Presentación judicial ante la Corte Suprema de Paraguay pidiendo libertad a los Seis Campesinos expulsados de la Argentina en diciembre de 2008 y “ejecutados judicialmente” a 35 años de pena

el

Causa N° 10512/04 “ANASTACIO MIERES BURGOS Y OTROS S/ SECUESTRO Y OTROS”

 

Objeto: PresentaCIÓN DEL escrito de constitución como amicus curiae

 

SEÑORES/AS MIEMBROS DE LA

SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

 

JOSE ERNESTO SCHULMAN, Secretario Nacional de de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en conjunto con GUSTAVO NOGUERA, DNI 860873, MATRICULA 239840, con domicilio legal en la Avenida Corrientes 1785, piso 2º, oficina C, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina y teléfono/fax +54 11  4371-8066, constituyendo domicilio en la República del Paraguay en Padre Cardozo 508, casi Juan de Zalazar, Asunción, a V.E. me presento y digo que:

 

La Liga realiza esta presentación en el marco de nuestro trabajo de promoción, protección y defensa de los derechos humanos en la República Argentina y el resto del mundo, especialmente en los países de Nuestra América, a los efectos de constituirnos como Amicus Curiae de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay en atención a los recursos extraordinarios de casación presentados por las defensas de los señores Arístides VERA SILGUERO, Agustín ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS, Basiliano CARDOZO GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque RODRÍGUEZ TORALES, con relación al caso indicado ut supra.

 

            I.- MOTIVOS DE LA PRESENTACIÓN

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), creada el 20 de diciembre de 1937 y más tarde constituida como asociación civil sin fines de lucro, es el más antiguo de los organismos de DD.HH. de América del Sur y uno de los más antiguos a nivel mundial. Sus miembros bregan por la defensa de los derechos humanos dentro y fuera del ámbito de la República Argentina. Es una institución no confesional y no integra ningún partido político. Es mimebro fundador de la Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos (FIDH), con estatus consultivo ante la ONU.

Nuestra organización ha realizado, desde el momento de la detención en la República Argentina de estos seis campesinos paraguayos solicitantes de refugio político, investigaciones independientes, seguimiento, asesoramientos e intervenciones jurídicas concretas con relación a su situación jurídica.

Por Acordada Nº 479, del 9 de octubre de 2007, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reglamentó la presentación de Amicus Curiae “autorizando a las personas físicas y jurídicas, que no son parte de una controversia judicial, a presentarse ante los juzgados originarios o de alzada, de cualquier fuero o ante la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), cuando en ella se debaten cuestiones de trascendencia colectiva o de interés general”.

Fundamentamos nuestro interés de participar en esta causa en la trascendencia social colectiva y el interés general que despiertan los hechos en los que se originó, la extradicción desde la República Argentina de seis campesinos paraguayos a quienes se les negó el refugio político que solicitaban, causando honda preocupación en nuestro país, tradicionalmente favorable al refugio de perseguidos políticos.

Consideramos que hay fuertes indicios de la existencia de una persecución selectiva de campesinos que luchan por tierras, quienes son procesados y prisionizados a través de la figura de la prisión preventiva, como herramienta para desorganizar a los movimientso populares y desmovilizar a quienes reclaman por sus derechos. Esta circunstancia se ha puesto claramente de manifiesto en los hechos que rodean la Masacre de Curuguaty, trágico episodio que no ha sido debidamente investigado y que es otra clara muestra de la persecución hacia el movimiento campesino y sus líderes.

Atendiendo estas cuestiones, las violaciones de derechos humanos que se han cometido, las que podrían cometerse ya sea manteniendo a estas personas en prisión preventiva o, asimismo, ante la eventual confirmación por esta Sala de la condena dictada en un procedimiento con graves violaciones de sus garantías procesales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre –tras el estudio de las constancias obrantes en autos, las resoluciones dictadas y los recursos interpuestos contra ellas- considera importante posicionarse como Amicus Curiae con relación a los recursos planteados por sus defensas, para aportar argumentos de derecho que ilustren al tribunal para adoptar una decisión definitiva que contemple los derechos humanos de Arístides VERA SILGUERO, Agustín ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS, Basiliano CARDOZO GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque RODRÍGUEZ TORALES.

Resulta necesario tener en cuenta que en el año 2013, en las Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Paraguay aprobadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su 107º período de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013), se indican (entre muchas) las siguientes situaciones a corregir)

 “El Estado parte debe reducir el número de personas en detención preventiva y debe limitar estrictamente su duración, de conformidad con el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto y asegurarse que se respete plenamente lo dispuesto en el artículo 9. El Estado parte también debe promover la aplicación de medidas alternativas a la detención, como la fianza de excarcelación o el brazalete electrónico. Finalmente, el Estado parte debe garantizar que toda persona detenida sea informada inmediatamente del motivo de su detención y de sus derechos, y que tenga acceso efectivo a un abogado y se pueda comunicar con un familiar o persona de confianza desde el primer momento de su detención.” (del punto 20)

“El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio del 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados (art. 6, 7, 14).

El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva. (del punto 23)

 

      II.- ANTECEDENTES PROCESALES

El 21 de noviembre del 2005, el Juzgado Penal de Garantías N° 6 realizó la audiencia establecida en el articulo 242 del CPP (fs. 1976 Tomo X y fs. 2014 Tomo XI).

El 2 de mayo de 2006, los seis campesinos fueron detenidos en la República Argentina con el fin de ser extraditados al Paraguay. Desde entonces, los seis permanecen detenidos. El 12 de diciembre de ese año 2006, es decir, a más de un año de la audiencia del artículo 242 del CPP, dicho Juzgado decretó la rebeldía de Arístides VERA SILGUERO, Agustín ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS, Basiliano CARDOZO GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque RODRÍGUEZ TORALES por A.I.N° 1260.

Dos años más tarde, el 12 de diciembre de 2008, los seis campesinos fueron entregados a la Policía Paraguaya, cicunstancia que se acredita con el acta de entrega de detenidos obrante a fs. 2595 de esta causa. A partir de esta fecha se hizo efectiva en el Paraguay la prisión preventiva decretada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, 3ra. Sala, en virtud de los A.I. No. 77 y 78 del 29 de abril del 2006.

Tres años y medio más tarde, el 11 de julio de 2012, el Tribunal de primera instancia, luego de la realización de un juicio oral y público, dictó la Sentencia Definitiva de condena N° 58. Ésta no fue debidamente notificada según lo establecido por el artículo 399 del CPP. El 17 de agosto de 2012 se interpuso Recurso de Apelación Especial contra la sentencia de condena de primera instancia ante el Tribunal de Apelación de la Ciudad de San Lorenzo. Después de otros dos años, el 11 de julio de 2014, el Tribunal Colegiado de Apelación en lo Penal de San Lorenzo dictó su Acuerdo y Sentencia N° 85, notificado el 18 de agosto ppdo., recurrido por Recurso Extraordinario de Casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no se halla firme ninguna condena y el estado de inocencia de los seis campesinos sigue todavía intacto, por imperio del articulo 127 del CPP.

 

            III.- FUNDAMENTACIONES DE DERECHO

El presente escrito se funda en el Art. 5 de la Acordada Nº 479 del 9 de octubre de 2007, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el cual se indica que: “Las opiniones o sugerencias del Amigo del Tribunal tienen por objeto ilustrar a los Jueces la afectación global que genera el conflicto objeto de resolución y las implicancias de la afectación resolutiva. Las opiniones no serán de carácter vinculante, pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del órgano judicial competente.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre siempre se ha manifestado a favor de la vigencia plena de los derechos humanos, incluyendo entre muchos otros el derecho a la vida, a la dignidad, a la prohibición de ser sometido a torturas y/o tratos crueles inhumanos o degradantes, a un juicio justo realizado dentro de un plazo razonable y el derecho de los campesinos a la tierra que trabajan. Por ello, hoy estamos fuertemente interesados en que cese la vulneración de derechos de estos seis campesinos que fueron extraditados desde la República Argentina.

Dejo expresa constancia de que el análisis que a continuación se desarrolla sobre algunos de los agravios planteados por estos seis campesinos de ninguna manera puede ser interpretado como una posición contraria a sus argumentos defensistas en los otros agravios que no han sido materia de estudio en el presente escrito.

            III. 1.- ARBITRARIA E INCONVENCIONAL PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Los seis detenidos se encuentran privados de su libertad desde el 2 de mayo de 2006, fecha en la cual fueron detenidos en la Argentina por solicitud de la República del Paraguay. Durante su permanencia en la República Argentina su alojamiento forzoso se desarrolló primero en el Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A. (más conocido como cárcel de Devoto) y luego en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz. A partir de su entrega al Paraguay, continuaron privados de su libertad en forma ininterrumpida en la Penitenciaria de Tacumbú. La restricción privativa, por ende, no sólo persistió sino que continúa siendo agravada debido a la distancia entre las ciudades de origen de los procesados y sus sucesivos lugares de reclusión. Destacamos en este sentido que las personas vinculadas al caso referido, son oriundas de XXXXX y ciudades cercanas, por lo que la privación de libertad que aún se sostiene restringe el vínculo familiar y afectivo, deteriorando todavía más las condiciones de vida digna que debieran ser garantizadas por la República del Paraguay a todas las personas, especialmente a aquellas que se encuentran bajo su tutela jurisdiccional.

III.1.1.- PRINCIPIO DE INOCENCIA

El derecho paraguayo reconoce expresamente la presunción de inocencia en el art. 17 inc. 1 C.N. y el art. 4 CPP. Estas normas deben ser entendidas como aplicación concreta del derecho a la libertad personal, que es la regla general insoslayable para todas las personas.

El carácter excepcional que la C.N.atribuye a la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, bajo las causas y condiciones fijadas por la constitución y las leyes, hace evidente referencia a los requisitos previstos en el art. 242 CPP, a la vez que, sin duda alguna, la referencia a la excepcionalidad implica una ratificación de la regla general: la libertad personal, que sólo en algunos casos especiales puede ser restringida, a la vez que únicamente en circunstancias excepcionales esa restricción puede lacanzar  ala privación de libertad.

Los requisitos previstos por el art. 242 CPP deben darse en conjunto y deben ser expresamente considerados por el Juez. Por ende, el incumplimiento de alguno de estos requisitos torna arbitraria su privación de libertad, que devendrá contraria a la Constitución, pero también a la normativa internacional en materia de DD.HH.; la CIDH ha establecido que “Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención[1]. En consecuencia, la exclusiva mención de la existencia de la Ley 4431/11 no puede fundar la denegación de medidas cautelares menos gravosas a la prisión preventiva y torna arbitraria la sentencia.

Los prespuestos previstos por el art. 242 CPP no pueden darse por cumplidos ante la mera comprobación de la existencia de un hecho punible grave y la necesariedad de la presencia en juicio del imputado. Deben además expresarse las circunstancias objetivas que llevan a concluir la existencia del peligro de fuga o la obstrucción a la investigación o a un acto concreto de investigación (estas últimas consideraciones no pueden ya ser siquiera consideradas, ya que la etapa investigativa ha culminado hace años).

La propia Constitución del Paraguay establece expresamente el carácter excepcional de la prisión preventiva, la cual solamente será viable si fuera indispensable en las diligencias del juicio (art. 19).

A esta altura, reslta indudable que toda prisión preventiva que no se encuentre motivada en los requisitos exigidos por el art. 242 CPP violenta la presunción de inocencia y deviene arbitraria, ya que constituye una pena impuesta por simple presunción de culpabilidad.

III.1.2.- NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA

La normativa internacional refuerza la obligatoriedad de esta interpretación. Así, el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 5/92) establece que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren su comparecencia en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales, y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de septiembre de 2004, en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” (donde el Estado paraguayo fue condenado, sostuvo que: “la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado por un delito, motivo por el cual, su aplicación debe tener un carácter excepcional (párrafo 190)” y por ello consideró que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo establecido por el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 1/89).

En el mismo sentido se expidió la Corte IDH, en el párrafo 77, en el caso “Suárez Rosero” (12 de noviembre de 1997): “Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención (Pacto San José de Costa Rica) se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un  plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos”.

III.1.3.- INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL ART. 245 CPP

Es deber del Juez resolver, en cada caso concreto y con arreglo a la ley, la aplicación de la prisión preventiva (art. 242 CPP). La aplicación a este caso de la ley 4431/11 atenta en forma evidente contra los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, violando las precripciones de los arts. 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La mera referencia a esa ley para imponer la prisión preventiva, sin otro argumento, transforma a ésta en una regla de aplicación general en todos los hechos calificados como crímenes, acabando con su excepcionalidad y contrariando principios fundamentales del Estado de Derecho.

En el sistema interamericano de DD.HH. existe unanimidad acerca de que la sola gravedad del delito imputado, per se, no es suficiente para la aplicación de una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva. En este sentido, la CIDH afirma que: “[s]egún el primero de tales supuestos normativos [artículo 7.2 de la Convención Americana] nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto [artículo 7.3 de la Convención], se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad[2], como en el caso sería la invocación de la prohibición genérica fijada en la ley 4431/11.

A esta altura, resulta notorio que la Ley 4431/11 (que además es posterior a los hechos aquí juzgados), modificatoria del art. 245 de la Ley 1.286/98 “Código Procesal Penal”, modificado previamente por la Ley 2.493/04, al prohíbir expresamente el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva a las personas “cuando el hecho sea tipificado como crimen o cuando su comisión lleve aparejada la vulneración de la vida de la persona como resultado de una conducta dolosa[3], es inconstitucional al atentar contra el principio de inocencia, el de la excepcionalidad de la prisión preventiva y el de legalidad.

III.1.4.- CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, sin perjuicio de los restantes planteos formulados en este escrito, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicita el inmediato cese de la prisión preventiva de los campesiones Arístides VERA SILGUERO, Agustín ACOSTA GONZÁLEZ, Simeón BORDÓN SALINAS, Basiliano CARDOZO GIMÉNEZ, Gustavo LEZCANO ESPÍNOLA y Roque RODRÍGUEZ TORALES.

            III.2 EXTINCION DE LA ACCIÓN. VICIO IN JUDICANDO POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA Y EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PROCEDIMIENTO, CON VIOLACIÓN DE LA GARANTíA DE SER JUZGADOS EN PLAZO RAZONABLE. VIOLACIÓN DEL ART. 17 INC. 10 C.N. Y ART. 8.1 DEL PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA (LEY 1/89)

Según el Tribunal de Alzada, dictó su acuerdo y sentencia cuando aún no se había cumplido el plazo de extinción de la acción penal (pg. 191 de la sentencia recurrida). Asimismo, ante el agravió relativo a la insuficiente fundamentación del tribunal de mérito sobre la vigencia de la acción (agravio II.4) aseguró sin debido sustento que la sentencia de primera instancia también había sido dictada antes de que se cumpliese el plazo de extinción. En consecuencia, la Alzada negó la existencia de este agravio y afirmó que no se daban los requisitos fijados por el art. 136 CPP para declarar extinguida la acción penal.

Sin embargo, resulta evidente que el plazo de procedimiento ya estaba extinguido antes del 11 de julio del 2012 (cuando se dictó la sentencia de mérito), por haber transcurrido para entonces cuatro años, seis meses y veinte días de proceso.

Para negar la extinción de la acción penal, afirmando que la sentencia de mérito fue dictada antes del plazo legal de cuatro años, el Tribunal de Apelaciones interpreta que la rebeldía reinicia el plazo del procedimiento y, consecuentemente, omite el cómputo del plazo transcurrido desde la imputación hasta la fecha en que se declaró la rebeldía (1 año 21 dias), lo cual atenta contra la garantía de juzgamiento dentro de un plazo razonable.

El proceso se inició formalmente el 21 de noviembre del 2005. Desde entonces hasta el el 11 de julio del 2012, en que se dictó la resolución de mérito, transcurrieron 6 años, seis meses y veinte días, período al cual es necesario descontar la duración de la rebeldía, dos años (desde el 12 de diciembre de 2006 al 12 de diciembre de 2008). En consecuencia, la duración total del procedimiento sin sentencia de primera instancia alcanza los cuatro años, seis meses y veinte días.

Por lo tanto, como bien señala la defensa, al momento en que el Tribunal de mérito dictó la sentencia de primera instancia, la causa ya estaba extinta por aplicación del art. 136 CPP.

La propia Corte Suprema de Justicia del Pargauay ha sustentado esta interpretación del cómputo del plazo de procedimiento, por lo que esta Sala Penal no puede expedirse en distinto sentido sin violentar las garantías establecidas en los arts. 46 y 47 CN. y el art. 9 CPP. En este sentido, en el Ac. y Sent. Nro.170, del 20 de abril del 2010, “Recurso de casación interpuesto por el abogado Raúl Breuer en la causa: Ramón Abelardo Cabrera Báez s/estafa”, la Corte afirmó que “… la declaración de rebeldía del procesado constituye una garantía para el derecho de defensa del mismo y sus efectos -que hacen a la eficiencia del sistema- producen la suspensión del plazo (con la paralización de los actos procesales), con lo cual no existe un reinicio del cómputo sino una adición de los plazos en los cuales estuvo sometido al proceso el justiciable”. Previamente ya había resuelto en el Ac. y Sent. No. 1144 de fecha 14 de diciembre del 2005 “Recurso de revisión Interpuesto por el abogado Amilcar Ayala Bonzi en los autos caratulados: Paulino Maldonado Silvero y otros s/robo agravado y reducción en Ciudad del Este” que: “… la Declaración de Rebeldía no puede ser concebida como una suerte de sanción procesal al imputado, sino más bien, debe ser entendida y aplicada como una verdadera garantía de defensa, atendiendo a que la ley impide el juicio en ausencia y trata de asegurar su presencia durante el juicio oral”, entre otras.

Si la Sala Penal no acogiera de manera favorable el planteo que acabo de exponer, igualmente la causa se habría extinguido por haber transcurrido ya más de cinco años de proceso sin una sentencia firme que haga cosa juzgada conforme al art. 127 CPP.

En el mismo sentido, el Ac. y Sent. N° 1539 de la Sala Penal del 19 de diciembre del 2006, en los autos Recurso de Revisión interpuesto por el Abog. Benjamín Riveros en los autos: Bernabé Rojas s/ Homicidio Culposo y otros señala que: “… no resulta jurídicamente sostenible el hecho de que habiéndose establecido que todo procedimiento penal tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, prorrogables únicamente por seis meses más para la tramitación de los recursos cuando exista sentencia condenatoria, que este plazo pueda ser interrumpido por la declaración de rebeldía del imputado, puesto que siendo así, el plazo comenzaría a correr de cero nuevamente, pudiendo en realidad vulnerar holgadamente el “plazo razonable” establecido por el art. 136 del C.P.P. Es más, resultaría un contrasentido interrumpir el plazo del procedimiento, por cuanto que con la suspensión válidamente se puede cumplir con el mismo objetivo, cual es la “paralización” del proceso penal durante el lapso que dure el estado de rebeldía”.

Esta jurisprudencia permite sostener que, en la legislación paraguaya, existe una expresa regulación de la garantía convencional del plazo razonable.

Dado que al momento de plantear el recurso de casación ya habían corrido más de SEIS AÑOS Y NUEVE MESES DE PROCESO SIN SENTENCIA FIRME y conforme lo expuesto previamente con relación a los sucesivos hitos procesales, el proceso ya estaba extinguido antes de que el Tribunal de Apelación resolviese los recursos interpuestos.

            Los recursos legalmente establecidos por el orden jurídico contra las sentencias adversas (en este caso se plantearon los de apelación especial y casación) no pueden ocasionar la suspensión del plazo del procedimiento, ya que esa intepretación constituiría una sanción incompatible con el ejercicio de un derecho y llevaría a elegir entre la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y el principio del doble conforme; en cualquiera de los casos, la garantía de efensa en juicio quedaría inconvencionalmente cercenada, a pesar de que el propio art. 6 CPP reconoce que “Será inviolable la defensa del imputado y el ejercicio de sus derechos (…)”.                         El art. 166 CPP fulmina de nulidad absoluta las resoluciones “que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente y este código”.

La recurribilidad de las sentencias judiciales está reconocida como derecho para las partes en el proceso en el art. 449 CPP. De esta manera se da cumplimiento al art. 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o pacto de San José de Costa Rica “(…). Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, que forma parte del plexo normativo paraguayo por imperio del art. 137 de la Constitución Nacional como Ley 1/89.

La Corte Suprema de Justicia se ha expedido en contra de la suspensión automática del cómputo de duración del procedimiento durante el trámite recursivo, dado que al mismo tiempo viola el principio de plazo razonable y castiga el ejercicio de una garantía: “… el ejercicio del derecho impugnaticio entendido como una garantía a quien le esté expresamente acordado a ejercerlo, en procura de obtener la reparación de sus agravios a través de los mecanismos establecidos en la legislación, no puede convertirse en una suerte de sanción para la parte que lo ejercita (reconociendo que su ejercicio en estas condiciones siempre será más gravoso para el imputado), excluyéndolo del cómputo final de duración del procedimiento, esta circunstancia desvirtúa la propia materia que pretende regular la ley impugnada, esto es, el resguardo de la garantía del plazo razonable” (Ac. y Sent. N° 1592, 2 de noviembre del 2012, en la causa “Excepción de inconstitucionalidad planteada en los autos: “Francisco José Yore Clausen s/checho pasivo”).

Existe amplia jurisprudencia de la Corte IDH en este mismo sentido (obligatoria para el Estado paraguayo, incluyendo el Poder Judicial, en virtud del art. 137 C.N.), como el Caso “Suárez Rosero Vs. Ecuador” (sentencia del 12 de noviembre de 1997, sobre el fondo), que en su fundamento 70 afirma que: “El principio de “plazo razonable” al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente….”

            El fundamento 71 del mismo caso, relativo a la interposición de recursos y su consecuencia en el cómputo del plazo razonable, establece que: “… el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, párr. 29) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente  presentarse.”  Idéntico criterio expuso en el caso “Tibi Vs. Ecuador”, del 7 de septiembre de 2004 (sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas).

Por otra parte, la Corte IDH., al tratar el derecho al recurso en el Caso “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras”, sentencia del 29 de julio de 1988, y el caso “Barrios Altos”, establece que: “La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención” (Caso “Barrios Altos Vs. Perú”, sentencia del 14 de marzo de 2001, punto 43 de los fundamentos).

Resulta evidente que la excesiva tardanza no puede ser atribuida a los acusados, ya que la Audiencia Preliminar se realizó casi siete meses después de su entrega al Estado paraguayo, tras lo cual el juicio fue postergado durante un año (debido a un reordenamiento burocrático dispuesto por la Corte Suprema de Justicia) y finalmente, entre la entrega de los campesinos por el Estado argentino y el comienzo de su juicio oral, transcurrieron dos años y siete meses, sin que hayan existido incidencias de la defensa o de los acusados en estas demoras.

El agravio que ocasiona la interpretación de la Alzada es evidente, ya que mantiene la existencia de la acción y la privación de libertad de los acusados más allá de lo legalmente establecido y atenta contra los arts. 16; 17.inc.1); inc. 3) inc.10); 46 ;47 y 256 C.N.; los arts. 8.1 y 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 1/89) y los arts. 1°; 9°; 13; 136 C PP.

Dado que el plazo de procedimiento es de orden público y su cumplimiento lleva al inexorable cierre del proceso, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre considera que la Sala Penal debe declarar operada la extinción de la acción penal y, consiguientemente, disponer el sobreseimiento definitivo de los seis imputados conforme el art. 359 inc. 3 CPP, como así también su libertad inmediata.

            III.3. OMISIÓN DEL VOTO DE UNO DE LOS MAGISTRADOS CON RELACIÓN A DIVERSOS VICIOS IN PROCEDENDO PLANTEADOS POR LA DEFENSA

De la lectura de la sentencia de la Alzada surge que el magistrado Fabriciano Villalba no dejó constancia de su postura o voto sobre los agravios de vicios in procedendo indicados por los recurrentes, excepto con relación a la admisibilidad de los recursos, al expresa que: “Comparto con mi colega (preopinante) la opinión vertida sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesta y en cuanto a la reprochabilidad  del acusado y la autoría de los acusados por los mismos fundamentos esgrimidos al emitir su voto al respecto” (pág. 204 de la resolución impugnada), tras lo cual se refiere a su postura sobre la aplicación de las medidas de seguridad, omitiendo como -ya he señalado- expedirse sobre los planteos relativos a los vicios in procedendo.

La ausencia de toda constancia referida al voto de este magistrado en relación a esta cuestión incumple el mandato de los arts. 397 (que establece el deber de los magistrados de votar sobre “todas las cuestiones”) y 398 inc.2 CPP (por incumplimiento de las formas allí establecidas). Consiguientemente, se produce un insanable vicio en la fundamentación de la sentencia, que afecta las garantías constitucionales de los imputados e implica inclusive la violación de la garantía de doble conforme, ya que, para que efectivamente exista, es necesario que el Tribunal de Alzada dicte una resolución debidamente fundada, que analice los agravios planteados.

Ante la imposibilidad de interpretar la sentencia en perjuicio de los imputados, de ninguna manera puede sostenerse que la falta de toda opinión sobre estas cuestiones implica la adhesión a la posición del resto de los magistrados.

Este vicio, que torna arbitraria la sentencia recurrida por las defensas, hace necesaria su anulación y el correspondiente reenvío a otro Tribunal de Apelaciones.

            III.4. AUSENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE LAS IMPUTACIONES POR LAS CUALES SE REALIZARON LAS INDAGATORIAS PRIMIGENIAS Y LAS QUE LLEVARON A LAS CONDENAS

La Alzada asegura que la mera citación (cuya validez no verifica), aún cuando no se realice la audiencia indagatoria instituida en el art. 86 del CPP, cumple con la garantía de ser oído y la de conocer las imputaciones en su contra, constituyendo oportunidad suficiente para ejercitar la defensa material. Asimismo, sostiene que está “al arbitrio del incoado la decisión de hacerlo (comparecer a declarar) o no”.

En síntesis, el Tribunal estima que el Estado no está obligado a indagar al procesado, sino solamente a citarlo. Esta interpretación violenta tanto el art. 6 CPP, que establece la inviolabilidad del ejercicio de los derechos del procesado, como el art. 12 CPP, que dicta que la inobservancia de un principio o garantía no podrá hacerse valer en perjuicio de la persona a quien protege. Además, esta interpretación carece de sustento en el art. 350 CPP y atenta contra la garantía de defensa establecida en el art. 16 CN, los arts. 17 inc.7 y 256, y la normativa internacional que también garantiza el derecho a ser oído (art. 8 inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran el derecho positivo vigente del Paraguay, en el orden de prelación establecido por el art. 137 CN).

El Tribunal parece ignorar que el derecho de los imputados a declarar (o negarse a hacerlo) sólo puede ejercerse adecuadamente si las personas conocen previamente de qué se las acusa. Y una mera citación de ninguna manera garantiza el adecuado conocimiento de una acusación.

La Sala Penal ya ha reconocido expresamente que la persona a quien se atribuye un hecho punible debe ser oída en forma personal, por ejemplo, en el Ac.y Sent. N° 367, “Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la Defensora Pública Abog. Jenny Rocío Santander Aranda, bajo patrocinio de la Defensora General Interina Abog. Gloria Cartes Blanco, en la causa: “I. V. S/ SUPUESTO HECHO PUNIBLE DE HOMICIDIO DOLOSO EN ITAPÚA POTY”: “(…) el derecho a ser oído importa el deber del Estado de escuchar al justiciable, (…). Del modo expuesto tal derecho se incorpora como exigencia del debido proceso – incluida la inviolabilidad de la defensa en juicio- que requiere que el sujeto a quien se atribuye un hecho punible sea oído, personal e indelegablemente, de tal forma a contestar la imputación y brindar todo cuanto crea conveniente en su descargo y, a su vez, proponer el diligenciamiento de pruebas que estime conducentes para la posición que asume ante la incriminación. Al derecho de declarar es inherente el derecho a abstenerse puesto que es una garantía implícita que resguarda a toda persona contra cualquier obligación que puede importar una autoincriminación. (…)”.

            La interpetación del Tribunal de Alzada desconoce que la audiencia indagatoria es la herramienta procesal establecida en la normativa paraguaya para hacer efectiva la garantía constitucional de comunicación previa y detallada de la imputación (art. 17 inc. 7 CN).

La grave negligencia del Ministerio Público como contralor de la Garantías Constitucionales de ninguna manera puede ser saneada, no sólo por la consiguiente vulneración de las garantías reconocidas por los arts. 46 y 47 CN, sino por el deber impuesto en el art. 41 de su ley orgánica de velar por el cumplimiento de las garantías. El ministerio público prefirió acusar en vez de otorgar un plazo razonable para los descargos, negando así la posibilidad de una adecuada defensa.

El Tribunal de Alzada sostiene que existió una “decisión de no comparecer”a la audiencia de indagatoria, que pretende extraer de la solicitud de una nueva indagatoria. Pero se trata de una interpetación que, además de ser contraria a los derechos de los acusados, omite nuevamente tener en cuenta la notoria negligencia del ministerio público, que de ninguna manera debería ocasionar perjuicios a los acusados. Así, el 9 de mayo de 2005 se realizaron las indagatorias por la omisión de dar aviso de hecho punible, pero recién el 28 de octubre de ese año se amplió la imputación (tras más de cinco meses) y el 4 de noviembre se citaron las nuevas audiencias (que no se realizaron) y se presentó la acusación, cuyo plazo vencía el 6 de noviembre. En lugar de tomarse más de cinco meses para agravar tan sensiblemente las acusaciones e impedir la debida defensa a los imputados, el ministerio público debió haber ampliado las imputaciones con tiempo suficiente para permitirles preparar sus descargos o acudir a otras medidas legales para ampliar el término de acusación.

La negligencia fiscal de ninguna manera puede llevar a la pérdida de derechos por parte de los acusados, como ha sucedido claramente en este proceso.

Asimismo, la Alzada parece sostener la indentidad entre las sucesivas imputaciones y sus platafomas fácticas. Pero se trata de una posutra dogmática, carente de todo sustento en las constancias de autos. El Tribunal de Alzada, al igual que el Tribunal de Mérito, omitió cotejar las conductas descriptas en las sucesivas imputaciones, a pesar de que fue expresamente solicitado y soslayando el fuerte indicio de disparidad que surge del propio reconocimiento del ministerio público con relación a la amplicación de esas conductas.

La conducta incialmente imputada, omisión de dar aviso de hecho punible, estaba vinculada con la presunta realización de una única reunión (el 13 de enero del 2005), donde según la versión acusatoria, habría sido informada la realización de un hecho punible, no comunicado luego a las autoridades. Pero, en cambio, la ampliación modificó absolutamente, la conducta, que pasó a ser calificada como secuestro, homicidio y asociación, a la vez que la plataforma fáctica se transformó en la participación en varias reuniones (15 de agosto de 2004, 12 de setiembre de 2004 y 13 de noviembre de 2004), donde se habría resuelto realizar esos hechos punibles. Esta última plataforma fáctica fue utilizada como base para las condenas.

La disparidad de las sucesivas imputaciones resulta manifiesta, lo mismo que la muy diferente gravedad de unas y otras, por lo que la ausencia de indagatoria en los términos del art. 86 CPP con relación a los hechos ampliados y las nuevas circunstancias impide sostener la identidad de los hechos históricos y demuestra la flagrante violación del art. 350 CPP, que trae aparejada la nulidad de la acusación, al producir un vicio procesal que vulnera la garantía de defensa a través de la violación del principio de congruencia.

Resulta indiscutible que, como consecuencia de la nulidad de la acusación, los sucesivos actos dependientes de ella también resultan ineficaces, incluyendo las sentencias de primera y segunda instancia (arts. 6, 165, 166 y 171 CPP).

Ante la nulidad absoluta que debe ser decretada y la imposibilidad de retrotraer el proceso a etapas tan tempranas y claramente precluidas, sometiendo nuevamente a los imputados al curso casi completo de una causa penal por motivos exclusivamente imputables al Estado, corresponde la inmediata libertad de los acusados y el cese de su persecución penal en este proceso.

            III.5. ERRÓNEA INTERPETACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE CÓMPUTO DE LA PENA, EN VIOLACIÓN DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES.

Es público y notorio que los seis campesinos juzgados en la presente causa fueron detenidos en la República Argentina el 2 de mayo del 2006 con fines de extradición en la provincia de Buenos Aires, partido de Florencio Varela, a petición del Paraguay y que estuvieron detenidos en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal Argentino desde entonces hasta su extradición a la República del Paraguay el 12 de diciembre de 2008.

Al momento de imponer las penas privativas de libertad a estos estos seis acusados, el tribunal omitió considerar el período de más de 2 años y 7 meses que ellos estuvieron privados de libertad en la República Argentina.

La mayoría del Tribunal de Apelaciones sostuvo que: “(…) este tribunal ya tiene el criterio conocido por todas las partes en esta causa, sobre el cómputo del tiempo que los hoy condenados se hallan privados de su libertad, es decir, a partir del 12 de diciembre de 2008, fecha en que, por resolución judicial, se había declarado el cese de rebeldía de los procesados. Es por ello que el cómputo realizado por el Tribunal de Mérito para la determinación del tiempo de compurgamiento de la condena impuesta, es absolutamente correcto, consecuentemente la argumentación ensayada por el recurrente en ese aspecto no puede prosperar, sobre todo si consideramos el argumento del A-quo que nos señala que no existen constancias en autos, que corrobore la situación procesal de los prófugos de la justicia paraguaya, en su estadía en Argentina.” En realidad, se encuentra debidamente acreditado en autos el período de detención en Argentina y, aún en el hipótetico caso de que así no fuese, habría correspondido al Estado dejar constancia de ello, ya que se encuentra en mejor posición para acreditarlo –dado que las detenciones se debieron a su propio accionar internacional-.

“Por lo demás, nuestra Constitución Nacional está por encima de los Tratados, según el art. 137, por ello la redacción del artículo 19 de la misma, en cuanto a la excepcionalidad, no debe leerse solo en cuanto a una limitación de la prisión preventiva; sino también como una posibilidad de extensión de la misma en casos excepcionales. No cabe duda que éste que nos ocupó en esta oportunidad, es un caso excepcional, por las características propias del hecho punible perpetrado, por la gravedad, el contexto social, y sobre todo por el motivo del crimen”. Esta interpretación que la mayoría del Tribunal pretende hacer de la C.N. del Paraguay es una muestra de la manifiesta arbitrariedad que es su materia constitutiva. El carácter excepcional de una medida de restricción de los DD.HH. jamás puede ser interpretado como excusa para aplicarlo a casos en los cuales no sea estrictamente necesaria su aplicación. Mucho más cuando el propio art. 19 C.N. veda esa interpretación.

Asimismo, esta mayoría relativizó el alcance de la normativa internacional en materia de extradición, al sostener que: “El acuerdo sobre la extradición, en principio, son reglas para provocar la repatriación de un procesado, por ello son reglas que se estudian ex ante a que se produzca la extradición. Una vez dispuesta y efectivizada la misma, ya queda a criterio del país requiriente cumplirlas en cuanto sean pertinentes jurídicamente. En este caso, prima la Constitución Nacional antes que esta regla. Por otro lado, el cómputo del plazo de alguna restricción de libertad dispuesta y/o cumplida en el extranjero, debe realizarse toda vez que la Corte Suprema de Justicia de aquél país haya certificado el cumplimiento de la restricción de libertad en aquél país, verificando también el tiempo y el grado de la misma (por ejemplo el arresto domiciliario); lugar donde se efectuó la privación de libertad y el juzgado o autoridad que la dictó. Entonces, si la cuestión es relativa al tiempo de privación de libertad cumplida en Argentina debe ser computado a la pena impuesta en Paraguay, debe cumplir con las siguientes reglas de aplicabilidad: 1) Que no lesione el principio de excepcionalidad de la extensión de privación de libertad (según el caso), en virtud al artículo 19 de la Constitución Nacional, 2) y siempre y cuando dicho término haya sido certificado (verificado) por la Corte Suprema de Justicia del país desde donde fue extraditado.”       Resulta evidente la relativización por la mayoría del Tribunal del valor de los tratados internacionales, a través de una interpretación de mala fe, que atenta contra los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos.

El Tribunal de Apelaciones se aparta notoriamente de las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada el 23 de mayo de 1969, a la que Paraguay adhirió (Ley 289/1971).

El art. 26 de ese instrumento internacional establece expresamente que todos los tratados que se encuentran en vigor obligan a las partes a su cumplimiento y deben ser cumplidos de buena fe; en idéntico sentido, el art. 27 señala que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”, que se refiere a los vicios en el consentimiento de los Estados con relación a la competencia para celebrar tratados.

La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en sus arts. 31 y 32, establece las reglas que rigen la interpetación de todo tratado, de la que no puede apartarse el Tribunal de Alzada, mucho menos en virtud de una interpretación inconstitucional del art. 19 C.N.

Ni el Tratado de Extradición firmado entre la República del Paraguay y la República Argentina el 25 de octubre de 1996 (Ley 1061/97) y el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR ( Ley N° 2753/05), firmado el 10 de diciembre de 1998 contienen manifiestas violaciones al derecho interno paraguayo; mucho menos a su C.N.

El art. 17 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR establece con relación al cómputo de la pena que: “El período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado Parte requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la pena a ser cumplida en el Estado Parte requirente.” Resulta manifiesta la sucesiva violación (por parte del tribunal de juicio y de la Alzada) de las reglas de interpretación de tratados (cuestión sobre la cual me explayaré a continuación) y, asimismo, del principio pro homine, específicamente enunciado en el art. 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Ley 5/92) y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley 1/89).

El acápite 2) del inciso 1 del art. 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que: “Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea denominación particular”. En consecuencia, el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR es un tratado; por ende, las partes están obligadas a cumplirlo de buena fe (art. 26 de la misma Convención sobre el Derecho de los Tratados) y no pueden invocar normas internas para justificar el no cumplimiento del Tratado (art. 27 de dicha Convención).

La obligación de interpretar los tratados conforme a la buena fe impide interpretar el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva en contra de su objetivo protectorio. Pero además, se contrapone a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo art. 30 ordena que: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.” En similar sentido pueden citarse el art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”) y el art. 29  del Pacto de San José de Costa Rica, relativo a las “Normas de Interpretación” (“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”)

A mayor abundamiento, el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” Entre estas garantías procesales se encuentra indudablemente el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, que afecta el derecho a la libertad consagrado en el artículo 3 de esa Declaración.

En el mismo sentido, el Pacto de San José de Costa Rica en el art. 7 establece que: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (…) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. (…)”.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su art. 9 que: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (…) 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.(…).

Este pacto también reconoce expresamente el principio de legalidad en su art. 15: “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. (…)”.

De este plexo normativo internacional, de carácter obligatorio para la República del Paraguay, surge el derecho de toda persona a no ser sometidos a prisión arbitraria, la excepcionalidad de la imposición de la prisión preventiva, la prohibición de imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito y el derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales para que se expidan sobre la legalidad de la prisión preventiva.

Por ende, se debieron haber analizado los argumentos vertidos por la defensa tanto durante el juicio como en el recurso de apelación especial. El Tribunal de Alzada omitió analizar debidamente el cómputo realizado por el Tribunal de Sentencia, cuestión que trató con evidente desprecio por la normativa internacional en materia de DD.HH., de los tratados de extradición e incluso de las reglas sobre interpretación de los tratados internacionales, circunstancias que podrían generar responsabilidad internacional del Estado paraguayo, a pesar del claro mandato del art. 9 del Código de Organización Judicial (Ley 879/81), que obliga a los magistrados a aplicar “la Constitución, los Tratados Internacionales, los Códigos y otras leyes, los decretos, ordenanzas municipales y reglamentos en el orden de prelación enunciado”.

Por los motivos expuestos, corresponde que la Sala Penal anule en este aspecto la resolución recurrida y resuelva en forma directa este agravio, de acuerdo a derecho, computando el plazo de detención en territorio argentino.

            III.6. ERRÓNEA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y JUICIO CONTRADICTORIO ACERCA DE LA INCONGRUENCIA DE LOS HECHOS PRETENDIDAMENTE PROBADOS EN JUICIO

El tribunal se autocontradice, ya que si bien asegura que los hechos no han variado en lo sustancial, en la acusación, en el auto de elevación y la sentencia de mérito (pág. 194 del auto recurrido), reconoce que en el juicio se habría corroborado la existencia de una pretendida votación el 13 de noviembre del 2004 y una relación entre los acusados, Osmar Martínez y las FARC, para finalmente concluir que estos supuestos hechos nuevos no generan una incongruencia porque no hacen variar la identidad de hechos investigados.

Resulta evidente que no es lo mismo recibir información sobre un hecho en una reunión (conducta que conformaba la acusación) que sostener una votación sobre una información recibida en ella, más aún si la participación en la votación lleva a sostener el carácter de coautor en el secuestro. Esta disparidad surge en forma meridiana de la comparación entre el relato del hecho según el auto de elevación a juicio (en su página 16, a fs. 3264 vuelta) y el relato de los hechos pretendidamente probados por el tribunal de mérito, obrante a fs. 498/499 de la SD. 85 de fecha 11 de julio del 2012.

Esta contradicción implica una violación de los artículos 256 de la CN y el artículo 125 del CPP y lleva a la necesidad de casar la sentencia recurrida, conforme lo requerido en los agravios II. 7.1 y II.7.2, por lo que, en virtu de la incongruencia de hechos probados correspondería, en virtud del art. 474 CPP declarar la nulidad de la sentencia de mérito (art. 403 inc.8 CPP) en cuanto a los hechos acusados y probados y, consecuentemente, disponer el reenvío de la causa a otro tribunal de sentencia.

            III.7. FUNDAMENTACIÓN MERAMENTE APARENTE Y AUSENCIA DE CONGRUENCIA CON RELACIÓN A LOS AGRAVIOS II.6.1, II.6.2, II.6.3, II.6.4 y II.6.5 Y DÉCIMO

La fundamentación de las sentencias es una garantía en beneficio de los justiciables, por lo cual se ha consagrado como condición de validez de las resoluciones jurisdiccionales; consiste en la exposición del conjunto de motivos fácticos y jurídicos que llevan a los magistrados a adoptar determinada decisión.

La lectura de la sentencia recurrida ante esta Sala Penal muestra que, en lo sustancial, carece de la debida fundamentación, por lo que, dado que la jurisprudencia sostiene que: “una sentencia definitiva o auto interlocutorio no está fundada cuando acaece sobre ella los vicios de fundamentación aparente, fundamentación incompleta, fundamentación arbitraria o de error en la congruencia que debe existir entre lo que se tiene por probado y el derecho aplicable al caso” (Ac. y Sent. N° 987 del 2013, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia), ésta debe ser anulada.

El Tribunal de Alzada ha omitido mencionar en qué normas jurídicas pretende sustenta sus afirmaciones; esta circunstancia no sólo las priva de sostén jurídico sus afirmaciones, sino que impide conocer qué normativa ha aplicado para alcanzar sus conclusiones y dificulta severamente el control por parte de la defensa técnica acerca de la pertinencia de la aplicación de esas normas.

Asimismo, las argumentaciones del tribunal simplemente reeditan los dichos del tribunal de mérito, sin fundamentar debidamente el rechazo de los vicios invocados por la defensa. Así, por ejemplo, bajo la excusa de que no puede revalorar pruebas ni modificar hechos, el Tribunal omite controlar la logicidad entre las conclusiones del tribunal de mérito y los elementos que tuvo por acreditado, transformando así las reglas de la sana crítica y la logicidad por la íntima convicción.

La defensa, en el agravio II.6.1, planteó la inclusión de un medio de prueba que consideró pertinente y útil al objeto de la discusión y fue conocido con posterioridad a la audiencia preliminar. Frente a este planteo, la Alzada vuelve a negar (sin sustento fáctico ni jurídico, como antes el Tribunal de mérito) la violación al principio de libertad probatoria, que admite cualquier medio de prueba (art.173 CPP), y afirma que no hubo restricción a la búsqueda de la verdad (art.172 CPP).

El Tribunal tampoco respondió al agravio defensista II.6.2, referido a la denegación de un careo, ya que nuevamente señaló que no es su rol: “analizar el mérito de las pruebas, de revalorarlas…”. Tampoco se respondió el agravio II.6.3 relativo al deber del magistrado de recibir las pruebas ofrecidas (art. 330 CPP), reglamentación del derecho constitucional de ofrecer y producir pruebas (art. 17 inc.8), ni a los agravios II.6.4 y II.6.5. Este último, relativo a la violación del principio de inmediación, fue contestado con una respuesta claramente ajena a la cuestión planteada, lo que indudablemente cnstituye una fundamentación aparente que debe ser anulada.

El derecho a prepar la defensa, ofrecer, impugnar y controlar la producción de la prueba ha sido expresamente reconocido, entre otras normas, por el art. 17 inciso 8 C.N., el art. 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 8.2 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El principio de contradicción excede la posibilidad de repreguntar a un testigo en el curso del juicio oral, para abarcar la posibilidad real de ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas, como así también gozar de los medios adecuados para la defensa, en plena igualdad entre las partes.

Contrariamente a lo planteado por el Tribunal de alzada, para analizar las decisiones del Tribunal de Sentencia impugnadas por constituir grave afectación al derecho a la defensa no se requería “analizar el “mérito” de las pruebas, revalorarlas o modificar los hechos en cuya producción”.

Por los motivos aquí invocados, correspondería no sólo anular la sentencia de la Alzada, sino la de la instancia previa, con la consiguiente reposición del juicio por un nuevo tribunal en caso de que no se tuviera por extinguida la acción penal.

            III.8. AUSENCIA DE ANÁLISIS DE LA FALTA DE NEXO CAUSAL ENTE LOS HECHOS PROBADOS, EL RESULTADO ATRIBUIDO Y LOS DELITOS PRETENDIDAMENTE COMETIDOS (HOMICIDIO DOLOSO, AGRAVADO Y SECUESTRO) –agravios III.1.21, III.2.22 y III.3.23-

Aún cuando el Tribunal de Alzada tenga vedada la revaloración de las pruebas (posición que, dada la obligación de cumplir con el doble conforme establecida por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta de discutible convencionalidad, y ha llevado en la República Argentina a la adopción de un amplio criterio en materia de casación penal, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo  “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa”, recurso de hecho, causa N° 1681, resuelta el 20 de septiembre de 2005), resulta indudable su deber de controlar técnicamente la logicidad del proceso de subsunción de acuerdo a los hechos considerados probados en el juicio.

Por ende, el planteo defensista en el sentido de la errónea aplicación del art. 105 inc. 1 y 2 numerales 3, 4 y 6, ante la absoluta ausencia de nexo causal entre las conductas supuestamente probadas en juicio y el resultado atribuido (muerte de Cecilia Cubas Gusinsky, con una serie de agravantes).

En lugar de tratar esta ausencia del nexo causal entre los hechos y conductas probadas y el resultado imputado, la Alzada sostuvo dogmáticamente (con absoluta carencia de sustento de hecho y de derecho) haber encontrado en la sentencia “un eficiente examen de los elementos objetivo y subjetivo de los tipos penales” y que “sobre todo, resulta jurídicamente consistente el estudio elaborado en relación al nexo causal entre el hecho acontecido y la conducta de los hoy condenados” (pg. 196 de la resolución materia de recurso).

Con similar carencia de argumentación y de análisis concreto de los planteos formulados por la defensa, la Alzada valida la aplicación de los agravantes del homicidio, como así también el tipo penal de secuestro, a pesar de la inexistencia de elementos objetivos y subjetivos probados en juicio con relación a estos delitos.

Estas graves carencias de la sentencia de alzada hacen necesaria su anulación y el consiguiente reenvío a un nuevo Tribunal de Apelaciones, en virtud del art. 473 CPP.

 

            III.9. OTRAS VIOLACIONES DEL DERECHO A SER OÍDO (en el marco del recurso de apelación)

La sentencia recurrida por vía de casación ha omitido responder a un gran número de agravios. En este amicus ya se ha hecho referencia a otro aspecto de este derecho (la posibilidad de comparecer personalmente para efectuar el descargo, tras tomar conocimiento de los hechos imputados).

Pero ahora se tratará otra de las consecuencias de este derecho: la obligación de los magistrados de tener en cuenta los planteos formulados por las personas acusadas. De otra manera, el derecho a ser oído (que en realidad, debería ser llamado “derecho a ser escuchado”) se transformaría en una mera formalidad y no en la garantía de que la versión de los hechos y el derecho por parte del defendido sea debidamente considerada.

Entre los agravios de la apelación especial cuyo análisis fue totalmente omitido o que fueron rechazados con fundamentos meramente aparentes, dogmáticos y carentes tanto de sustento real en derecho como de aplicación concreta en la causa, pueden enumerarse los siguientes:

Agravios II.2 y II.5: La defensa planteó la redacción anticipada de la sentencia (agravio II.2), vicio que el Tribunal de Alzada descartó, considerando que las reiteradas pruebas en ese sentido que aparecían en las actas del juicio eran meros errores de redacción o deslices gramaticales, presumiendo entonces que la sentencia no se redactó al mismo tiempo que se desarrollaba el juicio. Este agravio resulta particularmente relevante, dado que si los jueces intervinientes ya tenían una resolución tomada sobre la sentencia antes de que terminara el juicio, éste habría sido una mera formalidad para disimular una condena fruto del prejuzgamiento. No habría existido un verdadero contradictorio, ya que los jueces ya habían tomado decisión acerca del valor de las pruebas e incluso sobre la pretendida culpabilidad de los enjuiciados. A pesar de la violación del art. 399 CPP, alcanzada por la nulidad conforme lo dispuesto por el art. 165 CPP. Esta circunstancia se entrelaza con el agravio II.5, relativo a la la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal de juicio, rechazado por “obstinada” y  “totalmente absurdo e insustancial”, sin aclaración de por qué motivo la Alzada lo califica de esa manera y sin que esa (des)calificación pueda justificar la total ausencia de fundamentos del rechazo.

Agravio II.4: Con relación a la insuficiente fundamentación sobre la vigencia de la acción, el Tribunal de Alzada reeditó lo planteado por el Tribunal de mérito, sin justificar cómo, un proceso en el que habían transcurrido ya cinco años y nueve meses, sin sentencia firme, desde el levantamiento de las rebeldías, no se había extinguido cuando que el art. 136 CPP, en el supuesto de sentencia condenatoria, establece un límite de cinco años de proceso, pasado el cual corresponde su extinción si no se hubiera obtenido cosa juzgada material.

Agravio II.7.10: Los cuestionamientos referidos a las medidas de seguridad fueron tratados con afirmaciones vacías y sin sustento jurídico, negando en forma dogmática la existencia de  una contradicción en la sentencia de mérito, lo cual convierte a su sentencia en infundada; la imposibilidad de rebatir argumentos no esgrimidos en la sentencia atenta contra la garantía de defensa en juicio.

Agravio III.4.24: La sentencia condenatoria afirma que los acusados tenían el dominio sobre la producción de la muerte o la privación de libertad o pedido de rescate de Cecilia Cubas, que funda la coatoría que les fue endilgada, a pesar de que ninguno de los hechos probados permite tal aseveración. Este agravio fue totalmente omitido).

Agravio 26: La sentencia recurrida condenó a los seis campesinos a penas que por su duración resultan claramente inhumanas y contrarias al principio de resocialización. Por ejemplo, en el caso de Arístides Vera Silguero, la imposición de la pena de 25 años de condena más otros 10 de medidas de seguridad impedirían toda posibilidad real de reinserción social y se transfomaría en una condena perpetua apenas disimulada; la omisión de considerar los años de prisión en la Argentina a solicitud del Estado Paraguayo hace aún más grave esta situación. Este agravio tampoco mereció tratamiento alguno, lo que priva de congruencia a la resolución de alzada cuya casación solicito.

Por sí solo, cada uno de estos agravios, ignorados en contra de los dispuesto por el derecho internacional de los DD.HH., trae aparejada como consecuencia la nulidad total o parcial de la sentencia recurrida.

  1. PETITORIO

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, a V.E. solicito que:

  1. ADMITA este escrito, presentado en calidad de Amicus Curiae en la Causa N° 10512/04 “ANASTACIO MIERES BURGOS Y OTROS S/ SECUESTRO Y OTROS” y disponga su incorporación al expediente conforme la Acordada Nº 497/2007.
  2. TENGA presente para el momento procesal oportuno las opiniones vertidas en defensa del interés público.

Tener presente y proveer de conformidad que

SERÁ JUSTICIA

[1] Caso García Asto y Ramírez Rojas, párr. 128.

[2] García Asto, párr. 105 y 106; Acosta Calderón, párr. 75, y Tibi, párr. 180

[3] Último párrafo del Art 1 de la ley citada que modifica el Art. 245 del Código Procesal Penal.1463200_10202441521989205_311286736_n

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