JUJUY: INFORME PRESENTADO EN LA CTDA DE LA ONU

Desde la liga Argentina por los Derechos del Hombre, espacio de defensa de los derechos humanos, en el que conviven distintas vertientes del pensamiento democrático y progresista fundada en 1937, agradece la oportunidad de exponer la situación de nuestra provincia ante esta comisión especial del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Sin duda creemos que en Jujuy se están vulnerando derechos elementales como el derecho a la protesta, la libertad de expresión, libertad de asociación por mencionar a algunas con una clara intencionalidad del actual gobierno de criminalizar y judicializar la protesta social como método de disciplinamiento contra aquellos que no se alinean a sus necesidades políticas.

Los conflictos sociales han estado presente a lo largo de la historia y nuestra provincia no escapa de esa dinámica, donde con las cíclicas crisis económicas afloran de formas más cruda las tensiones sociales, mas en un contexto de ajuste, demonización y represión como el que implementa el actual gobierno como único mecanismo de relación con la clase obrera en general.

Vemos con preocupación cómo a partir de fines de 2015 en adelante se comenzó a dar un armado en los distintos poderes del Estado tendientes a fragmentar y perseguir cualquier oposición. Por empezar la ampliación del Superior tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros dos de los cuales aprobaron el proyecto como diputados y asumieron como jueces al otro día, además del nombramiento de familiares y militantes radicales como funcionarios del poder judicial en distintos estratos, responden a una necesidad política que de justicia, nos lleva a afirmar que la independencia de poderes en Jujuy no existe y por lo tanto se vulnera las garantías a un proceso justo e imparcial para las personas que son imputadas por alguna causa.

Para hacer un repaso de lo que está pasando en nuestra provincia, tomamos como punto de inflexión el acampe de la red de organizaciones sociales en diciembre de 2015. La modalidad de propuesta del acampe surge a partir de la negativa del ejecutivo provincial de recibir a la red de organizaciones sociales, que habían solicitados audiencias en dos oportunidades (con presentación de notas escritas) con algún funcionario para saber los lineamientos en la política de construcción de viviendas sociales y distintos planes de ayuda hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Ante la negativa del dialogo y la incertidumbre de los cooperativistas por sus fuentes de trabajo se acordó por asamblea la modalidad de lucha de un acampe pacifico en la plaza.

A partir de allí se hostigo de distintas formas al acampe, primero se genero una hipótesis de conflicto donde en el traslado hacia Jujuy de gendarmes traídos desde Santiago de Estero con el fin de reprimir, termino en un lamentable accidente donde fallecieron 42 gendarmes, luego hubo aprietes a los dirigentes de las organizaciones de la red que iban desde aplicarles multas con el código contravencional seguido de denuncias penales, hasta dejar a la gente del acampe sin la posibilidad de obtener una ayuda social provincial o nacional como método extorsivo si no abandonaban la plaza. También incitando a los comerciantes de la zona que denuncien a las organizaciones sociales con la promesa de darles un resarcimiento económico entre otras cosas, así como también la presencia de personal de civil de la policía de la provincia en el acampe.

Después de la detención arbitraria de la dirigente de la Túpac Milagros Sala por instigación a cometer delitos y tumulto en enero de 2016 y a pesar del levantamiento de este tras 52 días, se incremento la persecución y detención arbitraria de muchos dirigentes de la Túpac con espectaculares operativos policiales, con daños en las instalaciones y viviendas de muchos integrantes de la mencionada organización. Situación que fue denunciada en la justicia y acompañada por los organismos de derechos Humanos y la Coordinadora Contra la Represión y el Ajuste.

La suspensión de la personería jurídica de la Organización Barrial Túpac Amaru, la ocupación de muchas de las instalaciones deportivas, educativas y de salud de la organización y el posterior vaciamiento, muestra a las claras la animosidad, persecución a esta organización en particular. Recordemos también los juicios exprés contra Milagros Sala donde se condeno por daño agravado a tres años de prisión en suspenso, en un juicio plagado de irregularidades.

La imputación a Raúl Noro y la dilatada respuesta a la solicitud detención domiciliaria por motivos de salud y por edad, junto a las amenazas y persecuciones a la familia Noro y Sala, las condiciones caóticas y prolongadas de detención en la comisaria de la mujer de María Molina, Mirta Guerrero, Elba Galarza, Patricia Cabana, la detención de Iván Altamirano y Alberto “Beto” Cardozo, quien recibió apremios ilegales en la unidad penal de Gorriti, mas las amenazas de muerte a los dirigentes sociales, Santiago Hamud y Juan Nieva, por parte del personal de civil de la Brigada de investigaciones de la Policía de la provincia, las amenazas telefónicas a Inés Peña referentes de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, son muestra cabal de la situación que se vive en Jujuy.

La solidaridad de los trabajadores con los cooperativistas fue motivo de despidos como en la Secretaria de agricultura Familiar y los más de 700 capacitadores afiliados a ATE que no pudieron cobrar durante varios meses por el hecho de estar en un gremio que mantiene un conflicto con el Estado provincial.

La situación de los trabajadores de las industrias privadas como el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma donde en el marco de protestas por las negociaciones de paritarias fueron reprimidos en junio de 2016, multados con 2.500.000 de pesos por cortar rutas y fue denunciado entre otros su secretario general Rafael Vargas que actualmente se encuentra cumpliendo trabajo comunitario. El Ingenio La Esperanza en quiebra hace 15 años administrado por el Estado también persigue y denuncia a sus trabajadores en el mes de Febrero más exactamente el 17, los dirigentes del SOEA Sergio Juárez (Secretario General) y Néstor Bautista (Secretario Gremial) fueron citados a la Seccional N° 35 del barrio San José de la localidad de San Pedro y, luego trasladados a la sección N° 9 de la misma ciudad, para tomar conocimiento de la causa por la que fueron imputados en el mes de enero. La denuncia por “instigación a cometer delitos” fue realizada por la empresa La Esperanza S.A., actual denominación del ingenio, hoy propiedad del Estado provincial. En Marzo de 2016 se impulsaron causas contra dirigentes de Aceros Zapla por un corte de ruta del año 2014.

En cuanto a los trabajadores Estatales la forma de coartar su derecho a huelga se dio por el descuento de los días de paro, con presencia policial en reparticiones y escuelas públicas, confeccionándose listas negras de aquellos trabajadores que adhieren a La medidas de fuerza en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. La presencia policial en asambleas de trabajadores fue denunciada por distintos sindicatos (ATE, ADIUNJu, ADEP), marcan un preocupante accionar en la vida democrática de los sindicatos.

En el caso de los vendedores ambulantes también se le aplico de forma arbitraria el código contravencional desalojando a cientos de trabajadores de la economía popular del espacio público sin atender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo, donde se procedió a reprimir y detener a vendedores ambulantes en la zona de Bachillerato N2 de San Salvador de Jujuy, situación que derivo en la descompensación de una mujer mayor de nombre Vicenta Vargas que le produjo la muerte.

La situación de violencia institucional en los barrios más marginados de la ciudad es una cuestión tristemente recurrente. Basta mencionar La dudosa muerte de Nelson Cardozo (sobrino de “Beto” Cardozo, dirigente de la red de org. Sociales y detenido de forma arbitraria) en el servicio penitenciario que involucro al subdirector y 7 agentes del servicio penitenciario ya que en un principio se quiso hacer pasar su muerte como “suicidio” lo cual fue desmentido por las pericias forenses dando como causa de muerte golpes y politraumatismos, además de la represión que se vivió ese día dentro y fuera del penal con más de treinta heridos de distinta consideración. La muerte de Hugo Villa hincha de gimnasia y Esgrima de Jujuy en la entrada del Estadio 23 de Agosto por excesos de la policía de la Provincia de Jujuy es otro caso puntual.

La violación a la jurisdicción universitaria en la facultad de agrarias en abril de este año donde se llevaron detenidos a dos estudiantes que sufrieron tortura y vejámenes en un exagerado operativo policial. La presión a los medios de comunicación para “alinearse” al discurso oficial, por la pauta publicitaria que de forma discrecional y autoritaria ejerce el gobierno, los despidos a periodistas con miradas contrarias o sospechosos de una simpatía hacia la oposición, o simplemente con un criterio objetivo de la realidad, vulnera la libre expresión en nuestra provincia.

La problemática de los pueblos originarios que en marzo de este año marcharon desde la quiaca a Jujuy para expresar su malestar por las consecuencias de la minería a cielo abierto, denuncian que se desconocen los derechos constitucionales de los pueblos originarios.

El negacionismo de los 30.000, la teoría de los dos demonios y la posibilidad de indultos encubiertos por el 2×1 garantiza la impunidad de sectores civiles, empresariales, y militares que todavía están agazapados en las sombras con el aval político provincial y nacional.

En todas estas situaciones La Liga Argentina por Los derechos del Hombre tomo contacto con las victimas de cada una de la situaciones junto a los organismos de derechos humanos, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y como parte de la Coordinadora Contra la Represión y el Ajuste, donde acompañamos denuncias, conferencias de prensa y toda gestión tendientes a visibilizar esta vulneración de derechos.

Por lo brevemente expuesto consideramos que en Jujuy no existen garantías constitucionales ya que el poder judicial está conformado por militantes del partido que hoy es gobierno, perdiendo objetividad llevando adelante una casa de bruja contra todas aquellas personas que planteen una disidencia, teniendo particular ensañamiento con la organización Túpac Amaru y su referente. Por lo que expresamos nuestra preocupación al respecto y esperamos que los organismos internacionales entablen el dialogo necesario con el gobierno Argentino para revertir esa situación y se pueda ejercer plenamente nuestros derechos en democracia.

-No a la criminalización y judicialización de la protesta social.

-Derogación del código contravencional.

– Por un Poder Judicial Independiente.

-Por la libertad de Expresión.

 

 

Leonardo A. Rosales integrante Liga Argentina por los Derechos del Hombre Filial Jujuy.

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