ACINDAR: ESCRITO PRESENTADO ANTE UNIDAD FISCAL DE DDHH

La Liga vuelve a pedir la indagatoria de un grupo de civiles que fueran gerentes y/o miembros del Directorio de Acindar por su responsabilidad en la represión y en la imposición de un modelo económico que aún sufrimos

 

SE CITE A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA. SE IMPUTE.-

SR. JUEZ:
Graciela Nora Rosenblum, en su carácter de presidenta, y José Ernesto Schulman en carácter de Secretario, de la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, entidad reconocida como parte querellante en estos actuados “Martínez de Hoz, José A. y otros s/ Allanamiento Ilegal y otros” (Expte. Nro. 16.251/10) en trámite por ante el Juzgado a vuestro digno cargo, constituyendo nuevo domicilio procesal en calle Córdoba Nro. 1330, Piso 3°, oficina 9/11, de Rosario, y bajo el patrocinio del Dr. Martín José Livolti (Mat. Federal T° 401 F° 26), a V.S. DECIMOS:

I.                    OBJETO:

Que venimos por este acto a reiterar la solicitud que en su momento hiciéramos ante V.S., a los fines de que disponga, en virtud de las cuestiones de hecho y de derecho que en el numeral siguiente se detallarán –y que asimismo resultan una reiteración de lo ya planteado por nuestro organismo-, se cite a prestar declaración indagatoria en función de la indudable responsabilidad penal en los hechos criminosos ocurridos en Villa Constitución, y que conforman el objeto procesal de la presente causa a las siguientes personas:
a).- Pedro R. Aznarez, con domicilio en Presidente Gral. Roca 831 7°, de la ciudad de Rosario-Santa Fe; quien oficiaba como Subgerente de Relaciones industriales de la empresa ACINDAR S.A. al tiempo de la Operación “Serpiente Roja del Paraná” (20/03/1975) hechos que motivan la presente querella penal;
b).- Roberto Pellegrini, con domicilio en Gral. López 831, de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe,  jefe División Personal de ACINDAR S.A. al momento de los hechos que motivan la presente querella penal;
c).- María Estela Martínez de Perón, por la responsabilidad directa que tuvo en el Operativo “Serpiente Roja del Paraná” en atención a su cargo de Presidenta de la Nación y como tal Comandante en Jefe de las Fuerzas de Seguridad nacionales. Además de su actuación en los momentos posteriores asumiendo como propio el mencionado operativo encubriendo la verdadera razón del completo avasallamientos de derechos en perjuicio de los trabajadores y demás ciudadanos de Villa Constitución.-
d).- Arturo Tomas Acevedo, DNI 8.319.631, domiciliado en  Anchorena 330 – Boulogne – Pcia. de Bs.As. (hijo de Arturo Acevedo y sobrino de Jorge Acevedo, es decir nieto del fundador y heredero de la Empresa. Quien ingresó, según relato de los testigos en el primer lustro de la década de los 70 y fue su Presidente hasta aproximadamente el año 2011. Figura como miembro del Directorio formalmente (según memorias y balances) específicamente como Gerente de la Planta Nº 2 desde el Ejercicio 1980-1981. De lo que se evidencia su conocimiento sobre todos los hechos que sucedieron en la empresa.-
La presente solicitud se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que más abajo serán objeto de exposición, que determinan la responsabilidad de todos los nombrados en los hechos comprendidos dentro del operativo represivo conocido con el nombre de “Serpiente roja del Paraná”.-

II.- FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD: HECHOS y ANTECEDENTES.-

A).- Antes de comenzar el examen de las cuestiones de mérito que hacen a la fundamentación del presente pedido de indagatoria, aclaramos que en cuanto a la ex Presidente María Estela Martínez de Perón por la magna responsabilidad que le cabe en estos hechos tanto por su responsabilidad institucional como por su directa participación es necesario describir su conducta en un apartado especial.-
A los fines de describir los hechos que dan sustento a nuestra solicitud es preciso recordar que en el mes de diciembre de 2010, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, junto con los Sres. Carlos Sosa, Alberto Piccinini y Juan Actis, todos ellos dirigentes sindicales de reconocida y dilatada trayectoria, además de víctimas directas del virtual “copamiento” y represión que sufrió la ciudad santafesina de Villa Constitución en virtud del operativo represivo dispuesto a pedido de la empresa ACINDAR S.A. y ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional que se materializó el día 20 de Marzo de 1975 y que ofreció como saldo el encarcelamiento ilegal de los mencionados dirigentes sindicales metalúrgicos, Actis y Piccinini, y del ferroviario Sosa, junto con el de otros trescientos ciudadanos y ciudadanas y en el que la represión ilegal implicó en ese día y los posteriores una serie de asesinatos, aplicación de tormentos y secuestros; así como la militarización de la planta fabril de ACINDAR y la instalación del terror en toda la población.-
Que tales actos, investigados en los presentes actuados, han sido ya calificados por el Sr. Juez Federal anteriormente interviniente en los autos de marras (Dr. Oyarbide) como crímenes de lesa humanidad, por ende de carácter imprescriptible. A su vez, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha sido reconocida como parte querellante en virtud de sus objetivos e incansable lucha por la vigencia de los Derechos Humanos en el país.-
Que mediante auto del 16/09/2013, señaló el Tribunal de Instrucción expresado, un marco histórico de represión creciente organizado desde el propio Estado en un marco de acción conjunto que involucraba tanto al poder político como a los poderes fácticos y económicos que buscaban “controlar” la situación frente a la proliferación de reclamos de amplios sectores sociales y políticos con predominancia de los reclamos gremiales.-
Expresa la resolución: “Lo que se vislumbra es que desde el gobierno nacional constitucional se montó un andamiaje represivo ilegal que se fue afianzando y consolidando, ya que en un principio los ataques (amenazas, atentados con bombas y…homicidios) aparecían como individualizados y solo dirigidos a personajes que se manifestaban abiertamente opositores -como Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña y el cura Carlos Mugica, por mencionar solo algunos- a los lineamientos políticos del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y José López Rega… más cuando los reclamos sociales se fueron masificando, organizando y las agrupaciones políticas revolucionarias fueron adquiriendo representatividad y legitimidad a través de elecciones gremiales y sus reclamos fueron adquiriendo la entidad suficiente para transformarse en un obstáculo para los fines perseguidos por el gobierno nacional, el aparato represivo ilegítimo se fue transformando en un verdadero terrorismo de estado que buscó no solo amenazar y eliminar ya no a título individual a opositores políticos…..sino a las organizaciones políticas y sus militantes completamente, y así se llegó a la “institucionalización de la represión””.-
En el mismo auto, dejó en claro el Dr. Oyarbide. que la represión y persecución que se inicia el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, -situación delictiva en relación a la cual el propio auto ya había fijado como vinculada al directorio de la empresa ACINDAR S.A. como especialmente involucrada en los delitos que se investigan- se continúa más allá del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.-
Efectivamente, tal como reza el citado pronunciamiento, los actos delictivos oportunamente denunciados y que hacen al objeto principal de nuestra querella, tuvieron como finalidad principal la desarticulación de la Comisión Directiva dela UOM villense “con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar” desde el gobierno de facto y los poderes económicos que lo sostenían, “no fueran obstaculizadas por la actuación gremial”.-
Como bien surge de la mencionada pieza: “la prolongación del estado de detención de sus dirigentes más allá del sobreseimiento y absolución que se dictó en la causa penal instruida contra éstos –los dirigentes gremiales combativos de la UOM de Villa Constitución- se justificó con la detención a disposición del PEN que sufrieron…circunstancia que no puede ser analizada fuera del contexto de los intereses político económicos del momento”.-
Tal aseveración contenida en la resolución deja en claro dos cosas, la continuidad del accionar delictivo desde la empresa ACINDAR y sus directivos con posterioridad al desarrollo del ilegal e ilegítimo operativo represivo conocido como “Serpiente Roja del Paraná” acaecido el 20 de marzo de 1975 que se prolongó pasado el golpe del 24 de marzo y que implicó la continuación de delitos que involucraron a directivos y gerentes que mantuvieron “militarizada” la planta fabril y prestaron colaboración activa con agentes terroristas que actuaron en Villa Constitución antes y después de la mencionada fecha.-
En relación con el tema del interés de la empresa y sus propietarios, directivos y elementos del personal jerárquico en el marco de los delitos que aquí se investigan, clara es la resolución aludida cuando pone de manifiesto que: “aquí se involucra la responsabilidad del directorio de una empresa como ACINDAR, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el Ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia ésta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de ACINDAR, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución”. Y valga la redundancia, reitera una vez más el auto, que la jornada de marzo del 75 fue tan solo el principio de un accionar represivo que se mantuvo vigente en virtud de los mismos intereses durante toda la dictadura, es decir hasta 1983.-
Efectivamente, y siguiendo el razonamiento que surge del propio pronunciamiento judicial que hemos citado, podemos decir que el Terrorismo de Estado desplegado entre finales de 1973 –con la aparición de la Triple A- y finales de 1982 con la derrota en la Guerra de Malvinas, marcó un salto de calidad en la represión, tanto en el control y como en el dominio de lo que se constituyó en el exterminio de un grupo nacional.-
En todo ese período se verifica una efectiva relación entre la represión y las empresas, que en rigor de verdad viene de larga data. Desde mediados del siglo XX, funciona un verdadero triángulo en el que han interactuado empresas, gobierno y burocracia sindical; en los años del Terrorismo de Estado proporcionaban listas a los servicios de Inteligencia o prestaban autos, camiones e instalaciones. Y así lo ha dejado en claro el fallo que hoy citamos para solicitar como paso subsiguiente, se cite a los funcionarios y directivos de ACINDAR S.A.-
Los mencionados crímenes, tuvieron un dolo o intención de dañar propio y específico que se materializó en la acción criminal del 20 de marzo del 75 y que con la militarización de la planta fabril se perpetuara con el concurso de otros delitos como la instalación de un centro clandestino de detención de personas que funcionó en el albergue de solteros de la empresa y en la militarización de toda la zona de Villa Constitución produciendo cantidad de muertes, tormentos y desapariciones.-
Entre ellos, puede colegirse como parte de los objetivos que bien ha definido como “a prima facie vinculados a los intereses de la empresa” que requerían de la represión a los trabajadores como herramienta para garantizar a ACINDAR S.A. sus beneficios: a) la destrucción del Plan Savio y el monopolio de la producción acerera para el Estado, con la consabida destrucción de la estatal SOMISA; b) la obtención de una posición preferencial en el mercado para beneficiarse con una serie de créditos internacionales que luego serían absorbidos por el propio Estado Nacional a través de la estatización de la deuda operada en tiempos de Domingo Cavallo como Presidente del Banco Central durante la dictadura; c) la obtención de importantes exenciones en el pago de impuestos que sumada a la reducción de personal y la instalación del terror en la fábrica aumentaron significativamente las ganancias de la empresa desde ese momento y en adelante.-

B) A los fines de precisar los elementos que esta querella entiende más que suficientes para sustentar el pedido de indagatoria de María Estela Martínez de Perón, resulta preciso recordar que en aquella época, se venía dando una avanzada represiva desde los poderes de Estado. En dicho marco, el día 27 de septiembre de 1974 el Congreso sanciona la Ley N° 20.840 (“Ley Antisubversiva”), en cuyos considerandos se sostenía que la violencia imperante es resultado del “extremismo marxista”, para lo cual se establecían penas que iban de los 2 a los 6 años de prisión para quien realizaran actos de divulgación, propaganda o difusión “tendientes al adoctrinamiento, proselitismo o instrucción de conductas dirigidas a alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación…”
El 7 de noviembre del mismo año y mediante la sanción del Decreto N° 1.368/74, la Presidenta María Estela Martínez de Perón, estableció el estado de sitio en todo el territorio de la Nación, con lo cual daba vía libre tanto a las fuerzas regulares del Estado, como a las organizaciones parapoliciales de ultraderecha que, nucleadas básicamente en la Triple A, participaron junto con la Policía en lo que se dio en llamar el “combate antisubversivo” a través del cual se atacaba, perseguía, reprimía y encarcelaba a centenas de miles de luchadores populares.-
Es así que el 20 de marzo de 1975 invadieron Villa Constitución las distintas fuerzas represivas estatales y paraestatales mediante un operativo articulado entre la Policía Federal y su homónima de Santa Fe, junto con la Guardia Rural “Los Pumas”; también a la Prefectura Naval y a integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en conjunto con efectivos de la Gendarmería Nacional, personal del Ministerio de Bienestar Social, parapoliciales (Triple A) y militares, en estricto cumplimiento de la orden del Gobierno Nacional.-
En dicho operativo conjunto resultaron detenidos trescientos (300) trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Las fuerzas intervinientes reconvirtieron desde el primer momento del operativo represivo – y bajo la dirección de la empresa-, al albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de detención y torturas. Este operativo conocido como “Serpiente Roja del Paraná”, fue explicitado y “justificado” en un posterior comunicado firmado por la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón y por los titulares de los Ministerios de Defensa (Adolfo M. Savino), Justicia (Antonio J. Benítez), Trabajo (Ricardo Otero) e Interior (Alberto L. Rocamora).-
El operativo se inició un día jueves (20/03/75) a las cuatro de la madrugada. La Policía Federal y la de la Provincia avanzaron sobre los barrios y la zona de las fábricas; a la vez que la Prefectura desplegaba lanchas sobre el río Paraná para impedir que los ‘buscados’ pudieran escapar por las aguas costeras.-
Esa madrugada se clausuró el local de la UOM de Villa Constitución y la mayor parte de la Comisión Directiva que encabezaba Alberto Piccinini fue detenida y encarcelada. En la ruta, la policía interceptó a los micros que llevaban a los obreros para el turno de la mañana y detuvo a varios activistas. Incluso las dos abogadas de la “Lista Marrón” del Sindicato, Mary DalDosso y Mireya Rojo, fueron arrestadas ilegalmente. La jornada de marzo del 75 fue tan solo el principio de un accionar represivo que se mantuvo vigente en virtud de los mismos intereses durante toda la dictadura, es decir hasta 1983.-
Frente a las detenciones, los obreros resuelven la toma pacífica de las plantas y la constitución de un comité de lucha. El miércoles 26 las fuerzas de seguridad obligan a los obreros a desalojar las instalaciones fabriles. El 1° de abril, Simón de Iriondo es designado interventor de la seccional de la UOM por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El 8 de ese mes, Alberto Campos –designado por la UOM nacional- toma la intervención de la Seccional, reemplazando al que había nombrado provisoriamente el gobierno nacional. Con esta acción es más que claro el involucramiento y la consustanciación del gobierno nacional con el operativo represivo desplegado. De hecho, los diarios de la época lo reflejan, así el diario santafecino “El Litoral”, en su edición del 9/4/75 reflejan la preocupación del gobierno nacional y de la CINA (Confederación Industrial Argentina) por la huelga realizada por las detenciones producidas. El periódico informa el reclamo de los huelguistas “en demanda de la libertad de los 42 dirigentes y activistas detenidos por el gobierno bajo la presunción de que  pueden estar involucrados en un acto subersivo”. Asimismo, en el mismo periódico pero en la edición de fecha 21/03/75 como cabeza de página aparece la noticia del “vasto operativo” desarrollado en la zona sur de Santa Fe. En el recuadro de esta última noticia (cable de la agencia Télam) dice que “Más de un centenar de detenidos arrojaba hoy el gigantesco operativo conjunto iniciado en la madrugada de ayer por fuerzas de seguridad, para desbaratar un plan subversivo  denunciado por el gobierno, que pretendía paralizar la industria pesada del país que se desarrolla en la zona del río Paraná, entre las ciudades de Rosario y San Nicolás.” Además, en la nota principal se relatan declaraciones del Ministro de Interior (Rocamora) a través de un comunicado de su cartera en la que el medio de prensa cita textual lo dicho por el funcionario “…el operático antisubversivo que comenzó ayer ha sido cumplido en defensa de los trabajadores y no en perjuicio de ellos, ya que uno de sus fines esenciales es garantizar la libertad de trabajo y la seguridad de los habitantes de la Nación frente al vasto complot sedicioso descubierto por los organismos de inteligencia del Estado argentino que era el de provocar la total paralización de un vital sector laboral del país.” Difícil es pensar que funcionarios de tan alta esfera actúen sin precisas instrucciones de quien era la Jefa de Estado y que fue quien los designó al frente de esas carteras nacionales.-
No obstante ello, frente a la resistencia de los trabajadores que quedaban en libertad que habían decidido parar en reclamo de la libertad de los detenidos, el gobierno nacional emitió un extenso comunicado el 09/05/75 en el que dice que “Como datos ilustrativos de los procedimientos realizados, se pueden mencionar los siguientes: Total de detenidos por la Policía Federal y policías de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe: 307, actualmente quedan a disposición del Poder Ejecutivo nacional: 97…”. Indiscutiblemente, si los detenidos estaban bajo la responsabilidad del Ejecutivo no podía la Sra. María Estela Martínez de Perón estar ajena a los hechos (al respecto ver la edición del día sábado 10/05/75 del diario “El Litoral”). Por último, cabe destacar que el 19/05/75 se desata ante la nueva represión  contra de las organizaciones populares y el pueblo villense por la solidaridad con los detenidos en el operativo; precisamente ese mismo día se hace pública en medios periodísticos locales una solicitada realizada por la Juventud Trabajadora Peronista denunciando lo sucedido y oponiéndose a las declaraciones del Ministerio del Interior de la Nación (Rocamora), luego otras organizaciones como la aquí querellante hicieron lo propio.-
De lo relatado se desprende prima facie la responsabilidad de la entonces Presidenta de Argentina en los hechos de autos, es por ello que desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre volvemos a insistir con la petición (ya formulada en la promoción de querella) de la necesariedad de que la Sra. María Estela Martínez de Perón sea imputada por los hechos descriptos y consecuentemente tenga la oportunidad de realizar su declaración indagatoria.-

C) CONSIDERACIONES PARTICULARES:
Para concluir la requisitoria a fin de que se cite a prestar declaración indagatoria a las personas mencionadas en el punto I del presente, resta decir que estos crímenes han estado bajo estado de impunidad por casi cuarenta años. Los delitos cometidos en Villa Constitución han sido particularmente ocultos e invisibilizados para la sociedad villense y argentina.-
De este modo, los responsables de estos crímenes de lesa humanidad se han “reciclado” en la sociedad democrática de la mano del poder económico que la empresa mantuvo durante todos estos años: Asnares y Pelegrini son respetados ciudadanos; y el fallecido López Aufranc ganó un premio Konex al mejor empresario, a quién por impunidad biológica, no podrá citárselo a prestar declaración indagatoria.-
Citarlos a prestar declaración indagatoria, hacer públicos los cargos que hay contra ellos, es de por sí un modo de reparación simbólica tanto para las víctimas directas como también para la sociedad villense y argentina en general.-

III.- Por todo lo expuesto es que se solicita en consecuencia se cite a prestar declaración indagatoria a:
a) Pedro R. Aznarez: por ser al momento de los hechos Subgerente Relaciones industriales. Aznarez fue señalado en todos los testimonios, libros y revistas políticas de la época como el ejecutor de las órdenes de la empresa a nivel de planta. Era quien negociaba con los sindicatos previamente al Operativo Represivo y por tanto, era quien tenía toda la información, quien la componía, la analizaba y sabía los nombres y referencias de los dirigentes que luego fueron secuestrados y presos;
b) Roberto Pellegrini: entonces jefe de División Personal de ACINDAR. Este era el otro hombre de la empresa en ejecutar las órdenes. También señalado en todos los testimonios. Él, junto con Aznares, pagaba los sobresueldos a los agentes de las fuerzas represivas que actuaban dentro de la planta de ACINDAR S.A.;
c) María Estela Martínez de Perón: en virtud de que el operativo conocido como “Serpiente Roja del Paraná”, fue explicitado y “justificado” en un posterior comunicado firmado por la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón y por los titulares de los Ministerios de Defensa (Adolfo M. Savino), Justicia (Antonio J. Benítez), Trabajo (Ricardo Otero) e Interior (Alberto L. Rocamora), en tiempos que han sido explicitados por el fallo del 16/09/2013 como de andamiaje de la represión oficial con elementos internos y supeditados al Estado y en virtud de la inconstitucional ley N° 20.840 de “Seguridad Interior” o “Ley antisubversiva”.
d) Arturo Tomás Acevedo: en virtud de ser parte del personal directivo de la empresa al momento de los hechos, lo que lo coloca en un lugar de innegable responsabilidad, lo que se corrobora con el cargo de presidente que ejerció hasta no hace muchos años.-
IV.- SE OFICIE A LA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES:
Solicitamos a vuestra Unidad Fiscal, se ordene librar oficio dirigido a la Comisión Provincial por la Memoria, de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en Calle 7 Nro. 499 (esquina 42)
de la ciudad de La Plata, a los fines de sirva remitir toda la información de que disponga que obrara en los registros de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires), referente a los hechos que se investigan en los presentes autos.
V.- PETITORIO.-
Por lo expuesto solicito:
1.- Se cite a todos los mencionados en el punto I del presente escrito a prestar declaración indagatoria.-
2.- Se libre oficio a los fines de lo solicitado en el punto IV.-
SERÁ JUSTICIA.-

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