En la reunión de organismos convocada por las nuevas autoridades de Justicia y DDHH, la Liga reclamó por la derogación de la Ley Antiterrorista, la desmilitarización del Serv. Penit. Federal, el descalamiento de la ofensiva represora y punitivista, Nunca Más a la tortura y la defensa irrestricta del proceso de Memoria Verdad y Justicia

En el día de hoy, convocados por el Ministerio de Justicia y DDHH y la Secretaría de DDHH de la Nación se realizó en la nueva sede de la Secretaría en la ex Esma una amplia reunión de organismos con los nuevos funcionarios. En ella, la delegación de la Liga integrada por José Schulman y Olivier Reboursin, leyeron y entregaron el siguiente documento

 

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2015

 

 

Convocados a un encuentro para el día de hoy, 14 de diciembre de 2015, la dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha considerado necesario hacerles llegar por escrito algunas de nuestras propuestas para que el acceso universal y el disfrute pleno de algunos de los derechos humanos fundamentales sea realidad en nuestro país.

En primer lugar consideramos necesario y perentorio que el Poder Ejecutivo eleve un proyecto de ley para derogar la Ley 26734 del año 2011 conocida como Ley Antiterrorista por estar inspirada en la misma doctrina violatoria de los derechos humanos que propició el Acta Patriótica del 2001 sancionada por el gobierno de los EE.UU. como fundamento ideológico de una supuesta guerra antiterrorista que ha terminado colapsando el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos en los propios Estados Unidos de América, propiciando una oleada de intolerancia y discriminación en Europa y todo el mundo, con nulo o escaso efecto práctico como los últimos atentados del autodenominado Estado Islámico lo demuestran.

En segundo  lugar es imperioso desmilitarizar todo lo que se pueda desmilitarizar en la vida argentina: a) el Servicio Penitenciario Federal que arrastra doctrina y prácticas violatorias a los derechos humanos desde la dictadura militar y cuyos patrones  de conducta han sido calificados innumerables veces como incompatibles con los supuestos fines de rehabilitación social que la Constitución Nacional adjudica al sistema penitenciario; b) las labores tendientes a prevenir y castigar el delito que ha llevado a la virtual ocupación de vastas porciones del territorio nacional, casualmente aquellas regiones donde habitan los pobres, los migrantes de los países vecinos y las zonas cercanas a las explotaciones de minería abierta, por parte de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional, la Policía Federal y las diversas fuerzas policiales provinciales; especial importancia adquiere la necesidad de desmilitarizar el combate contra las mafias que trafican con drogas y que articulan la red de sometimiento a esclavitud para fines de prostitución o trabajo esclavo de niñas y niños, adolescentes y mujeres.  En este punto creemos necesario que el gobierno nacional descarte el preacuerdo firmado por el anterior Ministro de Defensa con el Estado de Israel sobre la provisión de aviones de combate en cumplimiento de cientos de resoluciones de condena al Estado de Israel por la violación de los derechos humanos de la población palestina, la cual está sometida a una ocupación militar prolongada y causante de miles de presos políticos y cientos de muertes por acción u omisión de las fuerzas de ocupación.

En tercer lugar, y en la misma lógica de lo expuesto más arriba, consideramos imprescindible desescalar el crecimiento exponencial que vienen teniendo las fuerzas policiales de todo tipo así como asegurar que se termine de una vez por todas con las labores de espionaje sobre el movimiento popular desde la perspectiva que la organización, movilización y reclamo social es el motor de la conquista, acceso y defensa de los derechos humanos por lo que de ninguna manera puede ser reprimido, descalificado o estigmatizado de manera alguna.  Contra las políticas punitivistas y la escalada de penas y de políticas de privación de libertad para las personas, reclamamos la exploración de modos de justicia no punitiva, como las basadas en el compromiso individual y colectivo en la lucha contra el delito por medio de planes de organización y educación popular.

En cuarto lugar, el Estado Nacional debe promover a su interior un rotundo NUNCA MAS a la tortura en sede policial, penitenciaria o lugares de encierro para personas con problemas de salud psíquica, en ese camino debe ponerse en marcha de una vez por todas el Instrumento de aplicación de la Convención Nacional contra la Tortura que de lugar a un vasto mecanismo de control popular del accionar de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Por último pero no por ello de menor importancia creemos imprescindible mantener el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el que venimos luchando desde el mismo momento que comenzó el Terrorismo de Estado a fines del gobierno de Isabel Perón y López Rega. Condenamos severamente y exigimos el retiro de la puesta en la galería virtual de la Presidencia de la Nación de ex presidentes, de las fotos de los dictadores militares de nuestra historia, en un vano intento por equiparar presidentes constitucionales con usurpadores golpistas.

Requerimos sostener el acompañamiento del Estado al proceso de juicios contra los perpetradores del Genocidio argentino, que tiene hoy un punto de prueba en el respaldo a la labor de la Procuración General de la Nación cuya continuidad debe asegurarse por motivos republicanos (simplemente se trata de cumplir la ley) y políticos ya que la actual titular de la Procuración General de la Nación ha manifestado y demostrado compromiso con la labor judicial de búsqueda de la verdad y el castigo a los terroristas de estado.

Nos pronunciamos por el mantenimiento de todas las políticas de memoria y reparación y particularmente sobre el tema de la gestión de los espacios de memoria creemos necesario recuperar, con dimensión nacional, la experiencia exitosa de creación de un espacio de gestión de políticas publicas de memoria por el camino de la convergencia y el consenso de diversos organismos de derechos humanos y el estado en sus diversas formas de existencia que representó el Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Con la expectativa puesta en que consideren estas primeras propuestas como el sincero aporte de un organismo que se acerca al cumplimiento de setenta y ocho años de vida ininterrumpida, vividas siempre desde la autonomía que prometemos mantener de modo tal que nos permita reclamar al Estado el cumplimiento de sus deberes para el acceso universal o la no violación de los derechos humanos así como acompañar y apoyar toda acción que vaya en la dirección de asegurar los derechos humanos, en su perspectiva de integralidad inescindible, nos despedimos de Uds. con la mayor de las distinciones

 

 

  1. Hacemos constar que el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, en la persona de su coordinador nacional pastor Arturo Blateski, comparte y hace propio el presente documento
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