Duro golpe a la impunidad en Santa Fe

En la primera sentencia dictada contra el Terrorismo de Estado en la pcia de Santa Fe, el Tribunal Oral Federal condenó a todos los acusados que quedaron en la causa (la causa iniciada en 2002 pasó por innumerables incidentes y cambios pero al Juicio Oral habína llegado otros tres represores, todos militares, dos de los cuales fallecieron antes de la sentencia y el tercero declarado incapacitado fisicamente de ser juzgado) con penas que van de los 19 a los 23 años.

Fue la primera vez que se condena a un ex Juez Federal de la Nación, Víctor Hermes Brusa y a una mujer represora, María Eva Aebis y aunque no se aceptó nuestro pedido de considerar los delitos cometidos como parte de un Genocidio, por razones procesales que el TOF explicará en los fundamentos del fallo a conocer el 15 de febrero de 2010, el monto de la pena y la inscripción de los delitos en un plan de exterminio, como fundamento del monto máximo de las penas previsto por el Código Penal en todos los casos, configuran un duro golpe a la impunidad santafecina que parecía inconmovible: el Obispo violador Storni, el Gobernador inundador Reutemann, el Juez torturador Brusa son parte de la misma historia que ahora comienza a desandarse y el fallo permitirá nuevas batallas por la verdad y la justicia.

Esta batalla ganada contra el olvido y la impunidad es el fruto de una larga historia de luchas sostenidas por muchas fuerzas y compañeros, haber sido parte de esta pelea nos honra y compromete a seguir aportando a la unidad contra la impunidad de ayer y de hoy convencidos que así como la impunidad consolida la dominación, su derrota aporta a la construcción de una fuerza capaz no solo de conquistar la Justicia que nos merecemos sino de hacer realidad los sueños de los 30000 compañeros que no era otro que conquistar la definitiva y verdadera liberación de nuestra patria, esa que en el Siglo XXI los pueblos americanos llaman Socialismo.

José Ernesto Schulman, querellante y secretario nacional de la Liga
Jessica Pelegrini, abogada de la querella y militante de la Liga
Leticia Faccendini, abogada de la querella y militante de la Liga

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Pagina12 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137512-2009-12-23.html
SOBREVIVIENTES DECLARARON QUE BRUSA PRESENCIABA LAS TORTURAS
“Un colaborador del Ejército”

Durante la dictadura, Víctor Hermes Brusa apelaba a patadas de karate para amedrentar a los secuestrados. Durante el menemismo fue ascendido a juez federal. La investigación de Baltasar Garzón marcó el principio del fin de su impunidad.

A Anatilde Bugna de Perassolo la secuestró La Patota, el grupo de tareas que actuaba durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe. Quedó detenida en el siniestro puesto de la Guardia de Infantería Reforzada, reconocido como centro clandestino. Como lo hicieron otras víctimas, también Bugna de Perassolo recordó la presencia del ex juez Víctor Hermes Brusa en los pasillos de ese lugar. Brusa era secretario del Juzgado Federal 1 y mano derecha del juez santafesino Fernando Mántaras. “Cuando me llevaron a declarar y entra Brusa –dijo la mujer a Rosario/12– me puse chocha porque lo conocía de la Facultad de Derecho, pero no me escupió la cara porque no pudo. Me sentaron en una sillita y mientras yo hablaba, él daba vueltas alrededor mío. Se cagaba de risa por supuesto, me tiraba golpes de karate.”

Perassolo no es la única persona que habló de esas vueltas alrededor de una silla, ni de las patadas de karate lanzadas una y otra vez al ras de la cara. Dicen que ése era uno de los métodos del ex juez, ahora primer integrante del Poder Judicial condenado por su participación en el terrorismo de Estado. Que con aquella calesita Brusa intentaba amedrentar aún más a los detenidos políticos para obligarlos a mantenerse en estado de alerta, sin que pudieran detenerse a pensar.

Brusa tiene un pasado de rugbier en el Jockey Club de Santa Fe, entrenador del equipo que luego pasó al Ateneo Inmaculada. El año pasado, las publicaciones provinciales difundieron un informe de la SIDE con sus antecedentes fechado en 1981. Allí se decía que Brusa integró los grupos de Acción Católica en 1967, y tres años después entraba en el sistema judicial. Entró como meritorio ad honorem en el Juzgado Federal 1, lo nombraron empleado un año más tarde. El 30 de octubre de 1975 se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y en 1978 asumió el cargo de secretario criminal de instrucción de ese mismo juzgado, el título que esgrimía o con el que lo presentaban cuando llegaba a los centros clandestinos.

“Brusa parece que tiene un dios aparte, de todas formas me parece terrible que un secretario de un juez se preste a tomar declaraciones en un lugar de detención clandestino”, dijo en este caso Patricia Isasa, otra ex detenida de la GIR, a Rosario/12. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme”, relató José Schulman años más tarde, ante el Consejo de la Magistratura, y entre los ocho ex detenidos que explicaron cómo les hacía firmar declaraciones arrancadas durante las torturas.

El informe de la SIDE no ocultó un detalle: el destacamento de inteligencia 122 que firma el documento lo menciona como “un amigo, colaborador del Ejército Argentino”.

En 1992, durante la era menemista, Brusa logra convertirse en juez federal. Asume el cargo a pesar de que su nombre había sido incluido entre los represores denunciados por la Conadep en 1984 o pese a gestiones como las que años más tarde confesó el ex juez santafesino Raúl Dalla Fontana, quien habló de sus gestiones secretas en el Congreso para frenar el nombramiento. Dalla Fontana llegó a planteárselo, dijo, a Deolindo Bittel pero ninguna de sus gestiones finalmente sirvieron. Brusa había sido impulsado en su flamante cargo por dos ex senadores, Luis Rubeo y Liliana Gurdulich, cercanos a los sectores del Ejército. “Mirá, hermano”, le dijo Bittel a Dalla Fontana, explicó él mismo al ex magistrado. “Yo entiendo lo que me decís, pero acá no hay forma porque en el Senado hay un acuerdo que dice que al juez federal lo ponen los senadores de cada provincia”.

Así como ahora, Brusa es el primer juez condenado por los delitos de lesa humanidad en mayo del año 2000 obtuvo un título un poco más decoroso: se convirtió en el primer magistrado destituido por el Consejo de la Magistratura. Pese a sus recorridos en los pasillos de los centros clandestinos, pese a las denuncias y a los testigos, el Consejo lo expulsó en el marco del caso de Miguel Pedernera, el aprendiz de guardavida, al que Brusa embistió con su lancha el 8 de noviembre de 1997 y al que abandonó. El Consejo lo expulsó no por el caso sino por las maniobras con las que intentó desentenderse de su responsabilidad en la causa. Según el Consejo, Brusa le pidió a Prefectura que “le arreglara el asunto” y designó como abogado al ex esposo de la jueza que tenía la causa para obligarla a excusarse. Siempre se supo, sin embargo, que el Consejo que no podía juzgar a quien entonces aún era juez por su intervención en la dictadura, encontró en esos mecanismos la excusa para sacarlo del Poder Judicial. “Su proceder a partir del accidente ocurrido en la Laguna Setúbal –indicó el camarista Gabriel Chausovsky, por ejemplo– revela una actitud derivada de un sentimiento de impunidad que guarda relación con las antiguas y graves denuncias formuladas. Aquellos vientos, trajeron estas tempestades.”

Las tempestades para Brusa en cambio sobrevinieron a partir de ese momento. En 2001 el juez español Baltasar Garzón pidió su detención y extradición por genocidio, terrorismo y torturas y eso se trasformó en la primera posibilidad para detenerlo. El 17 de septiembre de ese año, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Brusa se presentó después de diez díaz acompañado por el abogado Pedro Bianchi, ex defensor del ex capitán nazi Erich Priebke y del represor Emilio Massera. En esa entrega, Brusa albergaba la esperanza de que no lo extraditaran a España, favor que cumplió Fernando de la Rúa que invocó el derecho de territorialidad.

“No tengo ningún inconveniente de viajar adonde sea”, dijo una vez a José Maggi de Rosario/12. “Siempre y cuando ese juez sea competente para interrogarme. ¿O usted viajaría a Portugal por un hurto cometido en Lomas de Zamora.”

El 14 de agosto de 2002 el juez santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, y en 2002 se abrió la posibilidad de juzgarlo. En 2005, el juez federal Reinaldo Rodríguez lo procesó por los delitos de lesa humanidad. Ahora termina el juicio oral, y acaban de condenarlo.
Rosario12 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-21623-2009-12-23.html

EL RESTO DE LOS CONDENADOS RECIBIO PENAS QUE OSCILAN ENTRE 23 Y 19 AñOS DE PRISION
Brusa fue condenado a 21 años de cárcel

“Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura”, dijo Patricia Isasa, una de las querellantes. “No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos”, dijo la vicegobernadora.

Por Juan Carlos Tizziani

Víctor Brusa se convirtió ayer en el primer juez federal del país condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral de Santa Fe lo sentenció a 21 años de cárcel efectiva por apremios ilegales en ocho casos durante la dictadura, cuando era la mano derecha del juez Fernando Mántaras, un nazi confeso, a quien años después sucedió en el mismo cargo, ya durante el gobierno de Carlos Menem. Brusa no fue el único. En el banquillo, lo acompañó un grupo de tareas que recibió penas que oscilan entre 23 y 19 años de prisión por secuestros y torturas: los ex policías Héctor Colombini y Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto Perizzotti (22), Mario Facino (20) y la ex carcelera María Eva Aebi (19). “No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y estuvo sostenido durante tanto tiempo por intereses espúreos”, dijo la vicegobernadora Griselda Tessio. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Celina Koffman se ilusionó con el futuro: “La justicia todavía existe, es cuestión de luchar por ella”.

Cientos de santafesinos se congregaron ayer en el microcentro frente a la Casa de Justicia para escuchar el veredicto en la calle, entre aplausos y llantos. La esquina de Primera Junta y San Jerónimo fue rodeada con vallas para seguir por pantallas gigantes la lectura del presidente del Tribunal, Roberto López Arango, un juez de Paraná, a quien secundaron los conjueces, Andrea Creus y Carlos Renna.

El debate comenzó el 1º de setiembre: se extendió tres meses, pero las víctimas tardaron 25 años en llevar a juicio a Brusa desde que lo denunciaron ante la Conadep en 1984. Y once años, desde que lo acusaron ante el juez español Baltazar Garzón, quien ordenó la extradición y su captura internacional. Ese el origen del proceso que finalizó ayer. “Comienza a terminarse la impunidad en Santa Fe”, dijo la vicegobernador Tessio, que siguió la lectura de la sentencia desde la sala de audiencias. Lo acompañaron otros funcionarios del gobierno de Hermes Binner, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y el secretario de Justicia, Roberto Vicente. Y en la calle, entre el público, se sumó la ministra de Cultura, “Chiqui” González.

El Tribunal dividió la resolución en quince puntos, los primeros a favor de los imputados al considerar cosa juzgada una denuncia contra Ramos y anular uno de los cargos contra Aebi, por una falla en la investigación en primera instancia. Pero después, comenzaron las condenas: 21 años a Brusa, 23 a Colombini y Ramos, 22 a Perizzotti, 20 a Facino y 19 a Aebi. Las penas son levemente inferiores a las que habían pedido los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti: 23 para Brusa; 25 años para Ramos y Colombini; 24 para Perizotti y 23 Facino y Aebi, pero mantienen la graduación del Ministerio Público, con el agregado que se cayó una de las imputaciones a la única mujer del banquillo. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 15 de febrero de 2010, a las 12.

“Estamos satisfechos con la condena”, dijo el abogado querellante Horacio Coutaz, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio. “El Tribunal reconoció el plan sistemático de exterminio y eso es muy importante. Las condenas son muy altas, están dentro de las que podíamos preveer más allá de que nosotros habíamos pedido el máximo”, agregó. Coutaz solicitó 25 años de prisión para los seis imputados.

Las primeras de salir de la audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Koffman tenía los ojos iluminados. “La lucha no ha sido en vano. Estamos muy emocionadas porque los argentinos y sobre todo los jóvenes se merecen que estos genocidas estén en la cárcel. Tienen las penas que se merecen porque han hecho mucho daño, no sólo a las víctimas sino a familias enteras. La justicia todavía existe en este país, es cuestión de luchar por ella”, se ilusionó Koffman.

Tessio también ponderó el veredicto. “Las penas son condignas y ejemplarizadoras, estoy conforme porque se ha cerrado una etapa de impunidad en la ciudad de Santa Fe. No es poca cosa condenar a alguien que fue juez federal y que no llegó al cargo por concurso ni por las reglas de las democracia, sino que fue sostenido por intereses espúreos. Entonces, tener esas personas condenadas con todo su grupo de tareas es una cosa muy importante”, dijo.

El Tribunal ordenó también abrir una veintena de causas solicitadas por la querella y la fiscalía, entre ellas a un legislador del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, Horaldo Senn, señalado por una de las víctimas en el juicio como colaborador de los grupos de tareas. “Ahora se inicia otro gran debate en la sociedad santafesina porque el Tribunal planteó que hubo un plan de exterminio”, dijo uno de los querellantes, José Schullman. “Entonces, lo que habrá que discutir es quién se enriqueció con ese plan de exterminio. El Tribunal dijo que hubo complicidad cívica con la dictadura. Y hay empezar a buscar quiénes fueron los cómplices de la sociedad santafesina como nosotros planteamos en nuestro alegato. Este no es un fallo sobre el pasado, es sobre el futuro”, precisó Schullman.

El veredicto que se escuchó en la calle fue como un duelo para comenzar a cerrar las heridas del genocidio. Una mezcla de angustia y alivio.

* Patricia Isasa (querellante): “Esto es un antes y un después. Un punto final para la mano dura, los tratos inhumanos y crueles en cualquier lugar y por cualquier motivo. Estamos absolutamente conformes con las condenas que me parecen ejemplificadoras. Me parece bueno para la sociedad santafesina, para que comience a preguntarse: ¿qué nos ha pasado que esta gente como Víctor Brusa o Mario Facino, sentenciada por crímenes de lesa humanidad ha ocupado altísimos cargos públicos?”.

* Jorge Pedraza (querellante): “Parecía imposible. Es una condena al posibilismo. Decían que no se podía y al final se pudo. Había muchos que decían: ‘¿Cómo vamos a llegar a eso? En Santa Fe es imposible lograr una condena de este tipo’. Bueno, al final se pudo”.

* Daniel García (querellante): Salió de la audiencia con los ojos enrojecidos. “¿Saben dónde van mis pensamientos?”, preguntó. “A los compañeros que no están: a Cacho, a Enrique, a Lucía, que fueron compañeros nuestros que ya no están. Esos son los verdaderos dueños de todo esto porque eran los mejores. Hoy, nuestro pensamiento está con ellos”.

* Roberto Cepeda (testigo): “Me siento en paz. Este es el triunfo de la lucha, de la solidaridad y del amor”.

* Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos): “Siento una felicidad inmensa que me emociona y me conmueve. Agradezco a estos jueces por haber sido tan probos y honestos para condenar nada menos que a un ex juez federal. La pelea ha sido muy grande”.

— Clarín http://www.clarin.com/diario/2009/12/23/elpais/p-02106329.htm
REPRESION ILEGAL EN SANTA FE
Condenan a 21 años de prisión a un ex juez

El ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa fue condenado ayer a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Fue el primer juicio que se llevó a cabo en esa provincia por este tipo de crímenes y, además de Brusa, fueron condenados cinco ex policías a penas de entre 23 y 19 años de cárcel.

Brusa era funcionario judicial durante la dictadura y estaba acusado de haber presenciado sesiones de tortura a secuestrados. La Fiscalía había pedido para él 25 años de cárcel. En cambio, la Liga por los Derechos del Hombre había solicitado penas de prisión perpetua para todos los acusados y la Secretaría de Derechos Humanos, 25 años para todos ellos.

Las penas fueron dictadas por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Roberto Manuel López Arango, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.

Brusa fue designado juez durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y fue destituido hace nueve años por el Consejo de la Magistratura por no haber asistido a un bañista al que embistió con su lancha en el río Paraná.

El ex magistrado fue encontrado culpable por ocho casos de apremios ilegales. Los policías, en cambio, fueron condenados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas e imposición de tormentos.

Los condenados están detenidos desde 2005. Los otros acusados alcanzados por este veredicto son los ex policías Juan Calixto Perizotti (22 años), María Eva Aebi (19 años de prisión), Mario José Fascino (20 años), Héctor Colombini (23 años) y Eduardo Ramos (23).

Todos los condenados recibieron además la pena accesoria de que jamás podrán volver a ocupar un cargo público, según dispuso anoche el tribunal.

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