GATILLO FÁCIL OBLIGATORIO PARA EL PERSONAL MILITAR, CON DEFENSA GRATUITA GARANTIZADA

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Por Resolución 154-E/2017, el Ministerio de Defensa derogó la resolución 1020/2009, dictada por el Ministerio de Defensa del anterior gobierno.
Varios son los cambios entre ambas resoluciones, pero nos centraremos en tres de ellos, por considerarlos de extrema gravedad.
En primer lugar, la Resolución anterior, en el principio de actuación 6, contenido en el artículo 1°, no permitía la realización e tareas de inteligencia o contrainteligencia vinculadas con “hechos delictivos violentos flagrantes contra la jurisdicción militar”. En cambio, el principio 5 expresamente permite la realización -vinculados a estos hechos- de “informes socio ambientales” por organismos de personal, sin ponerles límite alguno, ampliando así las posibilidades de realización de tareas de inteligencia ilegales, que sólo una prohibición absoluta y una decisión política firme podrían erradicar de las prácticas de las fuerzas armadas argentinas.
En segundo lugar, de la vieja normativa a la actual hay un cambio fundamental: mientras que la 1020/2009 obligaba al personal militar a emplear “la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito violento flagrante contra la jurisdicción militar” (principio 2 del artículo 1°), el principio 2 del artículo 1° de la Resolución 154-E/2017 hace extensiva la obligación a “todo delito flagrante”, aunque no sea violento.
Es evidente que, por definición, el uso de la fuerza nunca puede ser necesario, proporcionado ni razonable contra un delito no violento.
Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que esta nueva resolución obligaría a los militares a hacer uso de la fuerza en circunstancias en las que ese uso no corresponde.
En otras palabras, la reciente resolución consagra la obligación de que los militares cometan delitos de gatillo fácil, como en los viejos tiempos en que las áreas militares estaban rodeadas por los carteles de “Zona Militar. No se detenga. Centinela disparará”.
Pero la resolución trae otro cambio fundamental. A sabiendas de que esta orden general obligatoria es contraria a derecho, consagra en su artículo 4° “el acompañamiento jurídico, patrocinio y/o la representación en juicio de todo personal que”, por cumplir la ilegal resolución, “enfrente por ello un proceso judicial o administrativo”.
En síntesis, gatillo fácil militar obligatorio, con defensa gratuita garantizada.
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Un comentario Agrega el tuyo

  1. Adrián Ramírez López dice:

    Nos sumamos a nuestros hermanos argentinos y clámanos por el retorno de los Ejércitos a sus cuarteles, en Argentina, México y el resto del mundo. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh

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