La denuncia que la Liga lleva al Congreso de la Fidh en Sudafrica: Macri arrasa con los derechos humanos

En el año 2015, la Comisión Provincial de la Memoria de la Pcia. de Buenos Aires (organismo de carácter publico de merecido reconocimiento social) afirmaba que “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”

De alguna manera estaba planteando una contradicción entre las políticas de memoria, verdad y justicia que se manifestaban en desarrollo con la persistencia de una cultura represora en los organismos de seguridad; para muchos de nosotros tal contradicción era insostenible a largo plazo y debía resolverse por el camino de la democratización de las fuerzas policiales y de seguridad de todo tipo; sin embargo, el ascenso de una fuerza política de derecha como la Alianza Cambiemos que se quedó con el gobierno nacional y el de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes amén del que ya tenía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso esa contradicción en la dimensión contraria: se han potenciado todas las políticas represivas y se han devaluado todas las políticas de memoria y justicia.

La Argentina se enfrenta hoy, nuevamente, a los peligros de la impunidad para los crímenes de Estado y a una oleada de nuevas y mayores violaciones a los derechos humanos en todas sus dimensiones, comenzando por la tortura en sede policial y penitenciaria

 

  • Las políticas de estigmatización de la militancia en el camino de crear un “enemigo” a exterminar que genere consenso en la sociedad.  La detención de Milagro Sala como epicentro de la operación cultural en marcha.

So pretexto de la denuncia de diversos casos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno anterior, el gobierno nacional y  su sistema de comunicación casi totalizador (pues se ha unido el sistema estatal, bajo mando gubernamental, al conglomerado de grupos privados de multimedios que vanguardizaron la campaña de descalificación de los avances conquistados en la última etapa política, y al mismo gobierno de los Kirchner) sostienen una muy peligrosa campaña ideológica de identificación entre militancia popular y corrupción o militancia de los derechos humanos con “el curro de los derechos humanos”, en palabras del presidente Macri.  Hay un proceso de construcción del otro a perseguir, reprimir, encarcelar sin causa y aún exterminar.  En el plano cultural el gobierno de la Coalición Cambiemos transita por el mismo camino que desembocó en el genocidio.  En ese contexto la detención de Milagros Sala, a quien se le abren sucesivas causas a medida que se caen las anteriores de modo tal que no pueda salir de la Cárcel y se persigue a los militantes de su movimiento Tupac Amarú a quienes abiertamente se descalifica y se busca destruir como colectivo social. La captación del Poder Judicial por el nuevo gobierno encabezado por Morales ha convertido la provincia de Jujuy en un territorio librado al autoritarismo donde no quedan ni restos del Estado de Derecho, y todo con el aval y el impulso de los poderes estatales nacionales

 

  • El empantanamiento de los juicios por delitos de Terrorismo de Estado y la potenciación de todas las formas de la impunidad: la biológica, la de los poderosos y la de los condenados.  La política de “prisión domiciliaria” como camino concreto de la anulación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

En contra de las promesas discursivas, el gobierno nacional presiona de manera desfachatada sobre el Poder Judicial para acentuar los tres mecanismos de impunidad que ya venían en curso desde hace años pero que ahora, todos, se han potenciado.  La impunidad biológica que consiste en lentificar el proceso judicial de manera tal que imputados y testigos finalicen su ciclo biológico y de esa manera, igual que Pinochet en Chile, mueran imputados, sospechados, algunos con la condena social pero legal y jurídicamente impunes.  La impunidad del Poder, sobre todo el económico que protege a los empresarios y políticos que fueron parte del Plan de Exterminio.  La presencia de los hijos de los Martínez de Hoz, los Massot y los Blaquier (todos empresarios imputados de graves crímenes de estado en el periodo dictatorial) es mucho más que un gesto simbólico, es la verificación de que este es el gobierno de los herederos del Terrorismo de Estado y que la sombra del indulto empieza a asomar de nuevo

 

  • Las políticas de dominio cuasi absoluto de todas las formas de comunicación social.  La anulación de la Ley de democratización de medios y el Convenio de manejo de datos privados del sistema de previsión social por parte del Poder Ejecutivo.

El gobierno Macri comenzó su gestión con una catarata de decretos de necesidad y urgencia que llegaron al colmo de pretender designar miembros de la Corte Suprema y derogar leyes.  La liquidación de la Ley de democratización de los medios de comunicación, acaso la ley con más debate y protagonismo social de la historia política argentina, muestra el desprecio del gobierno por la legalidad de sus acciones y mucho más, de la legitimidad de ellas.  En los últimos días, la concreción de un convenio para utilizar los datos de la previsión social para el sistema de propaganda oficialista confirma el desprecio por las leyes y los derechos individuales, incluso aquellos que conforman parte del ideario liberal.

 

  • La continuidad de las políticas de tortura, armados de causas y ejecución extrajudicial sumaria a cargo de las fuerzas policiales, penitenciarias y las fuerzas federales de Gendarmería, Prefectura y Policía Aeronáutica.

Si de algo no se quejó el gobierno Macri es de la herencia en el terreno de las fuerzas de seguridad.  De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el nuevo ministro Ritondo (denunciado en la causa de responsabilidades políticas por la masacre del Puente Pueyrredón por la muerte de Maximiliano Kostecky y Darío Santillán en junio de 2002) se mostró junto al anterior Granados en diversas oportunidades oficiales.  La autonomía que venían conquistando en las postrimerías del gobierno anterior se ha potenciado y con ella se han afirmado todas las formas de control social y manejo de negocios mafiosos por las policías y fuerzas estatales de seguridad: gatillo fácil, armado de causas, tortura en sede policial y penitenciaria, manejo del negocio de la droga, la trata de personas y la venta de partes de autos robados.  Todo ese proceso se acompaña por un proceso de subordinación del aparato de seguridad a la DEA, la CIA y el MOSSAD en un verdadero proceso de recolonización del aparato represivo que solo puede traer problemas para la vigencia de los derechos ciudadanos

 

  • La sanción de un nuevo Protocolo de seguridad que busca liquidar el derecho del pueblo a lucha por los derechos humanos. La tradición argentina de marchas, piquetes y cortes de ruta amenazada por las políticas de seguridad

Desde los 90 del siglo pasado, bajo el gobierno neoliberal de Menem, el movimiento de trabajadores desocupados y luego el conjunto del movimiento popular han utilizado el corte de rutas y de calles como modo de resistir las medidas más derechistas y expropiadoras.  La medida de lucha ha sido adoptada por todos los sectores sociales y políticas y fue ampliamente utilizada por los partidarios de Cambiemos en el periodo anterior.  Entre sus primeras medidas el gobierno sancionó un nuevo Protocolo de Seguridad que pretendía prohibir los cortes de calle y las movilizaciones populares.  De hecho el Protocolo fue superado por el movimiento obrero y popular que no dejó de ocupar las calles y de marchar pero pende como una amenaza y como signo de las verdaderas políticas de restricción del derecho del pueblo a lucha por sus derechos, el primero de los derechos que se conculca pues sin él no hay defensa posible de los derechos humanos

 

  • La subordinación del aparato de inteligencia y seguridad a las agencias de inteligencia de los EE.UU. e Israel.  La colonización de las fuerzas armadas y de seguridad para volverlas al estado natural en que vivieron bajo el terrorismo de Estado

 

Es particularmente grave el nivel de subordinación de las fuerzas policiales y de seguridad a las doctrinas y las agencias imperialistas de colocar como prioridad la lucha contra el narcotráfico que han llevado a la tragedia del pueblo mexicano que hoy sufrimos.  La designación del jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, una de las fuerzas más importantes entre las fuerzas estatales armadas del país, como resultado del consejo de la DEA, a pesar de las denuncias del propio oficialismo del carácter mafioso del policía, confirma que hay voluntad de colonizar las fuerzas de seguridad en una vuelta al periodo en que la Operación Cóndor (que sufrió una condena judicial hace muy poco) graficaba la subordinación de los gobiernos militares al Comando Sur del Ejercito de los EE.UU., con el trágico resultado conocido

 

  • El desmantelamiento de las áreas estatales destinadas a la ejecución de políticas sociales y de respeto a los derechos humanos.

El macrismo intenta reemplazar la noción de derechos de los pueblos por el de servicio prestado por misericordia.  De hecho trata toda organización o repartición estatal dedicada al cumplimiento de un derecho como superflua y cueva de vagos que no trabajan en nada productivo.  Particularmente grave es el desmantelamiento de toda la estructura que se fue construyendo en el Estado para colaborar en las investigaciones sobre la desaparición de personas, el robo de bebés y los negociados que los grupos económicos hicieron en épocas del terrorismo de Estado.  En algunos casos, formalmente se mantienen pero con nuevos empleados que no tienen ni compromiso ético ni conocimientos técnicos, lo que hace inútil la oficina o agencia

 

  • Las políticas económicas de transferencia de ingresos desde los sectores más humildes de la población, la clase obrera y las capas medias hacia un sector muy concentrado de la economía cuyos CEOS están a cargo directo del gobierno.

Quita de retenciones a las exportaciones agro industriales, quita de retenciones a la minería, anulación de subsidios a todo tipo de consumo, liberación del dólar y la batería de medidas tomadas han producido una transferencia brutal de riquezas desde los sectores populares y medios hacia el sector más concentrado.  Se calcula en más de veinte mil millones de dólares el monto de lo apropiado por el grupo de empresas, que casualmente, sus ejecutivos forman parte del gabinete como es el caso de Shell, IBM, Monsanto, etc. etc.

 

  • La ofensiva contra la Justicia Laboral en busca de un mayor nivel de flexibilización laboral y precarización del empleo que baje el costo argentino para aumentar las ganancias empresariales, como parte del esfuerzo por “disciplinar” el Poder Judicial en su conjunto

El presidente Macri ha explicado que las inversiones no llegan al país, a pesar de la liberación del dólar, el pago a los fondos buitres y todas las otras medidas, porque hay una Justicia Laboral que privilegia el interés de los trabajadores.  Es el anuncio de una nueva ofensiva, ahora para liquidar lo queda del sistema de Justicia Laboral, que llegó a ser ejemplar en los 60 80 del siglo pasado y que ya fuera agredido por el Menemismo.  Es un ejemplo del proceso de “disciplinamiento” de todo el Poder Judicial que se va allanando a los requerimientos de un gobierno que hizo de la “seguridad jurídica” una de sus banderas y que ahora procede del modo más brutal para judicializar no solo la protesta social sino cualquier forma de oposición.  El país marcha hacia un estado sin Derecho, si fuera por las intenciones del gobierno; pero todavía quedan fuerzas que se fortalecieron en estos diez años de juicios contra el genocidio, y hoy resisten los avances autoritarios que pretenden liquidar todos los pasos adelante que hubo en el país, incluso en el terreno judicial

 

 

 

 

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