Casación castiga a los que acompañaban a Rafael Nahuel mientras sigue impune su crimen, un delito de Estado.

La Sala II del tribunal anuló un fallo que les había concedido permanecer en libertad a Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes habían bajado el cuerpo de Nahuel tras la represión.

En una maniobra convergente con el accionar represivo de las fuerzas del Estado que comanda Bullrich, y con el voto de Riggi como fundamento según el cual los compañeros serían parte de “un grupo de personas que resiste la autoridad de manera armada, con violencia” ordenaron la revocatoria de la excarcelación dictada por el Juez Federal de Barriloche en un intento por estigmatizar la lucha del pueblo mapuche por sus derechos ancestrales como un “enemigo interno” que amenaza el orden constitucional.  Nada menos.

En un avance de la doctrina imperial de que la lucha contra el terrorismo justifica la cancelación de las garantías constitucionales, la Cámara Nacional de Casación permanece inmutable ante la impunidad de los asesinos de Rafael Nahuel, pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina, impunidad igual que la de los asesinos de Santiago Maldonado, transformando la Patagonia en un territorio bajo  ocupación militar y fuera de la protección prometida por la Constitución Nacional y los convenios y pactos ratificados por el Estado.

Así no solo que no hay derechos humanos para los mapuches, ni siquiera hay Derecho.

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