El fiscal Delgado y la LADH apelan la resolución de incompetencia de Canicoba Corral en la causa de encubrimiento.

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El fiscal federal Federico Delgado y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) formularon hoy sendas apelaciones a la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de declararse incompetente para investigar si el gobierno nacional encubrió a la Gendarmería en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
El representante del Ministerio Público apeló la decisión del magistrado, por considerarla “prematura y sin ninguna investigación previa”, mientras que la LADH lo hizo respecto de “la totalidad de la resolución”, en la que ese juez de la Capital Federal dispuso también remitir la denuncia al Juzgado Federal de Esquel, que investiga la desaparición de Maldonado en Chubut.
“El juez, sobre la base de calificaciones y disquisiciones dogmáticas, sin ningún tipo de investigación previa ni indagación concreta de los hechos se declaró incompetente y ordenó la remisión de la investigación” al Juzgado Federal de Esquel, en Chubut, sostuvo el fiscal en su dictamen.
El lunes de esta semana, Canicoba Corral se había declarado incompetente y resolvió remitir la denuncia por encubrimiento al Juzgado de Esquel, a cargo del juez federal Guido Otranto, porque, según argumentó, estaba vinculada a la causa por la desaparición de Maldonado.
Por su parte, en un escrito que presentó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros, la LADH sostuvo que “no hay identidad de objeto procesal (de la denuncia por encubrimiento), como se sostiene en el auto recurrido y las causas que tramitan por ante la Justicia Federal de la provincia de Chubut”.
La apelación presentada por Graciela Rosenblum y José Schulman en representación de la LADH, en la causa caratulada “Macri, Mauricio y otros s/encubrimiento desaparición forzada y otros”, dejó formulada la “protesta de casación y reserva del caso federal” para el caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso.
En cuanto al fiscal Delgado, sostuvo que había riesgos en la decisión “apresurada” de Canicoba Corral y recordó que había recomendado, además, que el juez Guido Otranto sea apartado del caso porque fue él quien ordenó el operativo en cuyo contexto desapareció Maldonado y “articuló la intervención” de la Gendarmería que reprimió a integrantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de Chubut.
“Una pregunta es qué pasó con Santiago Maldonado; otra pregunta es qué hizo y qué dejó de hacer el Estado en ejercicio de sus responsabilidades propias”, remarcó Delgado en su dictamen de hoy, en el que distinguió también entre ambos objetos procesales.
En cuento al supuesto encubrimiento, el fiscal señaló además que es preciso preguntarse “qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, para luego examinar si esas acciones y/u omisiones podrían constituir algún delito”.
La denuncia presentada por la LADH reclamaba investigar por encubrimiento de ese hecho al presidente Mauricio Macri y sus ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), junto a responsables de Gendarmería Nacional y otros funcionarios nacionales.
En la apelación presentada hoy por esa organización, se invocan las dos convenciones -regional e internacional- “ratificadas por la nación argentina y luego incorporadas con jerarquía de cláusulas constitucionales”.
En ese marco, recuerda resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU respecto de la desaparición de Maldonado y sostiene que “quien debe responder ante los organismos de los pactos es el Presidente de la Nación Argentina, en su condición de representante legal del Estado/Nación (art. 99, inc 1º, C.N.)”.
La denuncia por presunto encubrimiento fue presentada en los juzgados federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, ya que apunta al gobierno nacional y a varios de sus funcionarios.
Los denunciantes habían hecho referencia a un “pacto de silencio” de las autoridades estatales para “deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.
Según los denunciantes, la desaparición de Maldonado se produjo a manos de la Gendarmería y fue encubierta por autoridades del gobierno nacional y de la propia fuerza a través de la utilización de pistas falsas para desviar la atención.

Fuente: Télam

QUERELLA INTRODUCE RECURSO DE APELACIÓN. PROTESTA DE CASACIÓN. CASO FEDERAL.-

Señor Juez Federal:

GRACIELA ROSENBLUM y JOSÉ SCHULMAN, por la representación de la LADH, con domicilio procesal en Libertad 174, 3º piso, of. 6, y electrónico 20043083040, con el patrocinio letrado de los Dres. JORGE F. CHOLVIS, EDUARDO S. BARCESAT, PEDRO DINANI, ATALIVA DINANI, en la Causa Nº 12.445/2017, caratulada: “MACRI, MAURICIO Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO DESAPARICIÓN FORZADA Y OTROS”, a V.S. decimos:

1: OBJETO:

Venimos a interponer recurso de apelación contra la resolución dictada por V.S., de fecha 11-09-2017, que dispone la incompetencia del Tribunal y la remisión de la causa al Juzgado Federal de Chubut, por causarnos gravamen irreparable, solicitando la concesión de la vía y elevación de los autos al Superior, previa formación de incidencia de apelación, con fotocopias certificadas de la presente causa, a efectos que V.S. cumplimente las medidas instructorias pedidas por la Fiscalía Federal Nº 6 y las propuestas por esta parte en el escrito de inicie.-

Asimismo, entendiendo que la providencia en crisis afecta disposiciones constitucionales y convencionales de directa aplicación al caso, se deja formulada protesta de casación y reserva del caso federal, para el supuesto que el Superior confirmare la resolución recurrida.-

2: CUMPLIMENTAN ART. 438 DEL CPMPN:

Cumpliendo recaudo procesal, se expresan de seguido los puntos de disidencia con la resolución recurrida.-

2.1: La apelación comprende la totalidad de la resolución en crisis.-

2.2: No hay identidad de objeto procesal, como se sostiene en el auto recurrido y las causas que tramitan por ante la Justicia Federal de la Provincia de Chubut.-

En efecto, el objeto de la presente endereza a la investigación y debida sanción legal de quiénes han incurrido en encubrimiento de las circunstancias que rodearon la desaparición forzada de SANTIAGO MALDONADO, hechos cometidos por autoridades federales de la máxima responsabilidad en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, y la cúpula de la Gendarmería Nacional. Esta investigación puede comprender, también, a los autores mediatos de la desaparición forzada de SANTAGO MALDONADO, en cuanto se acredite que las tropas de la Gendarmería Nacional actuaron cumpliendo directivas, normativas y protocolos de actuación emanados de estas autoridades, con lo que vendría a acreditarse un doble grado de responsabilidad; esto es, como autores mediatos (partícipes necesarios) en los hechos que llevaron a la situación de desaparición forzada de la víctima, y –ninguna duda- son los encubridores que sembraron de pistas falsas y dieron las directivas para dificultar la investigación y debida sanción legal de un crimen de lesa humanidad.-

2.3: Los denunciados, ahora querellados, tienen su domicilio legal en esta Capital Federal, por lo que corresponde a la Justicia Federal, con asiento en este territorio, la investigación de su conducta presuntamente delictiva.-

2.4: La parte ha invocado, en el escrito de denuncia, ratificado en tanto que querellante, las dos convenciones, regional e internacional, ratificadas por la Nación Argentina y luego incorporadas con jerarquía de cláusulas constitucionales, conforme el mecanismo preceptuado por el art. 75, inc. 22ª, C.N.-

Los organismos, regional e internacional, ya se han dirigido al PEN recabando informes y su intervención para esclarecer el crimen de lesa humanidad y las responsabilidades de autores materiales, autores mediatos y encubridores. Ese requerimiento se ha hecho bajo las pautas y protocolos de los respectivos tratados internacionales, y quien debe responder ante los organismos de los pactos es el Presidente de la Nación Argentina, en su condición de representante legal del Estado/Nación (art. 99, inc 1º, C.N.).-

2.5: Es el PEN el que se ha negado a que intervenga en la averiguación de la desaparición forzada de SANTIAGO una comisión de expertos internacionales, bajo invocación de que “…interviene la justicia…” Sí, la misma “justicia” que lleva insumidos, hasta aquí, mes y medio, sin haber determinado, siquiera, quiénes fueron los aprehensores del cuerpo de SANTIAGO, ni por orden de quién. Estamos frente a un delito continuado que se prosigue incorporando, cada día que transcurre, un nuevo elemento de encubrimiento, de falsas pistas, de obstaculización a una investigación idónea e imparcial, como lo requieren los pactos internacionales que son Ley Suprema de la nación.-

2.6: ¿Es que el movimiento de derechos humanos y los familiares de SANTIAGO tienen que quedarse tranquilos cuando el Juez que interviene, en Chubut, es el mismo que ha dado la orden por la que se inició la caza contra los mapuches el día de la desaparición de SANTIAGO. Mismo Juez que consideró “…no relevante para la pesquisa judicial la investigación de los llamados que partieron, el día del desaparecimiento, del teléfono celular de PABLO NOCETI, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad…”?

2.7: ¿Puede considerarse una investigación idónea e imparcial la que dejó trascurrir 40 días antes de comenzar a recibir declaración –testimonial, desde luego-, a los Gendarmes que tuvieron intervención como autores materiales de la desaparición forzada de SANTIAGO?

2.8: ¿Qué confianza pueden tener familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad toda, en una investigación en donde no se ha dejado actuar al experto informático mayor que cuenta nuestro país para la determinación de los llamados telefónicos efectuados en esos días concomitantes a la desaparición forzada y al encubrimiento de la misma?

2.9: Asistimos a la configuración semántica de un nuevo “enemigo interno”, los pueblos originarios, los mismos que concitaron el momento más justo y emotivo de la Reforma Constitucional del año 1994, al aprobarse, de pié y por aclamación, la cláusula de reparación histórica, art. 75, inc. 17º de la C.N.-

2.10: ¿Cuánto tiempo va a insumir resolver la cuestión de competencia sobre el encubrimiento?

2.11: ¿Por qué el Juez no dispuso las medidas instructorias reclamadas por la Fiscalía, más allá de su debatida competencia para seguir interviniendo en la presente causa?

2.12: ¿Por qué se demoró tanto en citar a los denunciantes a ratificar la denuncia? Contrasta esa demora con la rapidez que actuó el Fiscal para formular el requerimiento de instrucción.-

2.13: Se previno, en el escrito de inicie sobre el retorno del “noche y niebla” en el obrar represivo del aparato de fuerza del estado.-

2.14: La alegada incompetencia dispuesta por el propio Juez de la causa es un tramo más de la privación de jurisdicción idónea y eficaz que campea en todo cuanto concierne al paradero y las responsabilidades por ese paradero de SANTIAGO MALDONADO.-

Finalmente, que también aquí debemos decir NUNCA MÁS a la desaparición forzada de una persona y a la pretensión de impunidad del aparato de estado.-

Que se conceda la vía, se tengan por introducidos la protesta casatoria y el recurso federal, y que la decisión del Superior habilite jurisdicción idónea, independiente y eficaz.-

Sólo entonces, SERÁ JUSTICIA.-

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