Sobre la restitución del “derecho” policial a pedir documentos y detener sin orden judicial

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Contra la restitución de las capacidades represivas de la Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires!

Repudio de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y llamado a resistir en unidad de todas las fuerzas democráticas y populares

 

Con la autoridad que le otorgan 78 años de lucha ininterrumpida por la vigencia de los Derechos Humanos y Libertades Públicas en el país, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expresa mediante el presente su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar siquiera sospecha alguna, recuperando el derecho de Control Social casi ilimitado que había perdido en los últimos años.

La infame medida, se inscribe sin lugar a dudas en el “cambio” operado a partir de la elección de las nuevas autoridades gubernamentales e implica un brutal retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos, estos últimos, verdaderas conquistas frente al poder discrecional del Estado, contra el que nuestra organización siempre ha  luchado consecuentemente desde su fundación.

La Liga que a lo largo de sus casi 80 años de vida ha denunciado y combatido a la “Sección Especial” en la década del 30, a la SIDE, la DIPA y la DIPBA en tiempos de gobiernos constitucionales restringidos por los poderes fácticos corporativos-militares, a las leyes proscriptivas de las ideas políticas y los movimientos sociales tales como el Decreto 4.161 antiperonista y la “ley” 17.401 de represión y sanción del delito de “comunismo” en tiempos de Onganía, a los grupos de tareas y demás fuerzas de la dictadura genocida y al gatillo fácil policial y las leyes antiterroristas de los tiempos de recuperación de la democracia, denuncia esta decisión judicial que no es otra cosa sino una pata más en los nuevos tiempos, de infundir y generalizar el terror en la sociedad civil por medio de la violencia institucional,  para que el gobierno de Macri pueda descargar  toda la fuerza del ajuste dispuesto contra los trabajadores y sectores populares en beneficio del gran capital trasnacional y local, las oligarquías financieras y el sector más concentrado y cipayo del Poder.

Quienes siempre hemos denunciado y criticado todo atropello dispuesto contra las mayorías populares y dispuestas con el único objetivo de perseguir y estigmatizar a los pobres, a los que luchan, a los que siendo distintos, no se resignan a ser menos ni a seguir mansamente los dictados del poder económico, social, cultural y mediático serviles al capitalismo mundial y al imperialismo, alzamos nuestra voz contra esta brutal, injusta, inconstitucional e inaceptable decisión del Poder Judicial que sabemos, se inscribe en estrategias de la embajada norteamericana y el Poder Ejecutivo al que no le tiembla el pulso para crear terror en la sociedad disponiendo una “emergencia de seguridad” que no significa otra cosa que mayor discrecionalidad para las más corruptas policías y fuerzas de seguridad del sistema para violentar los derechos individuales y sociales conquistados por nuestro pueblo.

Dato que se agrava en la recientemente informada decisión de Mauricio Macri de militarizar nuestra ciudad con la unificación de las Policías Federal y Metropolitana, ambas cargadas de denuncias por abusos de poder, crímenes de toda laya e irregularidades de todo tipo, siempre a favor del orden vigente.

Cuando estamos recordando el asesinato de Luciano Arruga por parte de la Policía Bonaerense, la fuga del Penal de los Lanatta y Schilacci, está más claro que nunca que las Fuerzas de Seguridad (Policías, Gendarmería, Prefectura, etc.) son parte del problema y no de la solución; al tiempo que exigimos la inmediata reversión de la insólita y anticonstitucional decisión judicial, insistimos en la depuración total de represores, torturadores, corruptos, cómplices de las mafias de la droga de todas las fuerzas de Seguridad y el debate popular de una nueva Doctrina de Seguridad, antagónica a la que nos ha traído hasta aquí y nos lleva al territorio del caos mafioso, como hoy vive México y buena parte de América Central.

Desde nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño, y nuestros 78 años de combate exigiendo la vigencia de todos los derechos para todos, convocamos mediante el presente a todas las organizaciones hermanas de lucha por la vigencia de los DDHH, a las organizaciones políticas y sociales verdaderamente comprometidas con la democracia y las garantías constitucionales a manifestarse de los más diversos modos contra este nuevo avance de las fuerzas del sistema contra nuestros derechos y contra toda otra manifestación de la violencia institucional en sede policial o penitenciaria que tantas víctimas ha generado en nuestro pueblo desde la recuperación del orden constitucional hace ya más de 30 años.

 

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