Defender la producción nacional de ciencia es defender el derecho del pueblo a ser culto, y a luchar para ser libre.

A pocos días del fin de año, el gobierno nacional de Mauricio Macri vuelve a la carga con nuevas medidas de ajuste. Esta vez le tocó al turno a 500 trabajadores del CONICET que, a pesar de haber sido recomendados para ingresar a la carrera de investigador, fueron excluidos por falta de presupuesto. Los investigadores, docentes universitarios y estudiantes han emprendido una lucha que los ha llevado a la toma del edilicio del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología.

Las y los militantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, queremos expresar nuestra más absoluta solidaridad con esta lucha y nuestra inmensa preocupación por el modelo de país y de ciencia que este gobierno nos quiere imponer.

Durante los últimos 40 años de lucha, hemos contado con el apoyo incondicional de la comunidad científica que ha tenido un lugar fundamental en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Muchos de los 121 nietos restituídos no hubieran podido reencontrarse con sus familias de no haber sido por nuestros profesionales y científicos, formados en nuestras universidades públicas, que han ido perfeccionando las técnicas de identificación del ADN que hoy se ven reflejados en el Banco de Datos Genéticos.

No hubiéramos podido devolverle las identidades y reconstruir las situaciones de sus muertes de los cientos de familiares y compañeros que hemos encontrado en fosas comunes, enterramientos clandestinos, etc sin las investigaciones de los científicos y profesionales del Equipo de Antropología Forense.

Hubiera sido aún más difícil para los familiares y sobrevivientes del Terrorismo de Estado de no haber existido grupos de psicólogos y profesionales de la salud que investigaron y se preguntaron cómo acompañar a las víctimas de los crímenes de Estado y que han sido parte indispensable del proceso de elaboración durante estos 40 años.

Las ciencias sociales han hecho aportes realmente significativos que nos han permitido sistematizar y comprender el proceso histórico, sus consecuencias en el presente, los motivos y el funcionamiento del sistema concentracionario, conocimiento que ha sido y es fundamental en el proceso de juzgamiento que se encuentra abierto.

Así como los estudios en criminología, derecho y derecho internacional encontraron los modos dentro de las normativas nacionales e internacionales existentes para que hoy contemos con más de 700 genocidas presos; y hoy avanzan en propuestas y análisis que contemplen estos y otros delitos contra los pueblos para futuras normativas.

Y cuántos aportes científicos se requieren para un real proceso de erradicación de la pobreza, de solución de la crisis de vivienda digna, salud pública y gratuita, educación liberadora y cada uno de los derechos proclamados pero nunca cumplidos.

Sin una ciencia pública y comprometida no hay posibilidad alguna de un proceso de conquista real, acceso universal e igualitario de todos los derechos para todos.

Sin ciencia, no hay derechos humanos.

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