Presentación judicial del 22/12 pidiendo reapertura e imprescriptibiildad de la causa por las responsabilidades políticas del crimen del Puente Pueyrredón. Cárcel a Duhalde y sus cómplices del 2002

el

REVOCA PATROCINIO ANTERIOR. DESIGNA LETRADOS. SOLICITA DESARCHIVO DE LA CAUSA. SOLICITA

Sr. Juez:

Luis Alberto Santillán, con el patrocinio letrado de Christian Blanco Tº 99 Fº 845 C.P.A.C.F. –  y Liliana Mazea Tº 7 Fº 564 C.P.A.C.F. , constituyendo domicilio en la Av. Corrientes 1.785 2do. “C” – zona de notificación 92-, en la causa 14.215/02 “Ruckauf y Otros…”, nos presentamos y respetuosamente digo:

  1. REVOCA PATROCINIO. DESIGNA ABOGADOS

Que vengo por el presente a revocar todo patrocinio anterior designando a los Dres., Liliana Mazea y Christian Blanco a los efectos de que patrocinen la querella en el marco de la presente investigación.

  1. SOLICITA DESARCHIVO. FUNDAMENTA

Que en virtud de las consideraciones que se expondrán en párrafos que siguen, venimos a solicitar el desarchivo de la presente causa.

 

  1. a) Estado de la causa:

A solicitud del Sr. Fiscal, interino por aquel entonces, Gerardo Di Masi, se ha dispuesto el archivo de las actuaciones

A nuestro entender, dicha decisión fue –cuanto menos– muy prematura. Ello, habida cuenta que, al momento en que fue adoptada, no se produjo la totalidad de la prueba oportunamente solicitada por quien lleva la investigación, con lo cual, mal pudo haberse arribado a la conclusión de que no restan medidas de prueba a producir.

Asimismo, entendemos que la notificación del archivo de las actuaciones debió efectuarse a la víctima en el domicilio real, teniendo en cuenta la igualdad de derechos de la misma con respecto al imputado en un proceso penal, y brindándole a la misma la posibilidad concreta de ejercer sus derechos dentro del marco proceso penal.

 

II.b.- Argumentos éticos-políticos para desarchivar investigación sobre las responsabilidades políticas del crimen de Kosteki y Santillán

La investigación de las responsabilidades políticas por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki adquiere relevancia especial por el significado histórico que ese hecho tiene y por la gravedad institucional que posee.  Los sucesos del puente Pueyrredón son el punto de llegada de una estrategia de represión a la lucha popular que comenzó en los 90´s contra los cortes de ruta y piquetes por reclamos de derechos económicos y sociales, que se desplegó en toda su dimensión con la declaración  del Estado de sitio y represión generalizada en el Diciembre Popular del 2001, y que pretendió, con la masacre del Puente Pueyrredón, aplastar la rebeldía popular que sepultó el nefasto ciclo neoliberal fundamentalista de Menem y sentó además las bases para que pudiera desplegarse el ciclo de memoria y ampliación de derechos que hemos vivido en esta época. No puede haber razón técnica ni limitación jurídica que suprima el deber del Estado en establecer la Verdad y consagrar la Justicia para un hecho sustancial en la historia reciente que mantiene potencialidades de incidencia en el futuro de los argentinos.

Nuestra participación en las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia que reclamaron, generaron y concretaron estos diez años de Juicio y Castigo a los Genocidas nos da suficiente atribución moral como para reclamar que además de que se juzgue a los autores directos del crimen, ejecutores en última instancia de una política perversa y represiva decidida en otra parte, se avance en esta investigación sobre las responsabilidades políticas. Quienes la idearon y ordenaron deben ser investigados, debidamente identificados, esclarecidos los móviles que los impulsaron, visibilizadas sus concepciones ideológicas, y aclarado el modo en que fue ordenado a diversos actores estatales, cuyas funciones formales debieron ser la de garantizar el respeto a los derechos humanos, donde los hechos demostraron que hicieron absolutamente lo contrario.

Está debidamente probado en el proceso judicial contra los delitos del Terrorismo de Estado, que las fuerzas policiales de todo el país fueron puestas bajo el mando de las Fuerzas Armadas e incorporadas a las Fuerzas Conjuntas que perpetraron el Plan de Exterminio. La vil y canallesca conducta del comisario Franchotti y otros efectivos bonaerenses, cumpliendo órdenes superiores, puso en evidencia la persistencia de conductas represoras que se constituyeron en el paradigma articulador de una cultura policial que hasta el día de hoy no ha dejado de manifestarse, como lo demuestra la desaparición de Julio López (18/09/2006), la de Luciano Arruga (31/01/2009) o la de Gabriel Blanco (marzo de 2007) y el asesinato de Mariano Ferreyra (20/10/2010) o los crímenes de Formosa contra los integrantes del pueblo Qom o los sucesos del Parque Indoamericano (diciembre del 2010) o los últimos del Parque Lugano (agosto del corriente). El esclarecimiento de los modos en que el Poder Político ordenó el crimen de Santillán y Kosteki puede contribuir a esclarecer un “modus operandi” repetido, que amenaza con proyectarse al futuro. No se trata sólo de una investigación sobre un hecho criminal histórico –cuyo castigo se solicita–, ya que buscamos contribuir a la derrota de la cultura represora que amenaza las conquistas de estos años.

Por todas estas razones, consideramos inadmisible, desde la perspectiva de la lucha por los derechos humanos y el desarrollo de los procesos de construcción de Verdad y Justicia, que el Estado abandone la investigación de las responsabilidades políticas de los hechos en cuestión, ya que es un deber ético por parte de dicho Estado para con cada una  de las víctimas, que requieren toda la verdad y no parte de ella; al mismo tiempo, es una necesidad política insoslayable para con la democracia y nuestra sociedad.

En cuanto al argumento del pretendido agotamiento de las pistas investigadas, cuya falsedad demostraremos más adelante es imperativo que el Poder Judicial supere sus limitaciones culturales en cuanto al objeto a investigar. No se puede seguir confundiendo lo legal, lo instituido, con lo real. Queremos recordar la nefasta acordada de la Corte Suprema en relación al golpe de estado del seis de setiembre de 1930, que aceptó como legal a “lo real”, es decir, aceptar como legítimo al poder de facto, surgido este último de un acto ilegal a todas luces y que se transformó en la doctrina política que equipara poder real –ilegal– con poder legítimo y legal formal, que se fue abriendo paso. En este caso en particular, atenerse a lo estrictamente formal equivale a renunciar a la investigación de las responsabilidades políticas, ya que la experiencia y la teoría enseña que este tipo de acciones ilegales ejecutadas desde el Estado, aún en el marco de un Estado de Derecho, se realizan de un modo ilegal, tal como demostró la investigadora norteamericana Patrice Mc Sherry en su libro “Los estados depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina”, 2009, LOM Ediciones, al señalar que los Estados que desplegaron acciones de terrorismo (terrorismo de Estado), generaron a su interior espacios estatales clandestinos que no respetaban ni las propias leyes estatales, no aferrándose a las normas que emanaban del propio poder y generando un estilo de accionar particular que construía sus propios sistemas de legitimación y de transmisión de órdenes y directivas.

Sería ingenuo pensar, y esta parte no quiere pecar de ingenuidad al enfrentar crímenes horrendos como los de Kosteki y Santillán, que tales espacios estatales no formales, capaces de generar “zonas grises” de poder (Javier Auyero, “La zona gris”, Siglo XXI, 2007) permanecen latentes en el Estado argentino, para emerger recurrentemente por intervención de diversos actores, especialmente en períodos de agitación y crisis de gobernabilidad como se vivía en el año 2002. Por ello, la investigación requiere no sólo de voluntad política sino de la adopción de un adecuado enfoque conceptual que permita dar cuenta de la realidad superando las trampas de lo formal. Una investigación que, como reclamaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo de despliegue del Terrorismo de Estado, no se haga de manera formal sino de un modo tal que llegue a su cometido, que en este caso es encontrar y sancionar a quienes se aprovecharon de la ventaja y privilegio que les confirió su posición dentro del aparato estatal, para ocultar sus posiciones reales en tanto actores principales en tal aberrante masacre.

II.c.- Argumentos jurídicos para considerar que estos hechos ilícitos, por su gravedad institucional, deben necesariamente investigarse y sus responsables ser sancionados, por lo que resultan imprescriptibles.

En este punto el pensamiento jurídico universal ha evolucionado y, entre la limitación temporal de la persecución punitiva del Estado y la búsqueda de la verdad y justicia, ha tomado posición por la preservación de estos últimos bienes jurídicos, teniendo especialmente en cuenta que la impunidad es un factor que promueve la repetición de estas graves violaciones a los DD.HH.

Nuevos argumentos, producto de la evolución del pensamiento universal en materia de derechos humanos, han venido a corroborar la doctrina que permite extraer una sana interpretación según la cual los vacíos normativos resultan incompatibles con el deber de reparar a las víctimas y de investigar, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que surge de los artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; normas éstas que integran el derecho interno nacional con jerarquía constitucional.

II.c.1.- De la Tutela Judicial Efectiva y las facultades la querella.

Una de las expresiones de esta progresividad interpretativa y de aplicación concreta resulta ser el principio de “Tutela judicial efectiva”. Para dar comprensión a lo que se sostiene, cabe citar el Informe que realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Narciso Palacios vs. Argentina”[1]:

“El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. Este principio implica lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales […] Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción”

Del mismo modo, en el precedente Bulacio[2], la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado:

“El derecho a la Tutela Judicial Efectiva implica que la razón principal por la que el estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de la víctimas…entendiendo a la persecución penal como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en que se establezca la existencia o no de la violación de su derecho, se identifique a los responsables y se les imponga las sanciones pertinentes”.

             Del mismo lo ha hecho en el precedente “Cantos vs. Argentina”[3]

“…los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención.” (Punto 49 de la mencionada sentencia)…

“La Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales…debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención” (parágrafo 50).

“El artículo 25 de la Convención también consagra el derecho de acceso a la justicia. Al analizar el citado artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales… La Corte ha señalado, asimismo, en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención””… Cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana” (parágrafo 52)

En sí, consideramos que existe el derecho de la víctima a un pronunciamiento producto de la razón y sustentado en una acabada investigación y que para el caso que no se pueda acceder a ello, como en el presente, a que inste el procedimiento penal, aún contra el criterio desestimatorio del fiscal y que ello no violenta ningún principio constitucional.

En este sentido cabe recordar los precedentes jurisprudenciales de nuestra CSJN “Santillan[4] de la CSJN y que luego se consolidó en “Storchi[5] y “Del Olio”[6].

Así pues, ante el criterio sostenido oportunamente por el Ministerio Público, el Querellante Particular puede impulsar las investigaciones, aún cuando no haya un acompañamiento activo por parte de aquel. En el precedente “Santillan” se afirmó:

“Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31), todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma”

Por lo expuesto, consideramos que esta Querella se encuentra las facultades legales para impulsar el proceso autónomamente y, así, instar lo que ha sido negado con el archivo, el acceso al Tutela Judicial Efectiva.

II.c.2.- De los Derechos de la Víctima en la averiguación de la Verdad y el Derecho a la Verdad. 

Sin dudas, que el derecho de la víctima en la averiguación de la verdad, amerita de por sí (y sin perjuicio de los anteriores fundamentos brindados), el desarchivo de la presente investigación.

Para esta querella, el archivo de la presente investigación cerraría el  proceso privando a las víctimas del derecho a su protección judicial en  la averiguación de la verdad de lo acontecido (cfr. CN 75, inc. 22 CADH, Arts 8.1 y 25), ya que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección  judicial, los cuales se encuentran establecidos en los artículos XVIII y  XXIV de la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la  Convención Americana. Asimismo, en determinados supuestos el derecho a  la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información,  contemplado en el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo  13 de la Convención Americana.

Entendemos que el “Derecho a la Verdad” en palabras de Raffin: “…consiste en el derecho de los familiares a conocer el paradero final de los desaparecidos y en la obligación de los Estados de investigar y brindar esa información hasta averiguar toda la verdad. El derecho a la verdad es la contrapartida de la obligación de investigar del Estado. Todo individuo puede exigir al Estado que le informe acerca de aquello que le corresponde saber. El derecho a la verdad es, por ello, un elemento del derecho a la justicia. El derecho a la verdad implica también un derecho colectivo a la verdad que se asienta en el derecho de la comunidad a conocer su pasado, entre otras razones, como forma de resguardarse para el futuro.[7] Asimismo se trata de un derecho autónomo, independiente e inalienable, que no admite suspensión y no debe estar sujeto a restricciones

El pedido de desarchivo también tiene que ver con que no se ha llegado a  la verdad objetiva jurídica, no se ha logrado la verdad material de los  hechos en su totalidad, amén de que se encontraron y condenaron a los autores materiales. Esta búsqueda de la verdad, constituye un pilar fundamental de la Democracia y el Estado de Derecho, que a su vez se encuentra consagrado en nuestra Constitución Nacional.

En este sentido lo expresó Leandro Despouy Ex-Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos  “En la concreción del derecho a la verdad, el derecho a la justicia ocupa un lugar preeminente, puesto que garantiza el conocimiento de lo acontecido a través de la acción del poder judicial, que tiene a su cargo la investigación, la valoración de elementos de prueba y el enjuiciamiento de los responsables. A su vez, el derecho a la justicia implica el derecho a un recurso efectivo, lo que se traduce en la posibilidad de hacer valer los derechos ante un tribunal imparcial, independiente y establecido por ley, asegurando al mismo tiempo que los culpables sean enjuiciados y castigados en el marco de un proceso justo, y culmine con una adecuada reparación a las víctimas. Así, desde el punto de vista del derecho a la justicia, la verdad es a la vez un requisito para determinar responsabilidades y el primer paso del proceso de reparación. La instancia judicial, debidamente substanciada, es el medio para alcanzar los altos valores de la verdad y la justicia. En esta perspectiva, la administración de justicia con independencia e imparcialidad constituye un instrumento de gran importancia para satisfacer el derecho a la verdad.”[8]

Con esto queremos decir que nuestra Carta Magna tiene una fuerza de  legalidad superior, como único orden público y que nadie puede hacer  prevalecer una voluntad contraria a lo estatuido por nuestra Constitución. El derecho de la Constitución es derecho “público” y es de orden público, todo lo cual significa derecho imperativo y forzoso, no dispensable ni derogable por nadie, el acceso a la verdad, su búsqueda por todos los medios legales establecidos, está por encima de cualquier otro precepto y es a  lo que debe llegarse. Aquí eso aun no ha sucedido.

Las herramientas jurídicas que garantizan este accedo a la verdad y a la justicia y que va a estar consolidada cuando se logre llegar a la verdad completa.

Así, cabe señalar que el derecho el Derecho a la Verdad no sólo corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también que comprende a la sociedad en su conjunto. Se entiende que toda la sociedad tiene el  irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las  razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

Finalmente el Derecho a la Verdad está íntimamente relacionado al  Derecho de acceso a la información. La Comisión Interamericana de  Derechos Humanos se ha manifestado en sentido de que los Estados tienen la obligación de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos[9].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de junio de 1988, estableció:

“El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación…”

Y en el precedente “Bulacio”, establece sencillamente que frente a este tipo de  violaciones a los derechos humanos, la normativa interna no puede interponerse en el cumplimiento de una obligación superior del Estado, que es cumplir la manda de la Convención de investigar y condenar a sus responsables.

Resulta clarificador lo expresado, en cuanto a que reconoce “el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables (párr. 114).

Consolidada la obligación estatal de hacer efectivo el “Derecho a la verdad”, la Corte Interamericana profundizó esta perspectiva en el fallo “Gutierrez vs. Argentina”[10], al analizar el concepto de “debida diligencia”, al cual emplea para evaluar al Estado y si este cumple con su obligación de arribar a la verdad de lo sucedido. En este sentido:

“La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos  […] Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención”

Así pues, el archivo de las actuaciones vulnera el acceso a la averiguación de lo realmente sucedido, lo que es lo mismo, el Derecho a la verdad que a esta querella le asiste.

 

II.c.3.- De la declaración de imprescriptibilidad. Subsidiariamente, se cambie de calificación.

En esta búsqueda de la verdad de los hechos y de la sanción efectiva hacia sus responsables, de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Bulacio”, y toda vez que la propia CSJN ha hecho propio dichos argumentos ante la presencia de violaciones graves a los derechos humanos cometidos, resulta menester tener presente que:

Desde esa perspectiva, el ámbito de decisión de los tribunales argentinos ha quedado considerablemente limitado, por lo que corresponde declarar inaplicables al sub lite las disposiciones comunes de extinción de la acción penal por prescripción en un caso que, en principio, no podría considerarse alcanzado por las reglas de derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de imprescriptibilidad. (El resaltado nos pertenece).

Por ello, y con prescindencia de que se trate de recomendaciones de la Comisión o de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o decisiones de los tribunales argentinos, frente a plataformas fácticas análogas  debe adoptarse la misma doctrina judicial, en el caso la inoponibilidad del derecho doméstico que atente contra la sanción de los culpables, como son las regulaciones de la prescripción.

Y resaltamos que el fallo “Bulacio”, si bien no considera que el delito cometido sea de lesa humanidad, es de aplicación a las presentes actuaciones cuando señala:

En cuanto a la invocada prescripción de la causa pendiente a nivel de derecho interno (supra 106.a y 107.a), este Tribunal ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos. La Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana.” (párr. 116)

“De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de una protección efectiva. Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y al espíritu de la Convención, así como a los principios generales del derecho; uno de estos principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes.” (párr. 117)

En mismo sentido, en el caso del Comisario René Jesús Derecho[11], el punto 3 del Considerando del fallo del Dr. Maqueda estableció claramente la obligación de cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH:

“3°) Que, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, que fue notificada a este Tribunal con fecha 21 de septiembre de 2007, se refiere a un conjunto de circunstancias denunciadas por el señor Bueno Alves y reconocidas por el Estado argentino, que fueron objeto de investigación en diversos procesos judiciales en el orden interno, entre las que se incluye la causa nº 24.079, cuyo incidente por prescripción de la acción penal tramita actualmente ante estos estrados.”La Corte Interamericana consideró que los hechos denunciados en la instancia internacional constituían un caso de torturas, y que si bien “no significaban que debían ser calificados ‘per se’ como delito de lesa humanidad”, sí se trataban de una vulneración grave de derechos humanos (párrafo 87), y dispuso que el Estado argentino debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea (párrafo 211).”

“4°) Que, esta Corte, como uno de los poderes del Estado argentino, debe cumplir la sentencia del tribunal internacional que impone la obligación de investigar, que si bien es de medios importa una tarea seria y eficaz; máxime si se tiene en cuenta las especiales circunstancias detalladas por la Corte Interamericana en cuanto al proceso judicial llevado adelante en nuestro país. Es por ello que corresponde hacer lugar al pedido de revocatoria articulado, dejar sin efecto el pronunciamiento apelado con el alcance indicado y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que, por quien corresponda, se cumplimenten las pautas fijadas en dicho fallo.”

Esto nos permite solicitar con la suficiente firmeza, la aplicación del precedente “Bulacio”, sino asimismo del caso “Bueno Alves[12]. Ambos fallos de la Corte IDH fueron reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las sentencias “Espósito” (Fallos: 327:5668) y “Derecho” (Fallos: 334:1504); en el mismo sentido falló la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en “Storni[13].

En función de los hechos que se investigan y del modo en que se ha realizado, toda vez que restan medidas pendientes, articulado con los precedentes citados, nos permite afirmar que los crímenes que se investigan son imprescriptibles, porque los cometió el Estado a través de sus funcionarios, violando ampliamente los derechos humanos al cometer una serie de hechos, entre los cuales el más grave fue la ejecución extrajudicial de las dos víctimas fatales de autos, lo que así se solicita.

Más aún, cabe resaltar que la actitud de los funcionarios públicos no fue producto de un hecho aislado sino que ha sido una conclusión de una serie de antecedentes generados por el mismo Estado, quien, previamente a los hechos del 26/06/2002, ya había una denuncia por complot (conf. Fs. 1915/2000), sin perjuicio de los informes de inteligencia que sostenían dicha denuncia.

Es decir, desde la perspectiva estatal, dada la posibilidad que los distintos grupos que se expresaban en aquella época podrían “complotarse” contra el gobierno instituido, nada mejor que una respuesta firme y concreta por parte de quien detenta el monopolio de la coacción legítima para evitar dicha hipótesis.

En este sentido, de acuerdo la visión que esta querella sostiene, existió un plan sistemático llevado adelante por ciertos miembros del Estado de limitar la protesta social, sin importar las vidas humanas de los protestantes, amparado en el supuesto de “peligro de gobernabilidad” de quienes detentaban el poder en aquel entonces y que estaría garantizado por la impunidad respecto de los autores intelectuales, que hasta el día de la fecha se mantiene.

Por todo lo expuesto, solicitamos que V.S. declare que la investigación y sanción por los hechos aquí investigados revisten el carácter de imprescriptibles o bien, que se establezca que no le alcanzan a los hechos investigados los límites del derecho interno sobre prescriptibilidad.

Sin perjuicio de lo solicitado, subsidiariamente, y sin agotar las contingencias a que pueda estar sometida su valoración, sostenemos, que la imputación en las presentes actuaciones debe tener una correlación o analogía con la calificación legal atribuida a los que fueron sentenciados por los mismos hechos.

Por ello, requerimos que se califiquen los hechos investigados, hasta tanto se haga lugar a lo solicitado, como “Homicidio agravado por Alevosía” – art. 80, inc. 2do, del CP –, dada la sentencia que condenó a los autores materiales, Fanchiotti y Acosta.

 

II.d.-  Antecedentes posteriores al archivo de la causa:              

Efectivamente, con posterioridad al archivo de la presente causa, existieron precedentes judiciales que sin dudas ameritan la investigación exhaustiva en el presente proceso.

No existen contradicciones en la jurisprudencia al admitir el desarchivo y prosecución de las investigaciones en casos similares. Así la Sala II – Causa n° 29.136 “Tarifeño, Raul s/ archivo” del Juzg. Fed. n° 2 – Sec. n° 4, Expte. n° 2985/2010, registro n° 31.510 del 8 de junio de 2010, estableció:

“…En consonancia con lo requerido por el Fiscal de Cámara a fs. 26/7, esta Sala considera que tales antecedentes son suficientes para iniciar una investigación que tienda a corroborar o descartar la verosimilitud de las circunstancias denunciadas (art. 193 del C.P.P.N.), analizando la viabilidad de las medidas sugeridas a fs. 1/5 y obrando en consecuencia. Ello conduce a revocar el archivo dispuesto, sin perjuicio de cuál sea el juez que, en definitiva, deba continuar interviniendo en el legajo, una vez que se avance en el conocimiento de los hechos y sus posibles conexidades. En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: REVOCAR el punto III del auto en crisis en todo cuanto decide y fuera materia de apelación. Regístrese, hágase saber al Sr. Fiscal General y devuélvase a la anterior instancia, donde deberán efectuarse las restantes notificaciones que correspondan. Fdo.: Martín Irurzun. Eduardo G. Farah.

           

II.d.1.- De la causa que tramitó en el fuero provincial

En primer lugar, con fecha 29 de diciembre del año dos mil once, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores CARLOS ANGEL NATIELLO, HORACIO DANIEL PIOMBO Y BENJAMÍN RAMON MARIA SAL LLARGUÉS, bajo la presidencia del primero de los nombrados, al momento de resolver las causas 22.993, 22.994, 22.995, 22.996, 22.997 y 22.998, caratuladas “Fanchiotti, Alfredo Luis”; “Robledo, Francisco; Sierra, Antonio; De La Fuente, Mario”; “Acosta, Alejandro”; “Quevedo, Carlos Jesús”; “Colman, Lorenzo” y “Vega, Osvaldo Félix” s/ recurso de Casación, hace referencias que deben ameritarse, a criterio del suscripto, y consecuentemente darse respuesta algunos interrogantes allí planteados.

Por un lado, uno de los jueces por la mayoría refiere a una extracción de testimonios de la causa provincial hacia la federal, sobre los que no se ha despejado interrogante alguno, a criterio de los presentantes:

“Por lo demás, destaco que tal como resulta de la cuestión previa del veredicto identificada en el acápite H) el a quo da cuenta de la existencia de otros procesos seguidos contra el entonces Presidente Duhalde y el Canciller Ruckauf a raíz de las muertes de los ciudadanos Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (causa n° 14.215 del Juzgado Federal n° 4 de la Capital Federal ) y otra contra el entonces Gobernador Solá (I.P.P. n° 583.266 ) y –por así corresponder– dispone la remisión a esos organismos de una importante serie de testimonios vertidos en estos actuados. Esto aventa la supuesta omisión estatal de indagar acerca de otros hechos debidos a otras personas a las que pudieran haberse vinculado –de algún otro modo– las muertes y los demás delitos aquí imputados.” (Del voto del doctor Benjamín Ramón Sal Llargués)

Por el otro, en su voto en minoría el Dr. Daniel Piombo, sin perjuicio de la valoración que esta parte pueda hacer de sus fundamentos, ha vertido elementos que hacen a la esencia de esta causa:

“(…)Pero lo realmente significativo para los acusados, es que se haya ignorado que todo el operativo fue coordinado por autoridades nacionales -concretamente el Presidente y su secretario responsable en el área de la seguridad- que dispusieron la ubicación de las distintas unidades de represión, en un entorno estratégico en derredor del Puente Pueyrredón, esto es, del acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuidando también la posibilidad del acceso por el puente ferroviario del Ferrocarril Roca, erigido sobre el Riachuelo a continuación de la Estación Avellaneda……”

 

II.d.2.- De la sentencia “Causa Mariano Ferreyra”[14]

Sin dudas, que la sentencia en el causa Ferreyra es un precedente a considerar en el presente caso por algunos elementos que se vertieron en la misma.

Por un lado, se ha mencionado la unidad en los operativos posteriores al asesinato de Santillán y Kosteki. Unidad en la fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, que actúan de manera coordinada y que es una prueba más de cómo actuaron, también, con anterioridad al hecho. Así en la sentencia se señaló: “…que para los actos de Kosteki y Santillán, todos los 26 de cada mes, hay un convenio y actúan coordinación. Así en el puente Pueyrredón, cuando había aniversarios de Kosteki y Santillán se preveía presencia de Gendarmería, Prefectura, policía provincial aunadamente la Policía Federal y la de provincia”.

En otro orden de ideas, dicha sentencia, la cesura de fundamentos contiene una expresión que nos interpela: “Hoy por hoy, se sabe a esta altura, con tantos años transcurridos, que la muerte no es para nada la garantía para perpetuarse en el poder, sino que es todo lo contrario. Una muerte en nuestra sociedad fatalista es fin de juego. Con Carrasco se acabó la “colimba”, con Bulacio se acabaron las “razias”, con Kosteki y Santillán se acabó un gobierno.” Ésta última expresión no hace más que interrogarnos sobre qué hubo detrás de la muerte de Darío y Maxi, ya que como se puede desprender de dicha frase no fue un simple asesinato.

Cabe resaltar como importante el sentido o la dirección que se le quiso imponer a este crimen: “…Fue un hallazgo de una letrada querellante, María del Carmen Verdú, interpretar este ataque como un aleccionamiento, pues permite el entendimiento de lo ocurrido. Los quisieron correr (¡pero a los tiros!), para que se vayan y no vuelvan nunca más dijo un imputado. El ataque tenía que ser lo suficientemente fuerte para que estas personas desistan de volverlo a intentar en el futuro. Claramente, PEDRAZA, tenía razones (móviles) tanto económicas como políticas, como para apañar esto de “sus muchachos””…La acción pensada fue diseñada para conservar poder, económico, gremial y político, no para perderlo. Está a la vista que con el homicidio de FERREYRA es mucho lo que todos han perdido…”

Por último, también en el caso citado se ha dejado un precedente importante respecto al concepto de autoría que creemos puede ser de utilidad para encarar la presente investigación. Así se ha expresado: “….si plurales sujetos deciden de manera conjunta asumir riesgos, jurídicamente desaprobados, cualquiera de los dos que concreten el resultado se extiende a todos” “…Hay un autor principal que actúa antijurídicamente y eso es suficiente para comunicar a todos aquéllos que actúan con convergencia intencional…

 

II.e.- Colofón

Los argumentos expuestos precedentemente permiten afirmar y solicitar con convicción y firmeza, que razonable y lógicamente:

  1. a) en primer lugar se proceda al desarchivo de las presentes actuaciones, garantizando así una real Tutela Judicial Efectiva y una materialización de los Derechos de la Víctima en la averiguación de la Verdad y el Derecho a la Verdad.;
  2. b) en segundo lugar, que se declaren como imprescriptibles los delitos que aquí se investigan;
  3. c) en tercer lugar, subsidiariamente y para el hipotético e improbable lugar que no se haga lugar a lo solicitado en el punto b, que se modifique la calificación legal de los hechos que aquí se investigan como “Homicidio agravado por Alevosía” – art. 80, inc. 2do, del CP –, del mismo modo en que han sido condenados los autores materiales de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, lo que así se solicita.

III. DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS E INCUMPLIDAS

Que fojas 335/7, el Sr. Fiscal interviniente, solicitó diversas medidas de prueba, a distintos organismos gubernamentales. Que esta querella analizará las respuestas brindadas por dichos organismo a los fines de determinar si las mismas satisfacen el requerimiento ordenado.

IV.a.- Sobre las líneas de telefonía móvil asignadas al ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde.

Surge de la compulsa de las actuaciones que hasta el día de la fecha dicha solicitud no ha sido cumplida. En efecto, surge de la respuesta obtenida a fs. 615/624, 670/690; 711/736; 743/772, que no existirían registros oficiales acerca de cuáles han sido los teléfonos móviles asignados al Sr. Eduardo Duhalde.

Pues bien, de acuerdo a las mismas constancia antes mencionadas, en particular lo que surge de fs. 617/8, es que esta querella requiere que tenga bien en librar oficio a la Sr. Secretario General de la Presidencia de la Nación, tenga bien en arbitrar los medios necesarios para que remita copia íntegra del acta de entrega de material de telefonía móvil celular, trunking y satelital – identificada como informe LOG.COM Nº 1158/03 –, conjuntamente con “el listado de líneas celulares, de radio y satelitales que se adjuntan y que constan de SEIS (6) ANEXOS, totalizando nueve (9) fojas útiles.”, toda vez que de acuerdo a lo que surge de allí podrían desprenderse elementos necesarios para determinar las líneas telefónicas que estuvieron  bajo dominio del ex presidente Duhalde.

III.b.- Sobre las líneas de telefonía móvil –cualquiera sea la empresa prestataria y modalidad del servicio – personales y asignadas oficialmente a cada uno de los titulares de cada cartera ministerial, como así también del jefe de gabinetes, Secretarios y Subsecretarios.

En este sentido, de acuerdo a las constancias de autos, surge que se ha informado la nómina de personal de las distintas dependencias requeridas, pero no así la nómina de los teléfonos móviles.

De acuerdo a ello y los cargos que ocupaban en aquel momento los distintos funcionarios, es que esta querella requiere que se ordene al Ministerio del Interior remitan la información requerida respecto de la nómina de secretarios y subsecretarios de fs. 1199, a los cuales nos remitimos brevatis causae.

 

III.c.- De las líneas de mando de todas las fuerzas nacionales y provinciales avocadas a los dispositivos de seguridad que actuaran el 26 de junio de 2002 en la movilización popular ocurrida en el Puente Pueyrredon y sus adyacencias.

En este sentido, la Policía Federal Argentina no ha dado cumplimiento ha dicho requerimiento.

En efecto, de las distintas respuestas remitidas por estas dependencias, en ningún momento se ha informado al respecto.

A modo de ejemplo, en lo que hace a la P.F.A. su respuesta obra en el sobre 4 de pruebas reservadas, mencionaremos que la orden nº 2168 según consta de fs. 30 a 35, la misma es incompleta, ya que solo se menciona las cantidades de efectivos afectados a dicho operativo en diferentes puntos, pero no existe una nomina detallada de ellos.

Dicha carencia impide un real conocimiento acerca de quiénes han estado participando del operativo y la posibilidad de que esta querella requiera de su testimonio, en caso de lo considere pertinente para el curso de esta investigación

III.d.- Al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Se ha requerido diversa información a este organismo provincial. Pero no se ha dado un cabal cumplimiento a lo requerido por el Sr. Fiscal.

En efecto, este organismo remitió las actuaciones provenientes de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires expediente 649580/06 – sobres reservados identificados como 7; 19 y 21  –, a modo de ensayo de respuesta.

Que analizado el contenido de dicho expediente, lejos está de cumplirse con la manda judicial. En efecto, no se ha respondido a lo requerido en el punto A de del oficio remitido, toda vez que no se ha informado acerca de:

  1. “(…) la composición exacta de la línea de mando de las fuerzas (…) provinciales avocadas a los dispositivos de seguridad que actuarán el día 26 de junio de 2002 en la movilización popular ocurrida en el Puente Pueyrredon y sus adyacencias – ver fs. 74/8; 93 –.

En este sentido, por un lado, se desprende de los informes producidos en el sobre 21 – fojas 40/54; Sobre 7 fojas 385/391 – que nos encontramos con información incompleta, toda vez que no se desprende de allí, quién o quiénes fueron los jefes de las distintas divisiones que han participado del evento de fecha 26/26/2002; asimismo tampoco se ha informado acerca de quién resultó ser jefe de servicio del comando patrulla Avellaneda, como así tampoco de los puntos estratégicos, Puentes: Velez Sarsfield, Nicolás Avellaneda y Pueyrredon Viejo, ni mucho menos quién o quiénes supervisaron las tareas de los efectivos allí apostados.

En este orden de ideas, se ha remitido un listado acerca de los miembros de las fuerzas que habrían participado del evento represivo. Pero la información contenida allí resulta ser confusa, toda vez que existen diferencias acerca de la cantidad de miembros del grupo de caballería – y dentro de ello, del denominado “Marea azul” – que habría participado, sin perjuicio de que se desconoce acerca de quién estaba al mando de dicho grupo, en comparación con la orden de servicio 438 y el radiograma de que convoca a los miembros de la fuerza para la manifestación.

Asimismo, dicho desinterés colaborativo se manifiesta cuando no se da respuesta a que informe sobre:

  • “(…) la composición jerárquica de la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que interviniera en dicho dispositivo, en expresa individualización de los jefes departamentales y sus cuerpos armados”

Pese a la claridad de lo solicitado, sólo se expresa a fojas 33 que “Como dato referencial este Departamento informa que en el mes de mayo, se dictó la Resolución 580/02, mediante la cual se aprobó la estructura organizativa de la Superintendencia General Operativa”

En sí, no se responde, sino que se obstruye una investigación, pues se omitió informar fehacientemente lo solicitado en el punto A.

Ello, sin perjuicio que respecto de los puntos C y D de lo requerido por el Sr. Fiscal, el personal del Ministerio de Seguridad – miembros de la fuerza policial a la cual se investiga – ni siquiera ha intentado disimular que han respondido, directamente, se remiten a otra dependencia, generando así un círculo vicioso – ver fs. 93, punto 4 y último párrafo (sobre reservado) –.

IV.- DE LAS NUEVAS MEDIDAS

IV.a.- Diskettes acompañados por las distintas empresas de teléfonos. 

Amén de lo solicitado por el Sr. Fiscal, esta parte solicita copias de la totalidad de los diskettes acompañados por las distintas empresas telefónicas durante la sustanciación del presente proceso.

IV.b.- Nueva pericia entrecruzamiento de llamados

De acuerdo a la explicación oportunamente brindada por quien estuvo a cargo de la pericia y del personal superior, respecto de la pericia realizada – ver fs. 1576/9; 1701; 1786/1820; 1896/1902; 2210/22; 2446/8 y la documentación acompañada – y toda vez que desde la fecha en que se produjo dicha medida hasta la actualidad, ha transcurrido un tiempo suficiente como para sostener que han habido avances tecnológicos que permitirían ampliar el rango de números telefónicos que han sido utilizados en la pericia, como así también el lapso de tiempo por el cual se ha analizado, esta querella requiere se cite a personal idóneo a los fines que brinde respuesta a ello y, en caso afirmativo, se realice nueva pericia de entrecruzamiento de llamados, conjuntamente con los nuevos números telefónicos que se han solicitado se incorporen a las presente investigación.

V.- EVENTUAL SENTENCIA DEFINITIVA Y CASO FEDERAL

Dada la solidez de los motivos aducidos por esta parte y la razonabilidad y procedencia de la prueba solicitada, en el hipotético caso de que VS rechazara este pedido de desarchivar la causa y producir dicha prueba, la respectiva sentencia tendría carácter de definitiva y causaría gravamen irreparable a mi parte, por lo que quedaría abierto el camino procesal para interponer los recursos del caso. Y por estar en juego derechos fundamentales garantizados por la CN (art. 16, derecho a la igualdad ante la ley; art. 18, derecho a un juicio justo y a la protección judicial de sus derechos) y por los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto y ratificado (Declaración Universal de Derechos Humanos: art. 7, protección de la ley; art. 8, recursos efectivos para proteger sus derechos fundamentales; y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: art. V, protección de la honra y de la reputación; y art. XVIII, derecho de justicia), quedaría expedita la vía procesal para ocurrir ante la CSJN en recurso extraordinario según el art.14 de la ley 48.

Por ello, hago reserva desde ya del caso federal

  1. PETITORIO:

Por todo lo expuesto, solicitamos se proceda a:

1) Desarchivar la presente causa y a continuar con el trámite de la misma, en razón de garantizar una real Tutela Judicial Efectiva y una materialización de los Derechos de la Víctima en la averiguación de la Verdad y el Derecho a la Verdad.;

2) Que se declaren como imprescriptibles los delitos que aquí se investigan;

3) En tercer lugar, subsidiariamente y para el hipotético e improbable lugar que no se haga lugar a lo solicitado precedentemente, que se califiquen los hechos que aquí se investigan como homicidio calificado.

4) Se produzcan las pruebas solicitadas por esta parte.

Proveer conforme a Derecho.

Justo es.

[1] Informe nº 105/99, Caso 10.194, “Narciso Palacios vs. Argentina” del 29 de septiembre de 1999, Com.IDH.

[2] Cte.IDH, causa “Bulacio vs. Argentina”, sentencia del 18 de septiembre de 2003.

[3]  Cte.IDH, “Cantos vs. Argentina”, sentencia del 28 de noviembre de 2002.

[4] (Fallos: 321:2021); LA LEY 1998-E, 331, RTA. 13/08/1998

[5] CNCP, Sala II; Causa 8361, Rta: 15/07/2010

[6] CSJN, “Del´Olio, Juan C. y otro”, de fecha 11.07.06, Fallos 329:2596.

[7] Fuente: Marcelo Raffin y otros. “Derechos humanos y ciudadanía”. Buenos Aires, Tinta Fresca, 2006.

[8] E/CN.4/2006/52. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/103/85/PDF/G0610385.pdf

[9] CIDH, Informe No. 136/99, Caso 10.488, Ignacio Ellacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.; Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos, El Salvador, 22 de diciembre de 1999

[10] Caso “Gutiérrez y Familia Vs. Argentina”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271.

[11] D 1682 XI CSJN

[12] “Bueno Alves vs. Argentina” (Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C, N° 164)

[13] Causa nº 9130, “Storni, Gustavo Adolfo y otro s/recurso de casación”, del 29 de septiembre de 2010

[14] Registro de causa N° 3772/3922 seguida ante este Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de Capital Federal#YoPidoC�rcel Duhalde

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