Denuncia penal contra Bullrich por intento de legitimación de la pena de muerte en Argentina. Autores, Luis Alen y Carlos Rosanski

FORMULAN DENUNCIA
Señor Juez Federal:
CARLOS ALBERTO ROZANSKI, abogado, ex Juez del Tribunal Oral Federal No 1 de La Plata, titular del DNI 10.121.709, y LUIS HIPÓLITO ALÉN, abogado inscripto al Tomo 28 Folio 311 CSJN, domicilio electrónico 23113610239, constituyendo domicilio en Tucumán 1438 piso 2 oficina 210, ciudad autónoma de Buenos Aires, a V.S. nos presentamos y decimos:
I. OBJETO
Que conforme lo autorizan los arts. 174 y ccdts. del CPPN, venimos a formular denuncia contra PATRICIA BULLRICH, argentina, de 62 años de edad, titular del DNI 11.988.336, quien se desempeña como Ministra de Seguridad de la Nación, y todos aquellos que resulten coautores, partícipes y/o encubridores del delito de abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal) y todos los que en el curso de la investigación a realizarse se determinen. Ello en virtud de las siguientes consideraciones.
II. HECHOS
Conforme lo informaron distintos medios de comunicación, la imputada Bullrich dictó la Resolución 2018-956-APN-MSG (publicada en el Boletín Oficial No 34.007 de fecha 3 de diciembre de 2018) por la cual aprobó el REGLAMENTO GENERAL PARA EL EMPLEO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD que como Anexo forma parte de dicha Resolución.
Mediante dicha Resolución, se autoriza a los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) a hacer uso de armas de fuego, conforme lo establece el artículo 2 del citado Reglamento, “Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” (inc. c) o “Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención” (inc. d).. Estas disposiciones se complementan, al menos a los efectos de esta denuncia, con la del art. 5 inc. f que establece que se considerará situación de peligro inminente (que autoriza el uso de armas de fuego) cuando la persona “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
De esta manera se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. Ello en un país que hace largos años desterró dicha pena de su legislación, y se comprometió a no volverla a establecer (conforme las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por Ley 23.054, art. 4 inc. 3) y a no privar a nadie de la vida arbitrariamente (conforme el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por ley 23.313, art. 6 inc. 1). Ambos instrumentos han sido dotados de jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de nuestra Ley Fundamental.
No pueden interpretarse de otra manera las citadas disposiciones de la Resolución cuestionada. Podría decirse, sin temor a equivocación, que las mismas intentan legitimar lo que la dictadura genocida aplicaba como “ley de fugas”, esto es la ejecución extrajudicial de personas, muestra acabada de barbarie asesina. Que las fuerzas federales de seguridad puedan decidir cuándo existe una situación de “peligro inminente” es ya suficientemente grave; pero que en esas circunstancias puedan utilizar armas de fuego para ejecutar por la espalda a quien se da a la fuga, es francamente inadmisible.
Si por vía de hipótesis puede admitirse que en una situación en la que está en peligro la vida (sea la de otra persona o la del propio integrante de la fuerza) se pudieran usar las armas de fuego, va de suyo que ese peligro no existiría cuando el agresor se ha dado a la fuga. Autorizar a las fuerzas a efectuar disparos de armas de fuego a quien ha cesado de causar una agresión e intenta huir, es autorizarlas a ejecutarlo extrajudicialmente.
III. CALIFICACIÓN LEGAL
La conducta en la que ha incurrido la Ministra de Seguridad PATRICIA BULLRICH se encuentra descripta en el artículo 248 del Código Penal, que textualmente dice “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Ya hemos dicho que nuestra Constitución prohibe la pena de muerte, a través de las disposiciones señaladas de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a ella incorporados con jerarquía constitucional. Debemos agregar que la Constitución también prohibe a cualquiera que no sea el Congreso Federal legislar en materia penal (art. 75 inc. 12, CN). A ello debemos agregar el principio de supremacía constitucional que emerge del art. 36 de la Ley Fundamental. Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad.
Por todo ello, la norma cuestionada es inconstitucional y así se deberá decretar.
IV. PRUEBA
Acompañamos copia de la citada Resolución con su Anexo, y a cualquier evento solicitamos se certifique la veracidad de la misma requiriendo los originales al Boletín Oficial de la República Argentina.
V. MEDIDA CAUTELAR
En atención a la gravedad de la situación que plantea la Resolución cuestionada, que puede ocasionar la muerte de personas, solicitamos a V.S. que como medida cautelar suspenda la aplicación de la misma, hasta que haya recaído sentencia definitiva en la causa
VI. PETITORIO
Por lo expuesto de V.S. solicitamos que, previo requerimiento fiscal, instruya la presente causa, dicte medida cautelar suspendiendo la aplicación de la Resolución 2018-956-APN-MSG, cite a prestar declaración indagatoria a la Ministra de Seguridad PATRICIA BULLRICH, y declare la inconstitucionalidad de la citada Resolución.
Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA
LUIS HIPÓLITO ALÉN
Abogado
To 28 Fo 311 CSJN
CUIT 23-1136102

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