La Liga se suma al reclamo de la Asoc. Americana de Juristas a Chavez: por el respeto irrestricto del derecho de asilo político para todos y todas las perseguidas del mundo

el

Convocados a pronunciarnos en el caso de la expulsión del compañero
Becerra desde Venezuela hacia Colombia, la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre hace suyas la declaración continental, la carta al compañero Hugo Chavez
y el pronunciamiento del capitulo venezolano de la Asociación Americana de
Juristas; convencidos que solo el dialogo político y la solución negociada
traerán la paz al conflicto colombiano y que para ello debe cesar la
persecusión, represión y exterminio que el Estado Colombiano lleva adelante
contra el pueblo y las fuerzas democráticas que pugnan por una salida de este
tipo.

Lejos de aportar a ese clima de intolerancia y persecusión ideológica,
las fuerzas y gobiernos que se proponen avanzar por los caminos de la Segunda y
Definitiva Independencia debemos comprometernos en la solución pacífica
del conflicto colombiano porque es un genocidio en tiempo presente y
porque su continuación y extensión geográfica constituye la más importante traba
a los proyectos de integración autónoma y desarrollo con justicia social que
los pueblos latinoamericanos aspiran.

Al sumarnos a la declaración de la Asociación Americana de Juristas,
hacemos votos para que se fortaleza la opción democrática en Colombia y el
proceso venezolano sea consecuente con el ideario bolivariano y respete
fielmente la Constitución Nacional y los Tratados y Pactos Internacionales de
respeto a los derechos humanos, empezando por el derecho al asilo político que
todo ciudadano del mundo tiene y que ha constituido la tradición política de
mayor historia de América Latina, derecho que pretende ser conculcado por el
discurso imperial del “derecho del enemigo” que se agita cada vez que
el gobierno de los EE.UU. comete un atropello al derecho internacional y la
soberanía de los pueblos.

Por todo lo expuesto, invitamos a otras organizaciones de derechos
humanos y juristas de la Argentina y América Latina a adherir a los terminos de
la presente declaración

Graciela Rosenblum y José Schulman por la dirección nacional de la

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

entidad fundada en 1937

asociación civil miembro de la Federación Internacional de Derechos
Humanos

Corrientes 1785 2 C, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Argentina

 

 

Pronunciamiento de la AAJ-capitulo Venezuela ante la abrupta e ilegal deportación de Joaquín Pérez Becerra a
Colombia:

La ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ) CAPITULO VENEZUELA, fiel a los principios y postulados que dieron origen a nuestra Organización
No Gubernamental de Derechos Humanos Continental, con rango Consultivo ante Las
Naciones Unidas, evaluó todos los elementos de orden jurídico que desde el DERECHO
NACIONAL y el DERECHO INTERNACIONAL s
e obviaron en nuestro País, para
proceder a la DEPORTACION ILEGAL del ciudadano de nacionalidad sueca JOAQUIN
PEREZ BECERRA
, de 55 años de edad, de profesión periodista, editor y
Director de la AGENCIA INTERNACIONAL DE NOTICIAS NUEVA COLOMBIA (ANNCOL) cuya
sede se encuentran en Estocolmo, Suecia en cuyo país se estaba residenciado
desde hacía más de 20 años; adquiriendo la nacionalidad de ese País después de
conseguir ASILO POLITICO por temer por su vida y seguridad personal en su país
de origen COLOMBIA , y quien ingreso a nuestro territorio procedente de
Alemania el pasado sábado 23 de Abril de 2011 en las horas de la tarde por ante
el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y allí fue detenido por efectivos de
la GUARDIA NACIONAL y trasladado a las instalaciones del SERVICIO BOLIVARIANO
DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), situado en la Ciudad de Caracas, donde
permaneció INCOMUNICADO y no se le permitió acudir a la asistencia de un
abogado de su confianza, ni se le permitió hacer una llamada telefónica hasta
que el día Lunes 25 de pasado mes de Abril, el GOBIERNO NACIONAL de la
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA procedió a la entrega del mencionado
ciudadano a una comisión de la POLICIA DE COLOMBIA y miembros de la INTERPOL
bajo las supuestos delitos de “CONCIERTO PARA DELINQUIR, FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
TERRORISTAS”
siendo privado de su libertad en una Cárcel de máxima
seguridad en Bogotá, Colombia.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA,
determinó que el proceder del Ejecutivo Nacional para deportar o expulsar del
País al ciudadano sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA se apartó deliberada y
arbitrariamente de la normativa Nacional e Internacional, y como consecuencia
de ello, se derivan las siguientes implicaciones: 1) Se le violaron
flagrantemente DERECHOS Y GARANTIAS CIUDADANAS y por ende sus DERECHOS HUMANOS
que como extranjero le correspondían en igualdad de condiciones a nuestros
nacionales (Art. 13 de la Ley de Extranjería y Migración) y los cuales deben
ser garantizados por el ESTADO VENEZOLANO conforme al PRINCIPIO DE LA
PROGRESIVIDAD Y SIN DISCRIMINACION ALGUNA, EL GOCE Y EJERCICIO IRRENUNCIABLE,
INDIVISIBLE E INTERDEPENDIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS previsto en el Art.19 de
la CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2) Que ese
acto de DEPORTACION O EXPULSION y entrega a la autoridades Colombianas es NULO
porque le violó y menoscabo sus derechos, por lo que los FUNCIONARIOS PUBLICOS
que ordenaron y ejecutaron dicha acción, incurrieron en RESPONSABILIDAD PENAL,
CIVIL Y ADMINISTRATIVA, sin que les pueda servir como excusa órdenes
superiores, tal como lo contempla el Art. 25 de nuestra Carta Magna 3) Que el
ESTADO VENEZOLANO a través de los órganos competentes como lo son el MINISTERIO
PUBLICO y los TRIBUNALES DE JUSTICIA están obligados a investigar y sancionar
legalmente los delitos contra los DERECHOS HUMANOS cometidos por sus
autoridades y además a INDEMNIZAR INTEGRALMENTE a la victima de las expresadas
violaciones a los DERECHOS HUMANOS incluido el pago de daños y perjuicios,
conforme lo disponen los artículos 29 y 30 de citada Constitución.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA,
considera que en el presente caso, las autoridades del EJECUTIVO NACIONAL,
desconoció el PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD y el respeto de la CONSTITUCIONALIDAD
desarrollado en la vigente Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, que contempla en su Art. 2: “ VENEZUELA SE CONSTITUYE EN UN
ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA, QUE SE PROPUGNA COMO
VALORES SUPERIORES DE SU ORDENAMIENTO JURIDICO Y DE SU ACTUACIÓN, LA VIDA, LA
LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD, LA SOLIDARIDAD, LA DEMOCRACIA, LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y, EN GENERAL LA PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
LA ÉTICA Y EL PLURALISMO POLITICO”
, y en consecuencia ignoró sin razón ni
causa legal alguna el tratamiento jurídico a seguir para tramitar en el supuesto
negado que fuere procedente, la DEPORTACION O EXPULSION del ciudadano sueco
JOAQUIN PEREZ BECERRA, y entregarlo al ESTADO COLOMBIANO bajo la premisa hasta
ahora no confirmada oficialmente por la INTERPOL de que sobre dicho ciudadano
pesaba una orden internacional de captura requerido por COLOMBIA con rango de
notificación roja (red notice). A todo evento, tal como puede leerse en la
página web de ese organismo policial, el papel de la INTERPOL “ es ayudar a
las fuerzas nacionales de policía a identificar y localizar a las personas con
miras a su detención y EXTRADICCION”.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA, concluye
que el trámite escogido por las autoridades venezolanas para detener, incomunicar,
sin formula de juicio o proceso administrativo previo, para finalmente
trasladar y entregar al periodista sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA a las
autoridades policiales de COLOMBIA fue un acto NULO de nulidad absoluta y en
consecuencia viciado de LEGALIDAD y CONSTITUCIONALIDAD.

En efecto, se vulneraron flagrantemente la NORMATIVA del DERECHO
NACIONAL
que debió aplicarse y no se aplicó como a continuación nos
permitimos enumerar:

  1. LEY DE EXTRANJERIA Y MIGRACION (Gaceta Oficial
    N° 37.944 del 24/5/2004)

Es el texto fundamental que regula todo lo relativo a la admisión,
ingreso, permanencia, registro, salida, reingreso de extranjeros y extranjeras
en el territorio nacional así como sus derechos y obligaciones.

Fundamental de esta Ley, entre otras cosas, es lo que destaca su Art. 1,
que es la obligación del Estado a respetar la normativa Internacional
preferente en esta materia sobre el derecho nacional, como puede verificarse en
la norma: “(…) lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de los
tratados ratificados por la Republica, los Acuerdos de Integración y las Normas
de Derecho Internacional”.

En razón a esta normativa, el EJECUTIVO NACIONAL desconoció en
primer lugar el parágrafo único del Art. 6 que dispone:

“Los extranjeros y extranjeras que se hallen en territorio de la
Republica con la condición de refugiados o refugiadas, de asilados o asiladas,
se regirán por la Ley que regula la materia”

Desconocieron lo dispuesto en el Art. 13 que establece: “Los extranjeros
que se hallen en el territorio venezolano tendrán los mismos derechos que los
Nacionales sin mas limitaciones que las establecidas en la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela y en las leyes”.     

Se ignoró  además, el DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
contemplado en el artículo 15 de la indicada Ley, que establece: “Los
extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva con todos los derechos
que a estos conciernan o se encuentren involucrados y para los procesos
administrativos se respetaran las garantías previstas en la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela y las Leyes”

En el caso de JOAQUIN PEREZ BECERRA, no se le abrió expediente
administrativo para procesar la solicitud no formal del Gobierno Colombiano que
lo requería por la supuesta comisión de delitos políticos, como  se le ha
debido y no existe constancia de haberse cumplido con esos extremos de la Ley,
en consecuencia se incumplió con los siguientes pasos:

1.-Notificarle por escrito del procedimiento administrativo de
deportación o expulsión conforme a las pautas de la misma Ley.

2.- No tuvo acceso en consecuencia a un expediente

3.- No se le permitió estar asistido por un abogado de su confianza

4.- No se le hizo comparecer por ante la autoridad competente en materia
de extranjería y migración.

5.- Tenía derecho al 3er día de dicha notificación a asistir a una
audiencia oral donde como extranjero podía exponer sus alegatos para ejercer su
derecho a la defensa, pudiendo disponer de todos los medios de pruebas
pertinentes.

6.- Podía solicitar en esa misma audiencia la “cualidad de refugiado
político”  lo que hubiese obligado a las autoridades de extranjería a
iniciar un tramite especial conforme a la ley orgánica respectiva.

Las sanciones y el procedimiento administrativo que las autoridades
podían aplicar según la expuesta Ley de Extranjería y Migración, sólo procedían
si se cumplían los extremos previstos en los artículos 39 y 39 eiusdem, y que
establecen:

Artículo 38. Deportación. Causas. Estarán sujetos a la medida de
deportación del territorio de la República, los extranjeros y extranjeras que
están incursos en alguna de las siguientes causales:


1.
· Los extranjeros y extranjeras que ingresen y permanezcan en el país
sin el visado correspondiente.
·
2. · Los extranjeros y extranjeras que hayan ingresado al país para
desempeñar actividades sometidas a la autorización laboral y no cumplan con
dicho requisito.
·
3. · Los extranjeros y extranjeras que no cumplan con la obligación de
renovar el visado dentro el lapso que establece el Reglamento de esta Ley.
·
4. · Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras
contratados para realizar labores agrícolas cuando ejecuten trabajos
distintos y en otra jurisdicción a la autorizada.
·
5. · Haber sido multado por la autoridad competente en materia de
extranjería y migración, dos o más veces y ser renuente a la cancelación de
la misma.

Artículo 39. Expulsión. Causas. Sin perjuicio de las sanciones que las demás
leyes establezcan, serán expulsados del territorio de la República los
extranjeros y extranjeras comprendidos en las causales siguientes:

1. · Los que hayan obtenido o renovado el visado que autorice su ingreso o
permanencia en el país con fraude a la Ley.
·
2. · Los que se dediquen a la producción, distribución, o posesión de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o demás actividades conexas.
·
3. · Los que encontrándose legalmente en el país propicien el ingreso legal
o ilegal de otro extranjero o extranjera con falsas promesas de contrato de
trabajo, promesas de visas o autorización de trabajo.
·
4. · El que comprometa la seguridad y defensa de la Nación, altere el orden
público o esté  incurso en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos
internacionales en los cuales sea parte la República.

Esta claro, que en este caso de JOAQUIN PEREZ BECERRA, Director de la
Agencia Internacional de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL)
no se cumplían
los extremos para DEPORTARLO ni para EXPULSARLO, y lo único que podían hacer
las autoridades venezolanas, por vía de excepción y una vez comprobado que el
EXTRANJERO que pretende ingresar al País, compromete las Relaciones
Internacionales de la Republica como consecuencia de ser requerido por
autoridades extranjeras policiales o judiciales, en relación con causas penales
comunes o que están vinculados con organizaciones delictivas nacionales o
internacionales era NO ADMITIR SU INGRESO y ordenar su salida del País
con el uso de la fuerza pública si fuere necesario, pero respetando sus
derechos humanos; conforme lo dispone el articulo 8 de la expresada Ley sobre
la INADMISIBILIDAD, pero bajo ningún respecto proceder como procedieron.

1.
CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 La AAJ-CAPITULO VENEZUELA constató
que en el procedimiento policial usado por la autoridades del EJECUTIVO
NACIONAL para detener, incomunicar, sacar del país y entregar a las autoridades
colombianas al periodista sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA se vulneraron derechos
fundamentales como los contemplados en nuestra Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela  en los artículos 19 (La obligación del Estado
de garantizar conforme al principio de la progresividad y sin discriminación
alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los
Derechos Humanos)
, artículo 23 (Preeminencia y jerarquía Constitucional
de los Tratados, Pactos y Convenciones relativos a Derechos Humanos suscritos y
ratificados por Venezuela sobre el derecho interno de aplicación inmediata y
directa por los Tribunales y demás órganos del Poder Publico)
, artículo 26 (
Derecho de toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia
para hacer valer sus derechos e intereses y a la tutela efectiva …),
artículo
27 ( Habeas Corpus o amparo a la Libertad ), artículo 44 (Derecho a
la inviolabilidad de la libertad personal, a no ser arrestada o detenida sin
orden judicial previa o sorprendido infraganti, a no ser incomunicado, a tener
asistencia de abogado de su confianza, a ser notificado del motivo de su
detención y por ser extranjero a la notificación consular prevista en los
Tratados Internacionales)
artículo 49 (Derecho a un debido proceso, a la
defensa y asistencia jurídica en todo estado y grado del proceso)
artículo
69 (Que el Estado reconozca y garantice el derecho de asilo y refugio).

    1. CODIGO PENAL VENEZOLANO

El artículo 6 del Código Penal Venezolano consagra el procedimiento que
debe seguir el ESTADO VENEZOLANO para la EXTRADICCION de un EXTRANJERO y a tal
fin dispone:

“ (…) La extradición de un extranjero no podrá concederse por DELITOS
POLÍTICOS NI POR INFRACCIONES CONEXAS CON ESTOS DELITOS, NI POR NINGUN HECHO
QUE NO ESTÉ CALIFICADO DE DELITO POR LA LEY VENEZOLANA”

La extradición de un extranjero por delitos comunes no
podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los
trámites y requisitos  establecidos al efecto por los Tratados
Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor, y a falta de
éstos, por la Leyes Venezolanas.

Es categórica la norma penal citada cuando advierte que: “NO SE
ACORDARA LA EXTRADICION DE UN EXTRANJERO ACUSADO DE UN DELITO QUE TENGA
ASIGNADA EN LA LEGISLACION DEL PAIS REQUIRENTE LA PENA DE MUERTE O UNA PENA
PERPETUA”

En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al EJECUTIVO
NACIONAL según el merito de los comprobantes que se acompañan, resolver sobre
la detención preventiva del extranjero antes de pasar el asunto al conocimiento,
instrucción y resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Obviamente, que en el caso de JOAQUIN PEREZ BECERRA no sólo no se le
procesó  conforme a los procedimientos administrativos previstos y
sancionados en la LEY DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION para haber optado a una
DEPORTACION o a una EXPULSION, sino que se omitió arbitrariamente el único
procedimiento que correspondía tramitar conforme a la legislación penal
adjetiva y sustantiva en concordancia a las disposiciones que sobre la materia
privaran en los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales suscritos y
ratificados por el ESTADO VENEZOLANO.

    1. CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL

Nuestra legislación procesal penal contempla los procedimientos de
extradición activa y pasiva.

En el caso de JOAQUIN PEREZ BECERRA, el procedimiento a seguir es la
EXTRADICIÓN PASIVA, y está contemplado en el Titulo VI del referido Código
en sus artículos 395, 396, 397,398 y 399.

En efecto, dispone el Art. 395 que: “Si un gobierno extranjero
solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de
Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de
Justicia con la documentación recibida”

El Art. 396 dispone que aun cuando el gobierno extranjero solicitante de
la extradición no acompañe la documentación necesaria para el trámite, pero con
promesa de hacerlo, podrá solicitar que se aprehenda al imputado y el Tribunal
de Control lo podrá acordar, previa solicitud del Ministerio Publico, según la
gravedad, urgencia y naturaleza  del caso, y el imputado tendrá derecho
una vez presentado dentro de las 48 horas de su detención a ser informado de
los motivos de su detención y los derechos que le asisten.

Finalmente, el Art. 399, establece que el Tribunal Supremo de Justicia
deberá  convocar a una audiencia oral dentro de los 30 días siguientes a
la notificación del solicitado, audiencia en la cual deberán concurrir el
representante del Ministerio Publico, el imputado, su defensor y un
representante del Gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos y
concluida la audiencia el máximo Tribunal decidirá sobre su procedencia o
no en un lapso de 15 días.

Si el EJECUTIVO NACIONAL hubiese respetado la legalidad en esta materia,
se habría concedido al imputado los derechos y garantías fundamentales para
ejercer su defensa bajo un proceso judicial donde imperara un debido proceso y
se determinará si procedía o no la solicitud formulada de forma irregular
y no oficiosa por el GOBIERNO COLOMBIANO según admitió  el propio JUAN
MANUEL SANTOS, Presidente de ese País, cuando declaró  que había sido una
llamada telefónica de él la que habría determinado la conducta seguida por
nuestro Gobierno de entregar en forma expedita, sumaria e ilegal al periodista
sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA.

Mucho más, cuando el propio Gobierno constató que la nacionalidad del
ciudadano detenido ese 23 de abril en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía
(Venezuela) conforme a la cedula y pasaporte presentado ante las autoridades
migratorias era SUECA y no COLOMBIANA por haber renunciado hace muchos años la
nacionalidad de origen ante la inminente amenaza y el peligro de perder su
vida, ver afectada su integridad física o ser privado de su libertad.

Como corolario de las irregularidades y arbitrariedades que rodearon
esta ilegal e inconstitucional detención, incomunicación, posterior traslado y
entrega del ciudadano sueco JOAQUIN PEREZ BECERRA, las acciones de AMPARO
CONSTITUCIONAL o HABEAS CORPUS
introducida por ante Tribunales de Primera
Instancia en lo Penal en función de control del aérea metropolitana de Caracas,
no fueron tramitadas conforme lo dispone la ley orgánica de Amparo y Garantías
Constitucionales con la debida urgencia, sin dilaciones y en forma sumaria,
acción esta introducida por los DIPUTADOS OSCAR FIGUERA y  JUAN
CONTRERAS, y los abogados HUGO MARTINEZ, YUL YABOUR E ISRAEL SOTILLO
(Ex
Diputado) habiendo transcurrido más de 24 horas de su detención sin que hubiese
sido puesto por la autoridades policiales a la orden del MINISTERIO PUBLICO, ni
permitirle comunicación con abogado de su confianza, ni con familiares, ni con
los parlamentarios citados y ni siquiera con el representante consular de
asuntos políticos y humanitarios de la EMBAJADA DE SUECIA por ser éste un
ciudadano nacional de SUECIA.

La jueza ELIZABETH ROMERO, del Tribunal de Primera Instancia en
lo Penal en función de Control del Circuito Judicial del Aérea Metropolitana de
Caracas, tardía e irresponsablemente dictamina IMPROCEDENTE la solicitud de
HABEAS CORPUS el día 27 de Abril de los corrientes bajo el baladí argumento de
que: “ NO SE OBSERVÓ VIOLACIONES ALGUNAS A LOS ARTICULOS 44 Y 49 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (…) toda vez que el
ciudadano JOAQUIN PERZ BECERRA fue detenido en virtud de tener una circular
roja de la organización internacional de la policía criminal (INTERPOL) por lo
que fue puesto a la orden de las autoridades de la Republica de Colombia”

El procedimiento también vulneró por omisión expresa la NORMATIVA del
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
y particularmente, se desconoció la RESOLUCIÓN
N° 17 (XXXI) DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR) DE 1.981,
que contempla una serie de limitaciones para efectuar la
extradición de personas en condición de REFUGIADOS, bajo la premisa que la EXTRADICIÓN
ES UN PROCEDIMIENTO POR EL CUAL UNA PERSONA ACUSADA O CONDENADA POR UN DELITO
CONFORME A LA LEY DE UN ESTADO ES DETENIDO EN OTRO Y DEVUELTO PARA SER ENJUICIADO
O PARA QUE CUMPLA LA PENA YA IMPUESTA.

Se omitió en el presente caso sin razón ni causa justificada,
probablemente la razón más importante que debió tener la autoridad
gubernamental venezolana que tomó la decisión, cual es el PRINCIPIO DE NO
DEVOLUCION
consagrado en la CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA que
en su artículo 3 contempla lo siguiente:

1.- NINGÚN ESTADO PARTE PROCEDERÁ A LA EXPULSION, DEVOLUCIÓN O
EXTRADICIÓN DE UNA PERSONA A OTRO ESTADO CUANDO HAYA RAZONES FUNDADAS PARA
CREER QUE ESTARIA EN PELIGRO DE SER SOMETIDA A TORTURA.

2.- A LOS EFECTOS DE DETERMINAR SI EXISTEN ESAS RAZONES, LAS AUTORIDADES
COMPETENTES TENDRÁN EN CUENTA TODAS LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, INCLUSIVE,
CUANDO PROCEDA LA EXISTENCIA EN EL ESTADO DE QUE SE TRATE DE UN CUADRO
PERSISTENTE DE VIOLACIONES MANIFIESTAS, PATENTES O MASIVAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS.

De igual modo se inobservaron los procedimientos y regulaciones que
sobre DEPORTACION Y EXTRADICIÓN se encuentran contemplados en la CONVENCION
SOBRE EL ESTUTO DE LOS REFUGIADOS
adoptado por las NACIONES UNIDAS en 1.951
y su Protocolo de 1.967, de la cual Venezuela es país signatario y en donde se
establece:

“Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en
modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o
libertad peligren”

Finalmente, el EJECUTIVO NACIONAL inobservó en este caso la DECLARACION
DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS
suscrita en 1.984, que reconoce como
refugiado a las personas que huyen del país porque su vida, seguridad personal
e integridad física han sido amenazados y no respeto la CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSE)
de 1.969 en la materia de
detenciones arbitrarias, incomunicación, derecho a la defensa y al debido proceso
y del derecho al asilo.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA no
comprende como puede ser posible que nuestro GOBIERNO NACIONAL desconozca que
el ESTADO COLOMBIANO ha sido continua y persistentemente sometido a
investigaciones y sanciones por la CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(CIDH) y acusado por AMNESTY INTERNACIONAL y decenas de ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES NACIONALES  Y EXTRANJERAS por tener como política de
ESTADO una contumaz y criminal práctica de violación a los DERECHOS HUMANOS contra
inmensos factores de la sociedad colombiana que le son adversos a los GOBIERNOS
DE TURNO como el que preside el ex Ministro de Defensa de ALVARO URIBE y ahora
Presidente de la Republica JUAN MANUEL SANTOS, acusado formalmente por el
MINISTERIO PUBLICO ECUATORIANO por ejecutar una OPERACIÓN MILITAR bajo la
nefasta POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL copiada de los EEUU para matar a RAUL
REYES y un comando de guerrilleros que acampaban en territorio ecuatoriano a
130 kilómetros de la frontera con COLOMBIA, y contra quien además se le
investiga por la EJECUCIONES SUMARIAS EXTRAJUDICIALES de miles de colombianos
detenidos, asesinados y desaparecidos bajo la figura de FALSOS POSITIVOS y de
las recién descubiertas FOSAS COMUNES conocida como la MATANZA DE SUCUMBIOS
donde se ha llegado a exhumar a más de 1.200 cuerpos en sólo una de esas
fosas.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA se
pregunta si además ignoraba nuestras autoridades que el Director de la Agencia
ANNCOL fue un perseguido político que perteneció en el pasado a un cuerpo
armado irregular que se PACIFICARON para fundar un PARTIDO POLITICO
de izquierda como fue la UNION PATRIOTICA y que la aventura de creer en la
falsa legalidad y respeto a la disidencia política le costó muy caro a esa
organización de izquierda al extremo que bajo el eufemismo macabro denominado EL
BAILE ROJO,
se implementó una operación sistemática de exterminio político
(GENOCIDIO) contra más de 4.500 militantes de ese partido, perdiendo la vida
dos (2) candidatos presidenciales, 70 concejales, 11 alcaldes, 14 diputados y 8
senadores ejecutada por las FFAA colombianas con el apoyo de las fuerzas PARAMILITARES
auspiciadas, financiadas y protegidas por el propio GOBIERNO COLOMBIANO, que en
la actualidad no ha cesado y existe una persecución política que ha
criminalizado la disidencia lo que permite tener tras rejas a más de 7.500
PRESOS POLITICOS con la posibilidad que en la gestión de SANTOS aumente.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA, se
enteró porque nunca fue un secreto que JOAQUIN PEREZ BECERRA desde la agencia
noticiosa ANNCOL que dirigía desde Estocolmo, Suecia había logrado poner al
descubierto las practicas genocidas y de exterminio que el Gobierno Colombiano
ejecuta contra quienes conciben como sus enemigos políticos, y esas denuncias
habrían enervado un proceso judicial amañado en su contra con la aviesa pero
fallida intención de que el Estado Sueco lo entregara a la justicia Colombiana,
cuando en realidad se le persigue por sus DENUNCIAS PERIODISTIQUICAS, POR
EJERCER LIBREMENTE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y PENSAMIENTO
y ser una fuente
de información imparcial, veraz, libre y de alta credibilidad ante las
sociedades que demandan el respeto a los DERECHOS HUMANOS y comulgan con la PAZ
y la JUSTICIA SOCIAL, es decir, se le ha CRIMINALIZADO por la importante labor
cumplida desde las páginas de ANNCOL y si hay dudas de ello basta apelar a las
propias y cínicas declaraciones de JUAN MANUEL SANTOS cuando confirmó que
nuestro Gobierno había entregado contrario a derecho al identificado
comunicador sueco y sostuvo: “ QUE LA CAPTURA ERA UNA RESPUESTA A LA MALA
PROPAGANDA QUE CONTRA COLOMBIA QUE ÉSTE RALIZABA EN EUROPA CON SUS DENUNCIAS DE
VIOLACIONES A LOS DDHH…”    

A la AAJ-CAPITULO VENEZUELA confirma aún más que su detención
responde a una PERSECUSION POLITICA Y A UNA CRIMINALIZACION DEL EJERCICIO
LIBRE DEL PERIODISMO,
y a tal efecto citamos las declaraciones de HERMES
ARDILA
jefe de la Unidad Nacional Antiterrorista de la Fiscalía General
Colombiana que admitió que las presuntas pruebas para incriminar a JOAQUIN
PEREZ BECERRA provenían de la famosa computadora que supuestamente le habrían
decomisado a RAUL REYES en ocasión de su muerte.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA lamenta que el destino y la suerte que
sufrieron 150 periodistas asesinados en COLOMBIA en estos últimos años por
negarse a seguir difundiendo noticias y denuncias que sobre violaciones a los
DDHH ejecutaron Militares y paramilitares colombianos y que intentó evadirlo
durante 20 años consecutivo JOAQUIN PEREZ BECERRA, huyendo de su querido
terruño y renunciando probablemente a uno de sus más añorados sentimientos que
era ser NACIONAL DE COLOMBIA y aceptar la providencial hospitalidad Sueca para
refugiarse allí, adquiriendo tiempo después la NACIONALIDAD SUECA hoy esté en
franco peligro su vida, su integridad física y su seguridad personal por una
inexplicable y arbitraria decisión gubernamental de nuestro GOBIERNO NACIONAL
de saltarse todos y cada uno de los procedimientos administrativos y judiciales
que procedían aplicar en su caso y desconocer olímpicamente las pautas que
sobre la materia contemplan el DERECHO INTERNACIONAL a través de Tratados,
Pactos y Convenciones suscritas y ratificadas por nuestro Estado sin estimar
las consecuencias que derivan de esas omisiones normativas.

La AAJ-CAPITULO VENEZUELA, exhorta al GOBIERNO NACIONAL ha
realizar un exhaustivo análisis de ese proceder seguido a JOAQUIN PEREZ
BECERRA,
sin entrar a analizar en este caso las contradicciones políticas y
éticas de esa acción, porque no sólo es contrario al espíritu, propósito y
razón del articulo 2 de nuestra Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela que establece que VENEZUELA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO DEMOCRATICO
Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIACOMO VALORES SUPERIORES DE SU ORDENAMIENTO
JURIDICO Y DE SU ACTUACIÓN (…),
sino que podría constituirse en una
peligrosa práctica de sustituir los fundamentos del derecho por las vías de
hecho bajo el subterfugio de RAZONES DE ESTADO y de cualquier otro parecer por
muy estratégico que este parezca y confía que mas temprano que tarde será
indispensable que la nación venezolana y el Mundo que ama la paz y la justicia
reciba una respuesta razonable y sensata de este extraño proceder y admitan sin
actitudes soberbias, sin amenazas ni palabras altisonantes que están
EQUIVOCADOS y que están en el deber ineludible de actuar conforme a DERECHO y
respetar por consiguiente los DERECHOS HUMANOS de quienes huyendo sus países de
origen; intenta refugiarse en el nuestro para resguardarse y evitar ser
ajusticiados por esos Gobiernos Forajidos.

Por el COMITÉ  EJECUTIVO DE LA AAJ-CAPITULO VENEZUELA

Abog. EDWIN SAMBRANO VIDAL (Presidente)

Abog. IGNACIO RAMIREZ ROMERO (Secretario General)

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