La Liga Argentina por los Derechos del Hombre advierte sobre el incremento de provocaciones, amenazas y atentados contra luchadores por los derechos humanos en la Argentina

 

En los últimos días una oleada de amenazas, provocaciones y atentados se ha desplomado sobre la militancia por los derechos humanos y sobre alguno de los sitios más simbólicos de la Memoria del Terrorismo de Estado.

En un rápido repaso recibió amenazas el compañero Alberto Rodríguez, militante de la Liga y testigo en la causa Triple A de Bahía Blanca; se produjeron varios llamados diciendo que habían colocado bombas en el predio de la Ex Esma, hoy Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos; casi en simultaneo con la renuncia del General Milani –  quien en su despedida oficial, delante del Ministro de Defensa y el nuevo jefe que asumió en ropa de fajina- pasaron una marcha militar en el teléfono de la casa de la madre de la abogada de la familia Ledo, la compañera María Isabel Reinoso; pocos días después de la condena a uno de los policías que torturó a Luciano Arruga, quemaron el auto de su hermana, la compañera Vanesa Orietta.

Antes, un Juez Federal de la Nación, el Dr. Carlos Rosanzky, había denunciado ante la Corte Suprema que el varias veces condenado a perpetua en Cárcel Común, Miguel Echecolatz, utiliza el pabellón de detenidos por delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz para organizar una red terrorista dedicada a amenazar a integrantes del juzgado y sus familiares.

A este listado de gravísimos hechos, ninguno de ellos esclarecido plenamente y algunos ni siquiera receptados por la prensa comercial, debemos sumar lo declarado por el “Tigre” Acosta, ex Jefe del Centro Clandestino que funcionaba en la Esma durante la dictadura, quien en la audiencia del día jueves pasado, 25 de junio por la mañana, acusó a esta institución, el primer organismo de derechos humanos de la Argentina y América Latina, de “fabricar” falsos testimonios con los que se los inculpa injustamente y de haber sido la introductora de la ideología subversiva en la Argentina.  También acusó a dos reconocidos militantes populares, Víctor Basterra y José Schulman, varias veces testigos y querellantes en juicios de lesa humanidad,  de convocar desde la radio La Retaguardia a la movilización popular para “imponer” al tribunal oral, con violencia si fuera necesario, la condena al grupo de represores de la Esma en uno de los juicios orales más importantes de este periodo histórico.  Podría pensarse que son delirios de un genocida ya condenado, pero Acosta ordena y potencia el discurso que todos los represores balbucean en cada juicio oral y que distinguidos editorialistas de La Nación reproducen de vez en cuando: “no son juicios, son ajusticiamientos populares impulsados por subversivos con animo de venganza”.

No es bueno subestimar a gente como Acosta que supo comandar nada menos que uno de los Centros de Exterminio más perversos de la dictadura.

Nada de lo que aquí decimos es nuevo, ni nada es secreto pero desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre venimos a decir que es indudable la trama de relaciones que hay entre estos hechos y la ausencia de una respuesta condigna desde las agencias estatales que observan pasivamente esta sucesión de graves violaciones a los derechos humanos sin reaccionar como corresponde.

El discurso de Acosta revela que la denuncia del Juez Rosanzky es verdadera: desde  el penal de Marcos Paz se traman provocaciones y amenazas; y no sabemos cuántas cosas más.  Nunca se investigó a fondo la pista que conectaba a Echecolatz con la desaparición forzada de Julio López que, recordamos, sigue impune a casi nueve años de producida.   Hay una primer línea de acción que es terminar con las condiciones de privilegio del que gozan cientos de represores privados de su libertad pero parece que no de su capacidad de seguir atacando al movimiento popular.  Es responsabilidad de la Dirección del Servicio Penitenciario Federal terminar con esta situación anómala y francamente peligrosa para todos.

La decisión de la Cámara Federal de Tucumán de apartar al fiscal Gustavo Gómez, por presunta “perdida de objetividad”, a pedido de la Defensa aportada al General Milani por el Ministerio Público de Defensa; pedido que han repetido en el Juicio Esma con lo que al menos han demorado el inicio de los alegatos, muestra la complicidad de un sector mayoritario del Poder Judicial con la impunidad histórica y la impunidad de nuestros días.  Es imperativo avanzar en una verdadera reforma judicial, apoyada en el debate popular y que no busque cambiar protegidos ni protectores.  Impunidad para nadie es la consigna.

Es necesaria la unidad más amplia de todas y todos los que no aceptamos el uso de las operaciones de inteligencia y mucho menos las amenazas y atentados en una sociedad que ha dicho más de una vez Nunca Más.   Por nuestra parte renovamos nuestro compromiso de luchar contra todas las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.  Esperamos de todos los poderes del Estado que se pongan a la altura del desafío que hoy la democracia argentina recibe

Dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombredescarga

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