La Liga repudia el intento de “educar” genocidas presos en la UBA…carta al decano de Filosofía

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La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, tiene el agrado de dirigirse al decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al consejo Directivo que preside, para plantear su preocupación ante el intento de introducir  represores involucrados en la ejecución del genocidio sufrido por el pueblo argentino entre 1974 y 1982, al sistema educativo de la universidad pública,. Esta preocupación se extiende a la situación de docentes y estudiantes en el Programa UBAXXII,  debido al  hostigamiento sistemático que sufren por parte de  estos detenidos condenados y/o procesados en diversas causas por delitos de lesa humanidad. Valoramos el Programa UBAXXII desde el momento de su constitución y por eso convocamos a reflexionar y producir una postura colectiva respecto de esta situación.

 

Basados en nuestra experiencia como querellantes en los juicios llevados adelante en todo el país, hemos argumentado respecto de la impunidad que se perpetúa si los genocidas condenados son beneficiados por criterios de una supuesta “normalidad procesal”, inadmisible en el caso de los delitos por los que fueron condenados. No se trata de ciudadanos acusados de delitos que todavía no han sido fehacientemente demostrados y por ello merecedores de la presunción de inocencia, sino de delincuentes que han sido protegidos por el Estado durante el periodo que va de junio de 1974 hasta finales de 1983; que fueron “rescatados” de los procesos judiciales por acción del Poder Legislativo (leyes de punto final y del olvido, primero e indultos luego), a instancias del Poder Ejecutivo y con la convalidación posterior del Poder Judicial en los años 1987 y 1991; situación de impunidad absoluta que gozaron hasta principios del nuevo siglo en que se fue perforando la negativa judicial a juzgarlos hasta que primero el Congreso y luego la Corte Suprema anularan las leyes de impunidad y se abriera esta nueva etapa de lucha en la que estos ciudadanos fueron indagados, procesados, detenidos y algunos condenados sin que en ningún momento demostraran que el largo periodo de “libertad graciosa” otorgada por el Estado, en la que pudieron estudiar, leer, interactuar con quienes quisieran, viajar y comerciar, implicara el mínimo cambio en su percepción del daño cometido a las victimas individuales y a la sociedad en su conjunto.  De hecho , la mayoría de ellos se niega a entregar la información que tiene sobre los detenidos desaparecidos, conducta que los constituye en sujetos de un delito continuo, el de la desaparición forzada, la “muerte argentina”, como se conoce esta tecnología de dominación social en el mundo, que ha originado tratados y convenciones internacionales de prevención y castigo.

 

De hecho, los represores procesados y condenados han demostrado compromiso con la planificación del genocidio y  han sostenido en sus declaraciones en sede judicial que repetirían los actos de secuestro, tortura, apropiación de menores y desaparición.  Si el beneficio de la libertad domiciliaria y de estudiar en la cárcel, refiere de un modo directo y principal al objetivo de facilitar las condiciones de readaptación social de los ciudadanos que han delinquido, los genocidas han gozado de más de treinta y cinco años para consumar dicho proceso sin haberlo intentado siquiera. Sostenemos que sus apelaciones a la prisión domiciliaria y el acceso al sistema educativo universitario para internos del sistema penitenciario no persigue un animo de superación intelectual para mejor entender la sociedad o sumar herramientas para la supervivencia, sino que es parte de una estrategia de impunidad que bien podría llamarse la “impunidad de los condenados”..

 

Conocemos la experiencia de los profesores de Letras de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la UNL que repudiaron la decisión del Tribunal Oral de Santa Fe de intentar autorizar al represorEduardo Ramos a estudiar la carrera a distancia desde un aula virtual en la cárcel de Las Flores. Citamos sus palabras cuando dijeron “no admitiremos como estudiante en nuestras aulas (presenciales o virtuales) a ningún represor que haya participado de dictadura alguna”. Agregando “Nos indignamos ante la posibilidad de que un ex agente de Inteligencia con semejantes antecedentes sea integrado al ámbito universitario que fue su objetivo criminal, un ámbito en el que un gran número de estudiantes y profesores sufrimos en carne propia el horror de la dictadura cívico militar del ’76”.  Fueron esos mismo profesores quienes convocaron a recordar que la “actividad docente universitaria implica la responsabilidad de formar a formadores” con pensamiento crítico y compromiso “con la democracia de nuestro país”. Consideraron una “trágica ironía” que un criminal de lesa humanidad “viva como estudiante en las aulas universitarias”. Por lo tanto, “como parte de esta humanidad lesionada, los profesores de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias nos sentimos ofendidos e injuriados en nuestra dignidad ante la posibilidad de vernos obligados a igualar a este criminal con miles de estudiantes que necesitan de la serenidad y de la libertad para comprender el conocimiento en sus justas dimensiones de práctica, de crítica y de compromiso activo con la democracia. De este modo, repudiamos las decisiones de esta supuesta justicia que vuelve a poner en las calles a quienes deben ser alejados definitivamente de ellas por la índole abominable de sus ofensas”.

 

A todos nos consta que las universidades nacionales sufrieron de forma sistemática vigilancia, secuestros, tortura y desaparición. Gran número de docentes, no docentes y estudiantes fueron perseguidos, cesanteados, desaparecidos y asesinados En nuestra condición  de querellantes de más de 14 Juicios Orales  a genocidas hemos exigido justicia por cada docente, cada no docente y cada estudiante desaparecido. Fuimos parte  de la investigación del informe Conadep donde se denuncia que el 35% de los desaparecidos entre 14 y 25 años, son estudiantes.

Por nombrar sólo un caso, en el Juicio ABO (ATLETICO BANCO OLIMPO) de los 181 casos objeto del proceso más del 50% eran parte de esta universidad, y puntualmente de vuestra facultad. En ese proceso fue juzgado Raúl Guglielminetti que actuó como agente de inteligencia no sólo en Buenos Aires sino en la Universidad Nacional del Comahue donde fue guardaespaldas del Rector Remus Tetu que había sido antes, rector de la Universidad Nacional del Sur, donde el secretario de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Sud, David Cilleruello fuera asesinado en el pasillo mismo del rectorado, a pasos de su oficina, y por una patota a su servicio (todo lo cual fue denunciado ante el Juez Oyarbide en la causa Triple A). Los testimonios aportados en los juicio evidencian los vínculos entre las patotas que actuaban de manera conjunta en varias facultades y colegios.

La Universidad Nacional de Buenos Aires tiene alrededor de 1300 detenidos-desaparecidos,  la Universidad Nacional de La Plata supera los 760, la Universidad Nacional de Córdoba más de 200, por mencionar sólo parte del sistema  educativo universitario. Son innumerables los casos de instituciones escolares que fueron usadas como centros de detención, tortura y exterminio, debiendo recordarles que el primer Centro Clandestino del país fue una escuela para pobres que soñaban con dejar de serlo, la Escuelita de Famaillá.

Por todo lo cual, convocamos a docentes, estudiantes y no docentes de las Carreras que se dictan en situación de encierro, a través del Programa UBA XXII, a reflexionar y producir un compromiso renovado tanto con quienes enseñan, investigan y estudian en ese programa como con la lucha por la verdad, la memoria y la justicia para todos y todas.

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