el patio con Anatilde Bugna, y veo a este hombre, y le digo que ese era el psicólogo que yo le había contado. Y entonces ella me dice que no, que ese hombre era Brusa.”

Sobre el episodio que Isasa dio cuenta que en una oportunidad vio una mujer junto a su hijo de alrededor de 6 o 7 años, el que en un momento es separado de su madre, y que pudo constatar en una oportunidad en que bañó al menor que el mismo había sido violado, aclarando que el hecho no había ocurrido en la GIR, sino en el lugar que había estado antes alojado y que en ese lugar por dichos del menor había uniformados y policías, y que posteriormente este menor fue entregado a sus familiares. La presencia del menor y la circunstancia de haber sido separado de su madre fueron corroboradas en virtud de los dichos de María de los Milagros Almirón.

Isasa corroboró asimismo la llegada de un grupo de mujeres a fines de marzo de 1977 entre las que se encontraban Bugna, Traba, Vallejos, Aguirre, y otras más. Estaban en muy mal estado y que al igual que todas las personas que ingresaban a la GIR provenientes de la Seccional Cuarta, Primera, Segunda o de las casitas, estaban golpeadas y que era muy común que las mujeres hayan sido violadas, abusadas y agredidas. Relata que las mismas fueron alojadas en la habitación que denominaban colectivo, y que en su ingreso a la GIR participó Perizzoti y Aebi. Expresó al respecto: “Y a fines de marzo llega un grupo de chicas, a nosotras nos pasan a la habitación de al lado, que era chiquita, húmeda, con un olor a pis insoportable, puesto que estaba pegada al baño de los varones, compartía la pared. Y ahí teníamos prohibido hablar. Entonces inventamos un lenguaje de señas, y con eso en cierta forma resistimos. Hacíamos juegos, mudas, y podíamos encontrar en el humor una forma de resistencia. En la risa, que es vida. El juego nos había sido propio hasta antes de ese horror, éramos niñas, éramos muy chicas, no debíamos estar ahí, nunca nadie debe pasar por eso, no hay edad, pero menos menores, chicas de nuestra edad…. El 24 de marzo de 1977 Cecilia Mazzetti empieza con contracciones, y nace su hijito Sebastián.” Los dichos de Isasa coinciden con lo señalado por Almirón: “Cuando nos separan de las mayores no podíamos hablar. No podíamos contar nada de lo que nos sucedía, pero igual nos fuimos ingeniando para vencer esas barreras, inventando un lenguaje de señas”.

Lo dicho por Isasa sobre Beatriz Poi (embarazada de 9 meses) en cuanto a mantuvo un intercambio de palabras con María Eva Aebi, y ésta la mando a una celda de castigo de 90 centímetros por 1,40 ubicada en la Seccional Cuarta, fue corroborado también por Anatilde Bugna.

Además recuerda que en una oportunidad ingresaron chicas que eran de Reconquista, que ya habían estado en ese lugar, pero que habían ido en traslado a la Cárcel de Devoto, y posteriormente fueron llevadas a la Seccional Cuarta para ser interrogadas y torturadas, pudiendo ella avisarle a su madre y ésta a su vez a familiares de las mismas, quienes al venir a buscarlas, se encontraron con que no estaban más alojadas en la GIR. Tal situación fue corroborada por los dichos vertidos en su declaración testimonial de Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Patricia Traba.

En el transcurso del mes de julio las hacen ir hasta el despacho de Perizzotti, para recibirles una supuesta declaración, ante la presencia de una “Patota”, Ana María Cámara, también relató que: “En Mayo, junio, nos sacan de la pieza, nos lleva la policía hasta una habitación y había un hombre que se presenta como oficial preventor, que decía que más te podes acordar, que mas querés agregar, tenía mi declaración anterior en la mano.” Anatlide Bugna también refirió el hecho.

Señaló que aproximadamente a fines del año 77 estaban con Anatilde Bugna en el segundo patio de la GIR, en un recreo que era de una hora por día, y pasó delante suyo “Gerardo” esposado, Anatilde le dijo que era Eduardo Ramos que lo conocía de la escuela que no era Gerardo. Ella sabía quien era porque lo ve a él cuando la secuestran. Anatlide Bugna ha confirmado este hecho en su relato.

Isasa también narró que Silvia Suppo le contó que había sido violada, y como la misma no menstruaba, María Eva Aebi la llevó ante Perizzotti, quien le dijo que iban a solucionar el error, llevándola a que le practiquen un aborto, lo cual fue relatado en audiencia por la misma Silvia Suppo, corroborando los dichos de Isasa en este sentido.

Luego de ello le otorgaron la libertad a Grisel Droz, y posteriormente a ella en el mes de diciembre, oportunidad en que vino hasta el escritorio de Perizzotti el Cnel. Rolón, vistiendo de gala. Finalmente el 24 de diciembre de 1977 le conceden la libertad vigilada, debiendo presentarse los días lunes, miércoles y viernes en el Comando del Área 212, donde era atendida siempre por el mismo uniformado, quien le manifestaba “estamos viviendo la tercer guerra mundial”, y que la misma era entre el comunismo y la civilización occidental. Transcurrido tres meses debió presentarse una vez por semana, siendo indagada respecto de sus comunicaciones telefónicas, y pasado los nueve meses en septiembre de 1978 le conceden la libertad total.

Narró que el 1º de julio de 1979 en horario nocturno, explotó una bomba en el Juzgado Federal, y por ello, al día siguiente es nuevamente secuestrada y llevada a la GIR, encapuchada, esposada y la sientan en un lugar en el cual había más gente en su misma condición. Posteriormente, la sacan de este lugar y la llevan hasta la habitación de 6 por 6 que describiera anteriormente, en donde había un montón de personas que le decía “vos pusiste una bomba en el Juzgado”, y cuando ella iba a negarlo, era interrumpida manifestándole “si, vos pusiste una bomba, fuiste en un auto azul, y colocaste un caño”. En un determinado momento en que ella dijo “basta”, pudo sentir el ruido de un arma apoyada en su cabeza y disparada sin que salga la bala, lo que generó la risa de sus interrogadores, y la finalización de su interrogatorio, regresándola a su lugar de alojamiento, en donde no podía hablar con las otras compañeras, y debía levantar la mano para ser llevada al baño. Describe que en una oportunidad es llevada hasta la cuadra de los varones, y le retiran las esposas, recibiendo la orden de sacarse la capucha, cosa que se negó a hacer, recibiendo como respuesta “sacate la capucha, total a mi ya me conoces”, y era Perizzotti, quien se encontraba sentado y le dio la orden de que tomara una sopa, cosa que hizo, siendo posteriormente nuevamente encapuchada, esposada y regresada a su anterior lugar, al rato, es nuevamente sacada de su lugar y llevada hasta un lugar previo al despacho de Perizzotti, donde le sacan la capucha y ante la presencia de sus padres, le otorgan la libertad. Refiere que: “Yo traté de volver a mi Escuela, y no me lo permitieron. Me negaron el derecho a estudiar en mi Escuela Industrial, que era una enseñanza de excelencia. Tuve que terminar en la Escuela Normal, pero mi objetivo era terminar el secundario y luego recibirme. No me dejaron, ahora tenía el estigma de haber estado secuestrada, no podía continuar mi vida normal.”.

El cautiverio de Patricia Isasa en la GIR fue confirmado por los siguientes testigos:

Marta Berra, Silvia Suppo, Cecilia Mazzetti quién declaró: “cuando a mi me detienen, Patricia ya estaba detenida, me ponen en otra habitación improvisada que en realidad era un pasillo, estaba Sara Cobacho, Graciela Saurín, Carmen, Estela Perussini y no recuerdo más, estuve muchos meses en esa habitación, después hay un momento en que modifican todo y nos ponen juntas a las menores, ahí tengo relación con Patricia Isasa, Gisel Droz, Viviana Cazol, Claudia Esposito, pasé el resto de mi embarazo en esa habitación.”

Susana Molinas, señaló que una de las cosas que mas recuerda es el ingreso de las menores en la GIR: María de los Milagros Almirón, que llegó a la GIR junto a su madre María Rosa Cedrón de Almirón, y esta nena tenía 14 años…y que 3 o 4 días después ingresaron otras dos menores, de entre 15 y 16 años, eran Patricia Isasa y Viviana Cazol.

Vilma Cancian señaló en su testimonio: “Estaba en una habitación donde había una luz muy fuerte, no tenían visitas, solo una vez por semana podía ir a verlas un menor. Después la trasladan a una habitación mas pequeña donde había un grupo de menores, estaba Isasa, Almirón, Claudia, Viviana Cazol, Cecilia Mazzetti y una señora de más de 50 años Carmen Vallejos de Reconquista.”

Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Patricia Traba, Teresita Miño, Sara Dorotier de Cobacho ubicaron a Isasa entre las menores detenidas en la GIR.

Asimismo, Teresita Noemí Cherry, dio cuenta del secuestro de Patricia Isasa. Ambas iban al Colegio Industrial Superior e integraban la lista de la Unión Secundaria, donde también estaban Luciano Almirón, y su hermano Néstor Hugo Cherry, quien fuera secuestrado el 17 de agosto de 1977 y permanece desaparecido. No recuerda bien en que momento se produce el secuestro de Patricia, cree que fue antes o después de las vacaciones de julio. Recuerda que en el curso de Patricia había un hombre que se llamaba Miranda, alumno mayor, bastante cercano de Patricia y que cuando Patricia es secuestrada el no va mas a la escuela. Ese mes de julio, allanan su casa y se llevaron documentación, la cedula de identidad, y libros. Cuando regresa a la escuela, se enteró de la ausencia de Isasa, Viviana Cazol, Froilan Aguirre y otros compañeros.

Asimismo y corroborando lo declarado por numerosos testigos, al momento de realizar la inspección judicial en la Comisaría 1º Isasa reconoció tanto los lugares donde sufrió cautiverio como aquellos donde vio a Viviana Cazol y Maria Rosa Cedrán de Almirón. Recordó materiales de los pisos, colores de paredes y de aberturas que pudo reconocer.

Oportunamente en la GIR reconoció las dependencias donde estuvo detenida, el patio, la oficina de Villalba que luego ocupara Perizotti y demás dependencias; en igual sentido en la inspección judicial en la Comisaría 4º y en el croquis exhibido en audiencia, reconoció el lugar por donde fue ingresada, la celda que era utilizada para la detención de mujeres, mobiliario y dependencias. Ubico la reja-portón verde que estaba en la celda descripta en momentos de su detención y el banco de plaza en su materialidad, antigüedad, proporciones y color naranja. El propio imputado FACINO reconoció que ese era el lugar donde alojaban a las mujeres.-

Por lo tanto, la inspección, su declaración, la prueba documental incorporada (legajo conadep, declaración ante Audiencia de Madrid, video el cerco, expte Administrativo de la Ley 24.043 donde consta haber sido puesta a disposición del PEN el día 26/10/76…) y los numerosos los testimonios recogidos en este juicio que acreditan sobradamente y de modo concluyente los extremos invocados, el secuestro de Isasa, su paso por la Comisaría Primera, traslado a la GIR, traslado a la Comisaría 4ta. y reingreso a la GIR y todas y cada una de las circunstancias descritas por la querellante.

II- Antes de pasar a la autoría y a la responsabilidad de los imputados, esta querella quiere describir el CONTEXTO EN QUE SE INSCRIBEN LOS HECHOS DE LA CAUSA:

Todos los casos hoy juzgados, que por otro lado son iguales en su metodología a los miles de casos denunciados y que seguramente culminarán con su juzgamiento, son parte del plan criminal pergeñado por las fuerzas represivas del cual los imputados formaron parte activa, lo cual ya ha sido probado desde la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la causa 13/84 y en los distintos pronunciamientos judiciales donde estos hechos fueron enjuiciados a lo largo de nuestro país, se trata de Sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada y que representan por lo tanto, realidades jurídicas indiscutibles, a las que nos remitimos en honor a la brevedad.

En efecto, en nuestro país se llevó a cabo un plan de exterminio como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura económica, social y política del país, redoblando sus ataduras con los países centrales. Así lo ha expresado nuestra Corte Suprema, en la misma Causa 13/84: “Las FFAA operaron dentro del marco estratégico de los EEUU, apto para la lucha contra el comunismo, con un carácter autoritario y conservador”.

Los hechos objeto de esta causa configuran el delito de genocidio descripto en la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, crimen que se configura con una serie de actos cuya comisión tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas y tales actos son: a) matanza, b) lesión grave a la integridad física o mental, c) sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, d) imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En consecuencia, con los mismos testimonios escuchados en las audiencias y con toda la prueba aquí reunida, pasamos a imputar también por el delito de genocidio a Eduardo Ramos, Víctor Hermes Brusa y Mario José Facino. Es necesario aclarar que es solo por estos encartados que esta querella puede acusar, este límite objetivo no obsta que el delito de genocidio fue cometido por todos los encartados y no sólo contra José Schulman sino también contra Patricia Isasa y todas las víctimas que integran la presente causa. Asimismo, es necesario resaltar que ya otros tribunales naciones han establecido que lo que ocurrió durante el Proceso de Reorganización Nacional fue un genocidio, por lo tanto este delito no pudo ser cometido en una provincia si y otra no, ni por sólo una parte de los represores sino por la totalidad como hacia todas las víctimas.

No vamos a fundamentar en el sentido de considerar a los presentes hechos como delitos de lesa humanidad, ya que esta calificación es la que nos permite estar hoy en este juicio, y por otro lado ha sido detenidamente desarrollada por la doctrina y jurisprudencia reciente.

Si bien todo genocidio implica también la comisión de crímenes contra la humanidad, no es así a la inversa, ya que en el genocidio el objetivo de la práctica no es el ataque indiscriminado a población civil sino precisamente el ataque “discriminado” a determinados grupos de la población a fines de lograr la destrucción total de dichos grupos y/o la destrucción parcial (transformación, reorganización) del propio grupo, que produce la ausencia de una parte de él. Es la intencionalidad específica de destrucción de un grupo lo que distingue al genocidio de las matanzas indiscriminadas calificadas como crímenes contra la humanidad.

También la calificación de genocidio pone a las víctimas en su lugar pertinente, al arrancarlas del rol de “inocencia abstracta” al que las arroja el concepto de crímenes contra la humanidad (en tanto “población civil indiscriminada”) y entenderlas como un “grupo discriminado” por los perpetradores, elegido no aleatoria sino causalmente para que su desaparición generara una serie de transformaciones en el propio grupo del país, en especial la “imposición de la identidad del opresor”, tal como lo entendía Lemkin. Como está expuesto, la represión no podía alcanzar a “cualquiera”, sino a aquellos que se consideraba que jugaban un papel peculiar en el destino del grupo nacional que habitaba la Argentina y cuya desaparición colaboraría en la posibilidad de construcción de la “Nueva República” o también denominado Proceso de Reorganización Nacional que pretendían formar los genocidas.

Sobre este punto, la Sentencia del Tribunal Federal Oral nro. 1 de La Plata dictada en la causa Etchecolatz, hoy confirmada, especificó:

…“ Entiendo que de todo lo señalado surge irrebatible que no estamos como se anticipara ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar “genocidio”… “Se abrió a partir de allí y especialmente respecto de lo sucedido en nuestro país durante la dictadura militar comenzada en 1976, una interesante cuestión acerca de si las decenas de miles de víctimas de aquel terrorismo de Estado integran o no el llamado “grupo nacional” al que alude la Convención”….“Entiendo que la respuesta afirmativa se impone, que no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión,…”

Como lo señaláramos, lo que caracteriza al Genocidio es la intención de destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. El grupo no existe en la naturaleza, sino que es una construcción intelectual, por lo que la construcción del grupo como tal es puramente subjetiva: es un recorte de la realidad. Por lo tanto, surge claramente que en la definición el sujeto pasivo del genocidio es el “grupo” y que quien constituye o categoriza al “grupo” sobre el que recae el obrar genocida, es el represor.

Para que se configure el grupo sólo basta que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.

No fue la nacionalidad del grupo agredido lo que motivó el propósito de su destrucción sino las características comunes que unían a sus integrantes y los conformaban como grupos humanos de y dentro del país.

De los hechos aquí investigados e imputados surge con claridad que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya finalidad consistía en la eliminación total de una categoría de la población, denominada por los represores como “subversivos”. Así es que no pueden considerarse los hechos imputados como “hechos aislados”, sino un conjunto de hechos que se llevaron a cabo en el marco de la represión ilegal y que, teniendo en cuenta la colaboración que los acusados prestaron para tales fines, es razonable concluir que ejecutaron los ilícitos con conocimiento de este plan.

Por lo que los imputados poseían el mens rea requerido, es decir la intencionalidad de destrucción de un grupo y no sólo de la eliminación de los disidentes políticos. Hay numerosos ejemplos fácticos para demostrarla, como la militancia social, barrial, sindical o estudiantil de la mayoría de las víctimas, o la apropiación y en algunos casos desaparición, tortura y asesinato de los hijos de los secuestrados, a los cuales resulta directamente imposible catalogar como “disidentes políticos”.

En pos de ese objetivo es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, auspiciadas y alentadas por parte de otros sectores como el gran EMPRESARIADO Y LA IGLESIA, se hicieron del poder del Estado para aniquilar a otro grupo nacional.

Este sector a exterminar estaba constituido por todos aquellos que fuesen un OBSTÁCULO en esa nueva estructura de país que se quería instaurar.

Que el objetivo central era de política económica, se demuestra de los propios datos de la CONADEP que más del 56% de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores.

Algunos datos son significativos:

* Antes del golpe, la desocupación del 2.3% y al poco tiempo ya estaba al 8%.
* De una deuda externa de 7.000 millones se pasó en 7 años a una deuda de 56.000 millones.
* El 66% de los cargos económicos del nuevo gobierno fueron ocupados por representantes de las grandes empresas como Martínez de Hoz de Acindar.
* Fue uno de los gobiernos más antinacionales de la historia. Se desató un proceso de desindustrialización y al mismo tiempo de recomposición de la tasa de ganancia del capital en el país
* La clase trabajadora tenía mas del 50 % del PBI en 1974 y pasa a tener el 30% al primer año de dictadura.

Muestra de ello y solo a título de ejemplo es que el punto 7 del Acta para el Proceso de Reorganización Nacional inhibió todas las actividades gremiales. Además de la Confederación General del Trabajo, la Junta intervino de inmediato quince de los principales sindicatos, subordinó a las cortes castrenses a los trabajadores de los servicios públicos, prohibió las huelgas y todas las medidas capaces de afectar la producción, anuló la convocatoria a patrones y obreros para discutir nuevas convenciones colectivas, derogó el Estatuto del Docente y dictó la llamada ley de prescindibilidad que autorizó el despido de cualquier trabajador sin fundamentar las causas y en la mayor parte de los casos sin pagarle indemnización.-

Esto se reafirmó con el testimonio de numerosos testigos que pasaron por este estrado.

Así, el testigo Oscar Vázquez señaló:

“Ingreso al Ferrocarril por un concepto de protección al patrimonio nacional. El 24 de Marzo cuando se produce el golpe de estado, llegan las cesantías como parte de un terror a los trabajadores, de los militares. Omar y Oscar Gomítolo, Raul Miguerra, Pérez, Avellaneda, militantes del PC, todos estos compañeros fueron cesantes por un proyecto para evitar cualquier tipo de resistencia al proyecto político del gobierno. En el 76, como parte de un trabajo, defensa de la empresa estatal, iniciamos peticiones solicitudes, para la reincorporación de estos compañeros. En octubre del 76, me entero que José es detenido, yo había estado antes con el…A la semana siguiente se produce mi detención en mi domicilio… A los 3 días de haber salido en libertad, anduve buscando constancias para reintegrarme a mi trabajo. Y en jefatura entro por el costado, le pregunto al policía donde están los cuadernos. En esa oficina me dice, había una mujer, que me da los cuadernos, busco y no figuraba. Así supe que no estaba ingresado a la 3ra… Fui reintegrado a mi trabajo en el 83 y figuraba como abandono de trabajo. El Estado me detuvo, el mismo Estado me echó. Fue un plan para destruir el patrimonio nacional”.

En el caso particular de Schulman, afiliado a la Federación Juvenil Comunista a la época de los hechos y luego al Partido Comunista, era un “abonado de las fuerzas represivas”, como han dicho su camarada Quaini, por su condición de militante político. El mismo Schulman ha relatado las persecuciones y atentados sufridos anteriores a los hechos que son objeto de debate en esta causa: en diciembre de 1975 le colocaron una bomba en su casa, el 24 de diciembre de 1976 allanaron su casa las fuerzas represivas y detuvieron a su hermano…Todo ello corroborado por los diversos testigos ofrecidos por esta parte. En este sentido, cabe traer a colación lo resuelto recientemente por la Cám. Nac. Cas. Penal Sala IV en el caso IRIART Fabio Carlos (Expte 9672-09) del 30 oct 09: “…En efecto, no puede desconocerse, tal como lo sostiene el recurrente, que las personas identificadas en su relación de pertenencia con el Partido Comunista fueron objeto de persecución, física e ideológica, por el aparato represivo estatal de la última dictadura militar. Así, la circunstancia de que se haya allegado al sumario un listado de personas que sufrieron, individualmente, las acciones ilícitas llevadas a cabo por el Estado en el período histórico que comprende la investigación, no desfigura los derechos conculcados de quienes, personal o colectivamente, enrolados en una filosofía o forma de pensamiento, se vieron privados del ejercicio de sus derechos. Ninguna duda exhibe el caso, frente a los alcances que le hemos asignado a los crímenes que se investigan en la presente causa, que el partido político que tratamos se vio, en el contexto histórico jurídico que revela el legajo, palmariamente lesionado como institución fundamental del sistema democrático, toda vez que su funcionamiento y libre ejercicio de sus actividades se vieron frustradas a partir de la ruptura del orden democrático que significó el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.”

Recordaremos aquí que el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Viola, suscribió la Directiva 404/75, cuyo anexo sobre “Inteligencia” habla de una “Prioridad 1” (atacar a la Liga Arg. Por los Derechos del Hombre, a la Unión de Mujeres de Arg., al Mov. de Unidad y Coordinación Sindical y al Mov. Nac. Intersindical, que son organismos donde operaba relevantemente -junto a otros- el Pdo. Comunista), y una “Prioridad 2” que es el propio Partido Comunista. En idéntico sentido, el Jefe del Estado Mayor del Ejército Suárez Mason dijo ante los diplomáticos extranjeros en 1979: “Entre los elementos que juegan en la estrategia revolucionaria se cuentan el Pdo. Comunista, la Liga Arg. Por los Derechos del Hombre, y 30 organizaciones vinculadas al P.C”. El Jefe del IIIº Cuerpo, Menéndez, convocó a “Aniquilar al marxismo y cerrarle toda posibilidad de surgimiento futuro”. Recordaremos aquí que la Directiva 404/75, en su anexo “Detención de personas” establece que para los objetivos de “Prioridad 1” habrá hegemonía de militares en las operaciones conjuntas; mientras que en los casos de “Prioridad 2” la investirán los policías. Tengamos presente que el Partido Comunista era, precisamente, de “Prioridad 2”, y el rol policial en el allanamiento debía ser importante.

Como decíamos, el genocidio fue llevado adelante para reestructurar las relaciones económicas y todas las relaciones políticas, gremiales, sociales, culturales y de solidaridad que sobre ellas se asentaban.

Querían REDISEÑAR la sociedad en nuevos términos. Por eso necesitaban “demonizar” al sector que sería reprimido; por eso se construye la figura del “subversivo”.

Para que nunca más vuelva a ser tomado como ejemplo de lucha, de reclamo social, enorme ejemplo para las generaciones futuras.

A su vez demonizarlo, constituirlo como “delincuente subversivo” tenía como objetivo la impunidad de los delitos cometidos contra ese grupo. La impunidad posterior fue planificada desde la dictadura y sostenida por los gobiernos posteriores.

Destruir esas dos cosas: la organización y la participación era uno de los objetivos a más largo plazo de la dictadura.

Respecto de la metodología utilizada por los genocidas, tenemos lo que ya está probado hace mas de veinte años y cuenta con sentencia firme, en la “causa 13” o Juicio a las Juntas. Allí leemos: “…En los centros de cautiverio los secuestrados fueron interrogados en la casi totalidad de los casos bajo tormentos a través de métodos de tortura similares…No existe constancia en autos de algún centro de cautiverio donde no se aplicaran medios de tortura y, en casi todos, la uniformidad de sistemas aparece manifiesta. Sólo pueden señalarse pequeñas variantes de tácticas o de modos, pero al pasaje de corriente eléctrica, los golpes y la asfixia, se repiten en casi la totalidad de los casos investigados, cualquiera sea la fuerza de la que dependía el centro o su ubicación geográfica…”.-

Vinculado con la cuestión de la metodología que siguieron los genocidas, tenemos las acciones típicas por los cuales se configura el delito de genocidio según la Convención para la sanción y prevención de dicho delito.

Mencionamos ahora como cada una de estas acciones típicas, fue desarrollada en el plan genocida llevado adelante en nuestro país, y como dichas acciones han surgido en las audiencias testimoniales de este juicio:

1. MATANZA,

“Cuando llegó la patota pregunté qué pasó con mi compañero me dijeron que lo mataron como un perro…En la foto se ve el rostro de una persona que es un civil que estuvo en el procedimiento de mi casa. El de perfil esta en el living. En otra habitación se ve a los militares desde un pasillo en la habitación donde mueren Fonseca y Vuistaz. La mancha de sangre que se ve en el piso se nota que le dispararon boca abajo y lo dieron vuelta. Mi compañero Vuistaz fue fusilado. El informe del EAAF dice que fue disparado de arriba hacia abajo. Las fotos de los cuerpos están tomadas en la que era mi habitación. Los antropólogos me dicen que fue ejecutado en el piso, por eso tuvo estallido de cráneo. Lo detienen vivo y lo fusilan.” Vilma Pompeya Gómez, 21-09-09.

B) LESIÓN GRAVE A LA INTEGRIDAD FÍSICA O MENTAL,

“En 1996 mi marido tiene un problema de salud, es operado por Aparicio en Rosario. El queda en sillas de ruedas, le hacíamos rehabilitación con electricidad, con electrodos, y hace una regresión a la tortura, el decía su nombre, documento, termina suicidándose antes de su recuperación, el 14/10/96.” Antalide Bugna, 19-10-09.

“… me desnudan, me atan los ojos con una cinta, me llevan a otra habitación, me atan a un sillón de hierro, como de dentista, con alambre, cadena, y me apoyan en mi cabeza algo que yo pensé que era un parapeto de madera, escuchaba los golpes, y gritos desgarradores de mi compañero en la otra habitación. Se van, y se ponen a hablar entre ellos, y hablaban con mi compañero que apenas podía contestar, estaba en una agonía impresionante, le preguntaban para que eran unos remedios que él tenía, escuché que le sacaban cadenas y no escuche mas nada, después regresaron y me siguieron dando a mí hasta que desmayé. Al amanecer me llevan a la Primera, me meten en una celda, detrás de la escalera. Quedaba como una especie de trapecio, muy chiquito, estuve esposado y encapuchado por 29 días. Debo haber estado semi inconscientes cerca de 3 días, tuve calambres en el cuerpo, seguía con el cuerpo electrocutado. Al llegar a la Primera me reciben con una paliza, como fue una constante en cada lugar donde me llevaron. Me pateaban y me decían “Malas noches, estás vivo!”, venían siempre de noche. Durante 29 días estuve así, me mojaban el piso del calabozo, no me daban ni diarios para separarme del piso. Aunque parezca absurdo, yo luego de esas palizas podía dormir, con el calor de la golpiza, y sabiendo que ya habían venido.” Froilán Aguirre, 09-11-09.

“Ahí me aplicaron picana, eran 6 o 7 personas las que estaban en la habitación, cuando me aplicaban la picana me colocaban una almohada en la cara, me destrozaron los senos, la vagina, los ojos y la boca….Tengo los dientes grises por efecto de la picana. Todos los nervios están muertos. No puedo ir a un dentista porque es lo más parecido a la picana que hay.” Vilma Pompeya Gómez, 21-09-09.

“Fuimos muchos los que vivimos esto, la idea era destruir, destruir familias y reemplazarlas por las de ellos… Yo sufrí torturas físicas y mi madre también las sufrió, pero además ella sufrió hasta su muerte, ya que el imaginar que un ser querido es torturado es la peor de las torturas. Aquel que vive la desaparición de un familiar sufre otra tortura, y es la psicológica. Mi abuela murió el mismo día que nos detienen a mamá y a mí. Hay un antes y un después en la vida, para mi, fue un antes de mis 14 y después. Yo llevé unos cuantos años de lucha, hasta que me pude sacar el horror pegado. Aún hoy cuando uno los ve, no puedo creer que compartamos una humanidad.” María de los Milagros Almirón. 05-10-09

“Mi hijo se retira del seminario para buscarme, cuando yo salgo mi hijo desaparece, Enrique tenía 23 años, y Daniel mi yerno, desaparece el primero de agosto de 1977. Yo pagué un precio muy alto por mi libertad, me destrozó mi familia.” Sara Dorotier de Cobacho. 06-10-09.

C) SOMETIMIENTO INTENCIONAL A CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE HAYAN DE ACARREAR SU DESTRUCCIÓN FÍSICA,

“La amenaza constante era porque yo estaba embarazada de 7 meses, sobre la vida de mi hijo. Yo no puedo asegurar el tiempo que estuve en ese lugar, no estaba en buenas condiciones físicas, no me daban de comer. En un momento me daban agua, nada de comida.” Marta Berra, 29-09-09.

“En la GIR nos bañábamos con un tarrito. Recuerdo mucho la luz esa muy fuerte. Estaba lleno de gente en las habitaciones. Nunca nos atendió un médico.” Vilma Cancian, 05-10-09.

D) IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR NACIMIENTOS,

“Al entrar yo en la Cuarta estaba embarazada, entonces pedí un médico, fue y sólo me pregunto el nombre. Sufrí un aborto en junio. Me llevan al hospital para hacerme un raspaje, con mucho personal armado, tanto traslado como custodia.” Susana Molinas, 05-10-09.

“…noto que no tenía mi período, pido un médico, y me dice que me iban a hacer análisis de sangre, me llevan al hospital para eso, me traslada de la GIR al hospital Aebi. Cuando estuvieron los resultados no me los vino a comunicar el médico, sino que me llevan a la oficina de Perizzotti, estaba presente Aebi. Ahí me dicen que estaba embarazada y Perizzotti textualmente me dice “que iban a reparar ese error”. Me sacó María Aebi de la GIR con dos personas mas a un consultorio particular. Nos recibe un médico, el cual nunca me dirigió la palabra. Me senté en una camilla ginecológica, me puso un suero, no me explicó nada de lo que iba a hacer, hizo su trabajo en 15 o 20 minutos, al terminar yo me sentía muy mareada.” Silvia Suppo, 05-10-09.

“Me empiezan a golpear, les digo que estoy embarazada pensando que eso iba a mitigar la situación, pero fue peor, me decían que era el hijo de un guerrillero, y que ese bebé no debía nacer. Me golpean cada vez más fuerte, y me decían que si yo me caía al piso no me iba a levantar más”. María Cecilia Mazzetti, 29-09-09.

E) TRASLADO POR LA FUERZA DE NIÑOS.

“…en junio de 1982 cuando recupero la libertad regreso a mi lugar de origen y me reencuentro con mi madre, que no había vuelto a ver, a mi ex pareja que vi una vez en Coronda. De a poco con los días me relatan lo que había pasado, ellos tenían algo para revelarme. De a poco se fue allanando la situación y me cuentan que mi pareja dio a luz en marzo de 1977 ella estaba embarazada de 3 meses. Nació un varón en una clínica privada, ella quedo en desamparo total. Una señora se acercó a ella cuando estaba avanzado el embarazo para ofrecerle ayuda y criar al chico. El chico estaba en Reconquista y lo tenía una familia, yo respondí que no quería verlo. La familia se lo apropió e inscribió como hijo propio, le negaron todo acercamiento a la madre. No está clara la relación que esta familia tuvo con las FFAA, había una familiar que pertenecía a la fuerza aérea. Mi hijo tiene 32 años y enterado de la historia de su familia se puso a disposición de la justicia para esclarecer su origen y someterse a un examen de ADN. Faltan los pasos definitivos para obtener su plena identidad. La madre de mi hijo tenía 23 o 24 años.” Rubén Maulin, 28-09-09.

Así vemos como cada una de las acciones típicas que configuran el delito de genocidio se dieron en la zona como parte del plan llevado a cabo a nivel nacional, con una misma metodología consistente en el secuestro, en las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, la clandestinidad, la desaparición forzada, la muerte, la apropiación de niños y violencia sexual y violaciones cuando se trata de mujeres.-

También ha quedado probado no sólo a lo largo de este debate, sino en los distintos juicios que se llevaron adelante a nivel nacional luego de la reapertura de las causas de la dictadura, que cuando se trataba de mujeres detenidas desaparecidas, en la metodología de los represores se agregaba a las torturas físicas y psíquicas ya descriptas, una violencia especifica de contenido sexual, manoseos y distintas formas de abuso sexual, violaciones, amenazas de violaciones masivas. Tal como señala la profesora Silvia Delfino si bien … “La violación no es mencionada en la Convención contra el Genocidio de 1948. El Genocidio involucra un grupo de actos para alcanzar la eliminación o destrucción de un grupo “en todo o en parte” tal como es definido por parte de quien planifica ese exterminio. Aunque se mencionan los actos tendientes imponer medidas que impidan embarazos o posibiliten el traslado de niños de un grupo a otro, no se menciona la violación como parte de esas estrategias. Sin embargo la extensión, frecuencia y evidencia del acto de violación en procesos de genocidio han hecho necesario que los Tribunales internacionales especiales reformularan esas concepciones, por ejemplo en el caso del Trbunal Internacional por Rwanda en 1998 en que el Fiscal v. Akayesu decidió incluir la violencia sexual y la violación a mujeres y niñas como parte del genocidio… Testigo tras testigo testimoniaron sobre la sistemática y extendida estrategia de la violencia sexual y las violaciones hacia mujeres y niñas. Si bien la violación no aparecía como crimen si era considerada de modo aislado sí podía ser considerada como práctica de genocidio en el contexto de la persecución y planificación del aniquilamiento de un grupo. Estos crímenes incluyen el asesinato, el aniquilamiento, la esclavitud forzada, la prisión, tortura, violación sexual y las persecuciones por razones políticas, raciales pero no se limitan a la violencia contra la vida, la salud física o mental en términos de tratamiento cruel como la tortura, el castigo físico sino también las violaciones a la dignidad personal en particular el trato degradante y humillante que involucra el acoso, abuso o violación sexual o la prostitución forzada.Por eso las actuaciones y sentencias de los Tribunales ad hoc de Bosnia y Rwanda representan cambios determinantes en el modo en que es concebida la violencia sexual como crimen de lesa humanidad o genocidio. Se trata del primer momento en que la violación hacia mujeres y niñas es caracterizada como crimen de lesa humanidad ya sea en conflictos nacionales o internacionales. Implica una inclusión de la violencia sexual como crimen en la Convención de Ginebra y el Protocolo Adicional II…..

Concebir los actos de violencia sexual y las violaciones como delitos de lesa humanidad y parte de la planificación del genocidio implica que los perpetradores de esos crímenes no puedan gozar de impunidad.

Concluyendo con el análisis del genocidio cometido en nuestro país, es necesario resaltar que para garantizar la impunidad propuesta por el plan sistemático de exterminio fue necesario tergiversar la realidad sobre qué sucedió, cómo y cuando, quién lo cometió, a quién se aniquiló y porqué.

Así en la Argentina, los gobiernos constitucionales posteriores a la última dictadura militar implantaron durante mas de 20 años políticas de olvido, no solo mediante la aprobación e implementación de leyes y decretos de impunidad, sino también a través de la construcción y/o legitimación de diferentes formas de representar lo ocurrido.

Ejemplo de ello es la Teoría de los dos demonios, explicitada en los decretos 157 y 158 firmados por el ex Presidente Alfonsín y de allí en más, presente en todos los mensajes emitidos desde el Gobierno, comenzando por el prólogo del Informe Nunca Más de la CONADEP.

Queremos terminar de una vez por todas con la nefasta teoría de los dos demonios, que dio lugar incluso a que se hablara de “errores y excesos”. En la Argentina no hubo dos demonios.

En este juicio oral los casos investigados por torturas y privación ilegítima de la libertad agravadas se subsumen en las disposiciones del art. 2do. de la presente Convención, por lo que las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el art. 3 (asociación, complicidad, tentativa para cometer genocidio), serán castigadas, ya se trate de gobernantes o funcionarios.

Por lo que consideramos que es esencial e ineludible una sentencia que permita a nuestro país cumplir con el mandato impuesto por la citada Convención y por la Constitución para proceder a la condena por comisión del delito de genocidio.

El GENOCIDIO EN SANTA FE

De las constancias de autos se infiere que la organización estructural adoptada por el gobierno de facto dividió al país en cinco zonas, a su vez fraccionadas en sub-zonas, cada una de las cuales se correspondía con un Cuerpo del Ejército.-

El Comando de la Zona II, con sede en Rosario, dependía del segundo cuerpo del ejército y comprendía las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.-

La Zona II estuvo a cargo del Segundo Cuerpo del Ejército, comandado sucesivamente por los generales Ramón Genero Díaz Bessone (desde septiembre de 1975), Leopoldo Fortunato Galtieri (octubre de 1976), Luciano Adolfo Jáuregui ( febrero de 1979) y Juan Carlos Trimarco (desde diciembre de 1980).-

La labor de inteligencia era competencia del G-2, el que estaba a cargo, desde diciembre de 1975, del Coronel Carlos Alberto Ramírez.-

Dentro de esta zona, la subsana 21 con jurisdicción en toda la provincia de Santa Fe, era comandada por el 2do. Comandante del Segundo Cuerpo del Ejército y fueron sus responsables: General Otto Carlos Paladino ( desde agosto de 1975), General Andrés Aníbal Ferrero (desde febrero de 1976), General Luciano Adolfo Jáuregui (desde diciembre de 1977), General José Luis Sexton (desde febrero de 1979), General Héctor Humberto Gamen ( desde diciembre de 1979).-

Con respecto a los órganos de inteligencia, correspondía a esta ciudad de Santa Fe el Destacamento de Inteligencia 122. a cargo sucesivamente del Tte. Coronel Domingo Marcellini y del Tte. Coronel Carlos Alberto González.-

En lo concerniente al área 212, dentro de nuestra provincia, ésta comprendía los departamentos La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Garay.-

La responsabilidad recaía en los Jefes del Comando de Artillería 121, a saber: Coronel María Gonzalez (desde octubre de 1974), Coronel Juan Orlando Rolón (desde noviembre de 1976), Coronel Pedro José Canevaro (desde enero de 1979), Coronel Guillermo Daract (desde septiembre de 1980).-

En tal sentido, será pertinente tener en cuenta, entre otras probanzas, lo declarado por los imputados Domingo Manuel Marcellini (fs. 1647), el fallecido Nicolás Correa (fs. 1154/1158 vta), Juan Calixto Perizzotti (fs. 1146), Eduardo Alberto Ramos Campagnolo (fs. 1122/1133), Mario José Facino (fs. 1192/1196) y María Eva Aebi (fs. 1161/1165), como así también, los dichos del testigo Juan Rafael Lorefice (fs. 411/414 vta.), y el Legajo de CONADEP Nº 4627 glosado a fs. 598/620 de Roberto Fermín de los Santos.-

Asimismo, de lo antes expuesto, y de las diversas declaraciones testimoniales rendidas por las víctimas, se infiere, que el denominado circuito de la presesión ilegal en Santa Fe, y en particular los hechos que se tramitan en la presente causa, se desarrollaron fundamentalmente en los siguientes lugares, a saber:

a.) Seccional Cuarta de Policía de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Unidad Regional I, La Capital, ubicada en calle Tucumán 3595 de esta ciudad.-

b.) Guardia de Infantería Reforzada, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, Policía de la Provincia de Santa Fe, emplazada en calle Oroño 793 de esta ciudad.-

c) “La Casita”, denominación utilizada por la víctimas para referirse al inmueble ubicado en la vecina ciudad de Santo Tomé.-

En referencia a los Centros Clandestinos de Detención en Santa Fe, en el informe final de la CONADEP “Nunca Más” se indica que “… a partir de las denuncias registradas en la Comisión, se ha podido establecer la existencia de cuatro C.C.D. que funcionaron como circuito dentro de la represión clandestina. Todos ellos -bajo la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército- corresponden al Área de Seguridad 212, -cuyo jefe era en 1976 el Coronel Rolón (Legajo N° 7503), mientras que el Coronel José María González (Legajo N° 7503) del Grupo de Artillería 121 se desempeñó durante ese año y el siguiente como Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe. Y era precisamente la Brigada de Investigaciones, sita en Obispo Gelabert y San Martín, el lugar de recepción de detenidos, tanto de la capital como de zonas aledañas. Luego de un corto proceso de «ablandamiento» eran conducidos a la Comisaría 4, el centro de reunión de información (CR1) del área. Cuando el número de detenidos así lo requería, algunos eran derivados a un local de la U.D.A. (Unión de Docentes Argentinos), que no era ocupado por el gremio, y se convirtió en una especie de «aguantadero» para detenidos clandestinos.

El final del circuito era la Guardia de Infantería Reforzada, desde donde generalmente eran legalizados y remitidos a una cárcel legal, o bien liberados.”

“Brigada de Investigaciones – Era un lugar de tortura y «ablande». Se torturaba en el entrepiso, es decir debajo de la casa del Jefe de la Policía Provincial, ubicada en la planta alta. Generalmente en este lugar se recibía a los secuestrados recién llegados, no sólo de la ciudad, sino también de otros puntos de la provincia. (…)

Guardia de Infantería Reforzada – Se trata de un centro de detención que recibía detenidos-desaparecidos y que los derivaba. Generalmente se los legalizaba pasando a las unidades carcelarias de la zona.(…)

Comisaría IV – A pesar de tratarse de un lugar legal de detención recibían constantemente detenidos no reconocidos. Evidentemente, dado que casi todos los testimonios que fueron recogidos por la CONADEP , Delegación Santa Fe, señalan que en alguna oportunidad pasaron por este lugar, concluimos que se trataba de un centro de información. La tortura y los malos tratos eran el método de interrogatorio.” (…)

Otras denuncias que nos fueron efectuadas señalan que fueron trasladados presos detenidos en la cárcel de Coronda para ser torturados e interrogados en la Comisaría IV (Efren I. Venturini, Legajo N° 7508 y Roberto Cepeda, Legajo N° 7474).

En el caso particular de nuestros representados, cabe mencionar que han reconocido los lugares donde han permanecido secuestrados, tanto la GIR como las Comisarías 1º y 4º, corroborando lo manifestado en sus testimoniales brindadas ante este tribunal.

III- ADECUACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS PROBADOS.

Probada la materialidad de los hechos imputados corresponde establecer su significación típica.

Llegado el momento de especificar la calificación atribuida a la conducta de los imputados y la pena a aplicar al caso, y de acuerdo a lo desarrollado, venimos a solicitar que se califique la conducta de los imputados como delito de genocidio desde el derecho internacional y como PIL agravada en concurso real con tormentos… desde el derecho interno argentino.

a) GENOCIDIO

Se ha querido argumentar en diversos ámbitos que no se podría condenar por el delito de genocidio pues este no esta en el código penal, como así también que el mismo no tiene una pena especifica en el derecho interno. Creemos que esa visión, muestra una media verdad y opaca otra mucho más real. Que esa reglamentación interna no se haya efectuado aun, no es imputable a las víctimas ni a los que buscamos que se reconozca el genocidio cometido en la Argentina. Es imputable a este estado, jurídicamente continuador de aquel que cometiera el genocidio que no ha cumplido con las obligaciones asumidas.

Demostraremos en este punto que ello no es así, y que la condena por genocidio se impone como un deber para los jueces pues significa reconocer en la sentencia la verdad histórica, de lo que llevaron adelante estos imputados junto con miles en todo el país.

No nos detendremos en el análisis de la tipología de genocidio que ya fuera desarrollada, sino que fundamentaremos el pedido de pena en relación a esta calificación legal, pues como mencionáramos, se mantiene la misma plataforma fáctica.

El genocidio es un delito de derecho internacional y de lesa humanidad, catalogados quizás como el más atroz de todos, y que en su comisión incluye otros delitos de por si atroces.

Podemos tipificar los delitos padecidos por José Schulman como privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, pero ello resulta insuficiente.

Hemos escuchado también en esta sala las torturas y tormentos indescriptibles que sufrieron los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, las condiciones inhumanas en que eran mantenidos en ese cautiverio.

Todos los tormentos que describen los sobrevivientes, sin dudas que son parte del plan genocida, que incluye al resto de las víctimas cuyo caso no fue tratado en este juicio, pero que no podemos separar como es inescindible el genocidio.

Porque estamos convencidas que corresponde que los sres jueces cumplan en el caso de violaciones a ddhh con las obligaciones asumidas por el estado, solicitamos que en el fallo se cumpla el articulo cuarto de la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que señala que las personas que lo cometan deben ser castigadas.

El delito de genocidio esta tipificado claramente en el art 2 de la misma convención como ya lo hemos desarrollado y por tanto es un tipo penal con plena vigencia. Es ley desde 1956 cuando por ley 14.467 se ratifico el mismo y actualmente es parte del art 75 inc 22 de la CN.

Con ello queda demostrado que el principio de legalidad, queda absolutamente garantizado, pues el delito de genocidio era delito cuando los imputados lo llevaron adelante, con conciencia de su realización y conocimiento de su existencia pues reiteramos, el delito de genocidio esta reconocido por el derecho interno argentino desde 1956. Los imputados conocían de su tipificación no solo porque las leyes se presumen conocidas por todos sino principalmente porque ellos eran parte de ese estado.

Nos parece importante señalar que el principio de legalidad que impone que una conducta puede ser reprochada solo si es ley anterior a la comisión del hecho, se cumple acabadamente, pero sobre todo, este principio no puede ser utilizado en pos de la impunidad.

Este desarrollo demuestra que los señores jueces no solo pueden, sino que deben en cumplimiento con los arts. 2 y 4 de la convención ya citada, condenar por este delito

La misma corte suprema de justicia ha interpretado en este sentido la obligación estatal ante los tratados de ddhh en el caso Arancibia Clavel donde declaro la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y ha hecho lo propio en el caso Edmedkjian imponiendo al órgano jurisdiccional la aplicación de los tratados.

El imperativo de condenar por este delito, trae unido el de aplicar una condena, pues el estado argentino no puede alegar su propio incumplimiento para no condenar tamaños crímenes de lesa humanidad, calificados como genocidio.

Ahora bien, ante ello, cabria la posibilidad de que por una omisión del estado, al no fijar una pena especifica se pueda condenar por un delito pero no se pueda aplicar una pena, lo que seria lisa y llanamente un absurdo, toda vez que como señaláramos la tipificación del delito existe hace mas de 50 años, y seria la forma en que el mismo estado que ratifico la convención pueda incumplirla argumentando que no cumplió con su propia obligación y por tanto no tiene pena.

A criterio de esta querella, eso debe resolverse entendiendo al delito de genocidio como el delito de mayor gravedad de la legislación vigente, que no solo subsume figuras que si están en el código penal, sino que además le corresponde la mayor de las penas que también esta en el código penal.

Ello en cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por la CIDH en el caso Bulacio que específicamente afirmo: “el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos…” (caso Bulacio vs. Estado argentino, sentencia del 18/09/03, cidh, §§ 114 y sgtes.).-

Asimismo entendemos que debe analizarse al momento de aplicar pena conforme art 40, y 41 la magnitud del delito cometido, del daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, la angustia y desesperación que aun perdura en los familiares de los desaparecidos, ante el pacto de silencio que siguen manteniendo los imputados, y la peligrosidad que significaría para los trabajadores y el pueblo que los imputados gozaran de prisión domiciliaria. Entendemos que ello es inadmisible en delitos de lesa humanidad como este caso, pues ello seria parte de la ingeniería jurídica de impunidad.

Al respecto citamos al juez Rosansky en el incidente en que niega la prisión domiciliaria al cura Von Wernich afirmo: “los países que -como el nuestro- han padecido el terrorismo de estado, no pueden darse el lujo de finalizar investigaciones y juicios en los que recayeron condenas, tolerando que dicho esfuerzo se diluya al transformar la sanción en una mera formalidad. De lo dicho se desprende claramente que los paradigmas actuales en materia de derechos humanos, son incompatibles con cualquier medida del estado que transforme -manifiesta o encubiertamente- la sanción impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad, en una mera formalidad. En esos casos, cumplir la prisión en la comodidad de un hogar u obispado no sólo transforma en una mera formalidad la condena dictada, sino que violaría la normativa protectora citada… la sola información de un beneficio semejante, bastaría para provocar sensación de impunidad y desaliento a quienes por enésima vez deben relatar los horrores padecidos. Sensación que se transformaría en dato objetivo de la realidad al momento mismo en que un condenado por delitos de lesa humanidad egresara de la cárcel para continuar su vida en cómodas viviendas u obispados (como el aquí propuesto) –

b) Desde la óptica del derecho interno, se encuentran acreditadas en autos las privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos, los que serán precisados respecto de cada caso al momento del pedido de atribución de pena.

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD:

Respecto del tipo objetivo previsto en los arts. 144 bis inc 1 y 2, 142 inc. 1º, y 144 ter 1º párr. C.P., y conforme lo establecido por el art. 77 del mismo cuerpo, corresponde señalar que todos los procesados revestían la calidad de funcionarios públicos en virtud de ser los mismos integrantes de fuerzas de seguridad estatales, policías (Ramos y Facino) y miembro del Poder Judicial de la Nación en el caso de Víctor Brusa, al momento de comisión de los hechos.

Ello se encuentra probado por la documental acompañada y por los propios dichos de los procesados en oportunidad de recibírseles declaración indagatoria.

Un análisis similar al que hasta aquí se describe, en relación a la calidad que revestían los procesados, fue efectuado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la ya mencionada causa 13/84, al que remitimos.

Por lo demás, la conducta descripta en el art. 144 bis inc. 1º, según redacción de la ley 14.616, en cuanto reprime al funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privare a alguno de su libertad personal, se condice perfectamente con las conductas achacadas a los procesados Ramos, Facino, Perizzotti y Aebi y la conducta descripta en el art. 144 bis inc. 2 en tanto reprime al funcionario público que desempeñando un acto de servicio cometiere cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales respecto de Víctor Hermes Brusa.

Los hechos objeto del presente alegato, como también ya hemos visto, fueron cometidos por grupos de tareas que obedeciendo directivas del comando operacional ingresaron a los domicilios de las víctimas o las interceptaron en la vía pública para reducirlas mediante armas o coacción física y conducirlas a la Comisaría Cuarta. Es de destacar que nunca mediaron órdenes de detención o allanamiento emanadas de autoridad competente.

El bien jurídico tutelado es la libertad y el momento consumativo se produce en el primer momento de efectiva privación de la libertad personal, siempre que pueda considerarse que el ofendido vio afectada su libertad de movimientos o, más precisamente, que se vio impedido de disponer de su libertad de locomoción en los límites queridos por el autor, exigencia que viene dada por el principio de lesividad. La libertad mentada por la norma tiene un sentido corporal, así, el menoscabo de la libertad corporal constituye el fundamento de su punibilidad. De esta forma debe destacarse en el tipo el elemento normativo de la ilegalidad de la privación de libertad.

Siguiendo a Sebastián Soler “(…) la persona es entendida en el sentido físico, de manera que la libertad que se toma en consideración es la libertad de movimientos tanto en el sentido de poder trasladarse libremente de un lugar a otro, libertad de la que se priva al sujeto en el caso de encerramiento, como en el sentido de privar a alguien de la libertad de ir a un determinado lugar del cual el autor no tiene derecho alguno para excluirlo” (S. Soler. Derecho Penal Argentino. Ed. TEA Bs As 1983. Pág. 34 y stes.).

La forma de comisión de la privación de la libertad utilizada en estos casos, es la denominada por la doctrina como encerramiento.

Por ser el bien jurídico tutelado la libertad, la especial característica de este bien jurídico hace forzoso que el hecho asuma los caracteres de delito permanente. El hecho comienza en un momento determinado pero los momentos posteriores son siempre imputables al mismo título del momento inicial, hasta que cesa la situación creada.

Esta figura, continúa Soler, enuncia como requisito expreso el de la ilegalidad. Florian piensa que se trata de un elemento perteneciente al contenido esencial del delito que debe subsistir por si mismo. Creus manifiesta en el mismo sentido, al explicar el requisito de la ilegalidad que objetivamente se requiere que la privación resulte verdaderamente un ataque a la libertad, sin mediar consentimiento del sujeto pasivo y tratarse de una imposición no justificada dentro de los parámetros de las causas generales de justificación. Estas causales han sido descartadas en los casos que nos ocupan acorde se explicara detalladamente en el acápite anterior. (Creus Carlos, “Derecho Penal” Parte Especial Tomo I; Ed. Astrea).

Agrega Soler que, para integrarse la figura, se requiere que el hecho sea subjetivamente ilícito, y de modo positivo, es decir, que el autor debe proceder de manera arbitraria, objetiva y subjetivamente. Esto influye directamente sobre la culpabilidad eliminando toda forma de comisión culposa. Es decir, la privación de la libertad llevada a cabo por un funcionario público, en todas sus formas, lo es a título doloso.

El dolo exige, fundamentalmente, el conocimiento de la ilegalidad de la privación de libertad y la voluntad de asumir la acción en cuanto arbitraria; obrar “con la conciencia de que su conducta es sustancial y formalmente arbitraria” (Nuñez), esto es, que actúa sin derecho para privar de la libertad o que lo hace de un modo no autorizado por la ley.

Es necesario el conocimiento del carácter abusivo de la privación ilegal de la víctima por parte del agente y la voluntad de restringirla en esa calidad, circunstancias éstas, ampliamente verificadas en autos. El contexto en el que la privación de la libertad se llevó adelante, la ausencia de los mas elementales resguardo legales, los abusos cometidos generalmente desde el inicio de la conducta tanto respecto de las victimas como de sus familiares, y el reconocimiento expreso que los acusados hicieron en más de una oportunidad frente a las víctimas, son respaldo suficiente para dar por satisfecho el aspecto subjetivo exigido por la figura seleccionada.

Volviendo a las enseñanzas de Soler, el mismo autor destaca que el delito “puede ser cometido por omisión, consistiendo en este caso, en no hacer cesar una situación de privación de libertad preexistente, estando obligado a ello conforme con la ley o a causa de la propia conducta anterior…”. Carlos Creus coincide en ese punto al señalar que: “…La consumación puede realizarse mediante omisión, cuando el agente no hace cesar la situación de privación de la libertad preexistente en que se encuentra la víctima por obra de un tercero, o cuando no hace cesar la que habiendo sido legítima se convirtió en ilegitima, teniendo la obligación de hacerlo. Es delito permanente -la acción se prolonga mientras no cesa la privación de la libertad.

Los secuestros y posteriores cautiverios de los detenidos-desaparecidos no sólo se perpetraron en contra de la voluntad de las víctimas. Su ilegalidad deviene, además, de que dichas privaciones no obedecieron a órdenes emanadas de autoridad competente.

La dictadura militar apoderada de la suma del poder público, ejecutó un plan sistemático criminal, el cual se orientó a exterminar a los reales o potenciales opositores al régimen, a la vez que se sembraba el terror en el conjunto de la población. El secuestro de miles de personas, su traslado a centros clandestinos de detención, la aplicación de torturas y el posterior asesinato o desaparición, fueron el método escogido para la implementación del siniestro plan. En ese contexto la ilicitud de cada una de las privaciones de la libertad padecidas por las víctimas deviene, con independencia de las formas empleadas en cada caso, del propio propósito perseguido.

La clandestinidad con que los imputados realizaron las capturas, el ocultamiento de la existencia misma de los centros clandestinos de detención, la ausencia de órdenes escritas (o bien el ocultamiento y/o destrucción de las mismas en caso de haber existido) son claras evidencias no sólo de la ilegalidad de las detenciones y cautiverios, sino de la conciencia de esa ilicitud por parte de todos los responsables de los crímenes objeto de investigación.

No caben dudas que cada uno de los procesados en esta causa, actuó en pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Todos, de manera voluntaria, formaron parte del plan sistemático de exterminio con absoluta comprensión de los propósitos específicos perseguidos por el mismo y de los delitos llevados a cabo para alcanzar tal fin.

FIGURA AGRAVADA:

Como se viene diciendo, la figura prevista en el art. 144 bis inc. 1 del CP, según ley 14616, fue llevada a cabo por los procesados con el agravante previsto por el art. 144 bis último párrafo, el cual remite –en lo que aquí interesa- al inc 1º del art 142, esto es “cuando el hecho se cometiere mediando violencia o amenazas”.

En efecto, la privación ilegal de la libertad en cuestión, se logra ejerciendo violencias sobre el cuerpo de la víctima o sobre terceros que tratan de impedir o pueden impedir el hecho, sea por una energía física o por un medio equiparado (hipnosis o narcóticos) así como también amenazando a cualquiera de los sujetos mencionados anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a instancias de aquel.

La extensión de los conceptos de violencia y amenazas puede ejercerse tanto para iniciar la privación de la libertad como en cualquier momento de la permanencia de la acción si van destinadas a mantenerla.

De la prueba valorada en cada caso, surge claramente que José Ernesto Schulman y Patricia Isasa fueron privados ilegítimamente de su libertad, tanto mediante el ejercicio de la violencia sobre el propio cuerpo –tanto al inicio como durante su cautiverio-, como por la utilización de amenazas respecto de ellos mismos como también de sus familiares y allegados.

APLICACIÓN DE TORMENTOS:

El art. 144 ter. 1º párr -siempre según ley 14.616- reprimía la conducta de aquel funcionario público que impusiere a los presos que guarde cualquier especie de tormento.

Debe, en primer lugar, destacarse que no cabe duda alguna respecto de que los detenidos-desaparecidos de los centros clandestinos de detención eran “presos” en los términos del Código Penal. Efectivamente, dicha condición surge de su aprehensión y encierro por funcionarios públicos, y tal como señalara la Excma. Cámara en la recordada causa nº 13/84: “Las víctimas eran presos en la terminología legal, toda vez que fueron aprehendidas y encerradas por funcionarios públicos que, de acuerdo a las leyes vigentes tenían facultades para hacerlo. Las circunstancias de que esas detenciones no hubiesen sido llevadas a cabo de acuerdo con las prescripciones legales – lo que también es motivo de reproche – no cambia la categoría de presos” (causa 13/84, en Fallos 309: 1526).

Esta querella entiende que es indiscutible que todas las personas cautivas fueron víctimas de los tormentos previstos por la norma que se analiza. Durante su encierro todos los prisioneros fueron sometidos a distintos tipos tormentos psíquicos y físicos con la finalidad de obtener más información para profundizar el plan de exterminio o para quebrantar su resistencia. Los tormentos consistían en imponer al detenido una absoluta incomunicación, en utilizar la “picana” para efectuar descargas de corriente en los cuerpos, en martirizar a los cautivos mediante simulacros de fusilamiento o haciéndoles presenciar las sesiones de tortura de sus familiares o seres queridos. En definitiva, lisa y llanamente, las condiciones inhumanas de detención implicaron en sí mismas el padecimientos de tormentos por parte de todas las personas secuestradas. Es por demás elocuente que José Schulman e Isasa padecieron los tormentos a que el legislador se refiere en el art. 144 ter CP.

La doctrina ha sostenido que debe entenderse por tormentos toda inflicción de dolores con el fin de obtener determinadas declaraciones; la acción debe implicar el maltrato material o moral infligido intencionalmente para torturar a la víctima, esto sea con cualquier finalidad (al respecto ver Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, tomo IV, pág. 55 y ss. y Nuñez, Ricardo, “Tratado de Derecho Penal”, tomo V, Ed. Bibliográfica Omela año 1967 pág. 57). Carlos Creus explica que el sujeto pasivo del delito, es una persona privada de su libertad. Pero no cualquier privación de la libertad convierte a la persona en víctima del delito, sino la que tiene su origen en una relación funcional, sea por haber procedido de la orden de un funcionario o por haber sido ejecutada por un funcionario.

El elemento subjetivo del tipo lo brinda el conocimiento, por parte del sujeto activo, de que la persona a la cual se tortura está privada de su libertad y que la actividad desplegada respecto de ésta, le causa padecimiento e intenso dolor. Condición que resulta, a todas luces, conocida por los autores de este delito.

Finalmente, queremos destacar –aunque en estas instancias parezca ya redundante- que en todos los casos las detenciones, cautiverios y tormentos padecidos por lo detenidos-desaparecidos fueron motivadas en razón de la ideología o pertenencia política, supuesta o real, de la persona alcanzada por los ejecutores del plan criminal. Huelga señalar que cuando el legislador estableció la agravante del tormento calificado por su aplicación a un perseguido político, el fundamento de la punición no estuvo dado por la ideología o práctica realmente contraria al régimen del represaliado, sino por la subjetividad del sujeto activo, que selecciona a su víctima en razón de la motivación política (tenga esta sustento o no en la realidad histórica). Como bien enseña Ricardo Nuñez “perseguido político no es sólo el imputado de un delito por causa política, sino también el individuo arrestado o detenido por motivo político, como es el de ser opositor al régimen establecido o a las personas que ejercen el gobierno”.

Desde ese punto de vista, y con independencia de las probanzas colectadas en autos respecto de la naturaleza de cada interrogatorio en cada caso concreto o de la pertenencia política de cada una de las víctimas, lo que se encuentra sobradamente acreditado es que los detenidos-desaparecidos privados de su libertad y torturados fueron sometidos a tormentos en razón de motivaciones de naturaleza político-ideológica. Fue la pertenencia o supuesta pertenencia a de los cautivos a agrupaciones políticas opositoras o a movimientos sociales considerados “enemigos políticos” de la dictadura, la que motivó que los encartados los sometieran a los tormentos por los que aquí son acusados.

IV- LOS RESPONSABLES Y LA PRUEBA VALORADA

a) VÍCTOR HERMES BRUSA

El encartado fue funcionario del Poder Judicial de la Nación e inició su carrera judicial como Auxiliar Principal de la Secretaría Electoral de Santa Fe. Al momento de los hechos cumplía funciones como adscripto en el Juzgado Federal Nª 1 de esta ciudad y el 27 de abril de 1978 fue designado en el cargo de Secretario de dicha sede tribunalicia.

Las diversas declaraciones testimoniales que se escucharon en el debate, brindadas por aquellas personas que estuvieron detenidas en los mismos lugares y en similares períodos de los año 1976 y 1977, constituyen prueba idónea y suficiente para acreditar con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria-, la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del imputado en los mismos.-

En efecto, todos los relatos son plenamente coincidentes y concluyentes a los fines de establecer, que Víctor Hermes Brusa, como secretario del Juzgado Federal de esta ciudad, concurría, alternativamente y en distintas ocasiones, a la comisaría Cuarta, Guardia de Infantería Reforzada, o Cárcel de Coronda, a veces acompañado de un escribiente de apellido Nuñez y otras con el mismo Juez Federal Mántaras, y que en tal carácter y circunstancias, recibía declaraciones a las personas detenidas.-

Ha quedado acreditado en lo que concierne a Schulman que concurrió en fecha 23 de noviembre de 1977 a dependencias de la seccional cuarta de policía de esta ciudad, presentándose como Secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe ante el detenido ERNESTO JOSE SCHULMAN, y bajo amenazas de que en caso de no firmar volvería a ser torturado, procediera a obligarlo a suscribir una declaración previamente preparada, en la que Schulman manifestaba reconocer haber puesto una bomba en la Plaza España en el mes de enero de 1977.

Los elementos de juicio que surgen de las pruebas reunidas y de los testimonios oídos en el debate, permiten afirmar que los comportamientos desplegados por Víctor H. Brusa en relación a Schulman, así como respecto de las demás víctimas, son configurativos del delito de apremios ilegales, entendiendo por tales, a los rigores usados con los presos para forzarlos a confesar o declarar algo, o para influir de alguna manera en sus determinaciones.-

“Pueden estar constituidos por atentados físicos sobre la persona del sujeto pasivo, por severidades o vejaciones, según los conceptos explicados, o realizados de otros modos que no caben dentro de los límites de ellos (amenazas, imprecaciones, órdenes intimidatorios, etc.)”. (Carlos Creus, Derecho Penal Parte Especial Tomo I, pag. 325).-

Se ha acreditado que Brusa conocía las torturas padecidas por los testigos y que las empleaba para “convencerlos” de que ratificaran las declaraciones obtenidas en esas condiciones, amenazándolos con que volverían a ser torturados (como se apreció en los casos de Schulman y Millán, por ejemplo).

Por lo demás, cabe aclarar que no hay dudas respecto de la calidad de funcionario público que revestía Brusa. Recordemos que la más prestigiosa doctrina entiende que el empleado público puede participar accidental o permanentemente del ejercicio de la función pública, esa permanencia o accidentalidad lo convierte por imperio legal, en un funcionario público. Ha señalado al respecto Ricardo Núñez que “En lo que al derecho penal atañe, lo que da la idea de lo que es un funcionario o empleado público es la participación en el ejercicio de funciones públicas. Esta participación existe cuando el estado ha delegado en la persona, de manera exclusiva o en colaboración con otras, la facultad de formar o ejecutar la voluntad estatal para realizar un fin público”. Así, el mismo procesamiento de la CFAR en estos autos, ha tenido por probado que como empleado del juzgado, Brusa concurría a cumplir cometidos oficiales, como le es tomar declaración a los imputados, en una evidente delegación de funciones.

Además su accionar se encuentra denunciado desde el año 84, y que su nombre aparece ya en el Nunca Más agregado a esta causa. Su nombre también aparece en el programa de Ana Fiol Mujeres de Fin de Siglo.

Y la perla es el informe Side del 3/09/1981, Respecto de Brusa firmado por el Tte. Cnel. Rondello Barbaresi. En el se expresa textualmente: “Ha colaborado estrechamente con la Fuerza en la LCS. Es amigo y colaborador del Ejército Argentino”…

b) JUAN CALIXTO PERIZZOTTI

Desde el 19 de enero de 1977 el encartado tuvo a su cargo la Oficina de Coordinación dependiente del Área 212 que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada con sede en esta ciudad, hasta su disolución en noviembre de 1983.

Se ha acreditado que estimativamente, a fines del mes de julio de 1976, en su condición de Jefe de la Oficina de Coordinación dependiente del Área 212 que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada con sede en esta ciudad, ha mantenido privada ilegítimamente de la libertad a PATRICIA INDIANA ISASA, trasladándola contra su voluntad a la comisaría cuarta de esta ciudad, lugar donde la misma, en el marco de un interrogatorio, fuera sometida a la aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo.

En su propia declaración indagatoria y ampliación de la misma brindada en el debate, manifiesta que entre el 28 de diciembre de 1976 al 31 de enero de 1977, por resolución del Jefe de Policía se tuvo que hacer cargo de la Oficina de Coordinación dependiente del área 212 que funcionaba en la GIR, hasta que se disolvió en noviembre de 1983. También reconoció que trasladaba detenidos de la seccional cuarta a la oficina donde era jefe, que esos traslados se efectuaban por órdenes que llegaban a su mando o que él las iba a buscar al Comando de Artillería 121, por lo general secretas, que firmaba el Jefe de la Guarnición Militar de Santa Fe, que también era el Jefe de la Subzona 26 y Jefe del Area 212. Que la custodia en los traslados siempre la realizaba el ejército. Que recibía órdenes del área 212. Que los detenidos que él recibía y se alojaban eran a disposición de la Justicia Federal, del PEN o del área 212.

En base a los elementos de convicción que se han ventilado a lo largo del debate e incluso de los propios dichos del imputado, ha quedado demostrado que tenía un cargo jerárquico de importancia dependiendo de las directivas del Ejército, que en la propia GIR funcionaba un centro de torturas, que era el encargado de los traslados de los detenidos. Asimismo se ha demostrado que cuando se quería torturar a algún detenido, incluso alojado en la Cárcel de Coronda, se lo trasladaba por ejemplo a la comisaría cuarta. Huelga decir que las condiciones de cautiverio dentro de la GIR han sido ya relatadas al explicitar la materialidad de los hechos, configurando por sí mismas una situación de tormentos de la que el imputado tiene absoluta responsabilidad atento su condición de responsable de la GIR ya señalada.

Los hechos padecidos por la querellante Isasa por los cuales este imputado ha sido traído a juicio, han sido cabalmente demostrados a lo largo de las distintas testimoniales que ya se han traído a este alegato.

c)- MARÍA EVA AEBI

Al momento de los hechos investigados la encartada era agente de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Brigada Femenina, desempeñándose como escribiente en la Guardia de Infantería Reforzada con sede en esta ciudad. Consta en su legajo personal en la Policía y lo ha expresado Perizzotti, que cuando él llegó a la GIR, Aebi ya estaba trabajando allí.

De la prueba rendida, en honor a la brevedad, damos por reproducidos los testimonios que la ubican en la GIR, cumpliendo funciones de Secretaria de Villalba primero y de Perizzotti después, ostentando superioridad jerárquica fáctica respecto del personal femenino restante y con participación en los traslados de detenidos y en diversos simulacros de fusilamientos descriptos por las víctimas.

No han quedado dudas que estimativamente, en el mes de agosto de 1976, desempeñándose como agente de policía de la Pcia. de Santa Fe, intervino junto a otras personas en la privación ilegítima de la libertad de PATRICIA INDIANA ISASA, trasladándola desde la seccional primera de policía de esta ciudad, hasta la Guaria de Infantería Reforzada de esta ciudad.

d)- MARIO JOSÉ FACINO

Se ha acreditado que:

1.) Estimativamente a fines del mes de julio de 1976, desempeñándose como Sub-Jefe de la seccional cuarta de policía de esta ciudad, intervino junto a otras personas, de la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos de PATRICIA INDIANA ISASA, quien, encontrándose alojada ilegalmente, fué sometida en dicha seccional a la aplicación de descargas eléctricas en diversas partes de su cuerpo;

2.) En fecha 17 de octubre de 1976, desempeñándose como Sub-Jefe de la seccional cuarta de policía de esta ciudad, alojó ilegalmente a JOSE ERNESTO SCHULMAN, tomado intervención junto a otras personas de su privación ilegítima de la libertad;

De acuerdo con su legajo personal, el que se encuentra reservado en Secretaría, Facino se desempeñó como Sub Jefe de la Seccional Cuarta de la Policía de la Provincia de Santa Fe, con sede en Bv. Zavalla y Tucumán esta ciudad, desde el 08/05/75 hasta el 27/01/77, y como Jefe del Comando Radioeléctrico desde el día 27/01/77 hasta el 14/08/79, y a partir de esa fecha como Jefe de Agrupaciones Cuerpos. Su jerarquía, dentro de la fuerza policial, desde el 01-01-74 hasta el 01-01-77 era la de Subcomisario.

Su nombre aparece en el listado conformado por CONADEP Santa Fe, y en el Programa de Ana Fiol ya referenciado.

Cabe señalar que la misma CFAR ha tenido por cierto que por su desempeño funcional dentro de la comisaría cuarta, no podía ser ajeno a estos hechos habiéndose cometido dentro de esa repartición mientras él era el jefe, ya que quedó demostrado que no se trató de un único hecho aislado o sorpresivo, que pudiera desconocer por alguna razón, sino que existía UNA ESTRUCTURA PREDISPUESTA PARA LA REALIZACION DE TALES HECHOS.

De los distintos testimonios escuchados en el debate, tanto de las víctimas como del personal de las fuerzas de seguridad que cumplían funciones en la Comisaría Cuarta, tal como Monzón, se desprende que la responsabilidad de Facino como jefe del lugar de tortura y exterminio que configuró dicha seccional.

e)- EDUARDO ALBERTO RAMOS CAMPAGNOLO

Según se desprende de su legajo personal, el que se encuentra reservado en Secretaría, Ramos fue agente de la Policía de la Provincia de Santa Fe y al momento de los hechos investigados prestaba servicios en el Departamento de Informaciones Policiales (D2). En fecha 12-02-79 se dispuso su exoneración.

Ha quedado demostradas en base a la prueba testimonial brindada en el debate, las imputaciones de Ramos respecto de Isasa y Schulman.

1) En fecha 30 de julio de 1976, desempeñándose como agente de policía de la Pcia. de Santa Fe en el marco de un procedimiento llevado a cabo con otras personas que portaban armas de fuego, e ingresando a la vivienda ubicada en calle Moreno 2741, Dpto. 3 de esta ciudad, privó ilegítimamente de la libertad a PATRICIA INDIANA ISASA, trasladándola contra su voluntad a la comisaría primera de esta ciudad, para finalmente y una vez alojada esta en dependencias de la Comisaría cuarta de esta ciudad, proceder junto a otras personas y en el marco de in interrogatorio, a aplicarle corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo.

2) En fecha 12 de octubre de 1976 privó ilegítimamente de su libertad a José Ernesto Schulman, junto a otras personas, mediante violencia y amenazas, sometiéndolo a una feroz golpiza constitutiva del delito de tormentos, para luego trasladarlo a la seccional Cuarta de Policía.

3) En fecha 22 de noviembre de 1977, desempeñándose como agente de policía de la Pcia. de Santa Fe en el marco de un procedimiento llevado a cabo con otras personas que portaban armas de fuego en la vía pública, haber privó ilegítimamente de la libertad a ERNESTO SCHULMAN, trasladándolo contra su voluntad a dependencias de la Comisaría cuarta de esta ciudad, para luego proceder junto a otras personas y en el marco de un interrogatorio, a someterlo a simulacros de fusilamientos.

En efecto, las declaraciones vertidas son contestes en que Eduardo Ramos integraba el grupo de tareas responsables tanto de las detenciones como de aplicar tormentos a las víctimas.

Aparte de Bugna y Schulman que dicen haberlo conocido a Ramos con anterioridad a los episodios que relatan, los restantes testigos ofrecieron argumentos lo suficientemente convincentes para justificar la identificación que hacen del encartado.

Todos los relatos son coincidentes a los fines de establecer que se Ramos, desempeñándose como agente de la Policía de Santa Fe, tomó intervención junto a otras personas restringiendo ilegalmente la libertad ambulatoria de las víctimas, reduciéndolas físicamente a través del uso de armas de fuego, fuerza física o amenazas, colocándoles esposas o ataduras, trasladándolas de un lugar a otro o alojándolas en distintos lugares de detención ilegal, que participó junto a otros miembros de la “patota” en la aplicación de picana a las víctimas, procedimiento que provocó si duda intensa acción física y psíquica a las víctimas.

Si bien el imputado ha señalado en su ampliación de declaración indagatoria que sólo cumplía tareas de inteligencia infiltrándose en las universidades como alumno regular y que trabajaba sólo, en su domicilio, sin tener contactos con personal policial, ante la pregunta de esta querella, admitió haber detenido a Schulman el 22 de noviembre de 1977 junto con los agentes policiales González y Cabrera, manifestando burdamente que eran “amigos” y que fueron de civil. Esto demuestra una vez más, que Ramos era uno de los miembros de la patota que sistemáticamente secuestraba y torturaba a los detenidos. También dijo respecto del apodo “Gerardo” con el que según Isasa se identificó en la Comisaría Primera que no podía ser él atento a que había un Gerardo Ramos en dicha repartición. Cabe mencionar al respecto, que dicho elemento de descargo no resiste el menor análisis ya que la víctima no sólo lo reconoció en la GIR en el episodio descripto donde participa Anatilde Bugna, sino que además según el Informe remitido por el Departamento Personal (D-1) de la Policia de la Provincia de Santa FE, agregado a fs. 6352, no existe ningún personal policial de nombre y apellido Gerardo Ramos, y si Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.

Su nombre figura en el listado de represores de la Conadep Santa Fe y en el programa de Ana Fiol.

V- AUTORÍA

A los imputados en autos se los ha llamado a proceso por hechos que podrían decirse complejos en cuanto a la asignación de responsabilidad por el grado de participación como autores o cómplices, debido a que algunos de los procesados participaron secuestrando, otros aplicando tormentos, otros manteniendo en cautiverio, otros cometiendo homicidios y otros dieron las órdenes.

Para la construcción de la responsabilidad, realizaremos una aproximación de los hechos a la norma teniendo en cuenta que todos los procesados participaron de un plan sistemático de represión clandestina iniciado con anterioridad a los hechos, en el cual cada uno de ellos fue cumpliendo su rol, por lo que seguidamente se dará cuenta -nuevamente- del plan general.

En este sentido, el plan sistemático de represión clandestino que se ha indicado en los acápites que anteceden, tenía como objetivo eliminar a un grupo nacional que identificaban como “subversivos”.

Para lo cual se idearon grupos actuantes con toda una organización jerárquica que diese “orden” y “respuesta” a cada uno de los eventos que se suscitarían en el futuro.

Ilustrativamente – y como ya se efectuara- utilizando las palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revisar la sentencia dictada en la causa N° 13 por la Excelentísima Cámara del fuero, hemos desgranado como este plan sistemático preveía, capturar a los sospechosos, conducirlos a lugares situados bajo su exclusivo control, interrogarlos bajos tormentos, someterlos a condiciones de vida infrahumana, realizar todas estas acciones en la más absoluta clandestinidad y dar amplia libertad a los cuadros medios inferiores para determinar la suerte de los aprendidos.

Por otra parte, este plan sistemático tuvo un inicio anterior al acaecimiento de los hechos. Para probar ello solo basta remitirse al informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, donde obran documentos sobre la existencia de centros clandestinos de detención y personas desaparecidas.

En base a todo lo expuesto y a fin de evitar mayor abundamiento, en todo lo que se refiere al plan general, habremos de remitirnos a lo ya expuesto en párrafos anteriores.

En cuanto a los procesados mencionados, su participación en los hechos lo será como ejecutores de los mismos, en el grado de autores en razón de que las funciones que cumplían cada uno de ellos, guarda relación con las actividades y operaciones específicas conforme a la ejecución del plan sistemático de represión trazado, y ya explicado.

Para no extendernos demasiado en un tema por demás de tratado ya en esta causa y sobre el cual ya no existen dudas al respecto, restaría agregar algunas líneas ya trazadas por la CFAR en autos Feced en relación a este tema.

En este sentido ha expresado: “Dentro de la teoría del dominio del hecho que resulta aceptada en forma mayoritaria por la doctrina, dos son las variantes de coautoría que se presentan. La primera se da cuando en la realización del hecho converge una pluralidad de sujetos, cada uno de los cuales realiza la totalidad de la acción típica y, como señala Eugenio Raúl Zaffaroni, su característica esencial es la inexistencia de una decisión común al hecho. La segunda de las formas de coautoría se presenta en aquellos casos en que cada uno de los participantes en el delito realiza una parte de la conducta que describe el tipo penal y que sólo en conjunto completan la conducta típica. Caracterizando a este tipo de coautoría, Zaffaroni explica: ‘La coautoría funcional presupone un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. El primero es la decisión común al hecho, y el segundo es la ejecución de esta decisión mediante la división del trabajo…Para determinar qué clase de contribución al hecho configura ejecución típica, es menester investigar en cada caso si la contribución en el estadio de ejecución constituye un presupuesto indispensable para la realización del resultado buscado conforme al plan concreto, según que sin esa acción el completo emprendimiento permanezca o caiga…

La conducta desplegada por los encartados en autos cae dentro de la segunda especie de coautoría reseñadas. De esta forma todos ellos poseían el dominio del hecho en cada una de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos en los que intervinieron. Aún en aquellos supuestos en los que no tomaron parte en el comienzo del hecho, realizaron posteriormente una conducta que aseguró la continuación del cautiverio de los damnificados…

Más claro aún resulta el caso de los tormentos, ya que cada uno de los imputados deberá responder por este hecho sólo en aquellos supuestos en que se ha corroborado su directa aplicación por parte de los mismos. Lo dicho basta para acreditar la coautoría por parte de los imputados en autos al haber tenido el dominio (o codominio) de los hechos referentes a la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos, acorde a cada caso en particular conforme fuera precedentemente reseñado”.

VI- APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL CONCURSO DE DELITOS:

En los hechos descriptos en este alegato de los cuales fuera victima José Ernesto Schulman, media concurso real entre los delitos señalados.

Ello porque no sólo se trata de bienes jurídicos distintos, sino que la privación ilegal de la libertad que se verifica en autos excede largamente la que puede considerarse implícita en todo acto de tormento. Asimismo el secuestro y cautiverio de la víctima no tuvo como única finalidad la de someterlo a tormento, circunstancia que también lleva a concluir que las conductas de privación de la libertad y de aplicación de tormentos deben ser consideradas desde el punto de vista jurídico como acciones plurales y, por lo tanto, en concurso real.

Al respecto, Zaffaroni explica: “El presupuesto necesario del concurso de delitos es una pluralidad de conductas. En el fondo no deja de ser la concurrencia de varios delitos en un único proceso, lo que si bien hace que haya disposiciones al respecto en el código penal (arts. 55 y 56) en modo alguno debe ser considerado como una cuestión exclusivamente penal, sino también de enorme importancia procesal…” (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Derecho Penal Parte General”, Ed. Ediar, 2000 pág. 826).

Cada una de las privaciones ilegítimas de la libertad y de la aplicación de tormentos agravados, son independientes entre sí, y como dichas figuras resultan material y jurídicamente escindibles, corresponderá aplicar, en todos los casos, las reglas del artículo 55 del Código Penal.

VII- EXAMEN DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION

No es posible dejar de lado la responsabilidad de las personas aquí investigadas, bajo el argumento de haber actuado en cumplimiento de una orden superior, máxime en este tipo de casos en los que nos enfrentamos a hechos aberrantes y evidentemente ilícitos.

Conforme ha sostenido la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal: “…Para ampararse en la eximente de la obediencia de una orden debió necesariamente demostrarse la existencia de tal orden superior que dispusiera que debía actuarse del modo en que se actuó. Además, y aún ante tal hipótesis, no puede exceptuarse de su responsabilidad a quien invoque actuar en cumplimiento de una orden superior en casos de hechos atroces y aberrantes, o de ilicitud manifiesta… En el ámbito militar, donde las cosas ofrecen otro aspecto porque no cabe aceptar un derecho de examen por parte del inferior –el subordinado, “…no resulta exculpado si la antijuridicidad penal del cumplimiento de la orden es, a tenor de las circunstancias por él conocidas, palmaria, o sea, si aquella puede ser advertida por cualquier persona sin particularidades reflexiones. También hoy el derecho de examen por parte del inferior resultaría incompatible con la esencia del servicio militar, pero la falta de conciencia y la ceguera jurídica tampoco pueden ser exculpadas en el ámbito militar. El contenido de la culpabilidad del hecho consiste en que, siendo evidente la antijuridicidad penal, incluso si el hecho se realiza en cumplimiento de una orden, cabe constatar un imperdonable fracaso de la actitud del inferior frente al derecho…” (Conf. Jescheck, Hans-Heinrich –Tratado de Derecho Penal- Parte General, Ed. Comares, año 1993, 4ta edición, pag. 450/3. En nuestro medio ha sostenido Ricardo C. Nuñez que “…sólo la obediencia debida exime de pena, pero nadie debe cometer delitos por el solo hecho de que, abusando de su poder, se lo ordene un superior. El abuso del superior no obliga al inferior, al cual solo le está vedado examinar la oportunidad o justificación de la orden legítima, pero no si ha de negarse a participar de un hecho delictivo. La obediencia que se debe…incluso en el orden militar, es al objeto relativo propio de cada ordenamiento jurídico, pero se puede asegurar que ninguno de éstos tiene por objeto mandatos delictuosos. La obediencia militar se debe a las órdenes de servicio. (“Derecho Penal Argentino, parte general”. Editorial Bibliográfica Argentina, año 1964, T. I, p 413/5).

Por lo demás y en similar sentido, cabe citar lo sostenido por esta cámara en el fallo de la causa 44 del 2 de diciembre de 1986, fs. 8323/8867. Catan – Luraschi- Irurzun. 17414 “Del Cerro, Juan A. y otro s/ procesamiento”. 8/02/01 18381 CCCFed.

En este orden de ideas dicha cámara explicó: “la orden de un superior no es suficiente para cubrir a la gente subordinada que haya ejecutado esa orden y ponerlo al abrigo de toda responsabilidad penal si el acto es contrario a la ley y constituye en sí mismo un crimen, pues él no debe obediencia a sus superiores sino en la esfera de las facultades que estos tienen, principio que no puede ofrecer dudas sino en los casos oscuros en que no es fácil discernir si el acto que se manda ejecutar está o no prohibido por la ley, o si se halla o no dentro de las facultades del que lo ordena. En autos no se aceptó tal eximente porque una rebelión evidentemente es un crimen y ninguno de los que la ejecutaron puede llamarse inocente. (Cortelezzi Catan Archimbal R: “ Calzada, Oscar Hugo s/ inf.. arts. 142, 149 bis, 189 bis, 194 y 227 ter del C.P. Boletín de Jurisprudencia. Año 1988. Nº 2., mayo, junio, julio y agost. Pág 59. c. 20.518, C.C.C. Fed. Sala I).

Al respecto, es definitiva la opinión de Jorge Bacque quien sostuvo en relación a la obediencia debida que “…puede afirmarse sin hesitación alguna que, cuando se está en presencia de delitos como los cometidos por el recurrente, la gravedad y manifiesta ilegalidad de tales hechos determinan que, como lo demuestran los antecedentes históricos a los que se hiciera referencia anteriormente, resulte absolutamente incompatible con los más elementales principios éticos jurídicos sostener que en virtud de la obediencia debida se excluya la antijuridicidad de la conducta, o bien el reproche penal por el ilícito cometido…” (Voto en minoría del Dr. Jorge Bacque. Fallo 310: 1220).

En definitiva las órdenes de contenido ilícito manifiesto, no poseen carácter vinculante para el subordinado, quien en el caso de ejecutarla, de ninguna manera podrá considerarse amparado por la eximente que representa la obediencia debida. Todo lo contrario, los imputados deberán responder penalmente por los injustos que cometió en ocasión de llevar a cabo la acción ilícita.

Así quedó demostrado en este juicio con la declaración testimonial del Coronel Horacio Pantaleón Ballester del CEMIDA, que frente a una orden inmoral cabía la posibilidad de pedir la baja, el pase a retiro o sublevarse. Dijo textualmente: “…yo me sublevé. Hubo otros que pidieron la baja. El gobierno decía que era una guerra sucia, yo nunca encontré un texto en el que se hablase de guerra limpia. La guerra es la guerra, pero por las Convenciones de Ginebra tiene toda una normativa que refiere al trato y al respeto que se les debe dar a los prisioneros, tanto de un bando como del otro, y eso se debe cumplir en cualquier guerra. Y acá eso no pasó. No es propio más que de inmorales allanar una casa buscando niños que pedían el boleto escolar, los que no pueden ser jamás criminales, y no solamente secuestrarlos, sino también cometer la bajeza de robarse hasta las bombitas de la luz.”, aclarando que el negarse a cumplir las órdenes impartidas, tanto en el caso de militares como de policías no conllevaba la muerte ni la desaparición.

VIII- Petitorio:

POR TODO ELLO EN NOMBRE DE LA LUCHA DE LOS 30.000, VENIMOS A SOLICITAR

1. QUE SE CONDENE A EDUARDO RAMOS, MARIO JOSÉ FACINO Y VICTOR HERMES BRUSA COMO COAUTORES DEL DELITO DE GENOCIDIO, ART 2 CONVENCION PARA LA PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE GENOCIDIO, A LA PENA DE PRISION PERPETUA, ART 4 DE LA CONVENCION EN CALIDAD DE CO-AUTORES, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS
2. QUE SE ORDENE QUE LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA SEA CUMPLIDA EN CARCEL COMUN, ATENTO LA MAGNITUD Y GRAVEDAD DEL DELITO ENDILGADO
3. SE REMITA A LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PERTINENTES COPIA DE LAS DECLARACIONES ACERCA DE LOS CASOS QUE AUN NO HAN SIDO JUZGADOS Y DE LOS REPRESORES AUN NO PROCESADOS PESE A LAS REITERADAS DENUNCIAS DE SCHULMAN EN LO REFERENTE A LAS DENUNCIAS SOBRE CABRERA Y GONZALEZ, CON LA PREMURA DEL CASO Y RESPETANDO LOS PARAMETROS DE JUZGAMIENTO DE UN PLAN GENOCIDA

Subsidiariamente para el caso que este Tribunal no hiciera lugar a la condena por genocidio, respecto de los hechos de que fuera víctima José Ernesto Schulman y según el Derecho Interno argentino, solicitamos:

1. se condene a Víctor Hermes Brusa como autor del delito contenido en el art. 144 bis inc. 2 del CP en perjuicio de José Ernesto Schulman a la pena de prisión de 5 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
2. se condene a Mario José Facino como autor del delito contenido en el art. 144 bis y 142 inc 1 del CP en perjuicio de José Ernesto Schulman a la pena de prisión de 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
3. Se condene a Eduardo Alberto Ramos como autor de los delitos contenidos en el art. 144 bis y 142 inc 1 del CP en dos oportunidades y como autor del delito contenido en el art. 144 ter en dos oportunidades, todos ellos en perjuicio de Schulman y en concurso real entre sí, a la pena de 25 años de prisión.

Todo ello en el marco del genocidio cometido en nuestro país durante el periodo comprendido entre los años 1976/1983

Respecto de los hechos que fuera víctima Patricia Indiana Isasa, esta querella en virtud de diversas resoluciones sólo puede valorar la prueba producida en las presentes actuaciones por lo que se refiere al pedido de pena adherimos a lo que soliciten los representantes del Ministerio Publico Fiscal.

Conclusión: Esta querella entiende que las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país. Las condenas y las penas son aleatorias y efímeras, más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio por parte de la Justicia argentina permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas.

Por lo que la condena hoy solicitada la piden también los 30.000 detenidos-desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos, los 500 niños apropiados, los 200.000 exiliados y los miles de argentinos que por causa del genocidio murieron sumidos en el hambre y la miseria, por ellos seguimos reclamando y EXIGIENDO JUSTICIA.

Finaliamos haciendo nuestras las palabras de José Schulman en su testimonio ante el Consejo de la Magistratura por la destitución de Brusa en junio de 1999, citadas en su libro “Los Laberintos de la Memoria”:

“…Estoy seguro de que la memoria es más fuerte que la traición y que cuando ya nadie se acuerde ni de Brusa ni de Facino, ni de Videla ni de Martinez de Hoz, los jóvenes argentinos seguirán venerando el recuerdo de cada uno de los 30.000 desaparecidos. ESO SI QUE SERÁ JUSTICIA.”

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTE.

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