El informe de Bullrich contra la Ram, un enorme fraude para pretender justificar la represión contra los que luchan por sus derechos: nuestros hermanos mapuches y todos los pueblos originarios de la Patria Grande.

 

En un nuevo montaje de los Servicios de Inteligencia, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a los gobiernos de Río Negro, Chubut y Neuquén, han presentado un voluminoso informe titulado simplemente R.A.M. en el que pretenden dejar al descubierto una conspiración binacional, financiada por imperios extranjeros, con el objetivo de separar territorios patagónicos de la Republica Argentina. 

 

En ciento ochenta pagina desgranan obviedades, falsedades absurdas y una interminable retahíla de acusaciones sobre las que no aporta prueba alguna de los “delitos” denunciados.

 

Es de resaltar que de las dos muertes violentas que hubo en ese territorio: las de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel, una producida bajo el dominio territorial de Gendarmería en el contexto de un operativo represivo contra la comunidad Cushamen y el otro ejecutado por Prefectura Nacional con un disparo por la espalda contra un adolescente desarmado, ni una palabra.

 

La secuencia en que se inscribe el llamado informe Ram es muy preocupante y peligrosa.  En el propio informe se reconoce haber sometido a las comunidades mapuches a acciones de espionaje y operaciones represivas que han ido en incremento de violencia y despliegue de fuerzas estatales con armas de guerra.

 

Recordemos, una vez más, que un día antes de la captura/muerte de Santiago Maldonado, este grupo comandando entonces por el fascista Nocceti, del Ministerio de Seguridad, se reunía en Bariloche y anunciaba que reprimirían sin consideración cualquier manifestación de los mapuches.  Así murió Maldonado

 

Ahora vienen a anunciar un supuesto complot subversivo de división del territorio nacional que no solo alimenta la estigmatización en curso contra los pueblos originarios sino que amenaza con desatar una autentica cacería de luchadores sociales de los pueblos mapuches y del conjunto del movimiento popular.

 

“Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La RAM considera que el Estado argentino y sus leyes son ilegítimos”, afirmó la ministra.

 

El ex secretario privado del General Genocida Roca, el Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra escribió en 1886: “la casi extinción de la raza indígena en nuestro medio se debe al hecho de que los indios eran demasiado socialistas. (…) Eran comunistas, y la carencia del sentido de la propiedad indispensable para imponer al hombre la ley del trabajo, que es su ley sagrada, fue la causa de la casi extinción de la raza”.

 

No dudamos en denunciar al Informe Ram como el intento de legitimar esta nueva Conquista del Desierto

 

Le ponen nombre al “enemigo interno” y hasta llegan al absurdo de vincular la Ram con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que ha dejado de existir para transformarse en un partido político, con la constatación formal de las Naciones Unidas.  Ese es el  nivel de falsedades que producen los Servicios.

 

Anuncian la coordinación con los Servicios y las fuerzas represivas chilenas, que por imperio de la continuidad jurídica del llamado proceso de transición, conservan mandos, doctrinas y métodos de represión del periodo pinochetista.  Y se insinúa lo que se ha publicado hasta en los portales, la subordinación de todo el accionar hacia el Comando de la Cuarta Flota de los EE.UU. y el Mossad, agencia de terrorismo estatal israelí.

 

Por  todo ello, denunciamos el carácter falso y provocador del Informe Ram, el cual desmentimos y desafiamos a debatir públicamente a la Ministra o los gobernadores.

 

Exigimos la inmediata libertad de Facundo Jones Huala, que sufre un pedido de extradición por un montaje judicial insostenible.

 

Convocamos al conjunto del movimiento de derechos humanos y popular de Argentina y Chile a unirnos en defensa de los pueblos originarios, sus genuinos derechos  y nuestras propias garantías constitucionales y espacios democráticos, hoy en grave peligro

 

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