La opinión de la Asociacion Americana de Juristas, filial Venezuela, sobre el caso Becerra

el

DE LA AAJ-CAPITULO VENEZUELA

ANTE LA ABRUPTA E ILEGAL DEPORTACION DE JOAQUIN PEREZ BECERRA A COLOMBIA:

La ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ) CAPITULO VENEZUELA, fiel a los principios y postulados
que dieron origen a nuestra Organización No Gubernamental de Derechos
Humanos Continental, con rango Consultivo ante Las Naciones Unidas,
evaluó todos los elementos de orden jurídico que desde el DERECHO
NACIONAL y el DERECHO INTERNACIONAL s
e obviaron en nuestro País,
para proceder a la DEPORTACION ILEGAL del ciudadano de nacionalidad
sueca JOAQUIN PEREZ BECERRA, de 55 años de edad, de profesión
periodista, editor y Director de la AGENCIA
INTERNACIONAL DE NOTICIAS NUEVA COLOMBIA (ANNCOL)

cuya sede se encuentran en Estocolmo, Suecia en cuyo país se estaba
residenciado desde hacía más de 20 años; adquiriendo la nacionalidad
de ese País después de conseguir ASILO POLITICO por temer por su vida
y seguridad personal en su país de origen COLOMBIA , y quien ingreso
a nuestro territorio procedente de Alemania el pasado sábado 23 de
Abril de 2011 en las horas de la tarde por ante el Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar, y allí fue detenido por efectivos de la GUARDIA NACIONAL
y trasladado a las instalaciones del SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA
NACIONAL (SEBIN), situado en la Ciudad de Caracas, donde permaneció
INCOMUNICADO y no se le permitió acudir a la asistencia de un abogado
de su confianza, ni se le permitió hacer una llamada telefónica hasta
que el día Lunes 25 de pasado mes de Abril, el GOBIERNO NACIONAL de
la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  procedió a la entrega del mencionado
ciudadano a una comisión de la POLICIA DE COLOMBIA y miembros de la
INTERPOL bajo las supuestos delitos de “CONCIERTO PARA DELINQUIR,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS
CON ACTIVIDADES TERRORISTAS”

siendo privado de su libertad en una Cárcel de máxima seguridad en
Bogotá, Colombia.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA,
determinó que el proceder del Ejecutivo Nacional para
deportar o expulsar del País al ciudadano sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA
se apartó deliberada y arbitrariamente de la normativa Nacional e Internacional,
y como consecuencia de ello, se derivan las siguientes implicaciones:
1) Se le violaron flagrantemente DERECHOS Y GARANTIAS CIUDADANAS y por
ende sus DERECHOS HUMANOS que como extranjero le correspondían en igualdad
de condiciones a nuestros nacionales (Art. 13 de la Ley de Extranjería
y Migración) y los cuales deben ser garantizados por el ESTADO VENEZOLANO
conforme al PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD Y SIN DISCRIMINACION ALGUNA,
EL GOCE Y EJERCICIO IRRENUNCIABLE, INDIVISIBLE E INTERDEPENDIENTE DE
LOS DERECHOS HUMANOS previsto en el Art.19 de la CONSTITUCION NACIONAL
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2) Que ese acto de DEPORTACION
O EXPULSION y entrega a la autoridades Colombianas es NULO porque le
violó y menoscabo sus derechos, por lo que los FUNCIONARIOS PUBLICOS
que ordenaron y ejecutaron dicha acción, incurrieron en RESPONSABILIDAD
PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA, sin que les pueda servir como excusa
órdenes superiores, tal como lo contempla el Art. 25 de nuestra Carta
Magna 3) Que el ESTADO VENEZOLANO a través de los órganos competentes
como lo son el MINISTERIO PUBLICO y los TRIBUNALES DE JUSTICIA están
obligados a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los
DERECHOS HUMANOS cometidos por sus autoridades y además a INDEMNIZAR
INTEGRALMENTE a la victima de las expresadas violaciones a los DERECHOS
HUMANOS incluido el pago de daños y perjuicios, conforme lo disponen
los artículos 29 y 30 de citada Constitución.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA
, considera que en el presente caso, las autoridades del
EJECUTIVO NACIONAL, desconoció el PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD y el respeto
de la CONSTITUCIONALIDAD desarrollado en la vigente Constitución de
la Republica Bolivariana de Venezuela, que contempla en su Art. 2:
“ VENEZUELA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO
Y DE JUSTICIA, QUE SE PROPUGNA COMO VALORES SUPERIORES DE SU ORDENAMIENTO
JURIDICO Y DE SU ACTUACIÓN, LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD,
LA SOLIDARIDAD, LA DEMOCRACIA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y, EN GENERAL
LA PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA
ÉTICA Y EL PLURALISMO POLITICO”
, y en consecuencia ignoró sin
razón ni causa legal alguna el tratamiento jurídico a seguir para
tramitar en el supuesto negado que fuere procedente, la DEPORTACION
O EXPULSION del ciudadano sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA, y entregarlo
al ESTADO COLOMBIANO bajo la premisa hasta ahora no confirmada oficialmente
por la INTERPOL de que sobre dicho ciudadano pesaba una orden internacional
de captura requerido por COLOMBIA con rango de notificación roja (red
notice). A todo evento, tal como puede leerse en la página web de ese
organismo policial, el papel de la INTERPOL “ es ayudar a las fuerzas
nacionales de policía a identificar y localizar a las personas con
miras a su detención y EXTRADICCION”.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA,
concluye que el trámite escogido por las autoridades
venezolanas para detener, incomunicar, sin formula de juicio o proceso
administrativo previo, para finalmente trasladar y entregar al periodista
sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA a las autoridades policiales de COLOMBIA
fue un acto NULO de nulidad absoluta y en consecuencia viciado de LEGALIDAD
y CONSTITUCIONALIDAD.

En efecto, se vulneraron
flagrantemente la NORMATIVA del DERECHO NACIONAL
que debió aplicarse y no se aplicó como a continuación nos permitimos
enumerar:

  1. LEY DE EXTRANJERIA Y
    MIGRACION (Gaceta Oficial N° 37.944 del 24/5/2004)

Es el texto fundamental
que regula todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia, registro,
salida, reingreso de extranjeros y extranjeras en el territorio nacional
así como sus derechos y obligaciones.

Fundamental de
esta Ley, entre otras cosas, es lo que destaca su Art. 1, que es la
obligación del Estado a respetar la normativa Internacional preferente
en esta materia sobre el derecho nacional, como puede verificarse en
la norma: “(…) lo dispuesto en esta Ley se aplicará
sin perjuicio de los tratados ratificados
por la Republica, los Acuerdos de Integración y las Normas de Derecho
Internacional”.

En razón a esta
normativa, el EJECUTIVO NACIONAL desconoció en primer lugar el
parágrafo único del Art. 6 que dispone:

“Los extranjeros
y extranjeras que se hallen en territorio de la Republica con la condición
de refugiados o refugiadas, de asilados o asiladas, se regirán por
la Ley que regula la materia”

Desconocieron lo
dispuesto en el Art. 13 que establece:
“Los extranjeros que se hallen en el territorio venezolano tendrán
los mismos derechos que los Nacionales sin mas limitaciones que las
establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
y en las leyes”.     

Se ignoró
además, el DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA contemplado
en el artículo 15 de la indicada Ley, que establece: “Los extranjeros
tienen derecho a la tutela judicial efectiva con todos los derechos
que a estos conciernan o se encuentren involucrados y para los procesos
administrativos se respetaran las garantías previstas en la Constitución
de la Republica Bolivariana de Venezuela y las Leyes”

En el caso de JOAQUIN
PEREZ BECERRA, no se le abrió expediente administrativo para procesar
la solicitud no formal del Gobierno Colombiano que lo requería por
la supuesta comisión de delitos políticos, como  se le ha debido
y no existe constancia de haberse cumplido con esos extremos de la Ley,
en consecuencia se incumplió con los siguientes pasos:

1.-Notificarle
por escrito del procedimiento administrativo de deportación o expulsión
conforme a las pautas de la misma Ley.

2.- No tuvo
acceso en consecuencia a un expediente

3.- No se le
permitió estar asistido por un abogado de su confianza

4.- No se le
hizo comparecer por ante la autoridad competente en materia de extranjería
y migración.

5.-
Tenía derecho al 3er día de dicha notificación a asistir a una audiencia
oral donde como extranjero podía exponer sus alegatos para ejercer
su derecho a la defensa, pudiendo disponer de todos los medios de pruebas
pertinentes.

6.- Podía solicitar
en esa misma audiencia la “cualidad de refugiado político”
lo que hubiese obligado a las autoridades de extranjería a iniciar
un tramite especial conforme a la ley orgánica respectiva.

Las sanciones y
el procedimiento administrativo que las autoridades podían aplicar
según la expuesta Ley de Extranjería y Migración, sólo procedían
si se cumplían los extremos previstos en los artículos 39 y 39 eiusdem,
y que establecen:

Artículo 38.
Deportación. Causas. Estarán sujetos a la medida de deportación del
territorio de la República, los extranjeros y extranjeras que están
incursos en alguna de las siguientes causales:


1.
Los extranjeros y extranjeras que
ingresen y permanezcan en el país sin el visado
correspondiente.
2. Los extranjeros y extranjeras que
hayan ingresado al país para desempeñar
actividades sometidas a la autorización laboral y no cumplan con dicho
requisito.
3. Los extranjeros y extranjeras que
no cumplan con la obligación de renovar el visado dentro el lapso que
establece el Reglamento de esta Ley.
4. Los trabajadores extranjeros y
las trabajadoras extranjeras contratados para realizar labores agrícolas
cuando ejecuten trabajos distintos y en otra jurisdicción a la autorizada.
5. Haber sido multado por la autoridad
competente en materia de extranjería y migración, dos o más veces
y ser renuente a la cancelación de la misma.

Artículo 39. Expulsión. Causas. Sin perjuicio de las sanciones que
las demás leyes establezcan, serán expulsados del territorio de la
República los extranjeros y extranjeras comprendidos en las causales
siguientes:

1. Los que hayan obtenido o renovado
el visado que autorice su ingreso o permanencia en el país con fraude

a la Ley.

2. Los que se dediquen a la producción,
distribución, o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
o demás actividades conexas.
3. Los que encontrándose legalmente
en el país propicien el ingreso legal o ilegal de otro extranjero o
extranjera con falsas promesas de contrato de trabajo, promesas de visas
o autorización de trabajo.
4. El que comprometa la seguridad
y defensa de la Nación, altere el orden público o esté
incurso en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales
en los cuales sea parte la República.

Esta claro, que en
este caso de JOAQUIN PEREZ BECERRA, Director de la Agencia Internacional
de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL)

no se cumplían los extremos para DEPORTARLO ni para EXPULSARLO, y lo
único que podían hacer las autoridades venezolanas, por vía de excepción
y una vez comprobado que el EXTRANJERO que pretende ingresar al País,
compromete las Relaciones Internacionales de la Republica como consecuencia
de ser requerido por autoridades extranjeras policiales o judiciales,
en relación con causas penales comunes o que están vinculados con
organizaciones delictivas nacionales o internacionales era NO ADMITIR
SU INGRESO
y ordenar su salida del País con el uso de la fuerza
pública si fuere necesario, pero respetando sus derechos humanos; conforme
lo dispone el articulo 8 de la expresada Ley sobre la INADMISIBILIDAD,
pero bajo ningún respecto proceder como procedieron.

  1. CONSTITUCION NACIONAL
    DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 La AAJ-CAPITULO VENEZUELA constató
que en el procedimiento policial usado por la autoridades del EJECUTIVO
NACIONAL para detener, incomunicar, sacar del país y entregar a las
autoridades colombianas al periodista sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA se
vulneraron derechos fundamentales como los contemplados en nuestra Constitución
de la Republica Bolivariana de Venezuela  en los artículos 19
(La obligación del Estado de garantizar conforme al principio de la
progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos)
, artículo
23 (Preeminencia y jerarquía Constitucional de los Tratados, Pactos
y Convenciones relativos a Derechos Humanos suscritos y ratificados
por Venezuela sobre el derecho interno de aplicación inmediata y directa
por los Tribunales y demás órganos del Poder Publico)
, artículo
26 ( Derecho de toda persona a acceder a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos
e intereses y a la tutela efectiva
…),
artículo 27 ( Habeas Corpus o amparo a la Libertad ),
artículo 44 (Derecho a la inviolabilidad de la libertad personal,
a no ser arrestada o detenida sin orden judicial previa o sorprendido
infraganti, a no ser incomunicado, a tener asistencia de abogado de
su confianza, a ser notificado del motivo de su detención y por ser
extranjero a la notificación consular prevista en los Tratados Internacionales)

artículo 49 (Derecho a un debido proceso, a la defensa y asistencia
jurídica en todo estado y grado del proceso)
artículo 69 (Que

el Estado reconozca y garantice el derecho de asilo y refugio).

  1. CODIGO PENAL VENEZOLANO

El artículo 6
del Código Penal Venezolano consagra el procedimiento que debe seguir
el ESTADO VENEZOLANO para la EXTRADICCION de un EXTRANJERO y a tal fin
dispone:

“ (…)
La extradición de un extranjero no podrá concederse por DELITOS POLÍTICOS
NI POR INFRACCIONES CONEXAS CON ESTOS DELITOS, NI POR NINGUN HECHO QUE
NO ESTÉ CALIFICADO DE DELITO POR LA LEY VENEZOLANA”

La extradición
de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por
la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos
establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por
Venezuela y que estén en vigor, y a falta de éstos, por la Leyes Venezolanas.

Es categórica
la norma penal citada cuando advierte que: “NO SE ACORDARA LA EXTRADICION
DE UN EXTRANJERO ACUSADO DE UN DELITO QUE TENGA ASIGNADA EN LA LEGISLACION
DEL PAIS REQUIRENTE LA PENA DE MUERTE O UNA PENA PERPETUA”

En todo caso, hecha
la solicitud de extradición, toca al EJECUTIVO NACIONAL según el merito
de los comprobantes que se acompañan, resolver sobre la detención
preventiva del extranjero antes de pasar el asunto al conocimiento,
instrucción y resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Obviamente, que
en el caso de JOAQUIN PEREZ BECERRA no sólo no se le procesó
conforme a los procedimientos administrativos previstos y sancionados
en la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION para haber optado a una DEPORTACION
o a una EXPULSION, sino que se omitió arbitrariamente el único
procedimiento que correspondía tramitar conforme a la legislación
penal adjetiva y sustantiva en concordancia a las disposiciones que
sobre la materia privaran en los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales
suscritos y ratificados por el ESTADO VENEZOLANO.

      1. CODIGO ORGANICO PROCESAL
        PENAL

Nuestra legislación
procesal penal contempla los procedimientos de extradición activa y
pasiva.

En el caso de JOAQUIN
PEREZ BECERRA, el procedimiento a seguir es la EXTRADICIÓN PASIVA,
y está contemplado en el Titulo VI del referido Código en sus
artículos 395, 396, 397,398 y 399.

En efecto, dispone
el Art. 395 que: “Si un gobierno extranjero solicita la extradición
de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder
Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con
la documentación recibida”

El Art. 396 dispone
que aun cuando el gobierno extranjero solicitante de la extradición
no acompañe la documentación necesaria para el trámite, pero con
promesa de hacerlo, podrá solicitar que se aprehenda al imputado y
el Tribunal de Control lo podrá acordar, previa solicitud del Ministerio
Publico, según la gravedad, urgencia y naturaleza  del caso, y
el imputado tendrá derecho una vez presentado dentro de las 48 horas
de su detención a ser informado de los motivos de su detención y los
derechos que le asisten.

Finalmente, el
Art. 399, establece que el Tribunal Supremo de Justicia deberá
convocar a una audiencia oral dentro de los 30 días siguientes a la
notificación del solicitado, audiencia en la cual deberán concurrir
el representante del Ministerio Publico, el imputado, su defensor y
un representante del Gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos
y concluida la audiencia el máximo Tribunal decidirá sobre su
procedencia o no en un lapso de 15 días.

Si el EJECUTIVO
NACIONAL hubiese respetado la legalidad en esta materia, se habría
concedido al imputado los derechos y garantías fundamentales para ejercer
su defensa bajo un proceso judicial donde imperara un debido proceso
y se determinará si procedía o no la solicitud formulada de forma
irregular y no oficiosa por el GOBIERNO COLOMBIANO según admitió
el propio JUAN MANUEL SANTOS, Presidente de ese País, cuando declaró
que había sido una llamada telefónica de él la que habría determinado
la conducta seguida por nuestro Gobierno de entregar en forma expedita,
sumaria e ilegal al periodista sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA.

Mucho más, cuando
el propio Gobierno constató que la nacionalidad del ciudadano detenido
ese 23 de abril en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela)
conforme a la cedula y pasaporte presentado ante las autoridades migratorias
era SUECA y no COLOMBIANA por haber renunciado hace muchos años la
nacionalidad de origen ante la inminente amenaza y el peligro de perder
su vida, ver afectada su integridad física o ser privado de su libertad.

Como corolario
de las irregularidades y arbitrariedades que rodearon esta ilegal e
inconstitucional detención, incomunicación, posterior traslado y entrega
del ciudadano sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA, las acciones de AMPARO
CONSTITUCIONAL o HABEAS CORPUS

introducida por ante Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en
función de control del aérea metropolitana de Caracas, no fueron tramitadas
conforme lo dispone la ley orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales
con la debida urgencia, sin dilaciones y en forma sumaria, acción esta
introducida por los DIPUTADOS OSCAR FIGUERA y  JUAN CONTRERAS,
y los abogados HUGO MARTINEZ, YUL YABOUR E ISRAEL SOTILLO

(Ex Diputado) habiendo transcurrido más de 24 horas de su detención
sin que hubiese sido puesto por la autoridades policiales a la orden
del MINISTERIO PUBLICO, ni permitirle comunicación con abogado de su
confianza, ni con familiares, ni con los parlamentarios citados y ni
siquiera con el representante consular de asuntos políticos y humanitarios
de la EMBAJADA DE SUECIA por ser éste un ciudadano nacional de SUECIA.

La jueza ELIZABETH
ROMERO,
del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función
de Control del Circuito Judicial del Aérea Metropolitana de Caracas,
tardía e irresponsablemente dictamina IMPROCEDENTE la solicitud de
HABEAS CORPUS el día 27 de Abril de los corrientes bajo el baladí
argumento de que: “ NO SE OBSERVÓ
VIOLACIONES ALGUNAS A LOS ARTICULOS 44 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (…) toda vez que el ciudadano JOAQUIN
PERZ BECERRA fue detenido en virtud de tener una circular roja de la
organización internacional de la policía criminal (INTERPOL) por lo
que fue puesto a la orden de las autoridades de la Republica de Colombia”

El procedimiento
también vulneró por omisión expresa la NORMATIVA del DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
y particularmente, se desconoció la RESOLUCIÓN
N° 17 (XXXI) DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR) DE 1.981,
que contempla una serie de limitaciones para efectuar
la extradición de personas en condición de REFUGIADOS, bajo la premisa
que la EXTRADICIÓN ES UN PROCEDIMIENTO POR EL CUAL UNA PERSONA ACUSADA
O CONDENADA POR UN DELITO CONFORME A LA LEY DE UN ESTADO ES DETENIDO
EN OTRO Y DEVUELTO PARA SER ENJUICIADO
O PARA QUE CUMPLA LA PENA YA IMPUESTA.

Se omitió en el
presente caso sin razón ni causa justificada, probablemente la razón
más importante que debió tener la autoridad gubernamental venezolana
que tomó la decisión, cual es  el PRINCIPIO DE NO DEVOLUCION
consagrado en la CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA
que en su artículo 3 contempla lo siguiente:

1.- NINGÚN
ESTADO PARTE PROCEDERÁ A LA EXPULSION, DEVOLUCIÓN O EXTRADICIÓN
DE UNA PERSONA A OTRO ESTADO CUANDO HAYA RAZONES FUNDADAS PARA CREER
QUE ESTARIA EN PELIGRO DE SER SOMETIDA A TORTURA.

2.- A LOS EFECTOS
DE DETERMINAR SI EXISTEN ESAS RAZONES, LAS AUTORIDADES COMPETENTES TENDRÁN
EN CUENTA TODAS LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, INCLUSIVE, CUANDO PROCEDA
LA EXISTENCIA EN EL ESTADO DE QUE SE TRATE DE UN CUADRO PERSISTENTE
DE VIOLACIONES MANIFIESTAS, PATENTES O MASIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

De igual modo se
inobservaron los procedimientos y regulaciones que sobre DEPORTACION
Y EXTRADICIÓN se encuentran contemplados en la CONVENCION SOBRE
EL ESTUTO DE LOS REFUGIADOS
adoptado por las NACIONES UNIDAS en
1.951 y su Protocolo de 1.967, de la cual Venezuela es país signatario
y en donde se establece:

“Ningún Estado
contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno
a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o libertad
peligren”

Finalmente, el
EJECUTIVO NACIONAL inobservó en este caso la DECLARACION DE
CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS
suscrita en 1.984, que reconoce como
refugiado a las personas que huyen del país porque su vida, seguridad
personal e integridad física han sido amenazados y no respeto la
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSE)

de 1.969 en la materia de detenciones arbitrarias, incomunicación,
derecho a la defensa y al debido proceso y del derecho al asilo.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA
no comprende como puede ser posible que nuestro GOBIERNO
NACIONAL desconozca que el ESTADO COLOMBIANO ha sido continua y persistentemente
sometido a investigaciones y sanciones por la CORTE INTERAMERICANA DE
LOS DERECHOS HUMANOS (CIDH) y acusado por AMNESTY INTERNACIONAL y decenas
de ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES NACIONALES  Y EXTRANJERAS
por tener como política de ESTADO una contumaz y criminal práctica
de violación a los DERECHOS HUMANOS contra inmensos factores de la
sociedad colombiana que le son adversos a los GOBIERNOS DE TURNO como
el que preside el ex Ministro de Defensa de ALVARO URIBE y ahora Presidente
de la Republica JUAN MANUEL SANTOS, acusado formalmente por el MINISTERIO
PUBLICO ECUATORIANO por ejecutar una OPERACIÓN MILITAR bajo la nefasta
POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL copiada de los EEUU para matar a RAUL
REYES y un comando de guerrilleros que acampaban en territorio ecuatoriano
a 130 kilómetros de la frontera con COLOMBIA, y contra quien además
se le investiga por la EJECUCIONES SUMARIAS EXTRAJUDICIALES de miles
de colombianos detenidos, asesinados y desaparecidos bajo la figura
de FALSOS POSITIVOS y de las recién descubiertas FOSAS COMUNES conocida
como la MATANZA DE SUCUMBIOS donde se ha llegado a exhumar a más de
1.200 cuerpos en sólo una de esas fosas.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA
se pregunta si además ignoraba nuestras autoridades que
el Director de la Agencia ANNCOL fue un perseguido político que perteneció
en el pasado a un cuerpo armado irregular que se PACIFICARON
para fundar un PARTIDO POLITICO de izquierda como fue la UNION
PATRIOTICA y que la aventura de creer en la falsa legalidad y respeto
a la disidencia política le costó muy caro a esa organización de
izquierda al extremo que bajo el eufemismo macabro denominado EL
BAILE ROJO,
se implementó  una operación sistemática de exterminio
político (GENOCIDIO) contra más de 4.500 militantes de ese partido,
perdiendo la vida dos (2) candidatos presidenciales, 70 concejales,
11 alcaldes, 14 diputados y 8 senadores ejecutada por las FFAA colombianas
con el apoyo de las fuerzas PARAMILITARES auspiciadas, financiadas y
protegidas por el propio GOBIERNO COLOMBIANO, que en la actualidad no
ha cesado y existe una persecución política que ha criminalizado la
disidencia lo que permite tener tras rejas a más de 7.500 PRESOS POLITICOS
con la posibilidad que en la gestión de SANTOS aumente.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA,
se enteró porque nunca fue un secreto que  JOAQUIN PEREZ
BECERRA desde la agencia noticiosa ANNCOL que dirigía desde Estocolmo,
Suecia había logrado poner al descubierto las practicas genocidas y
de exterminio que el Gobierno Colombiano ejecuta contra quienes conciben
como sus enemigos políticos, y esas denuncias habrían enervado un
proceso judicial amañado en su contra con la aviesa pero fallida intención
de que el Estado Sueco lo entregara a la justicia Colombiana, cuando
en realidad se le persigue por sus DENUNCIAS PERIODISTIQUICAS, POR
EJERCER LIBREMENTE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y PENSAMIENTO

y ser una fuente de información imparcial, veraz, libre y de alta credibilidad
ante las sociedades que demandan el respeto a los DERECHOS HUMANOS y
comulgan con la PAZ y la JUSTICIA SOCIAL, es decir, se le ha CRIMINALIZADO
por la importante labor cumplida desde las páginas de ANNCOL y si hay
dudas de ello basta apelar a las propias y cínicas declaraciones de
JUAN MANUEL SANTOS cuando confirmó que nuestro Gobierno había entregado
contrario a derecho al identificado comunicador sueco y sostuvo:
“ QUE LA CAPTURA ERA UNA RESPUESTA A LA MALA PROPAGANDA QUE CONTRA
COLOMBIA QUE ÉSTE RALIZABA EN EUROPA CON SUS DENUNCIAS DE VIOLACIONES
A LOS DDHH…”    

A la AAJ-CAPITULO
VENEZUELA
confirma aún más que su detención responde a una
PERSECUSION POLITICA Y A UNA CRIMINALIZACION DEL EJERCICIO LIBRE DEL
PERIODISMO,
y a tal efecto citamos las declaraciones de HERMES
ARDILA
jefe de la Unidad Nacional Antiterrorista de la Fiscalía
General Colombiana que admitió que las presuntas pruebas para incriminar
a JOAQUIN PEREZ BECERRA provenían de la famosa computadora que supuestamente
le habrían decomisado a RAUL REYES en ocasión de su muerte.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA
lamenta que el destino y la suerte que sufrieron 150 periodistas
asesinados en COLOMBIA en estos últimos años por negarse a seguir
difundiendo noticias y denuncias que sobre violaciones a los DDHH ejecutaron
Militares y paramilitares colombianos y que intentó evadirlo durante
20 años consecutivo JOAQUIN PEREZ BECERRA, huyendo de su querido terruño
y renunciando probablemente a uno de sus más añorados sentimientos
que era ser NACIONAL DE COLOMBIA y aceptar la providencial hospitalidad
Sueca para refugiarse allí, adquiriendo tiempo después la NACIONALIDAD
SUECA hoy esté en franco peligro su vida, su integridad física y su
seguridad personal por una inexplicable y arbitraria decisión gubernamental
de nuestro GOBIERNO NACIONAL de saltarse todos y cada uno de los procedimientos
administrativos y judiciales que procedían aplicar en su caso y desconocer
olímpicamente las pautas que sobre la materia contemplan el DERECHO
INTERNACIONAL a través de Tratados, Pactos y Convenciones suscritas
y ratificadas por nuestro Estado sin estimar las consecuencias que derivan
de esas omisiones normativas.

La AAJ-CAPITULO
VENEZUELA,
exhorta al GOBIERNO NACIONAL ha realizar un exhaustivo
análisis de ese proceder seguido a JOAQUIN PEREZ BECERRA,
sin entrar a analizar en este caso las contradicciones políticas y
éticas de esa acción, porque no sólo es contrario al espíritu, propósito
y razón del articulo 2 de nuestra Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela que establece que VENEZUELA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO
DEMOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIACOMO VALORES SUPERIORES
DE SU ORDENAMIENTO JURIDICO Y DE SU ACTUACIÓN (…),
sino que podría
constituirse en una peligrosa práctica de sustituir los fundamentos
del derecho por las vías de hecho bajo el subterfugio de RAZONES DE
ESTADO y de cualquier otro parecer por muy estratégico que este parezca
y confía que mas temprano que tarde será indispensable que la nación
venezolana y el Mundo que ama la paz y la justicia reciba una respuesta
razonable y sensata de este extraño proceder y admitan sin actitudes
soberbias, sin amenazas ni palabras altisonantes que están EQUIVOCADOS
y que están en el deber ineludible de actuar conforme a DERECHO y respetar
por consiguiente los DERECHOS HUMANOS de quienes huyendo sus países
de origen; intenta refugiarse en el nuestro para resguardarse y evitar
ser ajusticiados por esos Gobiernos Forajidos.

Por el COMITÉ
EJECUTIVO DE LA AAJ-CAPITULO VENEZUELA

Abog.
EDWIN SAMBRANO VIDAL (Presidente)

Abog.
IGNACIO RAMIREZ ROMERO (Secretario General)

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