Presentamos pedido de elevación a juicio oral en la causa por Genocidio en Rincón Bomba,1947

el

En Formosa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó el pedido de elevación a juicio oral en la causa por la masacre del pueblo Pilaga en Rincón Bomba.

 

Presentamos a continuación dicho escrito:

OBJETO: CONTESTA VISTA ART. 346 – REQUIERE ELEVACION A JUICIO ORAL – FORMULA PETICIONES

Seño Juez:

LUIS MARIA ZAPIOLA, abogado, Mat. Fed. Tº 86 Fº 255, letrado apoderado por la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, con domicilio constituido en la calle Felipe Oliva 345 y constituyendo domicilio electrónico en 20125483705 en autos caratulados: “SMACHETTI, CARLOS S/HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO”, Expte. N°24000946/2011, del Registro de la Secretaría Penal N° 1 de este Juzgado Federal de Formosa, al señor juez digo:

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OBJETO.

Que, en legal tiempo y forma vengo por este acto a contestar la vista conferida en los términos del art. 346 del Código Procesal Penal de la Nación. En tal sentido, formulo requerimiento de elevación a juicio respecto del imputado CARLOS SMACHETTI, M.I. 3.244.496.

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DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

De conformidad al art. 347 inc. 2º CPPN, requeriero la elevación a juicio de:

CARLOS SMACHETTI, M.I. 3.244.496., CARLOS SMACHETTI, DNI Nº 3244496, nacido el 21 de marzo de 1923 en el Partido de Tigre, localidad “Las Conchas”, provincia de Buenos Aires, con domicilio en calle Av. Libertador 742 de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, respecto a la comisión del delito de Homicidio agravado por Alevosía, en reiteración de hechos, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función o cargo (art. 80, inc. 2 y 6 y 45 del C.P.) en concurso real (art. 55 del CP), en calidad de calidad de partícipe necesario (art. 45 del C.P.). Todo ello calificado como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio.

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HECHOS

Con la incorporación de los pueblos originarios chaquenses como mano de obra barata, se generalizó la practica de reclutar originarios para ser enviados a trabajar en emprendimientos privados, en particular a los ingenios en la Provincia de Salta. Resuena aún en la memoria colectiva del pueblo pilagá, los padecimientos de los antiguos bajo la garra del tristemente célebre Robustiano Patrón Costas y su Ingenio San Martin del Tabacal, al que eran enviadas familias enteras a la zafra de la caña de azúcar y la cosecha de cítricos, en procedimientos de trabajo esclavo que continúan con modalidades similares en la actualidad.

También, en las primeras décadas del Siglo XX, el estado nacional, en consolidación luego de las denominadas “Conquista del Desierto” y “Conquista del Chaco” instituyó “reducciones” indígenas adonde eran destinados ingentes grupos humanos obligados a trabajar la tierra por la comida como única paga, beneficiando en todos los casos al llamado “administrador de la Colonia”. Tal el caso en Formosa de la Colonia Bartolomé de las Casas y su Colonia dependiente “Francisco Javier Muñiz” (donde posteriormente serían recluidas numerosas familias pilagá luego del genocidio de Rincón Bomba). En otro orden, existieron verdaderas “reducciones” a cargo de sacerdotes de la iglesia católica o “misiones”. En Formosa, el mas importante fue el de Misión Laishí con sus 74.000 hectáreas destinadas al pueblo Qom, de las cuales no quedó a los originarios de la zona ni una sola hectárea .

Señala Ramón Tapiceno, dirigente Pilagá, que “ellos querían trabajar y tener sus propias chacras, su propio lugar, tener su propio pueblo, pero teniendo su trabajo. Ellos estaban cansados, ya cansados. Se sentían cansados ya de ir cada año al Ingenio San Martin en Salta, porque toda la familia se iba a Salta y destroncaban. Primero las mujeres tenían que hacer la limpieza en un monte que nadie entra. Tienen que limpiar todo, machetear los yuyos, todo lo que haya dentro del monte, tienen que dejar limpio, dejar los árboles grandes. Después viene el hombre y hace el destronque. No se le atendía ninguna clase de sanidad. Una familia tiene que ir por lo menos con cuatro chicos y vuelve a veces con uno o dos a veces sin nada, y le pagaban una miseria, una moneda, y tampoco se le informaba cuanto ganaba por día, nunca, nunca se le informó. Era una explotación muy grande” (Memorias del Gran Chaco – ¡Como resonaban sus tambores en las noches de Luna! – Junta Unida de Misioneros, Tomo 2 Pagina 97 – Año 1998).

Relata Tapiceno que su abuelita en ocasión de la matanza, se salvó en una cueva de un Tatú Carreta, en un campo limpio, debajo de una rama. Pasó una noche en esa cueva.

En 1946, 174 kollas de diversas localidades de la puna jujeña y salteña, caminaron a pie desde sus comunidades hasta la Capital Federal imbuidos de las promesas de justicia social que por entonces aparecían en el emergente social de la Argentina. Arribaron a Buenos Aires el 4 de agosto de 1946 y durante un mes fueron agasajados por el Congreso Nacional, por el propio Presidente de la Nación Juan Domingo Perón y hasta disputaron un partido de futbol de la cancha de River Plate. Sin embargo, finalmente fueron reprimidos y expulsados del “Hotel de Inmigrantes” donde fueron alojados, subidos compulsivamente a un tren y abandonados en Abra Pampa, Jujuy. Esa histórica marcha indígena fue conocida como “El Malón de la Paz por las Rutas de la Patria”. De ese mes en Buenos Aires de agasajos y fotos se pasó a un clima marcadamente anti indígena en los medios de comunicación tradicionales y en el propio gobierno. En ese marco de hostilidad y de renovados sentimientos negatorios de cualquier derecho en cabeza de los pueblos originarios, un año después se produce la Matanza de Rincón Bomba. En 1948, un grupo de líderes pilagá, liderados por el Cacique Domingo Coquero, viajan a Buenos Aires y se entrevistan con Eva Perón, quien les promete asignarles 5.000 hectáreas de tierra en Pozo de los Chanchos, paraje del centro oeste de Formosa. El derrocamiento de Perón y el despojo territorial permanente hizo que esas tierras quedaran finalmente en manos de colonos criollos.

Solamente adoraban a Dios” – Matanza en La Bomba:

Para 1947, se encontraba firmemente inserta en la cultura no indígena del Territorio Nacional de Formosa la condición de “maloneros” del Pueblo Pilagá. Ello a pesar que no hay un solo registro histórico que de cuenta de un ataque pilagá a puestos o poblados “blancos”. No obstante ello, la permanente acusación militar y de la Gendarmería sobre una inexistente responsabilidad de los pilagá en el ataque al Fortin Yunká en 1919 condicionaban todas las lecturas sobre los cambios que este pueblo debía necesariamente producir luego de tantos sufrimientos y despojos territoriales.

En ese marco de explotación del hombre por el hombre, de ausencia absoluta de derechos humanos e incluso de ciudadanía, hacia el mes de octubre de 1947, un enorme número de originarios pilagá comenzó a reunirse en la localidad de Las Lomitas, convocados por un predicador de ese mismo pueblo: Luciano Córdoba, de nombre originario “To’onkien”. Luciano ya era muy conocido entre los pilagá e incluso entre los Qom (tobas) de Misión Taacaglé, La Primavera, Bartolomé de las Casas y Clorinda e inclusive entre los wichí de la región.

Luciano había sido instruido en el Chaco por misioneros pentecostales. Inclusive, los qom de La Primavera, Naineck y Clorinda se referían a el como “el Dios Luciano”.

Por entonces la zona de “La Bomba” o “Rincón Bomba” era un “campamento”, pilagá, territorio de ocupación ancestral, asentado a orillas del Madrejón (riacho) que atraviesa la localidad de Las Lomitas, llamado así por la existencia de un puestero criollo que manejaba la bomba de agua del ferrocarril. En ese territorio vivían familias pilagá y Luciano contaba con discípulos que organizaban el culto. Resaltaban el matrimonio de Antonio y Josefa y un discípulo de nombre pilagá Chesolek.

Luciano comenzó a congregar centenares de originarios en su culto. En esa época los pilagá distinguían sus comunidades con nombres de aves (suris, caranchos, toritos, etc). Llegaban a escuchar la palabra de un nuevo Dios desde Campo del Cielo, El Descanso, Pozo de Molina, Chico Dawagan, San Martin II, Pozo del Tigre, Pozo de los Chanchos entre otras zonas. También se dice que concurrían originarios qom de La Primavera, Naineck y otros parajes.

Luciano sanaba a los enfermos y les contaba del Dios cristiano que los liberaría de la opresión y distribuía ejemplares de la Biblia. Por ese entonces, los pilagá tenían pocos lenguaraces y la mayoría no hablaba el idioma castellano y, por supuesto menos aún lo leía. La Biblia protegería a los pilagá. Inclusive los testimonios de época cuentan que en el momento de la matanza, los originarios oponían biblias a balas en el convencimiento que los disparos se desviarían.

Para 1947, se encontraba vigente el viejo artículo 67 inciso 15 de la Constitución Nacional que ordenaba al Congreso mantener el “trato pacífico con los indios, proveer de seguridad a las fronteras y promover su conversión al catolicismo”. Mala impresión debió causar en el párroco de entonces de Las Lomitas y en la sociedad lomiteña que los pilagá danzaran sus danzas ancestrales con pinturas rituales adorando a un Dios no representado exclusivamente por la iglesia del poder terrenal. En esos momentos cuenta Ramón Tapiceno “la gente no escuchaba a nadie, ni a un cura, ni a un gendarme, ni a nadie.; solamente adoraban a Dios” (Memorias del Gran Chaco – ¡Como resonaban sus tambores a la luz de la Luna! – Tomo 2 – Paginas 96 y 97 – Junta Unida de Misiones – 1998). El Comandante de Gendarmería, el juez y el cura párroco les quitaron toda clase armas, escopetas, rifles, utilizados para la caza y recolección, y machetes, hachas y hasta pedacitos de hierro como medida “preventiva” de un “malón”. Cuentan en la zona que esos implementos estuvieron guardados en el Escuadrón 18 de Las Lomitas hasta al menos el inicio de esta causa por delitos de lesa humanidad. Es decir, al momento de la matanza, los pilagá estaban absolutamente indefensos y desarmados. Hubo episodios de abuso sexual por parte de gendarmes sobre mujeres y niñas que aguardaban a sus padres.

Sumó mas originarios pilagá concurrentes al culto de Luciano el retorno por ferrocarril de contigentes que habían sido llevados al Ingenio San Martin del Tabacal a realizar trabajo esclavo para el “negrero” Robustiano Patrón Costa. Inclusive, al producirse el ataque genocida en La Bomba, la Gendarmería demoró tres días a un contingente de originarios que había arribado procedente del Ingenio. Desde el mes de abril, Patrón Costa “despedía” braceros indígenas que hasta allí habían llegado con sus mujeres y niños a trabajar las tierras del explotador.

Muchos volvieron a pié y otros por ferrocarril. La concentración originaria en la zona de Las Lomitas provocó hambre y privaciones, y Paulo Navarro, uno de los líderes pilagá mas importantes, de nombre pilagá “Oñedie”, dado su dominio del idioma castellano negociaba con los pobladores de Las Lomitas, junto a Luciano, y con los gendarmes las soluciones para paliar el hambre de su gente.

En ese marco, el gobierno nacional envió tres vagones de alimentos de los cuales solo uno arribó completo a Las Lomitas, con los alimentos en mal estado.

Las madres pilagá con sus hijos en brazos comienzan a pedir alimentos puerta por puerta. Posteriormente ni los pobladores ni el Escuadrón de Las Lomitas los reciben mas.

El Comandante Fernandez Castellanos acuerda con Oñedie que el viajaría a Buenos Aires junto a un reducido grupo para entrevistar al Presidente Perón. La noche anterior al viaje, cuentan los testimonios que la madre de Oñedie soñó que lo matarían y por eso este desistió del viaje. Los estudios antropológicos dan cuenta de la importancia de los sueños en la cultura qom y su hermana pilagá y su relación con el chamanismo. Sin duda ese sueño de su madre, y los hechos efectivos de intimidación que los originarios padecían, convenció a Oñedie de la peligrosidad de ese viaje.

Como resultado de la comida en mal estado fallecieron algunos ancianos, entre ellos la madre de Oñedie. Los sobrevivientes cuentan que esos fallecimientos se produjeron por comida envenenada, lo cual, atento a la situación planteada y la masacre finalmente perpetrada, no es inverosímil.

Dada la condición de “maloneros” que se adjudicaba a los pilagá, el sonido de los tambores del pin pin por las noches a orillas del pueblo y las danzas rituales, el presidente de la Comisión de Fomento comunica la situación al entonces Gobernador y además se entrevista con el Jefe del Escuadrón de Gendarmería transmitiéndole la “preocupación de los vecinos”, quienes supuestamente temían de un ataque de los originarios. El administrador del Territorio nacional de Formosa se comunica con el Ministro del Interior de la Nación (Angel Borlenghi), haciéndole saber de la “gravedad” de la situación. Perón ordena el envío de los alimentos mencionados. El cargamento llega a la ciudad de Formosa en la segunda quincena del mes de septiembre de 1947, cargado con ropas, alimentos y medicina, consignada al Delegado Nacional del Aborigen –Sr. Miguel Ortiz–, quedando en la estación de tren a la intemperie diez días estimativamente, sometido a los calores de septiembre en la zona. Enterado de la demora injustificada, el Gobernador Hertelendy conmina al Delegado Miguel Ortiz por intermedio del Jefe de Policía de Territorios Nacionales, la inmediata partida del cargamento. Consecuentemente, a la localidad de “Las Lomitas”, llegan los primeros días de octubre del año 1947, un vagón lleno y dos semivacíos solo con alimentos en mal estado, debido al retardo de la entrega e irresponsabilidad del Delegado Miguel Ortiz.

Se advierte la harina con gorgojos, grasa para cocinar derretida por el calor, galletas en bolsas con moho, azúcar, yerba, etc. Se sabe que han llegado algunas ropas pero nada de medicinas. Ello inmediatamente fue repartido a los aborígenes hambrientos, enfermos, desnudos, debilitados seres humanos, quienes a las pocas horas de haber consumido comienzan a sentir los síntomas de una intoxicación masiva, fuertes dolores intestinales, vómitos, diarreas, desvanecimiento y la muerte primero de los que se encontraban más débiles, que alcanzaron a cincuenta según estima el Ministerio Público y en su mayoría niños y ancianos. No obstante, la versión de gendarmería de “muerte por indigestión” conlleva enormes dudas. Los especialistas al respecto sostienen que la indigestión por lo general no es un problema de salud más serio, a menos que también esté acompañada de otros síntomas, como pérdida de peso o dificultad para tragar. Raramente se producen muertes por “broncoaspiración” o por complicaciones por diabetes o hipertensión arterial. La versión de la Gendarmería de “intoxicación” aparenta ser insostenible.

Ante las circunstancias, el Jefe del Escuadrón 18 –“Las Lomitas”– Cmdte. Fernández Castellanos increpa al Delegado Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, sobre las faltas y el estado del abastecimiento, y este en forma desmedida le contesta “…que tanto se preocupaba si al final eran indios…”. Ante los hechos consumados, comienza a circular supuestamente el rumor que los aborígenes estarían por atacar al pueblo.

Se colocaron ametralladoras en “nidos”, a orillas del riacho (Madrejón) que atraviesa la localidad de Las Lomitas, en distintos sitios estratégicos y ya se contaban con más de cien gendarmes armados con pistolas automáticas y fusiles a repetición.

De conformidad a los elementos colectados en la presente investigación, según el gendarme TEÓFILO CRUZ, el 10 de octubre de 1947, el cacique Pablito, Oñedie, le pidió hablar con el Jefe del Escuadrón 18 “Las Lomitas”, Cmdte. FERNÁNDEZ CASTELLANOS y entonces concertó una entrevista a campo abierto. Los pilagá, en una cantidad significativa, se ubicaban detrás de un madrejón, entre ellos mujeres y niños, quienes “portando grandes retratos de Perón y Evita” avanzaban hacia los gendarmes, quienes a su vez se hallaban enfrentados con dos ametralladoras pesadas apuntando hacia arriba. La versión de los retratos del Presidente de la Nación y de su esposa, solo surge de la versión de Gendarmería.

Que en esos instantes se escuchan disparos de ametralladoras, carabinas y pistolas de intenso tiroteo, del que el Jefe EMILIO FERNÁNDEZ CASTELLANOS, ordenara el cese del fuego pensando que era de sus dos ametralladoras instaladas en los “nidos”. No fue así, sino que el 2° Cmdte. JOSE ALIAGA PUEYRREDÓN, de simpatías nazi fascistas, sin que presuntamente nadie lo supiera, hizo desplegar varias ametralladoras, en diferentes lugares del otro lado del madrejón o sea a unos doscientos metros de la posición donde se hallaba el Jefe FERNÁNDEZ CASTELLANOS y en medio del monte. Se lanzaron bengalas para iluminar la zona y determinar mejor los blancos a tirar. Decenas de originarios mujeres con niños en brazos, y ancianos comienzan a correr por el monte. Numerosos cadáveres de originarios se avistan y los heridos son rematados. Niños de corta edad, desnudos, caminan y gatean envueltos en llanto entre los cadáveres.

Cuenta el gendarme TEÓFILO CRUZ, que luego del ametrallamiento,“…pensando que al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad debemos recodarlo impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose en el monte…”.

Posteriormente comienza la persecución de los que quedaron vivos y escaparon por el monte. Gendarmería Nacional contaba con el apoyo de la Policía Nacional de Territorios, a cargo en esa época del Jefe Dn. JORGE ALBERTO ELORDI.

La mayoría escapó para Pozo del Tigre, otros para Campo del Cielo y miles quedaron escondidos en la espesura del monte y en los días posteriores fueron rodeados y masacrados nuevamente en distintos lugares; algo de más de doscientos pilagá fueron acribillados y entre los represores ninguna víctima fallecida. Quedó bien demarcado el itinerario de la masacre, puesto que a lo largo de cierto trazado se podía advertir la calamitosa vastedad de cadáveres desparramados por el descampado.

Durante la huída en las cercanías de la comunidad pilagá Campo del Cielo, fue violada una menor de 12 años a quien la gendarmería pidió en entrega para no fusilar al grupo. La misma fue salvajemente violada, de acuerdo a los testimonios de época, por el oficial José Aliaga Pueyrredón.

Fueron asesinados centenares originarios del pueblo Pilagá, un número indeterminado de heridos y numerosos desparecidos. Sumado a esto, los cincuenta muertos por envenenamiento o intoxicación, hambre, falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños, lo que da una cifra estimada, según el Ministerio Público de 750 víctimas, entre niños, ancianos, mujeres y hombres.

Es en estos hechos en los que participó el encartado Smachetti, en su calidad de integrante de la Fuerza Aérea Argentina, integrando la tripulación de un avión de la Fuerza Aérea artillado a tal efecto como se señalará mas adelante.

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El genocidio

En los juicios por delitos de lesa humanidad, se juzgan delitos cometidos bajo el terrorismo de estado. La dictadura militar, se propuso en 1976 reformatear a la sociedad argentina y formoseña. Para construir el país del privilegio con sus mandantes civiles, le pasó una aplanadora a una sociedad como la nuestra, diversa en su cultura, plural en sus lenguas, crisol de latinoamericanismo, solidaria y olvidada desde siempre.

Se trató del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El primer proceso, el primer genocidio, fue el de la “Organización Nacional”, perpetrado a partir de las denominadas conquistas del desierto y del Chaco.

El primer genocidio el de la “organización nacional” fue el de los pueblos originarios perpetrado principalmente por Julio Argentino Roca, como se expresara acertadamente en la causa “Harguindeguy”.

El genocidio perpetrado Rincón Bomba consistió en la destrucción de un grupo nacional por diferentes razones y con distintas tecnologías de dominación.

Esta querella entiende que Carlos Smachetti resulta responsable del delito de GENOCIDIO.

Operatividad de las normas internacionales debidamente receptadas por el Estado argentino. En estas causas judiciales los jueces pueden y deben válidamente dictar sentencia aplicando la ley internacional. Lo dicho encuentra sustento normativo y jurisprudencial a partir de los reiterados avances en la materia que se han venido dando en nuestros tribunales sobre todo a partir de lo sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón”. En estas sentencias el máximo tribunal del país reconoce que los delitos de derecho internacional son normas válidas que los jueces argentinos pueden y deben aplicar en referencia a los delitos de lesa humanidad.

Cuando los homicidios, tormentos y privaciones ilegales de la libertad se comenten en forma masiva con la intención de destruir un grupo entero de la población se comente un delito imprescriptible diferente por completo a los delitos que lo integran. Tampoco la afectación es la misma. No se lesionan bienes jurídicos individuales exclusivamente, sino a la sociedad en su conjunto, y en este caso particular, un pueblo indígena preexistente a la propia República Argentina como expresamente lo reconoce el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Para ello se requiere la concurrencia de masivas afectaciones individuales en la forma típica de aquellos delitos comunes. Por esta razón su análisis resulta ineludible.

La conducta desplegada por Smachetti, debe ser analizada a la luz de las normas de derecho internacional, más precisamente con relación al tipo penal de Genocidio contenida en la Convención para la Sanción y prevención del Delito de Genocidio art. II incs. b y c.-

Para el derecho internacional público la ilicitud de las detenciones masivas en campos de concentración destinados a la tortura y exterminio proviene de la fuerza obligatoria que al momento de los hechos tenían para el derecho interno las normas que definían el crimen de lesa humanidad y el delito de genocidio, el primero como norma imperativa consuetudinaria y el segundo como norma convencional internacional. Argentina aprobó la Convención para la sanción del delito de genocidio por decreto-ley Nº 6286 del 9 de abril de 1956 y fue ratificada el 5 de junio del mismo año. Esta norma positiva obligatoria para el derecho interno, establece como injusto de derecho internacional el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (inc. c) art. II); asimismo en el inc. b “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”; previsto también en el art. 144 ter del código penal, con la redacción de la ley 14.616.

Independientemente de su tipificación o no en el derecho interno, los crímenes cometidos constituyen crímenes contra la humanidad en su conjunto.

Es un delito genérico del cual se derivan otros específicos.

No es necesaria su imputación en la indagatoria del encartado porque este fue indagado sobre hechos que constituyen delitos, no sobre la calificación  jurídica que corresponde a los mismos. Será tarea del Tribunal Oral calificar jurídicamente en relación a las pruebas producidas en el debate.

En el genocidio se aborda una forma homicida en que ya no es lo más importante la muerte del individuo en sí, sino ese individuo en tanto formara parte de un colectivo determinado. En definitiva el exterminio de un colectivo humano era lo que preocupaba a la comunidad internacional y por ello decide elaborar normativa destinada a impedir y sancionar, si fuera el caso, este tipo de conductas.

Son las Naciones Unidas quienes lo consagran como término jurídico a través de la Convención para la Sanción y la Prevención del delito de Genocidio en 1948.

En este sentido, la Convención para la Sanción y la Prevención del delito de Genocidio de 1948 tipifica el delito de genocidio en su art. II que textualmente reza: “En la presente Convención, se entiende por crimen de genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo.-

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.-

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción total o parcial.-

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.-

e) Traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro”.-

Una vez explicada la procedencia y la normativa internacional que se debe aplicar a la conducta del imputado, corresponde continuar por la receptabilidad de las normas de derecho internacional público dentro de nuestros tribunales. Es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Arancivia Clavel” y “Simon” reconoce que los delitos de derecho internacional son normas básicas que los jueces argentinos deben y pueden aplicar.

Con posterioridad a los precedentes “Arancibia Clavel” y “Simón” de los años 2004 y 2005 respectivamente, se produce un nuevo avance jurisprudencial respecto del delito de genocidio. El 19 de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata dictó sentencia condenatoria contra Miguel Etchecolatz por hechos de homicidio, tormentos y privaciones de la libertad calificándoselos como delito de lesa humanidad con especial referencia a la figura del delito de genocidio, al considerarse que las graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas fueron cometidas masiva y sistemáticamente sobre un grupo nacional de la población civil con la intención de destruirlo total o parcialmente (cfr. Punto IV del voto de Carlos Rozanski). Posteriormente, en noviembre de 2007 el mismo Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, con la misma composición, ratificó los fundamentos del fallo “Etchecolatz” en la causa “Von Wernich”. Ambas sentencias se encuentran firmes y han sido confirmadas por la Corte Suprema de Justicia.-

No existe impedimento legal de ninguna índole ni ofensa de ninguna garantía de defensa y debido proceso para calificar estos hechos como delito de genocidio en los términos en que fue definido por el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio puesto que la legitimidad de los juicios radica en la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Nacional en los casos de crímenes de lesa humanidad y lo que es válido para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad proyecta su validez para el delito de Genocidio.

Vale recordar en este punto que el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en la sentencia del 2 de octubre de 1998 de la Sala Primera en la causa seguida contra Jean Paul Akaseyu estableció que el delito de genocidio es una forma agravada de delito contra la humanidad.

Existe una relación de género a especie entre el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio. Mientras que en el primero se trata de un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil; en el segundo se requiere un dolo específico: la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

La responsabilidad del imputado debe verse a la luz de esta norma puesto que ha quedado demostrado que el hecho atribuido era parte de un plan sistemático de hostigamiento y exterminio de una parte del grupo nacional.

Fueron víctimas del genocidio argentino personas que integraban un pueblo indígena, arrojado por el conjunto de la sociedad al escalón mas bajo de la pirámide social.

A su vez la exigencia del tipo nos habla de que la acción genocida para ser tal debe estar encaminada a la destrucción total o parcial del grupo nacional. En este caso surge la vista surge que el grupo nacional fue destruido en parte, con lo cual también cumple con las exigencias del tipo penal en este aspecto.

Resulta aplicable en lo pertinente, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en cuanto a las “Reglas de interpretación de los tratados” en el sentido que un tratado deberá interpretarse de buena fue conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

En este mismo sentido la jurisprudencia citada de los Tribunales Internacionales para Rwanda y la ex Yugoslavia estableció que es objeto y fin de la Convención considerar que su texto también protege a grupos definidos por exclusión si han sido estigmatizados por los perpetradores como amenaza a destruir.

En suma, no existe óbice ni formal ni material para la procedencia de la aplicación de la Convención sobre Genocidio. Jurisprudencialmente se allanó el camino; la génesis de la palabra genocidio así lo indica. Y finalmente, la propia Convención citada interpretada a la luz de los tratados sobre interpretación así lo indica.-

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Se atribuye al imputado CARLOS SMACHETTI, los siguientes hechos:

El día 15 de octubre de 1947, CARLOS SMACHETTI, co-comandó el avión JU-52T-153 con la misión de trasladar personal, junto al 1er.Piloto, Ten. ABELARDO S. SANGIACOMO; a los Mecánicos: Cabo May. BRAVO BOCA, Cabo HUMBERTO ALBANI y al Radio Operador: Sgto. ALEJANDRO DUBINI…”, en pos de brindar un apoyo tal al personal del Escuadrón de “las Lomitas” de Gendrmería Nacional, al cual se le quitó la puerta principal instalándose una ametralladora Colt calibre 7.65 mm., operada por un Suboficial de esa institución, con la cual se disparó a mansalva a los originarios. Tal avión ametralló y bombardeó a indefensos originarios que huían por el monte perseguidos por personal de Gendarmería Nacional.

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Pruebas introducidas

A continuación se detallan los elementos probatorios agregados en autos que acreditan los hechos imputados:

A fs. 338/367 (1er Cuerpo), se halla agregada la información remitida por la -entonces- Sra. Ministra de Defensa de la Nación, Dra. Nilda Garré y adjuntó a la misma: 1) Relato de la actividad desarrollada en octubre de 1947, por una aeronave de la Agrupación Transporte en el Territorio Nacional de Formosa. Información publicada en el Tomo II de la Historia de la Fuerza Aérea Argentina (historia de transporte aéreo militar, Buenos Aires 1997. Capítulo XI, pp. 309-312), escrito por el Brigadier Mayor (R) ABEL FEDERICO MARTÍNEZ y el Comodoro HORACIO HUMBERTO LARGHI (R) -Anexo Alfa, 5 folios- (fs. 357/361); 2) Fotocopia del orden del día de la Agrupación Transporte N° 1657, del día 16 de octubre de 1947 citada en el texto antes citado –Anexo Bravo, 1 folio– (fs. 362); 3) Fotocopia del orden del día de la Agrupación Transporte N° 1662, del día 24 de octubre de 1947 (fs. 363/364), hallados en la Biblioteca y Archivo Histórico Documental, los cuales revisten la calidad de Instrumentos Públicos.

Orden del día nro. 1657 – 16 OCT 47 de la Agrupación Transporte, en la cual están consignados los tripulantes de una comisión cuyo destino era Formosa, para el avión JU-52T-153 con la misión de trasladar personal y salida el 15 de OCT 47 a las 16:35 hs.: 1er.Piloto, Ten. ABELARDO S. SANGIACOMO; 2do. Piloto: Alf. CARLOS SMACHETTI; Mecánico: Cabo May. BRAVO BOCAZ; Mecánico: Cabo HUMBERTO ALBANI; Radio Operador: Sgto. ALEJANDRO DUBINI…”. En tal documento, se hace referencia que el regreso del avión JU- 52 T- 153, se registró el 23 de OCT, en la referida orden del día y que la operación era en apoyo del personal de Gendarmería Nacional. (fs. 330/330vta.). Que en la nota publicada, se refiere que el Brigadier S. SANGIACOMO y el Comodoro SMACHETTI, quienes fueron protagonistas de la masacre, aportaron información para la redacción de la nota de mención, según surge del relato.

Se advierte que en la mencionada documentación: “…La Gendarmería Nacional fue encomendada para sofocar el alzamiento. La intervención prevista para el avión JU- 52T-153 fue tanto en transporte de refuerzos –personal y material– para las guarniciones de Gendarmería como el reconocimiento del terreno y localización de los revoltosos…”; “…Llegado el avión a Formosa, se tomó contacto con el comandante principal Julio Cruz Villafañe, a cargo de la operación de la Gendarmería Nacional. Se acordó con él el reconocimiento aéreo de la zona y se quitó la puerta principal instalándose una ametralladora Colt calibre 7.65 mm., operada por un Suboficial de esa institución, para el caso en que fuera necesario dispersar, amedrentar y disuadir a los indígenas…”.

En la testimonial de Meliton Domínguez a fs. 253/254vta, quien en dicha oportunidad refirió que siendo adolescente y con aproximadamente 16 años, se desempeñaba como changarín en el Escuadrón “Las Lomitas” de Gendarmería Nacional, bajo las órdenes del jefe de cocina-a quien identificó como “LONDERO” (Sargento Ayudante). Que la misma mañana del ataque fue a trabajar y “LONDERO” le avisa que ese día no iban a trabajar y que se vuelva a su casa porque los iban a asesinar a todos. Que se vuelva a avisar a sus familiares para que huyan del lugar. Recordó, que esta persona tuvo ese gesto porque lo apreciaba como persona. Que “LONDERO” le preguntó si sabía el significado de la palabra fuego y arma, y que fuera inmediatamente para advertir a sus familiares de lo que ocurriría. Así, se marchó a su casa y al llegar vio muchos gendarmes a pie y otros a caballo, todos armados, los que estaban ubicados a la entrada de la comunidad donde vivía con sus familiares. Que al arribar al lugar, les da aviso y como consecuencia de ello, se retiran del lugar, refugiándose en un monte llamado “El Descanso”, donde son vigilados por los gendarmes. Refirió que desconoce el motivo del ataque, también expuso que estaban en un lugar -actualmente llamado “El Madrejón”-, reunidos con un sanador. Señaló además, que no sabe quien inició el ataque pero afirma que fueron gendarmes. Agregó, que cuando huían vieron a una anciana sentada sobre su yica y pensaron que estaba dormida, pero en realidad estaba muerta. Que en ese mismo momento “…pudo observar que sobrevolaba muy bajo sobre el lugar del escondite un (1) avión que bombardeaba sobre el lugar donde estaban escondidos…”. Recordó que en dicha oportunidad, pudo ver dos (2) camiones que traían armas y que eran de Gendarmería y que fueron rodeados. Se refirió que como trabajaba en el Escuadrón de Gendarmería Nacional pudo reconocer a algunos de ellos; uno de ellos de nombre “NICOLÁS BESO”, otro que le decían “COVACHO”; otro “FIGUEROA”; el Sargento Ayudante Principal “MOLINA”; otro conocido con el nombre de “PENA”; otro “GONZÁLEZ”; otro “ROJAS”; el chofer de uno de los camiones, un tal “ALVEZ”; y, el otro chofer “PESQUEIRA”.

Que después apareció un tal “ABEL CÁCERES”, quien no era gendarme pero tenía mucha influencia. Venía de la localidad “Bartolomé de las Casas” y pidió que no mataran a la gente y que él se encargaría de ellos. Que los llevó a todos a la localidad “Campo del Cielo” y allí se encontraron con muchos sobrevivientes de la masacre. De allí, “Cáceres” los llevó hasta un lugar que actualmente se llama “Colonia Muñiz”, donde fueron retenidos durante muchos años trabajando para él solamente. Que trabajaban por comida solamente, siendo que habiendo estado mucho tiempo allí, al final pudieron escapar de allí y fueron a su lugar natal que se llama “El Descanso”.

Por último, manifestó que en la masacre de “Rincón Bomba” murió su hermana de nombre pilagá “Kapiaae” y su abuelo fue herido en una de sus piernas.

El testimonio de un originario sobreviviente (Meliton Domínguez, fs. 253/254vta.), es coincidente con la documentación aportada, en cuanto a la existencia y participación de una aeronave desde la cual se efectuaron disparon contra los miembros del pueblo Pilagá, en este sentido también es coincidente las documentaciones cohonestadas en las cuales se da cuenta por parte de los autores del artículo, en cuanto que el avión si bien no era de caza, le fue instalado en forma rudimentaria una ametralladora Colt calibre 7.65 mm.

El día 15 de octubre del año 1947 a las 13:28 horas regresó de comisión el avión JU-52T-153 a la base aérea “El Palomar” y que el mismo día (15 de octubre del año 1947), a las 16:35 horas, desde dicho lugar, partió dicho avión en comisión a la provincia de Formosa, trasladando personal y que el mismo fue tripulado por: 1er.Piloto, Ten. ABELARDO S. SANGIACOMO; 2do. Piloto: Alf. CARLOS SMACHETTI; Mecánico: Cabo May. BRAVO BROCAZ; Mecánico: Cabo HUMBERTO ALBANI; Radio Operador: Sgto. ALEJANDRO DUBINI (informe reservado N° 1657 –de fs. 362). Como asimismo, se encuentra acreditado que a las 12:43 hs. del día 23 de Octubre del año 1947, retornó de la comisión asignada el avión “JU- 52T-153”, que partiera con destino a Formosa (conforme orden del día N° 1657), tal y como surge del informe reservado de fs. 363, las que fueron certificadas por el señor Director de Estudios Históricos, Com. (R) Oscar Luis Aranda Durañona.

El día 15 de octubre de 1947, CARLOS SMACHETTI, co-comandó el avión JU-52T-153 con la misión de trasladar personal, junto al 1er.Piloto, Ten. ABELARDO S. SANGIACOMO; a los Mecánicos: Cabo May. BRAVO BOCA, Cabo HUMBERTO ALBANI y al Radio Operador: Sgto. ALEJANDRO DUBINI…”, en pos de brindar un apoyo tal al personal del Escuadrón de “las Lomitas” de Gendarmería Nacional, al cual se le quitó la puerta principal instalándose una ametralladora Colt calibre 7.65 mm., operada por un Suboficial de esa institución, con la cual se disparó a mansalva a los originarios.

Asimismo lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que: “…cuando se trata de una prueba de presunciones…es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan – en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba – y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes…”. (C.S.J.N. “Martínez, Saturnino”, 07/06/1988m Fallos 311:948, “Brizuela”, 13/10/2005, sent. Nº 112, entre muchos otros).

Acreditados los homicidios, corresponde avocarme a su agravamiento, en el caso, por alevosía, cual la jurisprudencia tiene sentado que: “…El homicidio con alevosía exige: 1) un elemento objetivo, es decir una víctima que no esté en condiciones de defenderse, o una agresión no advertida por la víctima capaz y en condiciones de hacerlo; y 2) un elemento subjetivo –que es donde reside su esencia– que consiste en una acción pre ordenada para matar sin peligro para la persona de su autor, proveniente de la reacción de la víctima o de un tercero. Pero no es necesario, para la configuración de la alevosía un estado de total seguridad y de total indefensión sino que lo que interesa es que haya habido seguridad en la mente del autor en el dolo de su acción, aunque tal seguridad no resulte ser absoluta, total o extrema, debiendo producirse siempre en el agente un estado material de superioridad respecto de sus víctimas, que resulte evidente, real y positiva…” Superior Tribunal de Justicia, Viedma, 30/05/1990. “Sosa, Aníbal Fabián; Tranamil, Agustín S. c/ s/homicidios reiterados (dos hechos) calificado por alevosía y ensañamiento s/casación–, sent. 00PE000083. (jurisprudencia de Río Negro II, 1919890000).

En autos, queda claro que el pueblo Pilagá, no pudo –ni tenía- la posibilidad de defenderse ante la ofensiva ejercida con armas de fuego y un avión munido de una ametralladora, tan solo emprender una improvisada huida por el monte formoseño, donde muchos encontraron su deceso en forma solitaria.

En cuanto a la multiplicidad de partícipes, éste se encuentra acreditado, que el día 15/10/1947, CARLOS SMACHETTI, co-comandó el avión JU-52T-153 con la misión de trasladar personal, junto al 1er.Piloto, Ten. ABELARDO S. SANGIACOMO; a los Mecánicos: Cabo May. BRAVO BOCA, Cabo HUMBERTO ALBANI y al Radio Operador: Sgto. ALEJANDRO DUBINI…”, en pos de brindar un apoyo tal al personal del Escuadrón de “las Lomitas” de Gendrmería Nacional (fs. 338/367).

En este sentido, el aporte objetivo de Smachetti (copilotear la aeronave) determina la existencia de una intervención en el hecho que puede resumirse en una fórmula de utilización práctica: el partícipe que haya aportado una contribución al hecho total, en el estadio de la ejecución, de tal naturaleza que sin ella aquél no hubiera podido cometerse y éste es el caso del aquí imputado.

Particular relevancia adquieren los testigos victimas, sus familiares y allegados. Son los que muchas veces se denominan “testigos históricos”. Han aportado datos acerca de lo vivido por ellos. Otros son testigos que pueden relatar los hechos de acuerdo con lo que han vivido en tanto familiares victimas, constituyéndose ellos mismos en testigos-víctimas, porque estos hechos han marcado sus vidas de modo radical.

Ahora bien, el cuadro probatorio reseñado permite tener por acreditada, tanto la existencia de los hechos, tal como fueran intimados, como la participación del imputado en los mismos. Así, ha quedado plenamente probada la participación criminal de Smachetti en la Matanza de Rincon Bomba, su participación activa en la misma, así como los ilícitos perpetrados desde las funciones o roles que le fueron asignados.

-7-

La comunidad internacional, el juzgamiento y la sanción de los delitos de lesa humanidad

La comunidad internacional, a través de la Asamblea General de la ONU -Argentina es estado miembro desde el 28 de octubre de 1945 oportunidad que ratificó la Carta de la Naciones Unidas- manifestó en forma concluyente su interés en el juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, al convenir la creación del Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del eje europeo, acuerdo que fuera firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 junto con el Estatuto anexo al mismo.

Con fecha 9 de diciembre de 1948, entendiendo que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, la Asamblea General de la ONU aprobó la “Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio”, la cual es ratificada por nuestro país con fecha 9 de abril de 1956, mediante decreto ley 6286/56.

Paralelamente, con fecha 12 de agosto de 1949 se aprueban los Convenios de Ginebra (I, II, III, IV) todos contemplan disposiciones básicas aplicables a todo conflicto armado, sea éste de carácter internacional o interno. Argentina ratifica los cuatro Convenios de Ginebra con fecha 18 de septiembre de 1956, asumiendo obviamente, los compromisos internacionales en ellos estipulados.

En el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos -Argentina es miembro desde 1956- reconoció expresamente al derecho internacional como norma de conducta para los estados y la existencia de obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

Además, nuestro país ratificó la Convención de Viena con fecha 12 de mayo de 1972 mediante ley 19.865, obligándose contractualmente a cumplir la normas imperativas derivadas del derecho internacional consuetudinario, sin perjuicio de que las mismas se encuentren o no incorporadas expresamente en su legislación interna.

Es decir que, ya a hace décadas, Argentina (como miembro de la comunidad internacional ratificante de las convenciones aludidas) se había manifestado en forma clara y unánime respecto a la necesidad de juzgamiento y sanción del delito de genocidio, de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, obligándose conforme los efectos estipulados en la Convención de Viena.

Que luego de realizado el análisis de los delitos de lesa humanidad y del conjunto de la prueba incorporada en autos, se advierte que se han configurado en el caso bajo análisis distintos hechos de tamaña gravedad, que atento su naturaleza, modalidad de comisión y por la calidad de sus supuestos autores, deben ser considerados atentatorios de la humanidad en su conjunto.

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Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad

La prescripción penal es considerada en nuestro derecho un instituto de derecho penal (material o sustantivo) y no un instituto de derecho procesal penal. Por ello, sus consecuencias son: (i) a la prescripción penal le alcanza la exigencia de ley previa; (ii) le alcanza el principio de aplicación ultractiva y retroactiva de la ley (penal) más benigna (Cfr. Bidart Campos, Germán, La extradición de un criminal nazi por delitos contra la humanidad, ED- T. 135, pág, 323 y ss.)

Tales principios relativos a la prescripción rigen exclusivamente en al ámbito de nuestro derecho interno, es decir en relación con la prescripción de las acciones cuyo objeto es la persecución de delitos de derecho común.

Sostuvo Bidart Campos que las consecuencias o derivaciones generales del instituto de la prescripción penal encontraban una excepción, habilitada por el ordenamiento jurídico -y en tal carácter no lesiva de nuestro orden interno-, en el ámbito relativo al derecho penal internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, integrantes del derecho de gentes (Bidart Campos, Germán, La extradición… ob. cit., .p. 323 y ss.)

Nuestro más alto tribunal Nacional, acogió esta tesis en el año 1995 en los casos Schwamberger y Priebke, cuyos problemas cruciales para la extradición de ambos sujetos era que los delitos contra la humanidad que se les imputaba estaban prescriptos para la ley argentina. En su resolución la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio prevalencia a la regla de imprescriptibilidad de las normas del ius gentium, considerándola limitante del derecho interno. En tal sentido, dicho escollo fue salvado al establecer que los tratados de extradición deben ser interpretados a la luz del ius cogen, con arreglo al cual los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y lo son porque la prescripción, salvo excepciones, no es una institución del derecho de gentes.

En el segundo caso aparece decisiva la idea de que “la aplicación del derecho de gentes se encuentra reconocida en el ordenamiento jurídico en virtud de lo prescripto por el art. 118 (antes 102) de la C.N. y que el constituyente argentino receptó directamente de los postulados del derecho internacional sobre las ofensas contra la ley de las naciones y por tal motivo resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la jurisdicción nacional…”. Con ello quedan satisfechas las exigencias concernientes al principio nullun crimen nulla poena sine lege, en cuanto abarca la totalidad de las condiciones de punibilidad de un hecho penal, inclusive lo referente a la prescripción y ello es así porque la vigencia interna del derecho de gentes modifica estas mismas condiciones de punibilidad.

-9-

Calificación legal

Carlos Smachetti participó en numerosos hechos de homicidio agravados por alevosía. Preordenó su conducta para matar, con total indefensión de la víctimas y sin riesgo ni peligro para su persona, eliminando toda posibilidad de resistencia y de ayuda de terceros. Para ello utilizó la seguridad de un avión de la Furze Aérea Argentina disparando a mansalva sobre indefensos originarios pilagá que huían en la espesura del monte formoseño de la persecución de la Gendarmería Nacional. Orientó su acción a dar una muerte segura a sus victimas. Por ello le caben las previsiones del art. 80, inc. 2 y 6 y 45 del C.P.) en concurso real (art. 55 del CP), en calidad de calidad de partícipe necesario (art. 45 del C.P.). Todo ello calificado como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio.

Participación necesaria.

En sentido amplio se designa así a la concurrencia de varias personas como sujetos activos (participantes) en la comisión o en el proceso de comisión de un delito.

En sentido estricto este vocablo comprende solo a quienes contribuyen con su aporte a un delito ajeno (partícipes), es decir, excluye a los autores y coautores.

Son partícipes en sentido estricto los cómplices (primarios y secundarios) y los instigadores.

La participación es el aporte doloso “por vía de un injusto doloso ajeno, hecho en la forma de instigación o complicidad” (5); la colaboración en un hecho ajeno o la motivación de éste. Negativamente, puede decirse que es condición esencial que el partícipe no realice la acción típica; se caracteriza por la ausencia de dominio final del hecho, que es propia de las formas de autoría dolosa.

La contribución no ejecutiva requerida por la complicidad -en cualquiera de sus categorías- debe ser anterior o simultánea al hecho. Reparemos sobre este aspecto que la ayuda posterior al hecho propia de la participación secundaria, debe ser en cumplimiento de una promesa previa al mismo.

Nos encontramos frente a un hecho común toda vez que el concurso de contribuciones se hizo respecto del mismo hecho (convergencia objetiva). Existió convergencia intencional: Las voluntades concurrieron respecto del mismo hecho (convegencia subjetiva), es decir los partícipes orientaron su voluntad hacia el hecho de la Matanza de originarios pilagá.

La actividad de Smachetti fue una contribución al hecho de los autores. Sin su actividad objetiva el hecho no habría podido cometerse de la forma en que lo hizo. No pudo acreditarse en autgos que Smachetti hubiera tenido el dominio del hecho, actuando no obstante con conocimiento y voluntad dirigidos a la matanza indiscriminada de los integrantes del Pueblo Pilagá.

-10-

JUICIO POR LA VERDAD

Esta querella peticiona que en razón del derecho del pueblo pilagá a que se conozca jurisdiccionalmente la verdad de lo ocurrido en la denominada Matanza de Rincón Bomba, para el caso de imposibilidad de juzgamiento del imputado Smachetti sea por razones de salud o por fallecimiento, se de trámite a las presentes actuaciones como juicio por la verdad en un todo de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 28/92 – Caso Lapacó).

Los delitos imprescriptibles investigados y la evidente mora judicial en una causa iniciada en el año 2005 amerita un procedimiento como el indicado. A lo largo de estos años, fallecieron impunes muchos de los represores participantes y numerosos testigos originarios sobrevivientes sin ser siquiera llamados a declarar. Otros se encuentran gravemente enfermos. Se propusieron testigos ya hace largos meses, sin que hasta la fecha se hayan tomado las medidas pertinentes para efectivizar tales medidas y avanzar en una investigación mas exhaustiva.

El estado de situación de la presente causa, atento la edad del imputado y las circunstancias precedentemente señaladas, importa la privación del derecho a la protección y a garantías judiciales por la paralización de la investigación judicial.

El articulo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Asimismo el Articulo 29 de la Convención dispone:

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

  1. a. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

  2. b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

  3. c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”

Lo que se denuncia como incompatible con la Convención son las consecuencias jurídicas de tal inactividad y de las disposiciones del CPPN. En consecuencia, el acceso a la jurisdicción por parte de la victima de un delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal.

En el citado informe, la CIDH ha dicho que: “Al interpretar el alcance del Articulo 1.1 la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que “la segunda obligación de los estados partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción… Como consecuencia de esta obligación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derecho reconocidos por la Convención…” La corte amplia ese concepto en varios párrafos siguientes de la misma sentencia, por ejemplo: “Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo a la tolerancia del poder público o si este ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”; “El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la victima una adecuada reparación”; “…si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la victima la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”; Con respecto a la obligación de investigar señala que “…debe tener sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la victima de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad publica busque efectivamente la verdad…”.

Por estas y otras consideraciones, la CIDH recomendó en este caso “la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar”, en referencia a los crímenes cometidos durante la dictadura 1983/1986, abriendo los denominados “juicios por la verdad”.

Como consecuencia de esta opinión consultiva, hoy de aplicación obligatoria por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de La Plata, declaró por mayoría declarar el derecho de los familiares de las víctimas de los abusos del Estado ocurridos en el pasado gobierno de facto (1976/83) de conocer cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la desaparición de ellas y en su caso el destino final de sus restos.( ALBERTO RAMON DURAN – LEOPOLDO HECTOR SCHIFFRIN – HECTOR G. UMASCHI – ANTONIO PACILIO (en disidencia parcial) – JORGE JAIME HEMMINGSEN – CARLOS ALBERTO NOGUEIRA (en disidencia parcial) – JULIO VICTOR REBOREDO – SERGIO OSCAR DUGO (por su voto) – ROMAN JULIO FRONDIZI (según su voto) – ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS – LA PLATA). RESOLUCIÓN N° 18/98 . La Plata, 2 1 de abril de 1998.)

Asimismo, resulta de plena aplicación en autos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por ley 24.071 e integrado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio núm. 169 es la no discriminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Mucho menos judiciales. Por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3). Pues bien, la lentitud judicial, y la impunidad final biológica discriminan al pueblo pilagá en cuanto permiten el olvido y la impunidad de crímenes de lesa humanidad de los que fue victima frente a otros delitos igual de graves y horrorosos que llegan a tener sentencia en orden a los delitos cometidos por los represores de la dictadura militar 1976-1983.

El Tratado Internacional que importa el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenmas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Ley 24.071 resulta por si mismo operativo. Jmas una interpretación “programática” podría transformar en retórica diversas normas y leyes de la Nación Argentina como el mencionado art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, la Ley 23.302 de Política Indígena y la Ley Integral del Aborigen Nº 426 de la Provincia de Formosa.

Es consecuencia, el pueblo pilagá goza de una especial protección normativa que debe ser no solo respetada sino cumplida cabalmente en especial por el Poder Judicial, teniendo en cuenta los deseos expresados libremente por dicho pueblo. A través de sus autoridades lo ha hecho en la presente causa y en cada instancia en donde se trató el dolor colectivo por la matanza producida.

Lo contrario resultaría un acto discriminatorio. La ley 23.592, discriminar es IMPEDIR a una persona o a un grupo de personas el ejercicio de un derecho constitucional. En el caso, el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, esta norma en su artículo 1º establece que: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

-11-

SOLCITA SE REMITA EXPEDIENTE

En salvaguarda del derecho de las victimas de delitos de lesa humanidad al conocimiento de la verdad y fundamentalmente a su accesibilidad a la justicia, solicito que previo a la elevación a juicio se solicite al Juzgado Federal Nº 2 de Formosa de copia certificada del expediente Nº 123 – Ordinario Nº 35 Fº 171 Año 2005 – Secretaría Civil, en cuya base fáctica se basó el Requerimiento de Instrucción del Ministerio Público en la presente causa, toda vez que en ese expediente se encuentra prueba determinante para la dilucidación de los hechos que se ventilarán en el debate oral.

En particular teniendo en cuenta que en ese expediente prestaron declaración testimonial originarios pilagá que a la fecha se encuentran fallecidos, la pericia realizada por el Lic. Enrique Prueger y Roberto Eduardo Vera, actas de allanamientos, órdenes de resguardo de cadáveres encontrados,

En especial allí rolan testimonios de Cristina Duarte (fs 241/242), Norma Navarrete – fallecida – (fs. 243/244), Ambrosia Gonzalez (fs.245/247), Rogelia Gimenez (fs. 247/248), Eduardo Alegría – fallecido – (fs. 249/250), Martin Pedro (fs. 251/252), Melitón Dominguez (fallecido) (fs. 253/254), Ernesto Gómez (fs. 255/257), Pedro Palavecino (fs. 258/259), Alberto Navarrete – fallecido – (fs. 260/261).

Se incluyen también informes militares, despachos radiográficos y diversa documentación.

Las constancias obrantes en el expediente mencionado se encuentran merituadas en el Requeriemiento de Instrucción Fiscal, y corren por cuerda la presente causa.

Sin perjuicio de ello se señala que el Ministerio Publico solicitó la reproducción de esas testimoniales en el año 2013, cuando aún muchos de los ancianos sobrevivientes se encontraban con vida e incluso ofreciendo aun mas victimas y familiares. Tales testimoniales NUNCA se realizaron y esta parte urgió su producción por retardo de justicia el 19 de mayo de 2014, sin que fuera tal presentación siquiera proveída.

Incorporado el expediente peticionado, se ofrecerá la prueba pertinente en la etapa procesal oportuna.

-12-

PETITORIO

Por cuanto queda expresado solicito:

  1. Tenga por presentado en tiempo y forma el presente Requerimiento de Elevación a Juicio contra el imputado correctamente individualizado y por los fundamentos dados a lo largo del mismo, en los términos del art. 347 inc. 2 del C.P.P.N.

  2. Previo a la elevación a juicio se solicite al Juzgado Federal Nº 2 de Formosa de copia certificada del expediente Nº 123 – Ordinario Nº 35 Fº 171 Año 2005 – Secretaría Civil,

  3. Oportunamente se decrete la elevación de juicio de: CARLOS SMACHETTI, ya filiado, por considerarlo coautor penalmente responsable Homicidio agravado por Alevosía, en reiteración de hechos, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función o cargo (art. 80, inc. 2, 6 y 45 del C.P.) en concurso real (art. 55 del CP), en calidad de calidad de partícipe necesario (art. 45 del C.P.), Todo ello calificado como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio.

  4. Para el caso de fallecimiento o imposibilidad de juzgamiento de Carlos Smachetti, se de trámite de juicio por la verdad histórica a esta causa, conforme el derecho de los familiares de las víctimas de los abusos del Estado ocurridos en la denominada Matanza de Rincón Bomba de conocer cuáles fueron las circunstancias relacionadas con tales delitos de lesa humanidad, su desarrollo, crímenes cometidos y destino de los originarios desaparecidos y asesinados en esos hechos.

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA

 

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