Sobre la impunidad en La Pampa. Nota de opinión de Carina Salvay de la Liga

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“La liberación de los represores es parte de una política nacional”

“La liberación de los represores es parte de una política nacional. No es casual, como tampoco es casual las provincias en que se hace: La Pampa, Mendoza, Entre Ríos…”, dijo Carina Salvay.

Salvay refirió a la decisión de la Justicia Federal pampeana de dejar libres a los acusados que pidieron sus excarcelaciones, un dictamen que va a contramano del modo en que se venía actuando en los últimos años.
Expresó su “profunda preocupación” y consideró sin dudas que “es parte de una política nacional; la liberación no es casual”.
“Como querellantes bregamos por el derecho de las víctimas para que estas liberaciones sean retrotraídas y los represores vuelvan a estar detenidos”, insistió la abogada.
Recordó que ante una presentación en ese sentido hubo un rechazo inicial, pero se presentó un recurso de casación, sobre el que se aguarda una resolución. El TOF admitió esos recursos presentados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y por el Ministerio Público Fiscal.
En el caso de los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, el organismo estuvo representado por Miguel Palazzani y Alejandro Cantaro, y la parte querellante, por Graciela Nora Rosenblum, en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con el patrocinio de Diego Acosta.
A fines del mes de diciembre del año pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) tomó la decisión de liberar a siete represores argumentando que habían vencido los plazos de las prisiones preventivas. Ante esta situación la Liga presentó un escrito ante el TOF, en el que solicitaba la inmediata detención de los imputados por los delitos de lesa humanidad en la causa Subzona 14 II. Eso fue rechazado.
Salvay comentó que además en el caso puntual del segundo juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 14 durante la dictadura, y ante la ausencia de un fiscal en el territorio pampeano para ocuparse del tema, “las víctimas han quedado a la deriva, así los querellantes somos los que tenemos que estar más firmes que nunca”, dijo en declaraciones a Radio Kermés 106.1.
Tal como informó El Diario, el Tribunal Oral Federal puso en libertad antes del fin de año pasado a los policías procesados en el marco de la causa Subzona 14 II Miguel Gauna, Juan Domingo Gatica, Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar “Miseria” López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. Este año se sumó el pedido, con el visto bueno del TOF, de Hugo Marenchino, que además está condenado en el primer juicio.
En el caso de Marenchino, el argumento fue que le restan solo cinco meses para purgar la condena de ocho años por delitos de lesa humanidad que se le aplicó. Marenchino fue condenado a ocho años de cárcel por cinco secuestros -uno doblemente agravado por su duración mayor a los 30 días- y por tres casos de tormentos. Está procesado en la causa 615/2010, denominada Subzona 14 II, acusado del mismo delito con otras víctimas.
Marenchino (71 años) había obtenido la libertad condicional el 21 de septiembre de 2011. Sin embargo, cuatro meses después quedó detenido nuevamente porque un tribunal superior determinó que había sido mal otorgada.
Los únicos detenidos en la causa de la Subzona 14 II son los expolicías y militares que ya fueron condenados en el primer juicio contra los represores pampeanos, que se llevó a cabo en la segunda mitad del año 2010, y que también están acusados en esta investigación. También sigue detenido el exjefe de Policía durante la dictadura en La Pampa, Luis Baraldini, que fue recapturado en Bolivia luego de fugarse para evitar la mano de la Justicia.
Las excarcelaciones fueron resueltas por los jueces del Tribunal Oral Federal, Marcos Aguerrido y los dos subrogantes. El presidente del TOF, José Triputti, y el juez Pablo Díaz Lacava habían sido recusados y se está tramitando ese recurso. La libertad la pidió el defensor oficial Carlos Riera. El fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación.
En la causa, los acusados están procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos durante los “años de plomo” en jurisdicción de La Pampa.

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