En defensa del derecho a defender los derechos humanos: en defensa del derecho de huelga de todos los trabajadores

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En defensa del derecho a defender los derechos humanos: en defensa del derecho de huelga de todos los trabajadores

 

El martes 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Orellano, Francisco Daniel c/CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. s/Juicio Sumarísimo”, con el voto de los tres integrantes que componían la Corte, Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, aplicó un criterio restrictivo en la interpretación del derecho de huelga, sosteniendo que dicho derecho constitucional (reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución y en diversas normas internacionales de derechos humanos) solamente en cabeza de los gremios o sindicatos legalmente constituidos, inscriptos debidamente.

Para la Corte, sólo los gremios tienen el derecho a promover huelgas, mientras que los grupos “informales” de trabajadores no pueden promover medidas de fuerza, mientras que el derecho de los trabajadores a la huelga es reducido al derecho a adherir a una huelga declarada por un gremio.

En el caso, Orellano y otros treinta y cinco trabajadores más habían considerado que sus despidos eran discriminatorios, dado que constituían una directa represalia por haber participado de medidas de fuerza llevadas a cabo por los trabajadores del Correo Oficial de la Delegación de Monte Grande, Pdo. de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires; por ello reclamaban su inmediata reincorporación.  Anteriormente, tanto en Primera Instancia como en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, las sentencias habían sido favorables a los trabajadores.

En la audiencia pública celebrada en la causa, el pasado 10 de setiembre de 2015, concurrieron varias organizaciones sindicales, universitarias y de abogados laboralistas, a modo de “Amicus Curiae”. Con la sola excepción de la U.I.A., organización patronal que abogó por la posición finalmente adoptada por la Corte, el resto de las organizaciones, incluyendo las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, la Asociación de Abogados Laboralistas, el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de La Plata y otras Asociaciones de Abogados Laboralistas del resto del País, sostuvieron -en base a la interpretación amplia, la más acorde con los principios internacionales de derechos humanos- que el derecho de huelga se encuentra en cabeza del conjunto de los trabajadores.

La C.S.J.N. sostuvo su interpretación restringida en que el derecho de huelga entra en tensión con otros derechos (“libertad de comerciar, de ejercer toda industria lícita”, “de transitar, de enseñar y aprender, a la protección de la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y vestimenta, a que se asegura la calidad y eficiencia de los servicios públicos”) y que la forma de defender esos derechos es a través de la calificación de la legalidad de la huelga.

Por supuesto, esa afirmación carece de todo sustento jurídico, aunque refleja plenamente los prejuicios de clase, al poner los derechos de los trabajadores en contraposición (e inferioridad) frente al “ejercicio de los derechos del empleador” y los “derechos de terceros o de la sociedad” (que evidentemente excluye a los trabajadores huelguistas), como el de adquirir determinados bienes (ignorando por ejemplo las dificultades para su adquisición de bienes por parte de los trabajadores huelguistas, que podrían motivar la medida de fuerza).

En el caso concreto, la solución de la Corte legitima la causa del despido ejecutado por la patronal, el Correo, dado que la medida de fuerza de los trabajadores, no promovida por la burocracia sindical, queda tachada como “ilegal”.

Por otra parte, el Fallo se contradice con el propio texto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que define que los gremios deben ser una “organización sindical libre y democrática”.

¿Cuál es la organización libre y democrática reconocida por la Corte en su sentencia?

Por otra parte, si se tratara de una huelga llevada adelante por trabajadores “en negro”, que pretendieran ser registrados debidamente para tener los derechos que les corresponden por ley, aportes jubilatorios y de Obra Social, además de la remuneración conforme las escalas salariales vigentes, ¿cuál sería la decisión de la Corte? ¿Cuál será en el futuro la decisión ante conflictos semejantes por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? ¿Dejará desamparados a los trabajadores no registrados que reclamen? ¿Y si, ante la falta de defensa de sus derechos por los sindicatos preexistentes, esos trabajadores solicitaran la creación de uno nuevo?

Este fallo profundizará la desprotección de los trabajadores tercerizados y disminuirá las posibilidades de nuevos reconocimientos a organizaciones sindicales de primer grado, para evitar que estos nuevos nucleamientos de trabajadores disputen el espacio sindical a las burocracias sindicales, a las cuales beneficia claramente (junto a las patronales) esta decisión de la C.S.J.N.

Asimismo, dado que a las dos Central de Trabajadores Argentinos no se les ha otorgado hasta ahora su personería gremial, no puede descartarse que futuros fallos profundicen esta interpretación restringida, exigiendo que las medidas de fuerza sean tomadas exclusivamente por sindicatos con personería gremial, permitiendo así los despidos masivos de todos los trabajadores que se hubieran plegado a dicha medida de fuerza.

A esta altura, resulta indudable que este Fallo -cuya impronta patronal es innegable- es contrario a los principios internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional y, por ende, inconstitucional. No sorprende esta regresión en la jurisprudencia en materia laboral, ya que se enmarca en la ofensiva por cercenar las conquistas sociales de nuestro pueblo y, correlativamente, ampliar los privilegios de los sectores dominantes.

Resulta necesario sostener una posición de principios de nuestra organización, que sostenemos desde 1937, los derechos de los pueblos se conquistan en largas y complejas luchas sociales para los cuales el pueblo se organiza de las más diversas maneras, formas de organización autónomas que han resultado el principal instrumento social de conquista de derechos a lo largo de toda nuestra historia; atentar contra la organización autónoma de los trabajadores es agraviar de manera directa la conquista de nuevos derechos y la defensa de aquellos conquistados históricamente, que justamente en estos días son objeto de ataques y descalificaciones de todo tipo en nombre de una supuesta lucha contra la “corrupción” que pretende justificar toda acción estatal, incluidas estas decisiones de la Corte Suprema en contra de la Constitución y la mejor tradición del derecho laboral.

Desde la Liga llamamos a los trabajadores y al resto de nuestro pueblo, a luchar en defensa de la integralidad de los derechos humanos como el único modo de conquistar una democracia verdadera.

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