Adhesion presentacion judicial por inconstitucionalidad del DNU 27/18

Por la presente, en nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Civil fundada en diciembre de 1937, adherimos a la presentación judicial, vía acción de amparo, dirigida contra los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional que firmaron y refrendaron el Decreto 27/2018 (B.O. 11-01- 2018)

 

COMUNICADO DE PRENSA

PIDEN INCONSTITUCIONALIDAD DNU 27/2018 VÍA ACCIÓN DE AMPARO

Una nueva presentación judicial, vía acción expedita y rápida de amparo (art. 43, C.N.), encabezada por el ex Presidente del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de La Plata (BA), Dr. CARLOS ROZANSKI, y por la actual Diputada Provincial Lic. FLORENCIA SAINTOUT, con múltiples adhesiones de personalidades e instituciones (Dr. JULIÁN DOMINGUEZ, Dr. EDUARDO VALDEZ, Dip. Nac. HORACIO PIETRAGALLA, Embajadora ALICIA CASTRO, LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, entre otros), con el patrocinio letrado del Dr. EDUARDO S. BARCESAT, dirigida contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, que firmaron y refrendaron el mega decreto 27/2018, apropiando potestades que sólo competen al Congreso de la nación, como es el modificar o derogar leyes vigentes (art. 99, inc. 3º, primer párrafo), y que incursiona en materias taxativamente prohibidas por la norma constitucional, como lo son la penal y la tributaria. El amparo quedó radicado, con pedido de habilitación de feria, por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, Causa Nº 1071/2018, a cargo de la Dra. MARÍA ALEJANDRA BIOTTI.-

En el escrito se descalifica la invocación de necesidad y urgencia hecha por los autores del DNU, recordando que al tiempo de su elaboración el Congreso Nacional se hallaba reunido en sesiones extraordinarias, convocadas por el propio PEN, por lo que bien pudo presentarse su extenso texto (192 artículos) para su tratamiento en ambas Cámaras del Poder Legislativo, respetando la división de poderes. Es por demás evidente que se quiso evitar el rechazo a que convocaría una normativa cuyo apotegma es “achiquemos el Estado para agrandar los negocios privados”.-

Los demandantes invocan su condición de ciudadanos afectados como fuente de su legitimación para promover este reclamo, conforme lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 43 de la C.N. en materia de derechos de incidencia pluripersonal o colectiva; en este caso, la defensa de la institucionalidad y de la supremacía de la Constitución Nacional. También se invoca para fundamentar su legitimación activa lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 36 de la C.N., en cuanto establece: “…todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo…”

Cabe asimismo poner en conocimiento de la ciudadanía que la acción penal contra todos los firmantes del DNU 27/2018, incoada previamente (17-01-2017; Causa Nº 588/2018, Juzgado Federal Nº 4, Dr. A. LIJO), hasta la fecha, no ha tenido impulso ni providencia alguna hasta la fecha, lo que acredita la parcialidad de obrar de la Justicia Criminal Federal y el porqué de su pérdida de credibilidad.-

Buenos Aires, 26 de enero de 2017.-

PROMUEVEN ACCIÓN DE AMPARO EN RESGUARDO DE UN DERECHO DE INCIDENCIA COLECTIVA. MEDIDA CAUTELAR SUSPENSIVA DE ENTRADA EN VIGENCIA Y APLICACIÓN NORMA IMPUGNADA. CASO FEDERAL Y GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Señor Juez Federal:

CARLOS A. ROZANSKI, FLORENCIA SAINTOUT, en quienes se unifica personería para que actúen en forma conjunta, alternada e indistinta, por todos los adherentes a esta acción de amparo, en nuestra condiciones de ciudadanos argentinos y en cumplimiento de los deberes que emanan de quienes invisten condición de funcionarios públicos, consignando sus domicilios reales, con el patrocinio letrado del Dr. EDUARDO S. BARCESAT, constituyendo domicilio procesal a efectos de esta denuncia en Libertad 174, 3º piso, of. 6 y electrónico 20043083040, al Sr. Juez decimos:

1: OBJETO:

Venimos a promover acción expedita y rápida de amparo, en resguardo de la vigencia de derechos y garantías, constitucionales y convencionales, de incidencia pluripersonal y colectiva, (art. 43, 2º párrafo, C.N.), comprendidas en la cláusula del art. 36 de la C.N. de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, tendiente a obtener:

1.1: En observancia a lo preceptuado por el primer párrafo del inciso 3º del art. 99 de la C.N., declare la nulidad absoluta e insanable del DNU 27/2018, en grado de inconstitucionalidad, conforme el expreso facultamiento al Juez de la acción de amparo (primer párrafo, “in fine” del art. 43, C.N.), y en su consecuencia la nulidad absoluta e insanable de toda norma, disposición o acto de ejecutoria del referido DNU 27/2018 que pudiere haber ejecutado el PEN y su gabinete de ministros de la nación, estableciendo la responsabilidad personal, solidaria y mancomunada de sus autores responsables y partícipes.-

1.2. Previo a todo, por la verosimilitud del derecho por el que se procede y la urgencia en la demora (art. 230, CPCC), en materia de eminente carácter federal y gravedad institucional, dicte medida suspensiva de ejecutoria del DNU repugnado en esta acción de amparo, conforme lo dispuesto por la ley 26.854 y Acordada regulatoria de las acciones de amparo en materia de acciones colectivas dictada por la CSJN.-

1.3: Por tratarse de materia de puro derecho y respecto de la que se han formulado presentaciones institucionales y declaraciones de legisladores, nacionales y provinciales, descalificatorias del DNU 27/2018, se solicita la abreviación de los plazos del procedimiento y habilitación de días y horas inhábiles.-

1.4: Atendiendo a la naturaleza institucional de la presente acción de amparo y a que se trata de la tutela de la institucionalidad y de la supremacía de la Constitución Nacional, no se pide condena en costas.-

1.5: Se deja introducido y reservado el Caso Federal (arts. 14 y 15, Ley 48), conforme la normativa constitucional que se invoca en la presente, para el remoto supuesto de una sentencia adversa a la fulminación de nulidad absoluta e insanable de una pretensa norma que quebranta la división de poderes, piedra basal de la doctrina y sistema del Estado de Derecho.-

La acción de amparo se promueve contra el Gobierno Nacional, expresión comprensiva del Poder Ejecutivo Nacional, la Jefatura de Gabinete de los Ministros de la Nación, todo ellos con domicilio legal en Balcarce 50, C.A.B.A.-

2: LEGITIMACIÓN ACTIVA Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Dice el art. 36, párrafo 3º de la C.N. (Deber de Obediencia a la Supremacía de la Constitución Nacional): “…Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaron los actos de fuerza enunciados en este artículo…”

¿Qué debe entenderse por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático?

No cabe duda que todo acto de fuerza que provenga por fuera de la actividad de los órganos que componen el Gobierno Federal, cae bajo la previsión constitucional.-

El interrogante no se agota allí. La interpretación constitucional debe abarcar a los actos de fuerza que tienen su origen en poderes del Gobierno Federal, con legitimidad de origen, que transgreden el marco de sus incumbencias constitucionales para apropiar –usurpar- las que les competen a los otros poderes que componen el Gobierno Federal, porque en la medida de ese ejercicio usurpativo deja de regir, igualmente, la supremacía de la Constitución Nacional. El acto de fuerza no es, solamente, la irrupción desde fuera de los poderes que integran el Gobierno Federal, sino que, más gravosa aún, es cuando quiénes tienen ese deber de observancia a la supremacía de la C.N., y han jurado observarla y hacerla observar en cuanto de ellos dependa, son –ellos mismos- los perpetradores del quiebre institucional y de la sumisión de otros poder del Gobierno Federal.-

Todo ciudadano argentino es “afectado”, en los términos del segundo párrafo del art. 43 de la C.N., y estamos habilitados para promover esta acción de amparo. La sentencia a dictarse, siguiendo la doctrina del precedente de la CSJN (HALABI, ERNESTO”, sentencia 24-02-2009),tendrá efectos “erga omnes”, sin necesidad de nuevas acciones judiciales.-

Por la materia que se trata y por el domicilio legal de la parte demandada, compete el conocimiento y decisión en esta acción de amparo a la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.-

3: ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

El día 11 de enero de 2018 el pueblo de la Nación Argentina tomó conocimiento de la emisión y entrada en vigencia de un mega-decreto, calificado como “de necesidad y urgencia”, por el que se introdujeron sustanciales modificaciones en los cuerpos de leyes que regulan la actividad de la administración pública nacional, derogando muchas de ellas (19), o modificando sus disposiciones (140), en un obrar que tipifica como nulo, en materia de actos jurídicos, por incompetencia del órgano y violación del debido procedimiento para la emisión de disposiciones legislativas y, desde la normativa penal, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, conducta perpetrada en abierta lesión a lo preceptuado por el art. 99, inc. 3º de la C.N., con lo que deviene un inexcusable quebrantamiento al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional establecida en su art. 36.-

Es que el art. 99, inc. 3º de la C.N. establece condiciones de habilitación para la excepcionalidad de la emisión de DNU por parte del PEN, que han sido groseramente violentados en el caso que se trae al conocimiento y decisión del Poder Judicial de la Nación, poder cuyo deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional aun por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella (art. 3º, Ley 27).-

En efecto, el art. 99, inc. 3º de la C.N., preceptúa: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.-

Ponemos de relieve que “ningún” es el operador cuantificacional universal negativo. Este, y no otro, es el enunciado de la Constitución Nacional que encabeza el inc. 3º del art. 99 y donde debe encuadrarse el objeto procesal de esta acción de amparo.-

Cuanto subsigue del enunciado constitucional es la descripión de los excepcionales supuestos en que pueden emitirse decretos de necesidad y urgencia, a saber: “Solamente (cuantificador existencial de lo único) cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos político, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” (texto entre paréntesis, nuestro).-

Bien cabe examinar si había circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.-

El Señor Juez tendrá en cuenta que al momento de la elaboración del DNU 27/2018, estaba reunido el Congreso de la Nación, en sesiones extraordinarias convocadas por el PEN (Decreto 1014/2017), conforme el facultamiento que le otorga la C.N. (art. 99, inc. 9º), por lo que ningún óbice constitucional o de urgencia y excepcionalidad impedía que se enviara el texto en tanto proyecto de ley para su debate y tratamiento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación. No es ocioso aquí poner de resalto que el Poder Legislativo es el primero de los poderes del gobierno Federal que regula la Constitución Nacional. Se trata, además, de un poder pluripersonal que conforme las leyes electorales que regulan su conformación, por virtud de la representación proporcional, es el poder que mejor expresa la voluntad política del pueblo de la Nación Argentina.-

Una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias se enunció (vid PERFIL ed. online 16-01-2018), lo que tras otra inmediata evaluación del conflicto que podía significarle al PEN el abordar nuevas medidas ajenas a toda plataforma electoral, con grave incidencia en la credibilidad gubernamentl, llevó en 24 horas a cambiar la postura y dejar sin efecto, por voluntad propia del PEN, el fijar una nueva convocatoria a extraodinarias, optando por emitir otro DNU, ahora avasallando la legislación sobre paritarias.-

Es por ello que configura inadmisible contradicción que quién ha ejercitado la facultad de convocar a sesiones extraordinarias (art. 99, inc. 9º, C.N.), sea –él mismo- quien birle esa convocatoria y habilitación para apropiar –usurpar- las potestades que el art. 75 de la C.N. confiere en cabeza del Poder Legislativo. En la misma medida del ejercicio usurpativo, está la pérdida de vigencia y efectividad de la Ley Suprema de la Nación Argentina (art. 36, C.N.).-

Más allá de la ficcional exposición de motivos del DNU 27/2018, que incurre –hasta eso- en el plagio parcial de un decreto de anterior Gobierno (Menem-Cavallo), presentando el “relato” de una necesidad impostergable para “desburocratizar” y “simplificar” los trámites y recaudos ante la administración pública; y de la inauguración de un proceso que “…promueve el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública…”(párrafo segundo Considerandos), lo único que realmente subyace es un trastocamiento institucional y cuyo denominador común es el apotegma de “…achicar el Estado, es agrandar los negocios privados…”

Lo que se trae al conocimiento y decisión del Poder Judicial de la Nación (art. 116, C.N.), no es el examen de los criterios de oportunidad y conveniencia de lo propuesto en la normativa del DNU, sino el control de legalidad; esto es, si se está frente al obrar de la autoridad competente para emitir disposiciones legislativa, y si se hallaban reunidas en el caso las situaciones de urgencia y necesidad para incurrir en la excepcionalidad de la emisión de un macro DNU. Esto es lo que nuestra CSJN denomina como “control de legalidad”. El otro control que ejerce el Poder Judicial, el de “razonabilidad”, no es materia de esta acción de amparo y si se examinan disposiciones particulares del DNU repugnado es al sólo efecto de acreditar que también ingresa a “legislar” sobre materias taxativamente vedadas por el art. 99, inc. 3º de la C.N. en materia de DNU.-

La insatisfacción de los requisitos de necesidad y urgencia que especifica el art. 99, inc. 3º CN, está plenamente configurado –confeso, cabría decir- en los propios Considerandos del DNU 27/2018, cuando se expresa: “Que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento de los objetivos del presente Decreto” (subrayado nuestro).-

¿Es que se le teme al debate? ¿Es nocivo que el pueblo de la Nación ejerza su soberanía a través de sus representantes ungidos por el voto popular?¿Qué eficacia pueden tener disposiciones como las de los incisos 12, 18 y 19 del art. 75 de la C.N., si se gobierna por DNU?

No es esta, acaso, la hipótesis que anatemiza el art. 29 de la C.N.; bien invocado en la señera cláusula de su art. 36?

Habrá que responder a estos interrogantes. Pero hay más quiebres, como ya se dijera, a los límites reglados por el art. 99, inc. 3º de la C.N.-

Y es que se objetivan hipótesis de enajenación de bienes del dominio público y privado del Estado Nacional; arquetípicamente, en las disposiciones que refieren a la Agencia Administrativa de Bienes del Estado (AABE), y en la habilitación para crear puertos y aeropuertos privados. Todas estas hipótesis abonan, en lo penal. la figura de malversación de caudales públicos. Valorará el Ministerio Público Fiscal si se trata de tentativa o de delito cometido por la sola emisión y entrada en vigencia del DNU 27/2018.-

Hay normativa penal y procesal penal –materias taxativamente vedadas por el art. 99, inc. 3º, C.N.- al modificarse, por este DNU, las disposiciones que regulan la actividad de la Unidad de Información Financiera.-

Hay materia tributaria, también vedada para los DNU por la norma constitucional, cuando se condonan y reducen aportes patronales.-

No puede admitirse que los funcionarios a cargo de la redacción de este DNU, particularmente aquellos que tienen título de abogado, desconozcan o inapliquen el texto de la Constitución Nacional. Se trata de una conducta prevaricante que debe habilitar la correspondiente investigación penal y la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía, En lo que hace a este fuero Contensioso Administrativo Federal, para fundar el reclamo de responsabilidad solidaria y mancomunada por los daños a terceros que pudieren derivar de la inmediata puesta en ejecutoria, durante el período de receso del Poder Judicial de la Nación, en que se incurra por el poder político-administrador.-

Sabido es que las disposiciones legislativas sólo pueden ser anuladas o derogadas, conforme corresponda, por quién tiene la competencia constitucional para emitir esas disposiciones.-

Ahora bien, el garante último de todo derecho o garantía es el Poder Judicial de la Nación, a él le compete, como primer deber, la ya invocada custodia del deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36, C.N. y art. 3º, Ley 27).-

Como este obrar no sólo es insanablemente nulo e inconstitucional, como se desprende del art. 99, inc. 3º de la C.N., sino delictivo, la materia ha sido también propuesta ante el Fuero Criminal y Correccional Federal; Juzgado Nº 4, Secretaría Nº 8, Causa 588/2018, del 17-01-2018).-

Esta acción pone en ejercicio el derecho que reconoce el último párrafo del art. 36 de la C.N., y conforme la legitimación activa que confiere el 2º párrafo del art. 43 de la C.N., y la pretoriana doctrina de la CSJN en el ya mentado precedente HALABI –

Porque la división de poderes es la piedra basal del sistema y doctrina del Estado de Derecho.-

Finalizamos la exposición de los antecedentes de esta acción de amparo invocando, por contraste con los Considerandos del DNU 27/2018, los preceptos de los incisos 18 y 19 del art. 75 de la Constitución Nacional.-

4: DE LA MEDIDA CAUTELAR Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS.-

Como surge de la lectura de los antecedentes y muy especialmente del mero cotejo del Decreto 27/2018 y de las disposiciones constitucionales aquí invocadas, la resolución judicial, inequívocamente, encuadra en lo dispuesto por el primer párrafo del inc. 3º del art. 99 de la C.N.-

Por tanto, que se encuentra satisfecho el primer requisito de admisibilidad que, para todo reclamo, establece el art. 230 del CPCC; esto es, la verosimilitud del derecho por el que se procede. Igual satisfacción cabe predicar respecto del otro recaudo, el del peligro en la demora. La demolición institucional que preconiza el decreto impugnado, de tomar estado de ejecución, a través de sus 192 artículos, provoca perjuicios patrimoniales al Estado/Nación difíciles de conjurar, y también a los particulares (trabajadores con sueldos embargables; jubilados y pensionados que ven esfumarse el fondo de garantía del ANSES, etc.). Posibilita una inmediata fuga de capitales sin control alguno por la UIF, etc.-

También se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar conforme las disposiciones específicas de la Ley 26.854, en particular, de su art. 3º. Corresponde, como se pide, la abreviación de plazos y habilitación de día y hora inhábil para que se produzca el informe previo previsto por el art. 4 de dicha Ley.-

Se solicita que la medida se disponga por caución juratoria que se tendrá prestada por la sola firma de esta demanda.-

5: DERECHO Y CASO FEDERAL:

Se funda en las disposiciones constitucionales invocadas e interpretación jurisprudencial del 2º párrafo del art. 43 de la C.N. (precedente “HALABI”, csjn).-

6: PETITORIO:

Por lo expuesto, de V.S. se solicita:

6.1: Se nos tenga por presentados, parte conforme la legitimación activa invocada, y por constituido el domicilio procesal y electrónico.-

6.2: Se disponga la habilitación de día y hora, y abreviación de los plazos procesales a efectos del dictado de la medida cautelar suspensiva de la entrada en vigencia del DNU 27/2018.-

Se dicte la medida cautelar suspensiva de la vigencia del referido DNU, comunicándola de modo urgente al PEN.-

6.3: Previa vista Fiscal, se emplace al Gobierno Nacional a producir el informe correspondiente, dentro del plazo establecido por el art. 8º de la Ley 16.986, haciéndole saber que deberá ofrecer la prueba que hace a su derecho, dentro del término del emplazamiento y bajo apercibimiento de ley.-

6.4: Haga lugar a la presente acción de amparo, conforme expuesto y peticionado en el punto 1 de este escrito.-

6.5: Tenga presente la introducción y reserva del Caso Federal, por ser la norma impugnada groseramente lesiva de las disposiciones constitucionales invocadas por la parte.-

Proveer de conformidad, es JUSTICIA.-

OTROSÍ SE PIDE: Si bien del texto se desprende el pedido de habilitación de feria judicial, queda formalizada dicha petición en este otro sí, reiterando la gravedad y urgencia institucional a que convoca el objeto procesal de esta acción de amparo. Tenerlo presente y proveer conforme, también es JUSTICIA.-

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