NUEVAS VIEJAS DOCTRINAS

EL GOBIERNO BUSCA GARANTIZAR LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES COMETIDOS DESDE EL ESTADO
No es novedoso que los gobiernos traten de garantizar la impunidad de quienes aplican la violencia en su nombre.
Ni sorprende que traten de mejorar su imagen eligiendo como chivos expiatorios a las personas acusadas de cometer delitos en las calles.
Tampoco es novedoso que los gobiernos pretendan congraciarse con el personal de las fuerzas policiales y de seguridad a costa del aumento de riesgos para todas las personas que puedan cruzarse con ellos (y para ellos mismos).
Ni es novedad que un gobierno argentino trate de aplicar las políticas de seguridad norteamericanas, diseñadas para que las fuerzas estatales (sean policiales, de seguridad o propiamente militares) puedan intervenir prácticamente sin obstáculos en caso de que se ponga en riesgo alguno de los intereses del imperio.
Y, por otra parte, jamás se ha visto que un gobierno manodurista reconozca que los crímenes cometidos desde el propio gobierno (ya sean de guante blanco o cometidos por su personal armado) son delitos. Siempre, como ahora en el caso Chocobar, se pretende negar el carácter delictivo de las acciones policiales.
¿Por qué entonces debemos ocuparnos de la pretendida “nueva doctrina” anunciada por el gobierno nacional, si parece ser más de lo mismo?
Porque en el marco de un gobierno que cercena en forma sistemática los diversos espacios que conforman un Estado de derecho, este avance configura una nueva vuelta del potro de tormentos al que se están sometiendo nuestros derechos.
El gobierno no sólo pretende justificar los homicidios por la espalda de una persona sospechada de haber cometido un delito, como la víctima del policía Chocobar (quien dicho sea de paso no se encontraba de servicio), sino el del militante mapuche Rafael Nahuel, asesinado por personal de la Prefectura en el marco de la persecución a la que es sometido ese pueblo originario.
Pero va aún más allá, al pretender que todo homicidio cometido por personal policial o de fuerzas de seguridad (o de las fuerzas armadas, ¿por qué no?) debe ser considerado como una acción de cumplimiento del deber.
Es evidente que un Estado que impone a sus integrantes el deber de matar es un Estado criminal.
Ninguna norma puede imponer válidamente ese deber (ni lo hace hoy en día en nuestro país).
Lo que existe son casos en los cuales el delito cometido (homicidio) es justificado o disculpado por la ley.
Y esos casos siempre son excepcionales, ya que la privación de la vida de una persona debe ser siempre el último recurso. Y sólo puede aceptarse cuando la persona muerta estaba, en ese mismo momento, realizando una acción que pusiera en riesgo grave la vida o integridad física de otro ser humano.
Al menos esto es así en el deber ser.
La realidad es que cualquier análisis estadístico demuestra que la enorme mayoría de los casos de gatillo fácil, torturas seguidas de muerte y otros homicidios cometidos desde fuerzas estatales con posterioridad al 10 de diciembre de 1983 quedaron impunes.
Y que cuando se logró alguna condena (por ejemplo, contra los tres asesinos de la masacre de Budge, los autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán o el homicidio de  Ezequiel Demonty), esas condenas fueron producto de la masiva movilización popular.
Lejos están los jueces de procesar sistemáticamente al personal policial. Por el contrario, al gatillo fácil y la tortura suelen seguir el sobreseimiento o la absolución fácil.
Si la realidad es ésta, ¿cuál podrá ser después de las abiertas presiones del gobierno contra los jueces?
Las presiones contra los jueces son apenas una parte de los mecanismos para afianzar la impunidad de sus servidores. El gobierno ya ha iniciado querellas contra varias personas a las que acusa por haber afirmado que Santiago Maldonado estaba desaparecido. Una la hizo el Ministerio de Seguridad, otra la Gendarmería y ya anuncian otras que harían diputados de Cambiemos. Es decir que el Estado no sólo persigue a los militantes (y a los pobres en general) y pretende que los crímenes cometidos por sus servidores no sean enjuiciados, sino que ahora busca perseguir a quienes se atreven a impugnar las versiones oficiales de esas represiones.
¿Es mejor para la seguridad de las personas que el personal policial dispare un arma de fuego antes de analizar primero si ese preciso disparo es indispensable? Evidentemente no, ya que un disparo de arma de fuego no sólo pone en riesgo la vida de la persona a quien se apunta, sino también de la de quienes se encuentran en la posible trayectoria del proyectil, que puede llegar a cientos de metros de distancia.
Las reglas vigentes obligan al personal policial a evaluar la necesidad de disparar. Y, además, prohíben la utilización de armas letales en determinadas circunstancias. A pesar de lo cual todos conocemos la existencia de casos en los cuales murieron personas ajenas al hecho delictivo, como la masacre de Ramallo. Mucho peor sería si existiera, como pretende y declama el gobierno, una autorización genérica para disparar.
El cambio de las reglas tampoco sería más beneficioso para el personal policial. Si los policías pudieran matar impunemente, las personas en riesgo de ser asesinadas seguramente se defenderían hasta las últimas consecuencias. Y el número de muertos y heridos policiales sería muy superior al actual.
En definitiva, la propuesta del gobierno de transformar nuestro país en un pueblito del Lejano Oeste Holliwoodense, bajo la ley de la pistola semiautomática (las fuerzas estatales ya no usan revólver) sólo generaría más dolor, más muerte, más heridos y más impunidad. Por lo tanto, más inseguridad para todas y todos.
Y, como frutilla de este postre represivo, se anuncia la creación de una fuerza de intervención rápida, con intervención de las fuerzas armadas, con la excusa de combatir al narcotráfico.
Finalmente, después de largos años de presiones, este gobierno cede a los deseos estadounidenses y se suma nuevamente a doctrinas represivas que con la excusa de la “seguridad ciudadana” son la actualización de la antigua doctrina de la “seguridad nacional” que sustentó las dictaduras de nuestro continente, al servicio del imperialismo norteamericano.
En definitiva, los pasos que se están anunciando constituyen un nuevo recorte de las garantías de todos nosotros, al que debemos oponernos con organización y lucha.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre

www.laladh.wordpress.com

Tel./Fax:011-54-43713939

Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937. 

Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y acreditado ante el Consejo de Europa.

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