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En el día de ayer se realizo la presentación ante la Corte Suprema, acordada en las últimas reunionna15fo01es para impulsar la lucha contra la impunidad, una realizada en la Unidad Fiscal de Crímenes de Estado y la otra el Encuentro Nacional de Abogados​

La Liga que fue parte de las dos reuniones y de la movilización de ayer, reafirma su propuesta de volver a las calles como instrumento principal en la lucha por hacer avanzar los Juicios contra todos los Genocidas, incluidos los poderosos empresarios que siguen ejerciendo un Poder descomunal en la Argentina, como los dueños de Acindar, la Ford, Mercedes Benz, Ledesma, La Nueva Provincia y otros

en el marco de estas acciones, una delegación de la dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se entrevistó con Ariel Cejas de la Procuración Penitenciaria Nacional y con Emiliano Blanco director del Servicio Penitenciario Federal a fin de llevar el reclamo sobre la situación excepcional de los presos por delitos de Terrorismo de Estado, que como ha denunciado el Dr. Barcesat a nombre del Juez Rosanzky, han montado un aparato terrorista desde la Cárcel de Marcos Paz; también estuvimos con la presidenta del Consejo de la Magistratura, Dra. Gabriela Vazquez a fin de interiorizarnos de la marcha de diversas denuncias de la Liga contra Magistrados, entre la que destaca la causa contra el Juez Montesanti, ex Personal Civil de Inteligencia de probados vínculos con la Triple A y la Jefatura del V Cuerpo de Ejercito durante la dictadura

con el mismo propósito, este lunes 18 de mayo estuvimos en San Justo para acompañar el reclamo contra las amenazas al compañero Pablo Pimentel y la Apdh La Matanza y el martes 19 fuimos a La Plata al acto realizado en la Legislatura de la Pcia de Buenos Aires en solidaridad con el Juez Rosanzky, sus familiares y colaboradores.    Que se amenace a un luchador por los ddhh como Pimentel y a un juez federal que interviene en causas contra genocidas, da cuenta del estado de impunidad que cuentan las bandas que en su momento desaparecieron a Julio López y asesinaron a Luciano Arruga

la lucha contra la impunidad no es un problema del pasado sino del presente más exigente; la lucha por los derechos humanos sigue convocando a movilizarnos y luchar sin vacilaciones ni concesiones de ningún tipo.

reproducimos la nota de Pagina 12 y nuestra propuesta a la reunión nacional de abogados

gracias por difundir

EL PAIS › ABOGADOS DE JUICIOS DE DERECHOS HUMANOS ENTREGARON UN PETITORIO ANTE LA CORTE SUPREMA

Un reclamo de autocrítica en tribunales

El documento repudia las resoluciones que obstaculizan el juzgamiento a responsables civiles del terrorismo de Estado. Y exige “una profunda” revisión del rol de jueces y funcionarios del Poder Judicial durante la última dictadura. Incidentes en la Corte.

 Por Alejandra Dandan

El cartel peregrino de los juicios a las empresas cómplices de la dictadura esta vez se detuvo en la plaza Lavalle. A las doce y media abogados y abogadas de las causas de lesa humanidad se concentraron para entregar un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El documento repudia las últimas resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento a los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El texto lleva unas 60 firmas de abogados, y está acompañado por firmas de víctimas, querellantes y organizaciones sociales y políticas. También expresa una vuelta simbólica a la calle, un terreno que permite sacar afuera lo que sucede en los tribunales. Los y las abogadas dejaron el texto en la Mesa de Entradas y cuando intentaron pedir una entrevista con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, les salieron al encuentro custodios de la Secretaría General de la Corte.

“Estamos en un punto de inflexión que considero que está poniendo en peligro la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, explicó Hugo Cañón, ex fiscal e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. “Hay un juego de pinzas realizado por los grupos de poder real, me refiero al poder económico, el poder periodístico monopólico y también sectores de la Iglesia que pueden aparecer involucrados y desde ese lugar se busca una vuelta de página para cerrar la historia por caminos diversos, desde una ley de amnistía o terminación de los juicios. Y creo que esto hay que replantearlo porque es una política de Estado que debe darse permanentemente.”

Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad, escuchaba al lado. “A la luz de la última reunión de abogados, se vio una preocupación creciente a raíz de los últimos fallos –dijo–. Sobre todo el fallo de Casación por (el dueño del Ingenio Ledesma Carlos) Blaquier, Papel Prensa, el caso (del director del diario La Nueva Provincia, Vicente) Massot, lo que nos está pasando en Bahía Blanca”, señaló en relación con la decisión de la Justicia local que primero fue contra el juez que abrió el camino para dar los primeros pasos en esa causa que investiga el asesinato de dos trabajadores del diario Nueva Provincia y ahora cuestiona la legitimidad de los fiscales. “Esto formó parte de la agenda de la última reunión de abogados y creo que es legítimo extender a la Corte esta preocupación, que es el lugar al que tenemos que acudir. Las únicas herramientas que hay es golpear las puertas a cada agencia que tiene responsabilidad para asegurar esto que el propio presidente de la Corte dijo que es política de Estado y no tiene vuelta atrás. Si esto es así, es legítimo que los organismos, los abogados que advierten este cambio de escenario, vayan a la Corte a instalar esta preocupación y comprometerlos en su propio discurso.”

El cartel tenía los nombres iconos de algunas de estas demandas. Mercedes Benz, Ford, Astilleros Astarsa. Entre los que se acercaron hubo ex trabajadores de las empresas, víctimas de los secuestros. Estuvo Beinuz Szmukler, titular de la Asociación Argentina de Juristas, que señaló “que se han prendido las alarmas”. También acompañaron Elizabeth Gómez Alcorta, del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia; Carolina Varsky de la Procuración; Ana Oberlín y Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Eduardo Tavani y Victorio Paulón, entre los muchos de la CTA, Genoveva Ares, de la Comisión del Vesubio, Mirta Mántaras, Pablo Llonto, Adriana Taboada y Graciela Rosenblum, Pedro Dinani y José Schulman por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“Los últimos fallos más resonantes, prácticamente la liberación de culpas de personajes siniestros como Massot, Blaquier, la muerte impune de Alcides López Aufranc, muestra la persistencia de una cultura represora que viene de lejos pero se potenció durante el terrorismo de Estado. Creo que durante un tiempo la presión del movimiento popular y la carga del gobierno nacional crearon un clima social que obligó a un Poder Judicial siempre remiso a avanzar en los juicios. Creo que hoy hay una combinación de cambio de humor social y de llegar a un límite en que el poder no admite para nada superarlo. Eso hace que volver a la calle sea el camino jurídico más inteligente que tengamos”, dijo Schulman.

El documento tiene dos partes. La primera vincula el freno a este tipo de juicios con la morfología que persiste en el sistema de justicia. “Impugnamos –dice–, con igual fuerza, a los sectores reaccionarios y antidemocráticos enquistados en el Poder Judicial que intentan frenar el juzgamiento de esos crímenes.” Y exige a la Corte Suprema, “una profunda autocrítica del rol cumplido por los jueces y funcionarios del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, muchos de los cuales nada investigaron y sólo se limitaron a rechazar los miles de hábeas corpus que inundaban los tribunales del país en ese período”.

La segunda parte es programática. La autocrítica debe incluir, señalaron: pedido de perdón y “una investigación sobre el rol del Poder Judicial en la dictadura que concluya en un documento y la identificación de quienes con sus fallos impidieron las investigaciones de los crímenes y ahora alientan la impunidad mediante injustificados dictados de falta de mérito, son reticentes a llamar a indagatoria, requieren de estándares probatorios diferenciales e imponen trabas procesales que imposibilitan el debido juzgamiento de los estamentos del poder económico, judicial, mediático y eclesiástico, que contribuyeron y se beneficiaron con los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas de miles de hombres, mujeres y niños”.

Este último párrafo es un resumen exacto de lo que sucede con las causas. En un documento adjunto, la presentación recuerda que hay 57 integrantes del Poder Judicial investigados en la Justicia, entre ellos jueces, secretarios de juzgados, asesores de menores y fiscales de los cuales 23 están con procesamientos.

Con los papeles en la mano, la cosa siguió en procesión hacia el Palacio. Los abogados intentaron dejar el documento en la Mesa de Entradas planta baja. No los dejaron. Los mandaron al cuarto piso, uno por escalera. Subieron todos. En el estrecho pasillo, cuyas salidas dan a los suntuosos patios de la Corte, les salieron al encuentro tres enormes custodios, de traje de buen corte.

–Yo voy a ir a hablar con el secretario de la Corte –dijo uno–; pero a todos no los va a recibir. Yo les pediría que bajen y se organicen en la planta baja, este lugar está restringido.

–¿¿¡Pero este no es un espacio público!?? –preguntó uno.

–No, y no puede estar acá.

–Perfecto –dijo Mántaras–: que entre el grupo y esperamos acá.

–¡¡Acá no se puede, señora!! –dijeron y se sumaron dos policías.

–¡Es el Palacio de Justicia! –dijo Tavani– ¡Es la primera vez que me entero que es un espacio restringido!

–Esto es por una disposición nueva del doctor Lorenzetti.

En esa Corte, ahora, custodiada como si fuera un signo de los tiempos, los y las abogadas finalmente lograron que un secretario los atendiera. Un grupo entró. Otro bajó. Los que quedaron arriba pidieron la entrevista con Lorenzetti.

Ponencia de la Liga al Encuentro de Abogados del 24 y 25 de abril en Buenos Aires: la “impunidad biológica”, la “impunidad del Poder Económico” y la “impunidad de los condenados” nos lleva a proponer como camino principal de resistencia ganar las calles y movilizar el pueblo contra los impunidores y defensores del olvido

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre lleva setenta y siete años de vida de lucha contra el autoritarismo y la discriminación, contra la represión y la negación del acceso pleno y universal de los derechos del hombre.   Llevamos tantos años de lucha que cuando nacimos ni siquiera se llamaban derechos humanos a la defensa de los presos políticos, la resistencia al avance del pensamiento y la política fascista, racista y macartista o el sometimiento de argentinos a condiciones indignas de la humanidad y de los derechos proclamados en la Constitución de 1853. Transformamos nuestro compromiso histórico en acciones y conductas institucionales que nos han llevado a ser reconocido como querellantes en más de sesenta causas y a ejercer ese rol, de manera directa o como parte de querellas unificadas y colectivas, de buena parte de los juicios orales realizados hasta la fecha.  Hoy mismo nos preparamos para alegar en la Causa Esma y en la Causa Circuito Oeste del Gran Buenos Aires.  No es la nuestra una opinión especulativa sino el resultado de la reflexión sobre nuestra propia práctica profesional y  la de los familiares de las víctimas y compañeros sobrevivientes del terrorismo de Estado que han aportado generosamente su testimonio e investigaciones para el éxito de los juicios en curso; y queremos decirle -que no importa los problemas y falencias que observemos en los juicios- lo seguiremos haciendo.

Como hemos dicho más de una vez, valoramos los juicios contra el Terrorismo de Estado por muchas razones: por ser la vez primera que un genocidio se juzga en la Argentina, y no es el primero que sufrimos; por constituir el proceso judicial en curso ejemplo y estimulo para la lucha de los pueblos de Nuestra América contra la impunidad y el olvido; porque los juicios terminados, y algunas de las condenas, han estimulado el proceso de Memoria y Verdad que hemos sostenido desde nuestro nacimiento como fuerza y porque los juicios han golpeado esa verdad de Perogrullo que a los poderosos nunca se los puede condenar porque la Ley está de su lado.

Pero hoy venimos a reafirmar algo que también hemos afirmado infinidad de veces: así no hay justicia plena ni verdadera; por el camino que transita el Poder Judicial no solo que no lograremos el objetivo de juzgar a todos los represores y esclarecer la situación de todos los compañeros, sino que quedará fuera del objeto procesal, del banquillo de los acusados y de la condena judicial el grupo social, con centralidad en el Poder Económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del Genocidio lo que hace imprescindible y urgente la intervención de la Corte Suprema para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos construidos en los largos años de lucha contra la impunidad y asumidos como propios por la propia Corte Suprema.

Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino el fruto del trabajo de los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos. Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el objeto procesal (plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU.) y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales.  Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida.  La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones que exceden lo jurídico; como en el caso de las decisiones judiciales que de manera escandalosa favorecieron al Ingeniero Blaquier del Grupo Ledesma, a Massot de la Nueva Provincia y a los acusados de la apropiación de Papel Prensa.

Creemos que el obstáculo principal para lograr justicia radica en la mirada dogmática que el Poder Judicial sostiene sobre estos juicios fingiendo que el Estado en su conjunto, y la responsabilidad del propio Poder Judicial en esto es insalvable, no ha intervenido por medio extra judiciales para sostener la impunidad de los genocidas.  La negativa del Tribunal Oral que intervenía en el juicio por algunos de los delitos cometidos en la Esma a tomar medidas para recuperar los archivos micro filmados que el represor Acosta afirma que estaban en alguna oficina  de esa fuerza, da cuenta de la mirada supuestamente “neutral” pero positivamente comprometida con la impunidad.

Muchas veces, se hace de la llamada “normalidad procesal” una excusa para beneficiar los represores ignorando que los juicios se hacen porque estos son delitos de lesa humanidad cuya impunidad fue sostenida por el Estado durante más de treinta años.

Nos preocupa también la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos Jefes y cabeza de la cadena de mandos, mientras se alargan las prisiones preventivas para decenas de represores que al no llegar a la instancia del juicio, reclaman su libertad en función de las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica comenzando un lento, casi imperceptible pero peligroso “chorreo” de represores que se escurren de las cárceles sin juicio ni castigo por directa responsabilidad del Poder Judicial  a quien le corresponde controlar y hacer cumplir la promesa de atacar la impunidad.  Resulta, en este plano, incomprensible e inaceptable, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se puedan habilitar otras salas que las que funcionan en el edificio de Comodoro Py generando la insólita situación de que los juicios se hacen por “turnos” apelando a una grilla de horarios que combinan dos o más juicios en una misma sala.  Si no fuera dramático, hasta sería cómico. Por este camino, el carácter “público” de los juicios se ha ido deteriorando y con ello, la función pedagógica democrática que deben jugar. Es necesario revisar la disposición que limita la televisación directa de los testimonios de los compañeros y desplegar una enérgica política de difusión de los juicios que no se puede agotar en la interesante labor que se lleva adelante desde la pagina web.

En demasiados juicios orales los imputados gozan de una detención domiciliaria que remite a una supuesta “presunción de inocencia” que no es tal dado que los terroristas (los únicos y verdaderos terroristas que hay entre nosotros, los terroristas de Estado) cuya responsabilidad en el plan de exterminio, en algunos casos, está probada desde inicios de los ’80, han esquivado el Juicio y Castigo por la intervención del Estado que ahora simula equidistancia, generando en los testigos, abogados y militantes de las fuerzas que impulsan el Juicio al Terrorismo de Estado la incomodidad de convivir en la misma ciudad, transitar por los mismos lugares o acaso tomar los mismos medios colectivos de transporte que sus verdugos.  Que el 40% de los represores “privados de su libertad”, la cumpla en su domicilio agravia a las victimas, a la sociedad y nos agravia puntualmente como luchadores contra el Olvido y la Impunidad.  La primera medida en cuanto a la protección de los testigos, asumida como cuestión de Estado desde el fallo en la Causa 13 de 1984, radica en poner tras las rejas a quienes cometieron los crímenes más horrendos de la historia nacional.  Aquí también falta la intervención la palabra y la acción de la Corte Suprema para terminar con una situación que victimiza otra vez a  quienes se busca reparar con estos juicios.

Y volvemos a reclamar la aparición con vida de Julio López, no solo para reclamar contra la impunidad que gozan sus desaparecedores sino para hacer visible que la desaparición de Julio López ocultó el reclamo que se inscribió en aquella sentencia de que para juzgar el Genocidio hacía falta un debate que permitiera construir una estrategia estatal unificada de investigación, instrucción y juzgamiento.

El tiempo transcurrido desde el inicio y/o reapertura de los juicios nos afirman en la convicción que sigue haciendo falta una estrategia estatal unificada que ponga el norte en la condena de los genocidas y desarme la estrategia jurídica de impunidad que se nos viene imponiendo: prisiones domiciliarias para los pocos condenados (algunos más de una vez), dispersión de las causas en infinitas investigaciones aisladas que no solo demoran el proceso sino que generan la falsa imagen de un conjunto de hechos aislados, lo que a su vez fortalece la tendencia a ignorar el verdadero objeto procesal y a sostener la “normalidad procesal” como el principal instrumento de impunidad jurídica a desmontar y la casi nula actividad judicial para investigar los cientos y miles de denuncias que se vuelcan en los juicios, no solo sobre la responsabilidad individual de militares, policías, médicos, jueces, periodistas u directores de cementerios, sino sobre la responsabilidad del Poder Económico que sigue gozando de la más plena y rigurosa impunidad.

Luego de tantos años de juicios y de tantos pedidos a la Corte Suprema, el Poder Legislativo y el Poder Judicial estamos convencidos que es hora de volver al espacio que nos permitió romper la impunidad de Alfonsín y Menem que no es otro que el de la lucha de calles de todas y de todos los comprometidos con esta lucha, sin exclusiones ni intentos de apropiaciones sectarias y/o partidarias de modo tal que al mostrar un bloque unido podamos salir a la reconquista de amplios sectores sociales que en su momento apoyaron la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia y que hoy deben volver a ser la fuerza fundamental de este movimiento histórico que ha demostrado mas de una vez su capacidad para superar las barreras y limites que más de uno nos ha pretendido imponer

Esa es entonces nuestra principal y única propuesta jurídica: convocar en cada ciudad de nuestro país donde se llevan adelante investigaciones judiciales sobre el Terrorismo de Estado a un acto publico de inicio de una campaña contra la impunidad que vuelva a poner la necesidad histórica de Juicio y Castigo a Todos los Culpables en el centro de la agenda social y popular.

Y cuando decimos todos, decimos todos.

Cuando decimos todos decimos Blaquier y el directorio de Acindar pero también decimos el Gral. Milani cuyo caso ha vuelto a dividir la sociedad argentina entre quienes le creemos a los compañeros y quienes le creen a los represores y genocidas, como ocurre desde 1983.

La verdad del testimonio de nuestros compañeros nos ha traído hasta aquí y la verdad de todos nos llevará a la conquista de los objetivos comunes.

Colectivo de abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que actúan en los juicios contra los genocidas

Gabriel Coria, Oliver Reboursin,  Sabrina Dentone Carlos Zamorano Rosa Herrera Hugo Mir Hector Trajtemberg, Pedro Dinani Walter Brisio del area Metropolitana,

Guadalupe Godoy (La Plata) ,

Ataliva Dinani (Chaco), ,

Luis Zapiola de  Formosa,

Jorge Brioso de Armas y Walter Brisio (San Martín),

Martín Livolti (Rosario),

Marisa Reinoso (La Rioja),

Ramona Gomez (Misiones), 

Carina Salvay (La Pampa),

Marcelo Boykens  (Entre Ríos),

Julio Cesar Martínez, César Teaux  y Eduardo Martín (Córdoba)

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