La domiciliaria de Echecolatz y los genocidas. Los conjurados por la impunidad y una estrategia judicial casi agotada

 

1. El otorgamiento de la “prisión domiciliaria” marcó un límite y demostró a propios y extraños que esta es una estrategia de impunidad, no una conquista democrática y humanista del “garantismo”

Echecolatz no fue ni es cualquiera.
Por su lugar en la cúpula de la Policía Bonaerense, una de las fuerzas implicadas directamente en el Plan de Exterminio trazado por las Fuerzas Armadas para consumar el genocidio planeado, el ex Comisario jugó un rol muy destacado tanto en su responsabilidad funcional. En ese sentido, tanto su carrera policial como sus relaciones dentro de las fuerzas represivas fueron meteóricas: entre diciembre de 1976 y diciembre de 1977: obtuvo tres condecoraciones, el premio “Medalla herido en servicio”, la orden “San Miguel Arcángel por acto destacado de servicio” y posteriormente la orden “San Miguel Arcángel, collar dorado” y durante el mismo período supo granjearse el respeto de Ramón Camps, convirtiéndose en su mano derecha, en su asistente y consejero. Por este motivo es que el ex comisario organizó los comandos y grupos de tareas encargados de secuestrar y torturar a miles de trabajadores y estudiantes en el famoso Circuito Camps, formado por 29 centros clandestinos de detención y distribuidos en 9 partidos de la provincia, siendo los más destacados la Comisaría V, la Brigada de La Plata, la Brigada de San Justo, el Destacamento de Arana, el Pozo de Arana y el COT1 Martínez. También fue el responsable directo de la Noche de los Lápices al comandar uno de los grupos de tareas que secuestró y torturó a los estudiantes secundarios en La Plata) como en su compromiso personal y directo (varios testigos, incluido Julio López testimoniaron haberlo visto participar personalmente en las sesiones de tortura).
Es sobre él, que el Tribunal Oral Federal Número Uno que lo juzgó en La Plata dictaminó puntualmente: no puede pasar ni un solo día de lo que le quede de vida fuera de la cárcel. Rosanzki y sus pares intentaron, sin éxito, que la sociedad toda discuta las consecuencias del genocidio y el consabido castigo a los culpables. La desaparición de Julio López y la confusión estratégica del “progresismo” argentino impidieron el debate, cerraron las puertas hacia el juzgamiento debido del genocidio y prepararon el terreno para esta debacle.

2. Nunca avalamos el camino que nos trajo hasta aquí. Jamás idealizamos al Poder Judicial ni perdimos de vista que cada paso era fruto de la lucha popular

Algunos lo alertamos muy temprano y ya en 2012, en una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia decíamos. “Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos. Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el objeto procesal (plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU.) y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales. Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida (juicio oral por la desaparición de Alicia López contra Mario Facino en la ciudad de Santa Fe 2010, donde la Ladh fue querellante igual que en el último juicio celebrado en la Mega Causa Campo de Mayo en el que se juzgó al Comisario de Tigre, Demetrio Luna, por los casos de Fatece y Darganz…un mini juicio de ocho audiencias por un represor y dos víctimas mientras se acumulan miles de casos de uno de los Centros Clandestinos más grandes del país ) de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida. La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones que exceden lo jurídico; como en el caso del Juez de Jujuy que ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral y que se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma, son razones ideológicas culturales la que preservan la impunidad de los poderosos. Creemos que el obstáculo principal para lograr justicia radica en la mirada dogmática que el Poder Judicial sostiene sobre estos juicios fingiendo que el Estado en su conjunto, y la responsabilidad del propio Poder Judicial en esto es insalvable, no ha intervenido por medio extra judiciales para sostener la impunidad de los genocidas.…. Muchas veces, se hace de la llamada “normalidad procesal” una excusa para beneficiar los represores ignorando que los juicios se hacen porque estos son delitos de lesa humanidad cuya impunidad fue sostenida por el Estado durante más de treinta años.
Más adelante, luego de la fuga de los represores De Marchi y Olivera del Hospital Militar Central en el 2013 y del asesinato del represor Lazon denunciamos que su muerte “ confirma el avance de la estrategia de impunidad más eficaz: estirar tanto el momento de la condena que puedan morir “legalmente” impunes y deja en ridículo la pretensión de mandar todos los represores a su casa por razones “humanitarias”, que no solo banalizan las causas por Genocidio, sino que pone en peligro sus vidas . Instalado el proceso de juicios y castigos a los perpetradores del genocidio de los 70 del siglo pasado, la impunidad se mantiene por una combinación de estrategias que podríamos resumir en tres: la estrategia biológica, la estrategia de estar preso en su casa y la estrategia de fugarse directamente”.

3. Las domiciliarias, eje de una estrategia de impunidad cuyo mentor fue López Murphy y sus ejecutores, la Corte Suprema, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario Federal (Poder Ejecutivo)

“Hace unos años, un grupo de familiares de represores mantuvo una reunión de trabajo con el derechista ex ministro de la Alianza López Murphy donde configuraron la búsqueda del arresto domiciliario como camino principal de impunidad (sin abandonar el reclamo del reconocimiento de los genocidas como víctimas de persecución política y la anulación de juicios y sentencias)[1]
Palabras más, palabras menos, López Murphy razonó que no habría (todavía) condiciones para el indulto o amnistía, por lo que se puede y se debe solicitar que la privación de libertad para los imputados sin condena y aún para los condenados se cumpla en sus domicilios, amplios, cómodos, muy lejos de todo control estatal. Y tuvieron éxito: de los cerca de mil cien personas privadas de su libertad, el 48% espera el juicio o cumple su condena en su casa. Y trescientos ochenta y ocho murieron como Lazón o Febres (para nombrar solo represores que actuaron en la ESMA) sin condena y otros cuarenta y cinco murieron en estos años, luego de ser condenado.
Resumiendo: de los 2640 represores imputados en estas causas solo unos 540 están en cárcel (y la mitad de ellos en el Pabellón de privilegio que se construyó para ellos en Marcos Paz desde donde Echecolatz amenaza hasta a jueces federales, como ha denunciado el Juez Rosanzky con el patrocinio del Dr. Barcesat), 433 murieron, 52 siguen prófugos y 1162 esperan el juicio en plena libertad. La fuga de Olivera y De Marchi del Hospital Militar en el año 2013 (aún prófugos y aún impune su fuga) incorporó a la estrategias de impunidad un nuevo capitulo, casi inimaginado, que es el de la fuga de los represores. La muerte de Febres, confirmó que una red de impunidad no solo protege a los represores sino que los amenaza con la muerte en caso de amagues de romper el pacto de silencio.
Y esta nueva muerte, en el domicilio, de otro represor de la Esma, Oscar Lanzón, demuestra que pretender tratar a los responsables de un Genocidio con un trato mucho más favorable que el que recibe cualquier persona que haya caído en las garras del sistema penal argentino (detenciones arbitrarias en sede policial hostiles e incomodas, alojamiento sin condena en las cárceles convertidas en maquinas de destruir humanidades como denuncia la Comisión Provincial de la Memora y la Procuración Penitenciaria Nacional) es funcional a la estrategia de impunidad que banaliza la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia porque borra de un plumazo todo lo dicho y aceptado sobre las particularidades de los Crímenes de Estado, del Genocidio como proceso histórico que continúa simbólicamente en el modo que se juzga y deja una vez más sin palabra a quienes fueron militantes populares encarcelados por su compromiso con las causas de redención popular, sufrieron toda clase de torturas y vejámenes en el periodo de despliegue del terrorismo de Estado, y sostuvieron su testimonio por más de cuarenta años constituyéndose en la herramienta principal de una sociedad para recuperar su memoria y superar una etapa que solo causa repudio y vergüenza a los argentinos democráticos y humanistas.
Y reclamábamos enérgicamente: Es hora de terminar con las excepcionales franquicias de que gozan aquellos que torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron y persiguieron a miles y miles de argentinos que soñaban con una Argentina libre y digna, donde los seres desplieguen su humanidad sin límites. Exigimos la inmediata remisión de todos los imputados por delitos de lesa humanidad al Sistema penitenciario federal que deberá crear para todos ellos las mejores condiciones posibles de encierro y cuidado de su salud. Que nosotros no somos como ellos y no queremos que nadie muera por descuido o abandono. ”
En un documento propio, la Unidad fiscal encargada de impulsar estos juicios acaba de publicar una estadística actualizada de los proceso judiciales, antes de sintetizar la síntesis recordemos que el genocidio no fue un rayo en un cielo estrellado ni mucho menos un exceso en la represión de violencias previas y provocadoras sino el resultado planificado de una larga marcha de represiones y asesinatos en la que terminó participando el aparato estatal casi en su conjunto (no solo los militares y servicios de inteligencias, sino casi todo el aparato judicial y administrativo de los hospitales, cementerios y otros, así como los empresarios, comunicadores y funcionarios de embajadas que impulsaron y legitimaron el golpe, siendo entonces el universo represor no menor a cincuenta mil personas involucradas directa y concientemente en el proceso de exterminio.
De ellos hay 2599 acusados, de los cuales 2480 están imputados y 499 fallecieron; de los 2480 imputados, 966 fueron sentenciados y 1514 continúan en proceso de instrucción o están siendo enjuiciados. De los 966 sentenciados, 110 fueron absueltos y 856 condenados. Hay 593 causas abiertas, de ellas 200 cuentan con sentencia pero solo 65 con sentencia firme (corte suprema) y actualmente hay 17 juicios en curso.
El tiempo promedio entre elevación a juicio y confirmación sentencia: 5, 56% años, unos 65 meses, y la estimación sobre la finalización de las causas en curso, unos 28 años. Lo cual es hipotético, porque en 28 años difícil que supervivan los represores y los testigos que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Del total de imputados a diciembre 2017, libres están 1305, privados de libertad 1038. De los privados de libertad, recluidos en penales 435 y en domiciliaria 549, habiendo unos 54 en otros lugares, como la unidad 34 de Campo de Mayo, casi un country para los militares.
En los últimos meses, a la práctica de otorgar el beneficio de “domiciliaria” a cualquiera que pase los setenta años, aunque su estado de salud no amerite la necesidad del traslado, se suman los ceses de prisión preventiva por el retraso en llevar adelante los juicios orales (solo hay 17 en curso de ciento seis elevadas y listas para las audiencias orales) y el cajoneo de sentencias en casación y corte.
Ahí se ve mejor la decisión saboteadora del proceso de memoria, verdad y justicia de las instancias superiores del Poder Judicial y también el rol complaciente y cómplice del Consejo Magistratura que debería supervisar el ejercicio del proceso de Justicia y asegurar la formación de los Tribunales Orales correspondientes; ya que al no impulsar debidamente la designación de jueces, casi todos son subrogantes que esgrimen excusas para no hacer juicios o hacerlo a una vez cada quince días, a veces por pocos minutos cada vez.
En 2016 mantuvimos una entrevista con el Dr. Blanco, jefe del Servicio Penitenciario Federal ante la denuncia del juez Carlos Rosanzky de que Echecolata lo amenazaba desde la cárcel de Marcos Paz y denunciamos que en dicho penal los presos tenían hasta una cancha de tenis y que eran tratados como superiores jerárquicos por el personal a cargo.
¿La banalidad del mal?, no, la contundencia de la impunidad del Poder

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