Qué está pasando en las cárceles colombianas? Un aporte de nuestros compañeros de la Fund Lazos Dignidad

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“Cuando en algún país del mundo pueda decirse Mis pobres son felices y no hay entre ellos ignorancia ni dolores; las cárceles están libres de presos y mis calles de mendigos; los ancianos no sufren necesidad, los impuestos no resultan opresivos…, cuando puedan decirse estas cosas, sólo entonces un país podrá jactarse de su constitución y su gobierno”.

Thomas Paine.

Las cárceles y las penitenciarías del país son una caja de pandora que se abren periódicamente y con ella llueven las noticias de las tragedias de turno que padecen los más de 120.444[1] seres humanos que han sido sancionados con el encierro; tragedias que son un infierno cotidiano que ningún ser humano debería tolerar.

Las tragedias de esta primera semana de febrero le correspondieron a dos reclusos en las Cárceles de Pereira y de Cúcuta, los nombres de las nuevas víctimas de la prisión son JHON JAIRO MORENO HERNANDEZ y RENZO ALÍ ROA, el primero un prisionero político[2] y el segundo un preso social[3], ambos han fallecido por padecer problemas de salud y no haber recibido la atención médica adecuada; con el agravante que en el actual contexto de diálogos de Paz JHON JAIRO MORENO HERNANDEZ se encontraba en la lista de los 71 enfermos pedidos en libertad por el premio nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel -y otras personalidades- mediante Carta Humanitaria presentada al gobierno de Colombia el pasado mes de julio de 2015;  hoy sus familias y allegados sufren la ausencia definitiva de sus seres queridos que fueron sometidos al encierro por el Estado, pero que éste, pasando por encima de los derechos humanos, la constitución y la ley, decidió con sus políticas neoliberales adicionarle un sufrimiento a su pena: la muerte lenta y tortuosa.

Este sufrimiento adicional es un retroceso a las transformaciones históricas de la prisión, pues esta institución –altamente cuestionada- se originó en el siglo XIX con el propósito de reemplazar las penas crueles de la antigüedad y de la edad media que se basaban precisamente en el dolor y la muerte lenta, como lo fueron la decapitación, las mutilaciones, los azotes, el taladro, la marca con hierro, la tortura, el ahogamiento, la incineración y la lapidación.

Hoy, en Colombia no estamos distanciados de esta crueldad, el paseo de la muerte en pasillos de cárceles y hospitales es la amenazada número uno para el derecho a la vida de las y los reclusos, sin que el Estado tome medidas de fondo para solucionar una problemática que tiene más de 16 años.

La muerte en prisión por omisión médica es un Crimen de Estado, que sigue cobrando sus víctimas en los sectores empobrecidos de la sociedad; son los pobres y los opositores políticos -habitantes históricos de la prisión- quienes padecen la prisión tortuosa. Las y los colombianos no podemos seguir normalizando estas tragedias que sin lugar a dudas son violaciones a la Dignidad y los Derechos Humanos de la población reclusa por parte del Estado; no podemos continuar aceptando que a nuestro nombre se siga legitimando el encierro masivo de personas y luego de confinarlas dejarlas a su suerte expuestas al sufrimiento y la degradación de la prisión tortuosa, como si fueran objetos inservibles; no podemos ser indiferentes frente al abuso del castigo estatal y la ausencia de humanidad en las prisiones colombianas, que cada día  se asemejan más a los campos nazis de concentración.

Hay que ponerle fin a este asunto, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema y llamar las cosas como son, debemos ser conscientes que lo que sucede en las reclusiones colombianas NO es una crisis, es una Política de Estado ausente del enfoque en derechos humanos y favorable al neoliberalismo, por lo tanto se basa en la seguridad y promueve la privatización, razón por la cual el paseo de la muerte heredado por la ley 100 (hagan un ejercicio de memoria para identificar al creador de esta ley) agrava doblemente la situación de la población reclusa.

Sería un asunto fácil decir que las muertes de reclusos y reclusas por omisión medica son única responsabilidad del INPEC y entonces sencillamente si se elimina ese instituto el problema quedaría resuelto y, seguramente, la solución sería peor que la enfermedad, recordemos que los gobiernos de turno han intentado privatizar la administración de las prisiones desde hace más de una década y gracias a la movilización de la población reclusa y organismos de derechos humanos no se ha logrado; sin embargo, el INPEC no es el problema, hace parte del problema, es el sistema en su totalidad el que deber ser intervenido, son varias las instituciones que deben ser revisadas, empezando por aquellas encargas de garantizar el derecho a la salud (IPS, EPS, USPEC), sin perder de vista que la custodia de las y los reclusos debe estar en cabeza de un organismo público en garantía al cumplimiento de la responsabilidad estatal de velar por la protección de los derechos humanos de una población vulnerada que se encuentra bajo condición especial de sujeción.

El problema fundamental es el modelo industrial de prisiones impuesto desde el año 2000 por el ex presidente ANDRES PASTRANA y su Plan Colombia, este modelo cambió el Sistema Carcelario y Penitenciario Colombiano mediante el desarrollo del Anexo al Plan Colombia llamado “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”[4], a imagen y semejanza del modelo estadounidense, cuyos pilares son el encarcelamiento masivo, el castigo, la seguridad y la privatización[5].

A partir de este modelo se construyeron nuevas prisiones y pabellones de Máxima Seguridad en el país, iniciando con el Centro de Tortura conocido popularmente como “La Tramacúa” de Valledupar o “La Guantánamo de Colombia”, lugar donde la población reclusa ha sido obligada a vivir durante 16 años bajo una temperatura que alcanza los 40°C, en hacinamiento crítico, sin sistema de ventilación, con acceso insuficiente al agua, en ambiente contaminado, con plagas, bajo omisión de atención médica, abusos de poder, tortura física y psicológica, trato degradante a reclusos y visitantes, entre otros flagelos, y aunque se han diseñado un plan de choque y se ha emitido una sentencia (T-282-2014), la problemática no ha sido resuelta, razón por la cual sólo es viable el cierre de esa prisión[6], decisión judicial que deberá ser tomada próximamente por el Tribunal del Cesar.

No obstante, el “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano” no ha cumplido con su pomposo anuncio del “mejoramiento”, por el contrario ha profundizado la problemática carcelaria y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, por lo que en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional (2013, 2014 y 2015) ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en las prisioneros del país manifestando que el actual sistema penitenciario es “indigno, cruel e inhumano”, sin embargo, la política de estado sigue encaminándose a la construcción de más establecimientos y la articulación con el sector privado (CONPES 3828/2015), pasando por alto que hemos vivido esta experiencia durante más de 15 años y está probado que ha sido un fracaso, lo que va a suceder es que se tendrán nuevos “cupos” carcelarios que serán llenados de inmediato y se profundizará la privatización de los servicios penitenciarios: ninguna solución.

Es hora de romper el cinismo institucional y ajustar las políticas de Estado y sus instituciones a los planes previstos en relación con la construcción de una Paz Estable y Duradera; la paz para las y los Colombianos no es simplemente la terminación de la confrontación armada, debe verse reflejada en la solución de los problemas que afectan al conjunto de la población, como lo son la criminalización de la pobreza, la oposición política y la protesta social,  así como el sometimiento a la prisión tortuosa.

Son muchos los hijos, hijas, padres, hermanos y hermanas, que han pedecido ante la indolencia estatal de la prisión tortuosa; son miles las historias que explican como el conflicto social, la extrema pobreza y la falta de oportunidades originan el delito; por tanto, desde el seno del mismo estado de derecho representado en la Corte Constitucional se ha reconocido la inhumanidad y crueldad del sistema penitenciario y carcelario, se ha alertado que la política criminal ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad, por cual el alto tribunal ha ordenado a que se establezca un plan integral que cumpla con el fin de la resocialización respetando los derechos humanos.

Ante esta realidad, es una gran mezquindad no pensar en salidas sencillas y elementales como desprender la prisión de los intereses del capitalismo, asumir la alternatividad penal, apartarse de la doctrina de seguridad  nacional y del populismo punitivo. Hoy más que nunca sigue vigente la propuesta del Movimiento Nacional Carcelario de instalar la MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CARCELARIA, para buscar la solución de los asuntos más urgentes de la población reclusa y construir políticas y planes que se acojan a las necesidades de la población reclusa y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Si es hora de la Paz también es la hora de decir: ¡ni una víctima más de la prisión tortuosa en Colombia!.

 

@JulyHenriquez

Abogada. Magister en Derechos Humanos. Defensora de Prisioneras/os Políticas/os, DDHH y Víctimas de la Prisión en @FLazosDignidad. Experta en Asuntos de Género.

Foto tomada de http://www.vice.com/es_co


[2] Persona acusada y privada de la libertad por motivos políticos. El status de prisioneros políticos lo tienen quienes han sido privados de la libertad por un Estado que les considera su enemigo. Fuente: Fundación Lazos de Dignidad, http://fundacionlazosdedignidad.org/prisioneros-politicos.html

[3] Persona que ha sido acusada de cometer delitos comunes.

[4] Firmado por los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia el 31 de marzo de 2000.

[5] Este modelo configura un negocio rentable para el capital privado, donde las ganancias se obtienen de la construcción de nuevas prisiones, equipamiento (teléfonos, sistema de vigilancia, armas y equipos de seguridad) y administración (personal privado para impartir justicia y disciplina, armas no mortales)

[6] Existe una Campaña por el Cierre de la Tramacúa llamada “Tramacúa Nunca Más”. Fuente: http://fundacionlazosdedignidad.org/tramacua-nunca-mas

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